El juicio del proces ha sido un juicio contra todas y todos los que creemos en la democracia. La condena también lo es contra todas y todos nosotros. Además de mostrar nuestra solidaridad, llamamos a participar en las movilizaciones que se organicen para denunciar esta barbaridad jurídica y política, empezando por las protestas anunciadas por la dinámica Gure Esku. Demos un verdadero apoyo e impulso al pueblo de Catalunya, puesto que, promoviendo su lucha, impulsamos la nuestra al mismo tiempo.
Ante la sentencia en torno al proces de Catalunya, desde LAB queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las y los dirigentes políticos y representantes del pueblo injustamente condenados. Exigimos la puesta en libertad de todas y todos ellos, así como el regreso a casa de las personas exiliadas.
Ha triunfado el relato que convierte en delito el derecho de autodeterminación de los pueblos; un relato absolutamente imprescindible para el Estado español para mantener la criminalización del independentismo. Se trata de un ataque muy grave contra la democracia y las libertades, puesto que castiga el hecho de dar voz al pueblo y que el pueblo haya hablado.
Detenciones, encarcelamientos, personas heridas, 155, violencia y ocupación policial… El Gobierno español ha puesto toda la maquinaria represiva en marcha contra el pueblo de Catalunya. Se han vulnerado los derechos individuales y colectivos y se han secuestrado los derechos civiles y políticos. Decían que todos los proyectos políticos eran posibles desde vías pacíficas y democráticas. Demuestran con sus actos que eso no es así, y que no será así, sea el Gobierno de un color u otro.
La dependencia hacia el Estado español hace que todos los proyectos no sean posibles. Y la respuesta siempre es la misma si se pone en cuestión el regimen autoritario y antidemocrático del 78: represión política y más recentralización para mantener la unidad del Estado.
Hoy, por desgracia, esta sentencia deja claro el espíritu antidemocrático del Estado español, un espíritu que ha quedado en evidencia estos días con el revuelo creado en torno a la exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Franco murió, pero su legado sigue vivo.
En Euskal Herria conocemos muy bien este espíritu antidemocrático. Lo hemos vuelto a comprobar con las y los jóvenes de Altsasu, un caso más en el que no ha habido justicia ni base ni garantías jurídicas, vulnerándose derechos fundamentales y con la venganza como motivación por parte del Estado. Este fin de semana se han cumplido diez años de las detenciones del caso Bateragune, en este pueblo hemos vivido detenciones injustas una y otra vez, tenemos años y años de cárcel sobre nuestra espalda, hemos sufrido torturas, aún sigue vigente la inhumana política penitenciaria de excepción… Un pueblo que tiene presos políticos no es un pueblo normalizado ni democrático.
Lo que está ocurriendo sería impensable en un Estado antidemocrático. El Estado español no tiene ninguna intención de dar una solución democrática a la crisis territorial y social que padece. No tiene oferta democrática para los pueblos que reivindicamos el derecho a decidir nuestro futuro, así como tampoco la tiene para los múltiples sectores de la ciudadanía que luchan por el cambio social que posibilite una vida digna, poniendo en cuestión el actual sistema capitalista y heteropatriarcal. Ante la involución antidemocrática del Estado español, en estos tiempos en los que un sector cada vez más amplio de la población está poniendo el modelo en entredicho, el Estado español responde con autoritarismo.
