LAB ha reclamado políticas industriales eficaces para la transición ecosocial en el Grupo para la Defensa Industrial.
Hoy, 9 de abril, una delegación de LAB ha participado en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial. En primer lugar, queremos aclarar que el Gobierno Vasco no tenía ninguna intención de invitar a los sindicatos a esta mesa. Así lo denunció LAB inmediatamente después de que se constituyera el foro, criticando la ausencia de participación de los sindicatos. Esta vez, en la tercera reunión, nos han invitado a participar. Siendo así, y aunque sea tarde, sin hacer oídos sordos a nuestras responsabilidades, hemos participado en el foro con un doble objetivo: por un lado, defender los intereses de las y los trabajadores y sus empleos; y por otro, exigir que se apliquen poltícas industriales eficaces para la transición ecosocial, porque son totalmente necesarias para este pueblo.
En torno a las subvenciones que han presentado hoy, señalamos lo siguiente:
– Para garantizar el empleo, toda ayuda dirigida a las empresas debe estar condicionada. La experiencia nos ha mostrado que el hecho de que las empresas, tras recibir subvenciones de las administraciones públicas, planteen cierres, despidos, recortes y deslocalizaciones no tiene ningún coste para éstas, pero sí para las comarcas, trabajadoras y trabajadores. Las ayudas dirigidas a empresas deberían necesitar el compromiso expreso para el mantenimiento del empleo y también para su arraigo aquí. Si no es así, deberían establecer la necesidad de devolver todas las ayudas..
– Desde LAB defendemos que ante los retos futuros y que son ya inminentes es totalmente necesaria la planificación, la intervención pública y la participación de las y los trabajadores. La transición que se dará no se puede realizar siguiendo la lógica del mercado, ya que será contraria a las necesidades de la vida, la sociedad y los y las trabajadoras. Por lo tanto, es indispensable realizar un estrecho seguimiento desde las instituciones y el gobierno, y hay que dejar a un lado las fórmulas para dotar de dinero público el capital privado sin ninguna condición, ya que esto no funciona. Hay que crear marcos de decisión en los que las y los trabajadores sean protagonistas, no se le puede hacer frente a lo que se avecina a costa de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de las y los trabajadores. Por lo tanto, además de la respuesta para hacer frente a una situación temporal, reclamamos una política industrial firme e integral, construida con la participación de las y los trabajadores.
Desde LAB agradecemos profundamente la implicación de toda la plantilla de la Administración y de la sociedad navarra en las movilizaciones de la huelga. Vuestro apoyo ha sido determinante para lograr que esta jornada resulte contundente y efectiva.
El día de hoy ha demostrado la fuerza de unidad sindical, en la que LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT hemos conseguido unir sinergias para llevar adelante nuestras reivindicaciones. Esto nos permite abrir el camino para conseguir un nuevo Estatuto y la carrera profesional para toda la Administración.
Todo este proceso se inició con la huelga de febrero del 2023, cuando conseguimos arrancar del Gobierno un compromiso para acometer la tarea de elaborar un nuevo el Estatuto del personal de las Administraciones Públicas. A partir de entonces, desde LAB trabajamos para que este proyecto viera la luz, pero solo nos hemos encontrado con palos en las ruedas y promesas vagas que no llevaban a ningún lado.
Ante esta situación, consideramos que los pasos dados por el Gobierno de Navarra son totalmente insuficientes. Desde LAB exigimos un compromiso serio y real con este tema, y un calendario que abarque hasta el mismo día de entrada de la norma al Parlamento.
Por otro lado, desde LAB también consideramos que la consejera de Función Pública, Amparo López, ha realizado un enorme esfuerzo para impedir que el Estatuto siguiera adelante. Ha procurado boicotear el proceso de todas las maneras posibles y tirar por tierra todo nuestro trabajo. Por este motivo, pedimos al Gobierno de Nafarroa que cese a la consejera de su cargo, ya que ha demostrado sobradamente su incompetencia y su mala fe en el desarrollo de un Estatuto necesario para toda la Administración Pública.
