2026-01-24
Blog Página 364

Las trabajadoras de limpieza subcontratadas de los edificios de la Diputación Foral de Gipuzkoa convocan la huelga para el 22, 23, 24 y 25 de febrero

A llamamiento de los sindicatos LAB, ELA y ESK, trabajadoras de limpieza subcontratadas de los edificios dependientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa han comparecido para anunciar cuatro días de huelga, dando continuidad así a la movilización realizada el viernes ante el Palacio Foral. Este colectivo, que cuenta con unas 120 trabajadoras, está compuesto casi en su totalidad por mujeres y la parcialidad existente en el sector ronda el 80%.

Según han explicado, «desde mayo de 2021 estamos negociando el convenio colectivo para el sector con la empresa EULEN, concesionaria actual del servicio. Tras varias reuniones, la situación de la negociación ha llegado a un bloqueo absoluto. La empresa EULEN ha dejado claro en mesa negociadora que no tiene ningúna voluntad de asegurar el poder adquisitivo a las trabajadoras. EULEN realiza planteamientos sin ninguna vinculación al IPC y desde los sindicatos nos parece inadmisible».

La no vinculación al IPC de los planteamientos económicos acarrea un directo empobrecimiento de las trabajadoras, «y no lo vamos a aceptar.  En este punto, queremos denunciar la actitud de la patronal en la negociación colectiva, que hace vinculaciones al IPC en los sectores masculinizados mientras que no quiere ni oir hablar de ello en los sectores feminizados. Nosotras no creemos en las casualidades y pelearemos para conseguir la vinculación del IPC».

Pero no solo eso, la empresa EULEN, además de no hacer vinculación al IPC, ha realizado un planteamiento de congelación salarial para el año 2021, año de pandemia, año de servicios esenciales: «Pero, para qué son esenciales las limpiadoras? Para establecer los servicios mínimos? Para la propaganda política y empresarial? Es inaceptable que las empresas planteen congelaciones salariales cuando el servicio no es que se haya detenido, sino que se ha reforzado y aumentado. Una vez más, están jugando con las trabajadoras para aumentar sus beneficios empresariales».

Desde los sindicatos LAB, ELA y ESK tenemos claro que la Diputación Foral es el último responsable de este servicio: «Nosotras somos trabajadoras subcontratadas por decisión política y económica de la propia Diputación, que responde solamente a una estrategia economicista. Por ello, exigimos responsabilidades. Hemos tenido que solicitar tres reuniones y solo se nos ha atendido con un preaviso de huelga encima de la mesa».

Están en marcha los pliegos del servicio y ayer tuvieron una reunión con la Diputación: «En la reunión hemos exigido que no adjudiquen los pliegos por criterios económicos. Está en manos de la Diputación no adjudicar el servicio al pateamiento económico más bajo, pero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Velar por los intereses empresariales o por los intereses de las trabajadoras? Si la misma Diputación hace una estimación de la cuantía presupuestaría para este servicio, ¿cómo piensan que se puede garantizar el mismo servicio por con un 15% menos del presupuesto? ¿Esa baja de las ofertas económicas a quién influye? ¿Lo van a permitir? No lo vamos ha aceptar. La administración pública nos ha dejado claro que no va a participar en la mesa negociadora ni va a intervenir en el conflicto, pero nos ha dicho que ha realizado alegaciones de los servicios mínimos. Entonces, ¿la administración sí va a intervenir para que nos decreten SSMM pero no para que mejoren nuestras condiciones laborales? ¿Solo somos esenciales para los SSMM? Nos parece muy grave la postura de la administración».

Por todo ello, saldrán a la huelga los días 22, 23, 24 y 25 de febrero, «porque no aceptaremos que ni las empresas privadas ni las administraciones nos quieran más pobres y sumisas. Porque hemos dicho basta y tenemos claro que pelearemos para asegurar no perder el poder adquisitivo. Porque es el momento, los días 22, 23, 24 y 25 saldremos a la calle, porque sin IPC no nos pondremos ni los guantes».

