Hoy ha sido el primer dia de huelga por la subida salarial por los años 2023 y 2024. La patronal se mantiene en su posición y por ello a los y las trabajadores del sector no ha quedado otro remedio que movilizarse para asegurarse subidas salariales que mantengan su poder adquisitivo.
A falta todavia de datos el seguimiento son de destacar empresas como Ansareo saneamientos que la huelga ha sido del 100% o Egoin donde los trabajadores y trabajadoras han secundado la huelga mayoritariamente y se han concentrado en la mañana de hoy delante de su empresa por sus derechos.
Dicho lo anterior, realizamos un llamamiento a todos los sindicatos para coordinar movilizaciones para dar una única propuesta al sector para lograr una subida salarial por lo menos del IPC
La Coordinadora General Garbiñe Aranburu ha escrito un artículo de opinión al hilo de las declaraciones realizadas por el Lehendakari de la CAV Iñigo Urkullu sobre los resultados de la elecciones municipales del 28 de mayo.
Urkullu ha salido a la palestra para valorar los resultados de las elecciones municipales y forales. Su tesis es la siguiente: «Las huelgas y movilizaciones han perjudicado al PNV». Hasta ahora, ha menospreciado las movilizaciones de la clase trabajadora como variable política a tener en cuenta. Se diría que se ha dado cuenta ahora de que los y las trabajadoras tenemos voz y voto en el ámbito político-institucional. En cierto modo, esta constatación nos satisface, puesto que, tal y como reivindicamos el Primero de Mayo, la clase trabajadora debe hacer valer su fuerza en todos los ámbitos: en los centros de trabajo, en la calle y en las instituciones.
Como máximo responsable de las políticas públicas que se llevan a cabo en una parte importante de nuestro país, la principal preocupación de Urkullu debería ser velar por el bienestar de la gente y preguntarse qué hay detrás del malestar de los y las trabajadoras; cuáles son sus reivindicaciones y qué puede hacer para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Pero no está dispuesto a abordar ese tipo de preguntas.
En el bilateral que tuvimos en otoño, tras años de negativas a recibirnos, le pedimos que dejara de ser el lehendakari de la patronal. Ha hecho caso omiso. Mientras los precios se disparaban, la patronal se ha negado a subir los salarios en la misma proporción. Ante su avaricia, las y los trabajadores vascos hemos recurrido a la huelga y a la movilización. Urkullu no ha defendido nuestra capacidad adquisitiva; al contrario, ha sido compañero de la patronal en el ataque a los salarios. Han sido reiterados sus llamamientos a los y las trabajadoras para hacer “esfuerzos” y asumir un “pacto de rentas” que supondría su empobrecimiento.
Otro ejemplo: en enero de 2020 se llevó a cabo una exitosa Huelga General en Euskal Herria para reclamar, entre otras medidas, un salario mínimo de 1.200 euros y una pensión mínima de 1.080. En ese sentido, el Parlamento Vasco instó recientemente al Gobierno Vasco a realizar gestiones para lograr un acuerdo interprofesional que fije el salario mínimo en la CAV. Y el movimiento de pensionistas le ha pedido reiteradamente que complete las pensiones hasta 1080 euros. Ello mejoraría el día a día de miles de personas, son reivindicaciones justas y factibles. Sin embargo, en ambos casos Urkullu ha mirado para otro lado, ni siquiera las ha mencionado en sus comunicaciones.
Es más, se ha mostrado cada vez más agresivo respecto a los conflictos laborales, dando por buenos los mensajes de los empresarios y poniendo a la Ertzaintza al servicio de intereses patronales. Por cierto, ahora que se plantea el debate sobre el modelo policial, habría que recordar que la necesidad de revisarlo viene de lejos, aunque hasta ahora al señor Lehendakari no le ha preocupado.
Este desprecio por los derechos laborales se manifiesta también en los ámbitos en los que el Gobierno de Urkullu tiene responsabilidades directas, como en el de las y los trabajadores de la administración pública, donde ha dado por buena la pérdida de poder adquisitivo. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una tímida reforma fiscal, el Gobierno Urkullu levantó la voz inmediatamente para defender los intereses de empresas como Iberdrola o Petronor. Cuando las medidas del Gobierno central afectan negativamente al salario de los y las empleadas públicas, da por buena la imposición estatal, como en tantas otras cuestiones.
