El decreto colisiona con los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras y responde más a criterios economicistas y de calendario legislativo que a criterios dirigidos a garantizar la calidad en la asistencia, velando por los derechos de las personas usuarias y personas trabajadoras. Este decreto va a continuar generando conflicto entre quienes tienen la obligación de garantizar los derechos fijados en la ley de servicios sociales y las personas usuarias y profesionales de los mismos.
Los servicios sociales son un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar las condiciones de vida de las personas. La Ley que los regula atribuye a las instituciones públicas las competencias en esta materia, de forma que se asegure el adecuado funcionamiento del sistema público de servicios sociales.
La situación de deterioro del conjunto de servicios sociales es alarmante: ritmos de trabajo insostenibles, tiempos insuficientes de atención, sobre-esfuerzos, estrés, agresiones verbales y físicas, nulo reconocimiento del trabajo realizado, eventualidad, jornadas parciales, disponibilidad total, turnicidad, trabajo en solitario…
LAB lleva denunciando esta situación desde hace años. Recogimos más de 14.000 firmas de trabajadoras y trabajadores para exponer la necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de servicios sociales en la que se incluyeran unos ratios de atención suficiente en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias, es decir, a la calidad exigible y a los derechos laborales de las personas y la garantía y promoción de la salud de las personas trabajadoras.
El decreto para los centros residenciales de la tercera edad aprobado por el Gobierno Vasco ha sido elavorado sin la participación de las y los trabajadores y sin tener en cuenta las alegaciones de las personas usuarias, dando la espalda a la mayoría del Parlamento de Gasteiz, a las personas usuarias y las personas profesionales.
Las ratios de atención fijada en el decreto de centros residenciales para personas mayores aprobada por el Gobierno Vasco no suponen ningún avance en este sentido. No supone ningún aumento de personal y no establece una ratio de carácter presencial y por categorías. Los ratios de atención impuestas en este decreto impiden el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y condenan a las personas a ritmos y cargas de trabajo que vulneran sus derechos laborales.
Mañana, 25 de septiembre, el sindicato LAB se concentrará a las 11:30 de la mañana delante de las juntas generales de Gernika para denunciar delante de los titulares del servicio que este decreto únicamente sirve para profundizar en la precariedad de las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras de las residencias.