El 22 de febrero nos movilizaremos en Bilbo y en Iruñea en defensa de convenios dignos sin brecha salarial

En el marco del día contra la brecha salarial, en Bilbo, nos manifestaremos desde la sede del Gobierno Vasco hasta Confebask; y en Iruñea, nos concentraremos ante la patronal CEN. Estas movilizaciones tendrán lugar a las 11:30, bajo el lema «Bultza! Emakume* langileon hitzarmenak».

Vivimos en una sociedad en la que todo cambia a ritmo vertiginoso. La información vuela, las redes están en llamas día y noche, la tecnología nos vende una vida más fácil y placentera. Sin embargo, hay elementos estructurales, básicos, que permanecen sin apenas alterarse ante los evidentes cambios sociales, económicos y políticos; entre ellos: la división sexual del trabajo.

Y permanece porque el sistema capitalista, que necesita de esta división para seguir existiendo, hace todo lo posible y pone todos sus mecanismos en marcha para que así sea. Además, existe también una aceptación social de esta división de trabajos en función del sexo/género. Nos han hecho creer que hay trabajos más adecuados para mujeres* y otros para hombres, naturalizando la división entre trabajos masculinizados y feminizados, como si fueran «naturalmente» trabajos femeninos y masculinos. De la misma manera que han construido como «normal» que las mujeres* cuidemos y los hombres no tengan tiempo para ello.

Esto es algo que no se da únicamente en los centros de trabajo, sino que en estos se reproduce lo que a nivel social está ya instaurado. Siendo esto así, a nadie le parece extraño que se cobre más por fabricar coches que por cuidar personas. La vida y los cuidados se dan por supuesto, invisibilizando al sujeto que los realiza, las mujeres*.

Esto provoca una evidente brecha salarial, que no únicamente se da en las empresas, sino que se produce a nivel global, por lo que acabar con ella en los centros de trabajo tampoco asegura su fin.

No se trata únicamente de que las mujeres* entremos en los sectores masculinizados, sino de que los trabajos «feminizados» adquieran el valor y reconocimiento que merecen, a la vez que los trabajos de cuidados se democratizan, se desmercantilizan y se reparten de manera más justa. Que las condiciones laborales de las trabajadoras del sector de cuidados sean tan precarias tiene un claro responsable: quien privatiza y hace de los cuidados negocio. La brecha salarial y la división sexual del trabajo van de la mano para perpetuar las discriminaciones de género, son construidas y mantenidas de manera consciente por el sistema capitalista.

Nosotras nos hacemos muchas preguntas a este respecto:

• ¿Es lógico y «normal» que en los trabajos realizados por mujeres se cobre menos?

• ¿Por qué en la industria se cobra un 30% más que, por ejemplo, en las residencias privatizadas de mayores?

• ¿Cómo es posible repartir las horas del día entre trabajo, descanso y cuidado, si empleamos casi diez horas en el empleo?

• ¿Por qué seguimos siendo las mujeres* las que mayoritariamente solicitamos las medidas de conciliación?

• ¿Por qué tenemos las mujeres* la mayoría de las jornadas parciales y los contratos temporales?

• Que las mujeres* migradas y racializadas sean las que se ocupen de los cuidados en nuestras sociedades occidentales de manera precaria, ¿es casualidad o provocado por el sistema?

•¿Es una solución la propuesta del Gobierno Vasco de “regalar” dinero público a empresas privadas para que con- traten mujeres*? ¿No se les puede obligar o estamos acep- tando la división sexual del trabajo implícitamente?

•¿Cómo es posible que las negociaciones de los conve- nios de los sectores feminizados nunca den frutos?

En este sentido, queremos denunciar el bloqueo permanente de estos convenios: limpieza, ayuda a domicilio, residencias, y de otros, donde ni siquiera existe a día de hoy convenio, como el sector de trabajo de hogar.

