Hemos comparecido en los exteriores de la residencia La Misericordia de Bilbo para informar sobre las situaciones que se viven en las residencias de mayores y presentar los rasgos principales de nuestra propuesta de cara a un nuevo modelo de cuidados. Y es que la actual crisis sanitaria y las consecuencias en la salud y vida de las personas, reafirma la necesidad de edificar un nuevo modelo de cuidados teniendo como base, criterio y único fundamento a las personas, tanto de las personas necesitadas de cuidados como de las personas que lo prestan al ser éstas el eje fundamental de los mismos, mediante la creación de un sistema vasco, público, universal, gratuito y de gestión directa.
El diagnóstico que hacíamos antes de la crisis sanitaria reflejaba un deterioro permanente de las condiciones laborales y de la calidad del servicio. Insuficiencia de personal, intensos ritmos de trabajo, exposición constante a riesgos psicosociales y ergonómicos, precarias condiciones laborales, tiempos de atención insuficientes, restricciones al acceso al sistema de servicios sociales y copago.
Esta situación genera que el conjunto de servicios sociales esté inmerso en un conflicto de carácter permanente. Por un lado, encontramos a las personas que reciben y las que prestan el servicio, es decir, las personas usuarias y las personas trabajadoras. Y por otro, las personas titulares (diputaciones forales y Gobierno de Navarra) y las que gestionan el servicio (empresas privadas), es decir, las administraciones públicas y las empresas gestoras.
Este conflicto tiene su máxima expresión en los centros residenciales de la tercera edad, y el mismo se ha acentuado en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Volvemos a recordar que más del 40% de las personas fallecidas en Hego Euskal Herria eran personas residentes de centros residenciales para la tercera edad. El hecho de ser una persona usuaria de la red de servicios residenciales se ha convertido en el principal factor de riesgo. Es alarmante.
Una vez más, han quedado de manifiesto las contradicciones que representan el actual modelo de gestión privada de servicios sociales, en el cuál priman los beneficios económicos frente a la calidad del servicio y las condiciones en las que se presta. Cabe mencionar el estrecho vínculo de ex cargos del PNV en la red de empresas gestoras de los centros residenciales de la tercera edad.
Las empresas gestoras han sido incapaces de garantizar la salud de las personas residentes y de las personas trabajadoras y las instituciones públicas, titulares y financiadores de los servicios, se han desentendido de sus responsabilidades y han mentido reiteradamente sobre la dramática situación que se viven en los centros residenciales.
Queremos denunciar el nulo reconocimiento que tienen las personas trabajadoras aunque haya quedado de manifiesto el carácter esencial de la función de cuidados en la pandemia. Tanto las empresas gestoras como las instituciones titulares amenazan con recortes y modificaciones de las condiciones laborales. Frente a ello, advertimos que responderemos con contundencia ante la pérdida de empleo y de derechos laborales.
Para LAB, urge reformular el modelo de cuidados, tanto desde la dimensión del cuidado, de las condiciones laborales, del acceso al sistema de cuidados y de la gestión del mismo, y edificar un sistema integral de cuidados de carácter público, universal, de calidad y gratuito.
Se debe de reconocer que los cuidados son esenciales, del mismo modo que lo son las trabajadoras que lo llevan a cabo. Por ello, con carácter inmediato:
Se debe iniciar un proceso de publificación de los centros residenciales de mayores para que sean gestionados directamente por las Diputaciones Forales y el Gobierno de Navarra. Dicha publificación debe de conllevar la subrogación de todas las personas trabajadoras.
Los decretos que regulan los centros residenciales de la tercera edad, deben reconocer el trabajo que se realiza, es decir, garantizando unas buenas condiciones laborales, aumentando sustancialmente el número de personas trabajadoras y con ello, el derecho de los trabajadores a su salud laboral. Además, debe garantizarse el derecho de las personas usuarias a recibir todas las prestaciones a las que tienen derecho, en tiempo y en forma, es decir, un servicio de calidad.
LAB considera que en esta situación es necesario aunar fuerzas, mediante un trabajo de colaboración entre personas trabajadoras y personas usuarias hasta la consecución de otro sistema de cuidados.
En estos términos, hacemos público que en los próximos días realizaremos una comunicación formal a los diferentes sindicatos, a las asociaciones de familiares de las personas usuarias de los centros residenciales y a otros agentes sociales con implantación en el ámbito, con el objetivo de conformar un marco de trabajo unitario y consensuar diagnóstico y estrategia.
