2026-04-09
Blog Página 185

El Comité de Empresa de Navarrabiomed llama a apostar por la investigación sanitaria pública, y exige a Salud que cumpla con la recomendación de Anticorrupción y suspenda el acuerdo que favorece a la parte privada

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) mediante Resolución 1/2024, de 15 de enero, declara la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos denunciados por el sindicato LAB, e iniciará un procedimiento de investigación puesto que el acuerdo sobre los ensayos clínicos «pudiera ser claramente asimétrico, ya que exime a la parte privada de ceder la gestión de sus ensayos comerciales mientras obliga a ello a la parte pública, y pudiera poner en riesgo la propia viabilidad económica de la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed y, por tanto, la investigación pública en el sector biomédico de Navarra».

El Comité de Empresa de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, compuesto por nueve delegadas del sindicato LAB, considera que la resolución de la OANA respalda lo que lleva denunciando desde el mes de junio del año pasado y su lucha en defensa de la investigación sanitaria pública. Así, el análisis indica que el acuerdo del patronato de IdiSNA de 28 de junio de 2022 «contempla el traspaso de los ensayos clínicos gestionados por la FMS-Navarrabiomed y no los del CUN (Clínica Universitaria de Navarra), y ello sin que conste en la documentación analizada justificación alguna». Dicho de otra forma, «exime a la parte privada de ceder la gestión de sus ensayos comerciales mientras obliga a ello a la parte pública».

Además, recoge que «el Patronato de la Fundación IdiSNA es consciente de que el acuerdo por él adoptado conlleva el riesgo de descapitalizar la Fundación Miguel Servet, por lo que le reserva la gestión del “mínimo imprescindible de ensayos clínicos para poder deducirse el IVA”, criterio este muy poco científico y, en todo caso, de dudosa legalidad, en los términos en que se adopta, por lo que este acuerdo y sus antecedentes deben ser analizados».

De esta forma, el Comité que representa a la plantilla de Navarrabiomed – Fundación Miguel Servert considera que con esta resolución resulta insostenible la versión del Departamento de Salud y del consejero que niegan y relativizan el riesgo de descapitalización de una herramienta pública frente a otra privada: «en la misma medida en que la Fundación IdiSNA adquiere viabilidad, la pierde la Fundación Miguel Servet y ello sin que conste informe alguno que avale la decisión», advierte Anticorrupción.

Asimismo, el Comité de Empresa espera que el Gobierno de Nafarroa no se entrometa de ninguna manera y deje que la Cámara de Comptos pueda emitir con total normalidad un informe de fiscalización del acuerdo Patronato de IdiSNA en lo relativo a las consecuencias para la viabilidad de la Fundación Miguel Servet, tal y como solicita la Oficina Anticorrupción.

El Departamento de Salud y el consejero de Geroa Bai no pueden seguir actuando como si esta resolución no existiera. Ello supondría jugar con la opinión pública diciendo una cosa en base a cálculos partidistas ‒con el único objetivo de evitar trasladar su verdadera posición a la sociedad navarra‒ y haciendo su contraria en beneficio de sus intereses: la apuesta por una investigación sanitaria privatizada, dependiente del Opus Dei y convertida en negocio. Exactamente lo mismo que hizo el PSN en verano.

Por ello, la representación de los trabajadores y trabajadoras le exige que cumpla con la misma, dejando en suspenso la ejecución de los acuerdos, «atendiendo a las graves consecuencias que su ejecución pudiera tener para la Fundación Miguel Servet». Es momento de dejar atrás viejas inercias y trabajar junto con el Comité de Empresa en desarrollar el compromiso político que adquirieron los partidos en el Gobierno (Geroa Bai y Contigo-Zurekin) para garantizar la gestión pública del instituto acreditado por Carlos III en Nafarroa a través de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, y evitar pérdidas de puestos de trabajo en la fundación pública.

El Comité de Empresa de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet sigue pensando que esta es la solución para conseguir acreditar a IdiSNA sin descapitalizar a la fundación pública Miguel Servet y garantizar la existencia de una investigación biomédica pública en Nafarroa. Una misión esencial que se debe potenciar desde los sistemas públicos de salud.

Frente a versiones interesadas de la derecha, tal y como recoge la resolución, «no consta en el expediente documentación o manifestación alguna que ponga en cuestión la continuidad de la colaboración público-privada. Lo que se cuestiona en la denuncia es que el grueso de la investigación sanitaria se traslade a una fundación privada, la Fundación IdiSNA, en detrimento de la fundación pública que viene haciéndolo hasta ahora, la Fundación Miguel Servert, que cuenta con la estructura, organización y medios necesarios y el reconocimiento de su buen hacer en dicha gestión».

Por el contrario, el Comité tiene que denunciar que continúan las presiones a trabajadores y trabajadores para traspasar dichos ensayos clínicos en la línea de trabajo que cuestiona la Oficina de Buenas Prácticas y de Anticorrupción de Navarra.

Hemos denunciado la situación en la residencia INMON-Carmelitas de Gasteiz

La plantilla de la residencia INMON-Carmelitas Madres de la caridad de Vedruna, es una de las más activas y participativas en las movilizaciones que esta llevando a cabo el sector de residencias y viviendas comunitarias de Araba por la negociación del I convenio provincial. Estas trabajadoras además, llevan meses peleando por la renovación del convenio empresarial que se les aplica actualmente y que desde 2022 está en ultraactividad. A pesar de el tesón y capacidad movilizadora que están demostrando a la empresa, esta plantilla carga con una mayor dificultad para presionar a la directiva por ser un servicio pequeño y que se enmarca en un contexto religioso, ya que las residentes son monjas.