Lo que ocurre con la política fiscal es el máximo indicador de la dependencia del Gobierno respecto a Confebask. Urkullu cierra las puertas a la reforma fiscal progresiva, a la redistribución de la riqueza. Tiene una concepción interesada y limitada del autogobierno, lo defiende sólo cuando puede resultar beneficioso para una élite económica.
Su gobierno ha privatizado numerosos servicios, se ha negado a exigir cláusulas sociales a empresas subcontratadas y está empeñado en desmantelar Osakidetza ante un rechazo social masivo, como muestra el éxito de las movilizaciones de las plataformas de usuarias, así como de las huelgas convocadas por los sindicatos.
Igualmente, el ámbito de los cuidados es fuente de negocio para el PNV, de ahí su rechazo a constituir un sistema público comunitario; es el responsable de que no tengamos garantizado un cuidado digno y de que las precarias condiciones de las cuidadoras. El Gobierno de Urkullu se niega a hablar y negociar con los sindicatos, con la excepción del Departamento de Educación, que finalmente ha tenido que acceder a ello tras las huelgas y movilizaciones realizadas por la plantilla. Este último caso muestra que nuestro sindicato tiene propuestas para mejorar las condiciones laborales y, cuando encontramos una interlocución receptiva al respecto, también voluntad de acuerdos. Pero en general, esa receptividad ha brillado por su ausencia.
Así las cosas, no sorprende que numerosos trabajadores y trabajadoras hayan dado la espalda al PNV en las elecciones. Pero en vez de revisar su línea de actuación, Urkullu prefiere buscar culpables fuera de casa. Dice que no hay motivos para tanta huelga, que aquí las condiciones laborales son mejores. Eso es precisamente porque en este país hay un sindicalismo combativo fuerte, no porque tengamos políticas públicas progresistas o porque el empresariado sea más generoso. La organización y la lucha son la razón por la que las condiciones de vida son más dignas.
En la reunión de hoy del Comité Intercentros con la dirección de la empresa, la empresa ha realizado una nueva propuesta. LAB valora positivamente el talante negociador que ha tenido la dirección en esta reunión, ya que si se hubiera tenido esta misma actitud desde el principio el conflicto no se habría enquistado como lo está en este momento.
Todavía no se ha acabado la negociación pero mañana trasladaremos la propuesta a la asamblea de trabajadores y trabajadoras que se celebrarán en horario de mañana y tarde para que se decida si se quieren desconvocar los paros o no.
Por lo tanto, hasta el día de mañana se mantendrán los paros de mañana y tarde y los de la semana siguiente se decidirán en asamblea.
Las compañeras del servicio de limpieza de Osakidetza están llevando a cabo una larga lucha en defensa de sus condiciones laborales, con una huelga que iniciaron hace más de 2 meses. Por un lado las empresas adjudicatarias se muestran intransigentes y no quieren compartir ni una mínima parte de sus beneficios. Y por otro lado, el cliente, Osakidetza, mira para otro lado, se lava las manos y ningunea a las trabajadoras, mostrando una absoluta falta de educación.
Es por ello que en el día de hoy, vista la falta de respuesta y la nula implicación de la dirección de Osakidetza, Gora Garbitzaileak ha vuelto a mostrar su solidaridad con las compañeras en huelga, y en ese sentido ha realizado una sentada en Gasteiz, en la entrada del Parlamento Vasco, para llamar la atención del equipo de gobierno, y en especial de la máxima responsable de Osakidetza, la Consejera de Sanidad Gotzone Sagardui.
Sin embargo, lejos de ser escuchadas y atendidas por los representantes públicos, las trabajadoras han sido desalojadas de manera violenta por parte de la policía autonómica.
Gora Garbitzaileak es una dinámica apoyada por el sindicato LAB que pretende extender a toda la clase trabajadora la herramienta y la práctica de la acción sindical, y la conquista de victorias.