Las trabajadoras y trabajadores de MFS Trapaga Sintering luchan por salvar sus empleos ante el inminente cierre de la empresa.
La plantilla se enfrenta a una situación extrema. Esta semana, la compañía ejecutará un expediente de regulación de empleo (ERE), para la totalidad de la plantilla: el cese definitivo de la actividad y 107 personas despedidas. Esta situación crítica es el resultado de una gestión nefasta por parte de la dirección de la empresa.
Se trata de una empresa con más de 40 años de trayectoria en el sector de la automoción, especializada en la fabricación de componentes para suspensiones y sistemas de seguridad dentro del automóvil. Son piezas necesarias en cualquier vehículo independientemente de su motorización por lo que su producción es adaptable al reto de la transición ecológica al que nos enfrentamos.
Con una plantilla altamente cualificada y años de experiencia en el sector, consideran que la actividad productiva sigue siendo viable. Hacen llamamiento a las instituciones publicas que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de la totalidad de las personas que trabajan en MFS.
La continuidad depende de voluntad política. La representación de la plantilla ha iniciado una interpelación institucional con Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Trapagaran, para exigir su responsabilidad en el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Las trabajadoras y trabajadores de MFS Trapaga Sintering no están dispuestos a rendirse sin luchar. El cierre de la fabrica no solo supondría la pérdida de 107 empleos directos, sino también un nuevo golpe para la industria de la Zona Minera y Margen Izquierda, unas comarcas castigadas por políticas de desindustrialización salvaje.
La plantilla esta dispuesta a luchar para condicionar la decisión de cerrar la empresa.
Los sindicatos LAB y ELA nos hemos movilizado ante el Ayuntamiento de Bilbo para denunciar con firmeza la decisión de suspender los procesos selectivos que están en marcha en esta institución, bajo el pretexto de la revisión de los perfiles lingüísticos.
De hecho, nos parece inaceptable esta decisión que quieren tomar los responsables del ayuntamiento. Ya ha habido procesos problemáticos con anterioridad y la postura municipal ha sido distinta: el ayuntamiento ha defendido las Bases de sus procesos y siempre ha tratado de dar seguridad a aquellas personas que estaban inscritas en los procesos. Esta decisión que quiere tomar el ayuntamiento no hace sino alentar a los sindicatos y organizaciones que amenazan con denunciar jurídicamente los procesos por las exigencias del euskera.
Bajo el pretexto de la seguridad jurídica, este gobierno municipal ha decidido dar pasos atrás en los perfiles lingüísticos de varios puestos de trabajo, en un camino contrario a la normalización lingüística que debe darse en la administración. Esta decisión repercutirá en los derechos de la ciudadanía y las trabajadoras y trabajadores de Bilbo. El servicio público y la ciudadanía de Bilbao se verán perjudicados.
Los miembros del gobierno municipal vendrán después a fotografiarse en Euskaraldia junto a los y las trabajadoras municipales y la ciudadanía. No necesitamos ese tipo de postureos.
La plantilla municipal y la ciudadanía necesitamos un nuevo marco legal para el euskera. En la reivindicación del suelo jurídico que necesita nuestro idioma nos tendrán a su lado. Pero mientras planteen pasos atrás en la normalización del euskera nos tendrán enfrente.
Solicitamos al Ayuntamiento que revoque su decisión y que los procesos que están convocados sigan adelante. No podemos permitir más retrocesos en la normalización del euskera.
Porque el euskera es lo que nos hace euskaldunes, y por tanto, las instituciones también deben ser euskaldunes, Euskal Herrian euskaraz!
Hoy, LAB ha realizado una concentración en el Museo Guggenheim de Bilbo en la antesala del Encuentro Internacional de Formación Profesional organizado por el Departamento de Educación, en la que reclamado euskaldunizar la formación profesional y dotarla de recursos.
