Una delegación de LAB compuesta por Oskar de los Bueis e Idoia Bustinza ha comparecido hoy en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento de Gasteiz para exponer su opinión sobre el proyecto de decreto de servicios residenciales para mayores de la CAPV y sobre las carencias del sector de los servicios sociales.
En relación con el deterioro del conjunto de los servicios sociales, han señalado que los actuales ratios de personal son el origen de uno de los mayores problemas, ya que imponen un entorno laboral en el que trabajadoras y trabajadores se encuentran permanentemente expuestas a severos riesgos laborales. De hecho, han denunciado que ni se garantiza ni se promociona lo más mínimo su salud en el desempeño de sus funciones.
LAB lleva denunciado esta situación desde hace años. De hecho, recogió 14.000 firmas entre las trabajadoras para pedir ratios de atención suficientes. Así, el Parlamento de Gasteiz instó el 9 de febrero de 2017 al Gobierno a que cumpliese la Proposición no de Ley 90/2016. No obstante, el Gobierno de Gasteiz solo ha elaborado un borrador de decreto para los centros residenciales de la tercera edad, sin participación de los y las trabajadoras y sin avances en los que respecta a los ratios de atención.
Además, la delegación de LAB ha denunciado que no existe un solo centro que cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los riesgos inherentes a la actividad que realizan ni se identifican, ni se evalúan correctamente. Además, no se utilizan métodos adecuados para determinar el nivel de daño por la exposición que supone el desempeño de sus funciones. En pocos centros se han efectuado evaluaciones de riesgos psicosociales y, en los que se han efectuado, no se han implantado medidas preventivas o las implantadas no son eficientes. En lo que respecta a los riesgos ergonómicos, no existen evaluaciones específicas. Los riegos por movilidad de personas se recogen en evaluaciones generales, iniciales y utilizando métodos destinados a otro tipo de actividades. El conjunto de los servicios sociales es un sector altamente feminizado, circunstancia que no se tiene en cuenta. A su vez, es absoluta la ausencia de planificaciones preventivas, negociadas en los Comités de Seguridad y Salud, con proyección a la adopción de un conjunto de medidas preventivas, tasadas, programadas, sujetas a control y seguimiento y cuya finalidad sea eliminar dichos riesgos. La ausencia de actuaciones preventivas en el conjunto de los servicios sociales es total y, por lo tanto, el incumplimiento es reiterado por parte de las empresas.
El resultado es el siguiente. Por un lado, altos índices de siniestralidad directa y reconocida, por daños musculo -esqueléticos y agresiones, así como el alto índice de bajas por los mismos
motivos, aunque no se reconozca su origen profesional. Y por otro, el aumento de personas aptas con limitaciones por causas relacionadas por el trabajo, se reconozca o no, es un reflejo de esta dramática situación.
LAB, el día 4 de abril, registró decenas de denuncias en Inspección de Trabajo, denunciando este conjunto de irregularidades, para que se integre la salud laboral en la política de las empresas. Solicitamos una reunión con Inspección de Trabajo para abordar el asunto, pero no hemos obtenido respuesta.
En la comparecencia, la representación de LAB ha sostenido que no son hechos aislados, y que el problema es estructural. En ese sentido, han considerado que Inspección de Trabajo se debiera involucrar en una labor conjunta con OSALAN, al objeto de conocer el grado de incumplimiento del conjunto de los servicios sociales y efectuar los requerimientos pertinentes. A su vez OSALAN, debe jugar un papel fundamental y activo, disponiendo recursos técnicos para elaborar una herramienta de valoración de los riesgos ergonómicos adecuada. No puede permanecer de brazos cruzados. El incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es estructural y absoluta. Ello implica que las personas trabajadoras se les impone un entorno laboral en constante exposición a riesgos laborales con graves consecuencias para su salud.
Además, han instado al Parlamento Vasco a que reitere su requerimiento al Gobierno Vasco, por incumplimiento del mismo. En primer lugar, solo ha elaborado un borrador para los centros residenciales para mayores. En segundo, en la elaboración de dicho borrador no se ha garantizado la participación de la representación de las trabajadoras. Además, el mismo, no vela en ningún momento por unas condiciones laborales dignas ni por un servicio de calidad. Finalmente, el actual decreto para centros residenciales de la tercera edad y el borrador elaborado hasta la fecha contravienen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El establecimiento de unas ratios de atención adecuadas debe integrar la garantía en la calidad del servicio, unas óptimas condiciones laborales y que la prestación del servicio no suponga ningún daño a la salud de las trabajadoras.