Del mismo modo, quiere advertir de que por encima de empresas que solo buscan el beneficio a costa de la clase trabajadora; por encima de unos dirigentes irresponsables que son incapaces de solucionar los problemas de la ciudadanía; y por encima de cascos y porras, van a continuar extendiendo la solidaridad a toda la clase trabajadora que pelea por dignificar sus condiciones laborales.
Desde LAB denunciamos y mostramos toda nuestra solidaridad a las 7 personas que tendrán que enfrentarse a diferentes juicios en los próximos meses encausados y encausadas en actuaciones tras la huelga de Tubacex. Entre las 7 personas encausadas se encuentran tanto trabajadores y trabajadoras de Tubacex como vecinos y vecinas de la comarca. El colectivo de afectados y encausados por la huelga de Tubacex ha hecho publico que piden un total de 20 años de prisión por la participación en la huelga y las fechas de algunos de los juicio serán en breve.
Ésto se suma a las innumerables multas, amenazas y diversas imputaciones desproporcionadas que han tenido que sufrir los y las trabajadoras tanto durante la huelga como después de la misma. Porque aunque se materializan de forma individual, cada una de las sanciones e imputaciones son un ataque directo hacia la lucha colectiva de todos y todas.
Los hechos que les imputan son un nuevo montaje judicial para criminalizar toda la solidaridad que surgió de la huelga de Tubacex.
Queremos dejar claro que todo ésto no es más que una estrategia de criminalización que se viene realizando desde diferentes poderes para reprimir a todos y todas las trabajadoras que fueron parte activa en la huelga de Tubacex y que defendieron y ejercieron sus derechos para ello.
Y aunque este sea el mensaje que quieren mandar con todas las actuaciones que estamos sufriendo, represión y más represión, nosotras lo tenemos muy claro: por mucho que intenten criminalizar la lucha obrera, luchar por tu puesto de trabajo y por tus derechos laborales no es delito.
Ante la represión la unión y solidaridad deben ser siempre nuestra respuesta. Como ya hemos podido comprobar con la huelga de Tubacex, ante las injusticias la lucha obrera es el único camino.
Por todo ello, pedimos firmemente la absolución de todos los encausados en diferentes procesos judiciales. Y exigimos que cesen todos los procesos y actuaciones contra los y las trabajadores/as a consecuencia de su lucha sindical. Y responderemos como hasta ahora, con solidaridad y lucha!
Desde LAB os hacemos un llamamiento para que acudáis el día 11 de junio a las 12:00 a la aparición publica que se realizará en frente de la planta de Tubacex de Llodio.
De igual forma, a acudir a las diferentes convocatorias que vayan saliendo de aquí en adelante.
El Comité Intercentros de Gorabide acusa a los responsables de Gorabide y de la Diputación Foral de Bizkaia de ser los culpables de la actual situación de conflicto.
La irresponsabilidad de la Diputación manteniendo este bloqueo es muy grave y demuestra lo poco que les importa y les ha importado a sus responsables la calidad de los servicios publico de los que son titulares. Mucho menos les importa la situación de las personas a las que cuidamos y la de sus familiares.
Hace mas de 20 días trasladamos a Txema Franco, gerente de Gorabide, una nueva propuesta para facilitar el desbloqueo de la negociación. A día de hoy, la Dirección de Gorabide ni ha respondido ni se ha reunido con el Comité de Empresa. La prepotencia que está demostrando el gerente de Gorabide, junto con su nula capacidad de negociar, está siendo en sí mismo un obstáculo añadido a la negociación del Convenio.
Denunciamos a la Diputación Foral de Bizkaia por imponer un sistema perverso en la gestión de los cuidados de personas con diversidad funcional. Les recordamos a los responsables políticos de la Diputación que son los responsables de garantizar este servicio a estas personas. Es la Diputación de Bizkaia quien, teniendo una recaudación récord, se niega garantizar el poder adquisitivo de las trabajadoras. En realidad nos están proponiendo que seamos más pobres y precarias. Además, se está dando un deterioro en la calidad servicio, donde cada vez hay menos herramientas para el acompañamiento y apoyo educacional.
Hemos solicitado por escrito una reunión a Elixabete Etxanobe, pero no hemos recibido respuesta alguna. Le interpelamos públicamente para que nos reciba y pueda escuchar de primera mano nuestra situación, así como las soluciones que proponemos.