Aunque en las dos últimas semanas el personal docente de educación pública haya hecho una demostración de fuerza llenando las calles de Gasteiz, Bilbo y Donostia y esto haya hecho que el Departamento de Educación haya puesto en el centro del debate público y del conflicto los recursos que mejorarán el servicio, sigue sin haber ninguna propuesta escrita ni se ha convocado una mesa negociadora para un acuerdo.
En estas nueve jornadas de huelga realizadas entre enero y abril ha quedado claro el compromiso del profesorado con la educación. Como tantas veces ha reivindicado LAB, el profesorado también ha lanzado un mensaje claro al Departamento de Educación de que hay que reforzar la educación pública. Es decir, que los recursos y medidas que mejoren las condiciones laborales y mejoren la calidad educativa son de vital importancia y que hay que poner al alumnado en el centro. En la formación profesional, al igual que en el resto de etapas, es necesario poner los medios y desarrollar medidas y planes para euskaldunizar tanto al profesorado como al alumnado.
En los últimos meses, la Consejera de Educación y el Lehendakari han insistido, tanto en las comparecencias de prensa realizadas como a través de artículos de opinión publicados, en la necesidad de reforzar la educación pública e incorporar recursos para garantizar la calidad educativa. Sin embargo, una semana después de la última huelga, el departamento no ha recogido en su propuesta escrita lo que han dicho verbalmente ni ha enviado una convocatoria para una mesa negociadora.
Por lo tanto, ante la actitud de bloqueo mantenida por el Departamento de Educación, LAB considera imprescindible seguir adelante con la dinámica de movilizaciones hasta alcanzar un acuerdo digno.
El 23 de febrero del 2024 se constituyó la mesa negociadora del convenio colectivo de transporte escolar y cuidadoras de patio dependientes del Departamento de Educación, y la actitud de la patronal ha sido, en todo momento, la de no querer negociar.
LAB denuncia la actitud explotadora que ha mostrado la empresa principal de la patronal, Centro Internacional de Idiomas (CIDI) en las 9 reuniones que se han mantenido. Además, en la última reunión, ésta ha decidido dejar la negociación con arrogancia hasta que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco publique las licitaciones y éstas se adjudiquen, es decir, hasta que reciba dinero público.
Una vez más, las personas afectadas son las cuidadoras del transporte escolar y del patio. En un sector feminizado con jornadas parciales y salarios muy precarios, es inaceptable la actitud de la patronal y el silencio cómplice del Departamento de Educación de Begoña Pedrosa.
LAB ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones la situación de bloqueo absoluto de la negociación del convenio desde el inicio por parte de la patronal, y la postura del propio Departamento de Educación del Gobierno Vasco en este conflicto. No hay que olvidar que el servicio de transporte escolar y cuidado de patio es un servicio público que se da en las escuelas públicas de la CAV y que es gestionado con dinero público.
Dicho esto, el sindicato LAB ha procedido a interponer una demanda contra la patronal del convenio de transporte escolar y cuidadoras de patio por la vulneración a la negociación colectiva. El sindicato LAB seguirá movilizándose como hasta ahora, porque la lucha es la mejor herramienta para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras.
Ayer Mecaner Herriarentzat presentó un informe con el balance y las enseñanzas de su trayectoria en la Casa de Cultura de Urduliz. El informe ha sido puesto a disposición de agentes ecologistas, sindicales, políticos y sociales con el objetivo de dar un impulso a los nuevos procesos que vendrán.
La plataforma considera que el balance inevitablemente es agridulce, dado que Stellantis despidió a la plantilla y vendió las instalaciones. Sin embargo, consideran que desarrollar la experiencia ha supuesto un avance, y que se pueden extraer algunos aprendizajes útiles para los conflictos futuros. La utilización por primera vez en Euskal Herria de un plan de transición ecosocial ante un proceso de cierre ha sido una experiencia pionera.
Se ha destacado la obligada convergencia entre crisis ecosocial y transformación de la industria, la importancia de iniciar las discusiones antes de que estallen los conflictos, la necesidad de lograr la máxima participación de las plantillas y la urgencia de alcanzar unos acuerdos de mínimos entre diferentes agentes sociales. También se ha señalado que el aspecto más importante de un plan de transición ecosocial es que sea una herramienta útil para fortalecer la movilización.