Este bloqueo forma parte de la estrategia de la patronal, siguiendo los mandatos del sistema capitalista, heteropatriarcal, colonialista, racista y ecocida, para que la división del trabajo se mantenga y, en consecuencia, la brecha salarial y la precariedad de las mujeres* trabajadoras.

Este 22 de febrero, ¡Todas a la calle!

¡Abramos brechas en el sistema y acabemos con el injusto reparto de todos los trabajos!

¡Desbloqueo de los convenios ya!

Éxito rotundo de la primera jornada de huelga en una contrata de Amazon para solicitar readmitir a un compañero despedido

El objetivo de las tres jornadas de huelga, convocadas para hoy, el 21 y el 28 de febrero, es denunciar el despido de un trabajador y las sanciones que la empresa E-BOX, subcontrata de Amazon, está interponiendo contra su plantilla. La convocatoria de hoy ha sido un éxito, ya que la actividad de Amazon se ha visto afectada y la salida y entrada de furgonetas se ha visto interrumpida durante más de hora y media, tanto de la contrata de E-BOX como del resto de contratas de Amazon.

El pasado 8 de enero, la plantilla de E-BOX Last Mille realizó elecciones sindicales y decidió mayoritariamente organizarse en torno al proyecto sindical de LAB. Esto ha llevado a emprender diversas acciones, tanto en Inspección de Trabajo como en los juzgados, para dignificar las condiciones laborales en esta subcontra de Amazon.

La última semana de enero, la empresa sigue sin aceptar la decisión de la plantilla, que sea LAB quien ostente la representación sindical en la empresa y empieza con su campaña de represión sindical contra su plantilla. La empresa subcontaratada de Amazon empieza a poner amonestaciones, sanciones de empleo y sueldo y despide a un trabajador. Todos y todas las trabajadoras sancionadas, así como el trabajador despedido, habían emprendido acciones judiciales para cambiar el convenio de aplicación con el fin de mejorar las condiciones laborales, y la empresa, como medida represiva, ha realizado una lista de negra de empleados y empleadas.

La empresa subcontratista de Amazon despide y sanciona sin mediar conversación alguna con el delegado de LAB. Ante esto, la representación de LAB emplazó a la empresa a readmitir al trabajador despedido así como a retirar las sanciones e iniciar conversaciones. Dado que la empresa no atendió la solicitud, la plantilla ha realizado hoy una jornada de huelga, que se repetirá los próximos 21 y 28 de febrero, para solicitar la readmisión del compañero de trabajo despedido así como la retirada de las sanciones.

Para el sindicato LAB, este conflicto laboral tiene un culpable, que es la actitud caciquil y autoritaria de E-BOX Last Mille, pero la empresa contratista, Amazon, también tiene parte de responsabilidad, por no preocuparse por las condiciones laborales de los empleados y empleadas de sus contratas. Las y los trabajadores de las contratas de Amazon en Trapagaran están cobrando el SMI, les aplican un convenio de eficacia limitada. LAB ha interpuesto demandas ante esta situación en esta contrata y otras y los juzgados le están dando la razón. Por ejemplo, el jueves pasado se conocía el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que resolvió contra el recurso de Vayven Delivery y volvió a dar la razón, una vez más, a LAB en el conflicto colectivo iniciado contra Vayven Delivery. Según el fallo, esta contrata tiene que empezar a aplicar el convenio de transporte por carretera de Bizkaia, lo que supone, entre otras mejoras, que las y los trabajadores cobren 800 euros más al mes.

Por todo ello, solicitamos a E-BOX Last Mille y a Amazon que reconduzcan la situación y devuelvan el puesto de trabajo al compañero despedido y la retirada de las sanciones porque de lo contrario, nos seguirán teniendo en frente en las calles defendiendo nuestros puestos de trabajo en las dos  próximas jornadas de huelga, que se llevarán a cabo los próximos 21 y 28 de febrero.

