En los próximos días, el Parlamento de Gasteiz votará la nueva ley reguladora del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión. Un proceso legislativo que dura años y culmina con una reforma que no solo ignora el aumento de la precariedad y exclusión social, sino que instala un modelo que es incapaz de atajar dicha realidad de raíz.
En un contexto de endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras vascas, son muchos los retrocesos de derechos previstos por la nueva ley. Entre ellos, la nueva complejidad del cálculo de las cuantías a ser percibidas por la RGI que, para el año que viene, prevé un incremento de apenas 10 euros más con respecto a 2022. Un aumento que ni siquiera permitirá compensar el IPC de este año que está en torno al 7% y que ignora que en Hego Euskal Herria más del 53% de la población entre 25 y 64 años vive en una situación precaria, sin trabajo digno y con ingresos insuficientes, según ha divulgado recientemente la Fundación Ipar Hegoa.
Con esta nueva ley, el ejecutivo de Gasteiz, liderado por Urkullu y Mendia, lejos de atender a las demandas sociales expresadas en la calle y recogidas en iniciativas legislativas populares o en las propias comparecencias, pierde, otra vez más, la oportunidad de transformar un sistema de carácter asistencialista que estigmatiza la pobreza y que tiene como objetivo final hacerla soportable.
En lo que se refiere a la cuantía que percibirán las pensionistas, ésta pasaría de los 834 euros actuales a los 934 euros, pero, según la Ley de 2008 y que quedará derogada por esta reforma, estas personas deberían cobrar 1.166 euros. Considerando que actualmente casi el 35% de pensionistas cobra menos de 1.000 euros y que entre ellas 2 de cada 3 personas son mujeres, la nueva ley de la RGI no solo hace frente a la profunda deuda histórica hacia las mujeres pensionistas, sino que recorta en 232 euros la cuantía percibida al mes.
Por otro lado, la nueva ley prevé la aplicación de un índice corrector a la baja del 15%, que incidirá cuando en un mismo domicilio esté presente más de una Unidad de Convivencia, sean beneficiarias o no de la RGI. Una grave violación de derechos que atenta, principalmente, contra las personas que comparten vivienda. Realidad creciente en la CAV, donde en las grandes ciudades la media mensual del alquiler alcanza casi los 800 euros, según los datos publicados por el Observatorio Vasco de la Vivienda.
En el caso de la juventud, el recorte de derechos impulsado por esta reforma es también evidente. Considerando que el propio Observatorio Vasco de la Juventud revela que más del 60% de las personas entre los 18 y los 34 años que viven en la CAV no consigue emanciparse, es grave que la nueva ley exija requisitos adicionales para que la juventud pueda acceder a la RGI.
Según la reforma, los jóvenes entre 18 y 29 años, a parte de todos los requisitos generales, deberán acreditar vivir de forma independiente con, al menos, un año de antelación a la fecha de solicitud. En el caso de las personas entre 18 y 23 años, a parte de lo anterior, se añade además el requisito de haber cotizado al menos
240 días en los 2 últimos años o, en su lugar, estar dadas de alta en Lanbide durante el año inmediatamente anterior al de la solicitud de la RGI.
Con respecto al padrón, la nueva ley mantiene con carácter general el periodo mínimo exigido de 3 años con el objetivoclarodelimitarsuaccesoalaspersonasmigradas.Además,prevécontroles específicosapersonasde origen extranjero para acceder a la RGI, como el control de sus movimientos fronterizos sin la debida fundamentación jurídica, revelando que la criminalización de la migración es una tónica que se repite en esta nueva ley.
Por todo lo anterior, animamos a todas a participar de la movilización impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria mañana, 16 de diciembre a las 11:00, delante del Parlamento en Gasteiz, para denunciar esta reforma y la insuficiencia de los presupuestos previstos para 2023 para hacer frente al proceso de empobrecimiento que está sufriendo la clase trabajadora y los sectores populares en nuestro territorio.