Se ha descrito la importancia de contar con el apoyo de las instituciones municipales, y el bloqueo que supuso el rechazo del Gobierno Vasco. Desde la plataforma concluyen se ha puesto de manifiesto que la realización de estos procesos con el protagonismo de las y los trabajadores y agentes ecologistas y el liderazgo público es la única garantía para una transición justa y sostenible.
Con la presentación del informe, la plataforma ha puesto fin a su andadura.
La semana pasada comenzó el proceso de prórroga del ERTE. Los tres sindicatos y la empresa apenas han dado margen a la negociación y ayer lunes, 7 de abril, cerraron el acuerdo.
Los sindicatos CCOO, UGT y USO y la dirección de la empresa han alcanzado el siguiente acuerdo:
-Se prorrogará hasta el 30 de octubre
-Se aplicará de media hasta un máximo del 35% (tener en cuenta que en Azkoitia se ha aplicado un 22% de media hasta la fecha. Por lo tanto, todavía tienen mucho margen para aplicar más ERTE)
-Las denominadas medidas de acompañamiento se negociarán en cada centro de trabajo hasta finales de abril.
Las medidas que tienen que negociar en el convenio de Azkoitia las quieren negociar bajo el Plan de Adaptación Laboral del ERTE, con el chantaje del ERTE, empeorando las condiciones de la plantilla a consecuencia de éste, argumentando que son para paliar los efectos del ERTE. Mientras tanto, su objetivo es dejar sin negociar el convenio de empresa. Como siempre, LAB quiere dejar claro que no aceptará chantajes.
Hay que tener en cuenta que en Azkoitia y Reinosa el ERTE se aplicará a un 11% menos de la plantilla (49 trabajadoras y trabajadores menos se verán afectados por el ERTE); que las previsiones para el tren grande (tren de Azkoitia) y T21 (tren de Reinosa) son un 20% mayores; y que las previsiones para el tren pequeño (tren de Azkoitia) para 2025 son, en la práctica, las mismas que en 2024: Los datos muestran que se puede gestionar de otra manera la situación de Azkoitia, sin tener que aplicar un ERTE.
Los sindicatos LAB y ELA, que conforman la mayoría del comité de Azkoitia, no han firmado el acuerdo. Por tanto, al igual que el año pasado, el ERTE se aplicará por acuerdo de los sindicatos minoritarios en Azkoitia.
El coordinador general Igor Arroyo ha reclamado la necesidad de soberanía para hacer frente al contexto global inestable.
Hoy, en una comparecencia realizada en Bilbo, Igor Arroyo, coordinador general de LAB, y Maider Jauregi, responsable de comunicación, han informado sobre las movilizaciones del Primero de Mayo. LAB llevará a cabo manifestaciones propias en Bilbao, Donostia, Gasteiz, Iruñea y Tutera; al igual que el año pasado, también tendrá un bloque propio en la manifestación intersindical de Baiona.
Arroyo ha hecho referencia al contexto global: “El contexto internacional es cada vez más complicado. La lógica del capital está poniendo en peligro en planeta y la vida de las personas, como indican la crisis ecológica, el militarismo, los enormes procesos migratorios forzados, la violencia machista o la expansión de la precariedad. En este contexto, es aún más importante que Euskal Herria tenga la mayor soberanía posible para construir un modelo socioeconómico que ponga la vida en el centro”.
Ha puesto en valor las luchas sociales y sindicales de los últimos años: “Gracias a ellas, se han situado en la agenda política temas importantes para la clase trabajadora vasca, como el sistema de salud, los cuidados, la vivienda, las pensiones o el salario mínimo”. Sin embargo, ha advertido sobre el riesgo de que estos debates se cierren en falso: “Pradales ha cambiado las formas, pero esencialmente no vemos un cambio significativo: la reforma fiscal realizada por PNV-PSE mantiene los privilegios de la élite económica y, en la mesa de salud, el Gobierno Vasco está mostrando su intención de seguir con la privatización del sistema de salud”.