Denunciamos que Fundación Xilema ha despedido a cinco trabajadoras y remarcamos que la nefasta gestión de los servicios sociales por parte del Gobierno precariza el sector

Nos hemos concentrado hoy, frente a la sede de Xilema en Iruñea, para denunciar los cinco despidos que ha realizado esta fundación entre las educadoras de los Acogimientos Residenciales Básicos de menores. En nuestra opinión, el Gobierno de Nafarroa sigue sin garantizar una atención de calidad en los servicios de atención a menores en situación de desprotección, lo que hace que las empresas o fundaciones que se financian completamente con dinero público funcionen a base de arbitrariedades que en nada ayudan a estabilizar las plantillas.

Para las personas que trabajamos en el sector es de sobra conocido que el pliego de menores gestionado actualmente por Fundación Xilema es muy escaso en el número de profesionales en intervención directa. Lo es porque el Gobierno de Nafarroa no se dignó a escuchar las demandas y necesidades que se les transmitieron por parte del sindicato LAB.

Pese a ello, Fundación Xilema decidió incluir, por encima de pliegos, una figura de educador/a de apoyo por las tardes en los Acogimientos Residenciales Básicos, lo que suponía cinco personas en total. Ahora, Fundación Xilema argumenta que esto le supone un gran sobrecoste que no puede seguir asumiendo, ya que el Gobierno no financia estas figuras, aunque se consideren necesarias.

La dirección de Fundación Xilema argumenta razones económicas cuando no ha presentado al Comité de empresa ningún documento objetivo que justifique dicha razón, no ha informado al Comité sobre un solo número, solo han expresado verbalmente que “los dos últimos años hemos tenido pérdidas”. Esto no es una razón que justifique la amortización de cinco puestos de trabajo, no lo es.

Dice Fundacion Xilema que han estado poniendo por encima de lo que les pedía Gobierno, por supuesto, será también porque dinero (público, el de todos y todas las contribuyentes) suficiente les inyectaba Gobierno como para poder hacerlo, al igual que siguen haciendo con otras cosas. Ese mismo dinero que ahora se van a ahorrar y que tampoco sabemos a qué van a destinar. Cuestión de prioridades.

De rebote, al resto del equipo que continúan les cambian los horarios. Las compañeras educadoras van a ver aumentadas sus funciones y sobrecarga laboral. A estas alturas, cualquiera se habrá dado cuenta del empeoramiento en la calidad del servicio que esto va a suponer.

Gobierno de Navarra sigue sin garantizar una atención de calidad en los servicios de atención a menores en situación de desprotección. Además, sigue sin dar pasos en la dirección de regular el decreto de autorizaciones, homologaciones y funcionamiento de servicios sociales para menores, ya que actualmente sigue vigente el de 1991.

Esta forma de gestionar los servicios sociales es nefasta para las plantillas y para las personas usuarias. Sin regulación, las plantillas estamos expuestas a las arbitrariedades de unas y otras, de los cambios de criterios en las titulaciones, de la falta de profesionales en la gestión del dinero público de todos y todas, de los despidos libres y cambios de horarios, etc. En un sector tan vulnerable, donde es tan necesaria la estabilidad de las plantillas, no vemos voluntad política ni soluciones de calado.

Las plantillas del sector tomamos nota y actuaremos en consecuencia, denunciando allá donde sea necesario estas actuaciones. Como ya dijimos hace tiempo, tras la victoria del convenio sectorial, el próximo frente de acción debemos orientarlo a la mejora de los ratios de personal, para que nuestro trabajo no nos cueste la salud y se mejore la calidad en la atención que prestamos. Queremos hacer intervención, no asistencialismo.

Por ello, hemos manifestado nuestro rechazo frente a Fundación Xilema para denunciar los despidos y para exigir unos ratios dignos de atención, que garanticen servicios de calidad de atención a menores en Nafarroa.