La solución pasa por un Convenio que:
– Garantice la recuperación del poder adquisitivo. A fecha de 1 de enero de 2023 arrastramos una pérdida del 13,49% en nuestro salario.
– Se eliminen los contratos eventuales sin calendario que imponen una semi esclavitud a un tercio de la plantilla de Gorabide.
– Medidas de conciliación que mejoren las condiciones de una plantilla en la que la mayoría somos mujeres.
Ante esta situación de bloqueo en la negociación hemos registrado 5 días más de huelga, concretamente para el 12, 13, 14, 15, y 16 de junio. Y si persiste la irresponsabilidad tanto de la Dirección de Gorabide como de la Diputación de Bizkaia no descartamos dar pasos más rotundos en nuestra lucha y valoraremos convocar una huelga indefinida.
Durante estos días realizaremos varias movilizaciones:
– Lunes 12, manifestación desde la sede de EITB
– Martes 13, funeral en la Diputación Foral de Bizkaia
– Miércoles 14, Interpelación a las Junteras y Junteros de Bizkaia
– Jueves 15 y viernes 16, acampada y movilización continua frente a Gorabide, en plaza Bizkaia.
El comité de empresa de la Fundación Miguel Servet, que gestiona el centro de investigación biomédica Navarrabiomed, recién constituido y compuesto por 9 representantes de LAB, ha comparecido hoy en Iruñea. Ha denunciado la pretensión de gestionar la investigación sanitaria pública de Nafarroa a través de la fundación privada IdiSNA en vez de a través de la fundación pública Miguel Servet. Solicitará de urgencia reuniones con los partidos políticos para pedirles su compromiso para con un instituto de investigación sanitaria netamente público en Nafarroa, y que dicho compromiso político se recoja en los acuerdos programáticos del próximo gobierno.
Han señalado que todo ello ha sido con la excusa de acreditar IdiSNA como instituto de investigación sanitaria por el Insituto de Salud Carlos III y han señalado que esta pretención supondría la pérdida de puestos de trabajo, duplicidades de estructuras, aumento del gasto público y evitar que el control de la investigación pública siga siendo público.
Han señalado que desde 2018, de 72 proyectos estatales y autonómicos de investigación de Osasunbidea, 44 se han gestionado por la Fundación Miguel Servet (Navarrabiomed) y 28 por IdISNA. A partir de 2019 se han ido presentando por IdiSNA no sólo los proyectos del plan estatal sino también los autonómicos del Departamento de Salud, siempre que la o el investigador principal fuera personal adscrito a IdiSNA. En 2022, de 95 proyectos, 55 se gestionan por la Fundación Miguel Servet y 40 por IdISNA.
A partir de 2023, todos los expedientes de ayudas de recursos humanos (ayudas que permiten contratar a personal investigador) de las unidades con la o el investigador principal adscrito a IdiSNA se solicitan y gestionan desde IdiSNA, lo que ha supuesto que 18 expedientes públicos se estén gestionando esta entidad.
Si IdiSNA asume la gestión de todos los proyectos de investigación, estatales y autonómicos, con investigadora o investigador principal adscrito al mismo, el 50% de los proyectos que actualmente gestiona la Fundación Miguel Servet pasarán a IdiSNA, a lo que hay que sumar el 90% de expedientes de recursos humanos que ya son gestionados por IdiSNA. Así que, de las 57 solicitudes de financiación pública que se han realizado hasta la fecha desde la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed en el año 2023, 32 se han solicitado por IdiSNA.
La Fundación Miguel Servet encargó dos informes objetivos a dos consultoras expertas en acreditación de institutos para que identificaran cuál sería, dentro del contexto navarro, el mejor modelo de gestión. Ambos informes ‘desaconsejan la opción de que sea IdiSNA quien gestione los proyectos, los ensayos clínicos y la gestión de innovación y transferencia de tecnología’.
Aún así, el Departamento de Salud junto a la Gerencia del Hospital Universitario de Nafarroa han decidido, desoyendo las recomendaciones de los expertos, que los ensayos clínicos y proyectos internacionales también se gestionen desde IdiSNA.