Por ello, Arroyo ha hablado de la necesidad de hacer presión en los centros de trabajo, en la calle y en las instituciones en favor de la soberanía y la transformación social; ha mencionado tres prioridades: desarrollar los servicios públicos, poner en marcha una nueva política industrial y garantizar ingresos mínimos para toda la ciudadanía.
En cuanto a los servicios públicos, el coordinador de LAB ha subrayado la necesidad de dejar de lado las políticas privatizadoras de las últimas décadas: «Los sindicatos llevamos años denunciando la privatización del sistema de salud, el desmantelamiento de la escuela pública, la vulneración del derecho al cuidado y la especulación sobre la vivienda. Es necesario un cambio profundo en las políticas públicas para garantizar salud, educación, atención y vivienda a toda la ciudadanía. En Euskal Herria existe la capacidad para ello: los empresarios y las rentas altas deben pagar los impuestos que les corresponden para financiar los servicios públicos que este pueblo necesita».
En lo que respecta a la política industrial, LAB aboga por una transición basada en tres criterios: planificación, intervención pública (incluso en la propiedad de las empresas) y participación de las y los trabajadores. En esta línea, ha criticado el discurso empresarial e institucional a favor de la industria armamentística: “La recuperación industrial de Euskal Herria no puede basarse en la industria armamentística, ya que el militarismo trae consigo la destrucción de la vida, acelera la emergencia ecológica y genera recortes sociales. Por el contrario, Euskal Herria debe asumir el liderazgo en la transición ecosocial, de ahí vendrá el futuro de la industria vasca”.
En tercer lugar, ha hecho referencia al salario mínimo y las pensiones: “Garantizar un ingreso básico digno para toda la ciudadanía y reducir las brechas basadas en diferentes variables son dos medidas estructurales. Es imprescindible establecer un salario mínimo propio y una pensión propia en Euskal Herria, ya que para vivir aquí se necesitan ingresos más altos. Además, desde la perspectiva del autogobierno, son objetivos de gran importancia, porque un autogobierno que no sea capaz de garantizar unas condiciones básicas de vida a la ciudadanía, es un autogobierno limitado”.
Como es sabido, ya están en marcha iniciativas para establecer unas pensiones y unos salarios mínimos propios. El movimiento de pensionistas ha llevado a cabo una exitosa Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y la mayoría sindical está a punto de lanzar una iniciativa popular para traer la competencia del salario mínimo a Hego Euskal Herria.
En cuanto al acuerdo interprofesional que fijaría el salario mínimo, las patronales Confebask y CEN han rechazado negociar dicho acuerdo. Arroyo ha calificado de inaceptable la actitud de ambas patronales: “Por un lado, reciben apoyo institucional, dinero público, beneficios fiscales, y adquieren representación institucional. Pero por otro lado, evitan cumplir con su obligación de negociar de buena fe, tanto en lo que respecta al salario mínimo como a los convenios de las trabajadoras del hogar, e incluso a decenas de convenios que están bloqueados. Aprovechar los recursos de la sociedad y las instituciones públicas, pero eludir su responsabilidad, es actuar como un parásito”.
Ante el rechazo de Confebask, Arroyo ha solicitado la intervención del Gobierno Vasco: “Confebask recibe numerosos beneficios de las instituciones públicas. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno Vasco, al PNV y al PSE que condicionen el apoyo que le otorgan a Confebask. Que les digan, de manera clara y rotunda, que si no se sientan en la mesa de negociación, se les retirará el apoyo político, institucional y material”.
Como en las movilizaciones de las últimas semanas, el Primero de Mayo LAB enviará un mensaje claro tanto a la Patronal como a las instituciones: “Ya sea mediante un acuerdo interprofesional o mediante ley, no descansaremos hasta establecer un salario mínimo propio y digno. Más pronto que tarde, superaremos el veto impuesto por Confebask para crear la mesa de negociación”..