Son necesarias huelgas en el metal de Araba para dignificar las condiciones laborales

Hoy, 14 de febrero, se ha vuelto a reunir la Mesa Negociadora del Metal de Araba. En la reunión, SEA ha presentado su plataforma renovada, que no responde de ninguna manera a las reivindicaciones del sector. Por ello, LAB considera de es necesario convocar huelgas en el sector con el objetivo de conseguir unas condiciones laborales dignas.

Tras presentar LAB, ELA y CCOO una plataforma común y después de que la patronal pidiera en la reunión del 14 de enero un mes para responder a la misma, hoy se ha vuelto a reunir la Mesa Negociadora del Metal de Araba.

En ella, SEA ha presentado su propia plataforma, que LAB considera absolutamente lejana a las reivindicaciones del sector. En ese sentido, SEA descarta la rebaja de la jornada, la mayor, por mucho, del sector en Hego Euskal Herria; no recoge la subrogación del personal de las subcontratas, ni la limitación de las ETTs, de la contratación eventual y la flexibilidad; no incluye medidas contra el fraude en la contratación, ni contra la siniestralidad laboral; tampoco apuesta por el contrato relevo; ni asume del todo una igualdad real y efectiva, ni dignificar las prácticas y la FP Dual,…

Respecto a las subidas salariales, además de ser absolutamente insuficientes, creemos que es totalmente inaceptable que la patronal recurra a la fórmula tramposa aplicada a las pensiones, la inflación media anual, para evitar el IPC real y que las subidas, igual que en el caso de las pensiones, sean más bajas.

Por todo ello, LAB considera que son necesarias huelgas en el Metal de Araba para conseguir unas condiciones laborales dignas. Es momento de activar a los trabajadores y trabajadoras del sector, primero con la manifestación conjunta que se celebrará este sábado día 19 en Gasteiz y posteriormente con huelgas que sirvan para presionar a la patronal y dignificar las condiciones del sector.

Afrontamos los procesos de negociación del sector público con el objetivo de estabilizar todas las plazas temporales y consolidar a las plantillas en sus puestos de trabajo

No admitiremos nuevos fraudes institucionales y propondremos en las mesas de negociación estabilizar todos los puestos de trabajo que hasta ahora se habían venido cubriendo a través de la acumulación de contratos. Junto a ello, propondremos medidas para que el personal eventual se pueda estabilizar en su puesto de trabajo. Así lo han señalado hoy Gorka Berasategi y Eider Casanova, responsables de la Federación de Servicios Públicos, en la comparecencia llevada a cabo hoy.

Nadie niega que el nivel de temporalidad existente en las instituciones vascas es inaceptable. Así lo señaló el Tribunal Europeo a finales de 2016, subrayando la dejadez de los gestores de los entes públicos y la ilegalidad de la situación. A pesar de que los responsables de las administraciones repetían en su discurso que la situación era inaceptable, durante largos años han hecho una apuesta clara por no estabilizar el empleo público, con el único objetivo debilitar y privatizar los servicios públicos.

Hemos venido reivindicando que había que regular medidas excepcionales para hacer frente a esta situación. Desde LAB hemos situado en el marco de la negociación colectiva la posibilidad de regular estas medidas excepcionales, por ejemplo una ley vasca de consolidación del  empleo público. Hemos venido promulgando una norma que se adapta a las necesidades de las instituciones vascas, pero finalmente estos procesos excepcionales han sido regulados por el Congreso de los Diputados español.

Como bien manifestamos, esta ley no va a solucionar el problema de la temporalidad existente en las instituciones vascas. Atendiendo a la literalidad de la ley, miles de puestos de trabajo pueden quedar fuera de estos procesos, lo que provocaría que miles de trabajadores y trabajadoras permanecieran en la misma situación de temporalidad. La ley se centra en las características de los puestos de trabajo, no así en la situación de la persona. Los límites a la negociación colectiva pueden ser evidentes, siempre en función de la voluntad de la institución pública, que tiene la última palabra. Creemos que en las mesas de negociación los procesos serán conflictivos y tenemos claro que tendremos que recurrir a la movilización para condicionar esas voluntades.