Todo esto supone una disminución drástica tanto de los recursos financieros como de la carga de trabajo, que ponen en riesgo tanto la viabilidad de la Fundación Miguel Servet como los puestos de trabajo de la misma.
Por todo ello, el comité de empresa defiende que la investigación realizada por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y sus organismos, se siga gestionando por el ente público Fundación Miguel Servet.
La semana pasada en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Informática de la Salud, celebrado en Madrid, la consejera de salud del Gobierno de Nafarroa dijo que “el derecho a la salud solo tiene sentido si se concibe como un bien público a proteger”. Esto es lo que las y los representantes de la plantilla quieren defender. Y piden al patronato de la Fundación Miguel Servet que así se posicione y defienda este bien común y la investigación pública como motor de progreso del sistema sanitario público de Nafarroa.
Durante el acto de investidura del Rector de la UPNA, la propia Presidenta del Gobierno de Nafarroa aludió a los retos que afrontar en los próximos años: “Los laboratorios y el equipamiento de la nueva Facultad de Ciencia de la Salud junto con el Hospital Univesitario de Nafarroa y Navarrabiomed constituyen un ecosistema biosanitario público que contribuirá a fomentar la investigación, implantar nuevas tecnologías, y desarrollar nuevas técnicas asistenciales que tendrán a los y las pacientes de Osasunbidea como principales beneficiarias”.
El comité de empresa reclama a todas las fuerzas del parlamento de Nafarroa: que protejan lo público, que se comprometan y trabajen para que la investigación sanitaria pública navarra se siga gestionando desde un ente 100% público que, aparte de garantizar la viabilidad y los intereses de todos los navarros y navarras, garantice el empleo de todas las personas que trabajan en la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed, también de las compañeras y compañeros con ayudas de recursos humanos por IdiSNA que deberían ser contratadas y contratados, al igual que los y las trabajadoras de la Fundación Miguel Servet, por la misma.
En consecuencia con todo lo anterior, va a solicitar de urgencia reuniones con los partidos políticos para pedirles su compromiso para con un instituto de investigación sanitaria netamente público en Nafarroa, y que dicho compromiso político se recoja en los acuerdos programáticos del próximo Gobierno de Nafarroa.
Centro de investigación biomédica Navarrabiomed
Navarrabiomed es un centro mixto junto con la UPNA, con el objetivo de fomentar la investigación biomédica y potenciar la competitividad del sector biosanitario de Nafarroa. Asimismo, se crea un nexo de unión entre centro de investigación, hospital y universidad, fundamental para que el conocimiento que se genera entre los tres agentes se traslade a la práctica asistencial.
Dentro de la organización general del departamento de salud, la Fundación Miguel Servet, (Art. 3. del Decreto Foral 269/2019) sirve como organismo de apoyo científico y técnico de la Administración Sanitaria de la Comunidad Foral para la generación y difusión del conocimiento, fomento, impulso y desarrollo de la investigación e innovación en salud y la colaboración en las actividades de formación.
Hoy se ha hecho pública la noticia de que desde la Jefatura de policía española se ha ofrecido días festivos de compensación a los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irún a cambio de detener a personas migrantes a partir del 1 de julio.
A pesar de que posteriormente esta orden fue anulada, tras una denuncia y de que el inspector que la firmó fue expedientado, desde LAB consideramos denunciable y de extrema gravedad lo sucedido.
Diversos colectivos sociales vienen denunciando en diferentes territorios y barrios de Euskal Herria las prácticas racistas de los distintos cuerpos policiales que sistemáticamente vulneran derechos fundamentales como es el caso de los controles por perfil étnico racial y los abusos policiales que sufren especialmente ciertos colectivos de personas racializadas.
La noticia que se ha dado a conocer hoy es una muestra más de la realidad de violencia que vivimos diariamente en la frontera entre Irún y Hendaia. Sobran las declaraciones institucionales vacías y falta voluntad política real para acabar con estas prácticas que lejos de ser cuestiones individuales se amparan en la impunidad brindada por los poderes públicos.