Siendo esto así, LAB ha definido sus prioridades para estos procesos de negociación. Como hemos dicho anteriormente, LAB quiere aprovechar estos procesos de estabilización del empleo público para reforzar los servicios públicos y estabilizar al personal en la institución pública donde trabaja. Por ello, las reivindicaciones que defenderemos en estos procesos de negociación serán las siguientes:

  • Todos los puestos de trabajo eventuales deben salir en estas convocatorias. Aquí incluimos todos los contratos programa, todas las comisiones de servicio, incluso los puestos que se han cubierto mediante la acumulación de contratos.
  • Solicitaremos que las convocatorias ya vigentes se adapten a las condiciones de estos procesos.
  • Se solicitará el uso del temario adecuado al puesto de trabajo, obviando los temarios generales.
  • Se solicitarán medidas para la estabilización del personal de la administración convocante, como priorizar la experiencia laboral, priorizar el tiempo trabajado en la entidad convocante o medidas para garantizar la estabilidad en la institución en caso de no acceder a una plaza. Queremos poner especial énfasis en los colectivos de mujeres donde durante años no ha habido convocatoria de empleo público, para que las trabajadoras que han sacado adelante los servicios públicos se estabilicen allí.

Comunicamos al Gobierno Vasco y al resto de instituciones que en los procesos de negociación las medidas mencionadas serán nuestra hoja de ruta. Nos mantendremos firmes ante nuevos fraudes en defensa de los servicios públicos y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Hemos denunciado en Barakaldo la última muerte en el trabajo

A convocatoria de la mayoría sindical vasca, hemos denunciado en Barakaldo la última muerte laboral. En concreto, un operario del sector de la construcción, de 62 años, falleció el martes tras caerse un objeto desde altura cuando trabajaba en la obra y golpearle.

En la movilización, hemos destacado que ni el sector ni las y los trabajadores pueden dar por normal esta situación ni acostumbrarse a ella.

«La limpieza ha sido un servicio esencial y la patronal nos plantea congelación salarial. Es inaceptable»

Las trabajadoras de limpieza subcontratadas de la Diputación de Gipuzkoa se han concentrado ante el Palacio Foral. Han reivindicado un convenio sin pérdidas adquisitivas y han remarcado que no pararán hasta conseguirlo.

El convenio colectivo se está negociando desde mayo de 2021. Tras varias reuniones, la empresa EULEN (concensionaria del servicio) ha dejado claro su postura: no hará ningún planteamiento económico con vinculación al IPC. Para LAB, ELA y ESK la vinculación al IPC de las propuestas salariales que se realicen es imprescindible. Es imprescindible para que las trabajadoras no pierdan su poder adquisitivo. Pero, no solo eso, esta empresa pretende congelar el salario de las trabajadoras para el año 2021. Año de pandemia, donde la limpieza ha sido un servicio esencial, y la patronal nos plantea congelación salarial. Es inaceptable.

Los sindicatos somos conscientes de que la Diputación Foral de Gipuzkoa también tiene responsabilidades en este servicio, ya que se acaban de publicar los pliegos y es la administración pública quien tiene que decidir si quiere velar por los intereses de las trabajadoras o por los intereses patronales. Tras varias solicitudes de reunión, la Diputación Foral esta misma semana nos ha contestado, citándonos a una reunión para el lunes. En esa reunión exigiremos a la Diputación que no adjudique los pliegos al precio más bajo, ya que, eso sí, es su responsabilidad directa.

Hemos exigido al Gobierno Vasco que pague de forma inmediata las cantidades que UTE Larrialdiak-Maiz adeuda a los y las trabajadoras

Nos hemos movilizado ante el Parlamento de Gasteiz con el lema «Nosotras sin cobrar y el dinero en Gibraltar. Eusko Jaurlaritza culpable». Concretamente, en 2019, UTE Larrialdiak-Maiz abandonó el servicio de ambulancias en Araba y Bizkaia y dejó salarios sin pagar a sus trabajadores y trabajadoras. Las ejecuciones de sentencia no se pueden llevar a cabo dado que el aval para cubrir dichos impagos está en Gibraltar. 

Años y años de lucha, 7 convenios diferentes, más de 2.000 horas de trabajo anuales, problemas constantes con los EPIs, servicio deficitario….. somos un sector maltratado, un sector al que no se le ha dado, ni la importancia, ni el valor que se merece. El Gobierno Vasco sigue subcontratando un servicio esencial para la ciudadanía, sigue manteniendo un servicio pobre, en manos de terceros que lo único que les preocupa es el dinero, nunca la salud de las y los alaveses o vascos.

Un sector que se nutre del valor humano, y de las ganas de sus trabajadores y trabajadoras, quienes a 31 de diciembre del 2019, en vez de quedarse en casa o irse a la huelga, decidieron, pese a no haber cobrado la paga extra, ni los festivos ni nocturnos de diciembre, incluso en algunos casos debiéndoles mucho más dinero, decidieron ir a trabajar para dar el servicio. Porque hay algo que se le olvida a la administracion pública: si el dia 1 de enero de 2020 hubo ambulancias de urgencia en Bizkaia y en Araba, no fue porque vendría una empresa a poner las ambulancias, sino por los trabajadores y trabajadoras.

El 31 diciembre del año 2019, la empresa que por entonces daba el servicio en Araba y parte de Bizkaia, la UTE Larrialdiak-Maiz abandonó el concurso de ambulancias y dejó a los trabajadores y trabajadoras sin cobrar la paga extra, los nocturnos y festivos, y cantidades, en algunos casos desorbitados, que ya veníamos arrastrando de meses anteriores.

Tras más de dos años de juicios, las sentencias favorables a los y las trabajadoras han tenido que llevarse a ejecución, por falta de pago por la empresa que abandonó el servicio. El Gobierno Vasco retuvo el aval que esa empresa tuvo que presentar al llevarse la licitación para la explotación del servicio. 

Pues bien, dicho aval está en Gibraltar, esto supone que no puede ejecutarse el aval según los servicios jurídicos del propio Gobierno Vasco. ¿Dónde estaban los servicios jurídicos cuando la empresa presentó dicho aval? ¿Qué control real tiene la administración pública sobre las empresas y los avales que éstas tienen que presentar para que se les dé el servicio?

El Gobierno Vasco es el responsable de ese control, el cual no ejerció, y nos parece muy grave que no se dé ningún tipo de control sobre las empresas privadas que se presentan a los concursos, ni controlando los avales en su presentación, ni controlando después si cumplen los pliegos de condiciones.

Como responsable del servicio, el Gobierno Vasco debe de pagar a estos y estas trabajadoras que realizaron el servicio y después que reclame por la vía que estime oportuna a la empresa que abandonó el servicio. Los y las trabajadoras no deben ser las paganas de una falta de control por parte de la administración, ni las paganas de que las empresas que solo vienen a hacer dinero se lo lleven y no paguen a los y las trabajadoras por el trabajo que realizaron y realizan.

Los hechos son muy graves, pero estos hechos pueden reproducirse. ¿Sabe el Gobierno Vasco dónde están los avales de las empresas que gestionan en estos momentos el servicio de ambulancias? ¿Qué pasaría si alguna abandona el servicio como hizo UTE Larrialdiak-Maiz en 2019? ¿Volverá el Gobierno Vasco a dejar el servicio en manos privadas? 

Desde LAB, exigimos que el Gobierno Vasco pague las cantidades que UTE Larrialdiak-Maiz adeuda a las trabajadoras de forma inmediata y también que se publifique el servicio de ambulancias, dado que una publificación del servicio supondrá una mejor gestión del mismo, sin que empresas privadas se queden con el dinero y sin que a la sociedad vasca le salga mucho más caro un servicio público, que, además, se entrega a manos privadas para su explotación.