Desde el sindicato LAB nos negamos a aceptar que desde las instituciones públicas, que son las que deberían ser quienes dan el ejemplo en términos de protección y garantía de derechos fundamentales, sea desde dónde se fomenta y premia el racismo estructural. Del mismo modo, volvemos a exigir la reapertura de la frontera, el cese de los controles por perfil étnico, racial y político, las devoluciones en caliente así como hacemos nuestra la petición de que la policía española abandone de una vez nuestra tierra.
La embarcación de pesca de bajura de Bermeo quedará amarrada, al menos de momento, en el puerto. Una mala noticia para el puerto de Bermeo, para la pesca en el País Vasco y especialmente para sus pescadores. Han despedido sin ninguna información previa a los operarios, que les hacían trabajar en condiciones lamentables.
Las y los pescadores recibieron la noticia el 8 de mayo, cuando estaban dispuestos a zarpar en el puerto. El armador les comunicó que no saldría, sin dar ninguna razón ni explicación clara. Las y los pescadores, ante la imposibilidad de entender lo que estaba ocurriendo y la situación en la que iban a quedar, se dirigieron a la cofradía en busca de información, donde les informaron de que la empresa tenía a todos sus trabajadores y trabajadoras dadas de baja en la seguridad social.
Ni un preaviso, ni una carta de fin de contrato o despido, ni un finiquito, ni una indemnización, ni una explicación sobre cómo fueron despedidos.
Por si fuera poco, la situación de los trabajadores hasta ahora no ha sido mejor. Solamente la mitad tenían la suerte de estar en alta en la seguridad social, ya que cuatro de cada ocho se encontraban trabajando sin contrato. Si esto es muy grave en cualquier otra empresa, lo es aún más para los que trabajan en el mar, porque no han recibido los cursos de seguridad, salvamento, primeros auxilios o socorrismo que son imprescindibles.
Estos últimos acontecimientos, desgraciadamente, no son casos aislados. Lo que han hecho los responsables del pesquero Beti Euskal Herria es reflejo de la evolución de la pesca; la dejadez institucional hacia el sector y los intereses privados de los armadores suponen un aumento de la opresión y los problemas de la clase trabajadora:
– El problema de la flota que va disminuyendo poco a poco cada año, y que en muchos casos, junto con los barcos, las cuotas y licencias de pesca se van para siempre de Euskal Herria. Mientras, las instituciones no tienen planes ni toman medidas concretas para garantizar el futuro de la pesca.
– Empresarios sin escrúpulos que creen estar por encima de la ley.
Quienes se aprovechan de las y los trabajadores que temen perder su trabajo por desarrollar, luchar o defender sus derechos.
Quienes se aprovechan de personas migrantes sin papeles, sin ningún derecho reconocido y que tienen la necesidad de aceptar cualquier condición laboral para sacar adelante su vida.
Desgraciadamente, todavía hoy vemos estas cosas en Euskal Herria. El sector pesquero se está convirtiendo en el rostro de la explotación del siglo XXI.
Para que se respeten los derechos de las personas trabajadoras, conseguir mejores condiciones laborales y acabar con todas estas injusticias hace falta organizarse y luchar, porque nadie nos va a regalar nada.
El problema del pesquero Beti Euskal Herria responde al racismo patronal e institucional y afecta especialmente al sector pesquero de Euskal Herria, ya que muchas de las personas que trabajan en dicho sector son migradas y racializadas, condicionadas por la ley de extranjería española, lo que les obliga a estar en la economía sumergida y a las que se les niegan derechos fundamentales.
Exigimos que cuando los derechos de estas personas trabajadoras sean vulnerados, las administraciones asuman sus responsabilidades políticas y realicen un seguimiento efectivo de las condiciones de trabajo, garantizando los posibles mecanismos de regularización para que tengan unas condiciones laborales y de vida dignas. Es hora de acabar con el esclavismo del siglo XXI. en la pesca.
![[OPINIÓN] Garbiñe Aranburu: «Lección a Urkullu: la gente trabajadora reclama su papel»](https://www.lab.eus/wp-content/uploads/2023/06/IMG_3442-768x608.jpg "[OPINIÓN] Garbiñe Aranburu: «Lección a Urkullu: la gente trabajadora reclama su papel»")