Este hecho agrava el ya de por si muy escaso reconocimiento de las trabajadoras del sector de cuidados, generando mas invisibilidad aún, ya que no hay relaciones familiares detrás que puedan apoyar la lucha de estas y visibilizar las condiciones que se dan en la residencia. Nada sale de estas puertas y nadie entra a comprobar cual es la situación dentro de estos muros, hay un desamparo total que dificulta mucho la capacidad de presión de esta plantilla, que aún así no se rinde y sigue apostando por la lucha sindical como medio para conseguir una mejora en las precarias condiciones laborales tanto de esta plantilla como del resto del sector.

A lo largo de este ciclo de movilizaciones que empezó en el mes de octubre, con una concentración y cacerolada semanal a las puertas del centro, el sindicato LAB ha sido testigo de la presión y el amedrantamiento que sufre esta plantilla por parte de la empresa, cuando miembros de la junta ejecutiva de la asociación INMON se han dirigido a trabajadoras de modo aislado dando un ultimátum para la negociación, que en ningún momento ha sido trasladado a la mesa de negociación ni a la representación legal de las trabajadoras.

Desde el sindicato LAB, entendemos este tipo de prácticas como una cruel estrategia por parte de las patronales para confundir, amedrentar y dividir a las plantillas,  mermando su capacidad de lucha y organización a través del miedo y la amenaza.

Hemos sido testigos también de grabaciones no consentidas a las trabajadoras mientras participaban en una movilización legal frente a las puertas de la residencia, vulnerando rotundamente su derecho a la protesta.

Nos parece importante vincular este situación a las actuales circunstancias del sector de residencias privadas y viviendas comunitarias de Araba, un sector compuesto por mas de 1.000 personas trabajadoras. La falta de un convenio provincial está generando un contexto en el que las patronales tienen pleno poder para imponer condiciones miserables a sus trabajadoras, aprovechando este hecho para engordar, negándose, como en el caso de la empresa INMON, a reconocer la realidad del territorio en el que viven sus trabajadoras, donde existen sendos convenios provinciales en Bizkaia y Gipuzkoa con mejoras laborales considerables si las comparamos con las de Araba.

Desde el sindicato LAB defendemos y exigimos que sean esos convenios los referentes en el territorio de la CAV y el horizonte para el territorio alavés en lugar de referenciar un convenio estatal firmado en Madrid, con unas condiciones totalmente míseras y que para nada tiene en cuenta la realidad de las trabajadoras de Euskal Herria.

Durante la jornada de hoy queremos generar un punto de encuentro y lucha común, entre las trabajadoras de esta plantilla, con el objetivo de alimentar la unión de las trabajadoras que las patronales intentan fragmentar con sus amenazas y chantajes. Para ello hemos preparado un programa de actividades, un taller de chapas, un bingo musical, una cacerolada cada hora frente a las puertas de la residencia, café tertulia sobre la situación del sector…

Exigimos a los gobiernos medios reales para hacer cumplir a la patronal la normativa de salud laboral

Los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU han comparecido en Bilbo para presentar el informe sobre siniestralidad laboral de 2023. El mismo recoge datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y concluye que 2023 no ha hecho más que confirmar la tendencia de los últimos años. De hecho, en los últimos 10 años, al menos 587 trabajadores y trabajadoras han muerto en accidente laboral, 59 de ellas en 2023. Además, los accidentes no cesan, a pesar de que cada vez más personas trabajan en servicios (73%), es decir, fuera de los sectores con más tendencia a ocasionar accidentes traumáticos.

El informe presentado consta de dos grandes apartados. El primero recoge los datos de los sindicatos. Siguiendo a este primer apartado, hemos proporcionado concreciones sobre los accidentes mortales de 2023. Así, 20 muertes han sido en accidentes no traumáticos, 9 por consecuencia de golpes y atropellos, 7 in itinere, 6 por caídas de altura, 3 por intoxicaciones y 3 por agresiones o suicidios en el trabajo.

Además, hemos identificado los sectores críticos, como la industria (con 18 fallecimientos), el transporte (con 10), trabajadores y trabajadoras subcontratadas (al menos 9, ya que tenemos dificultades para conocer la cifra exacta, entre los que se encuentran falsas y falsos autónomos), construcción (con 6), agricultura (con 4), pesca (con 3) y el sector forestal (con 1).

La segunda parte del informe recoge datos oficiales. En lo que respecta a los datos oficiales de los accidentes, la administración da como válidos los datos ofrecidos por las empresas y mutuas. Aquí la estratagema está servida. Por un lado, porque no se notifican muchos accidentes leves por parte de las propias empresas y por otro, porque muchos accidentes graves son catalogados como leves por las y los médicos de las mutuas sin ningún control por parte de las administraciones. Incluso así, los datos oficiales reconocen 100.000 accidentes laborales, confirmando la tendencia de los últimos años.

Los gobiernos ocultan también los datos de las muertes. Los casos más frecuentes son los de las y los transportistas, o los accidentes in itinere o in mision que no se consideran muertes laborales. O, por ejemplo, la muerte de un trabajador de seguridad de las obras del TAV bajo el pretexto de estar bajo sumario. Muchos de estos accidentes y muertes los conocemos a través de nuestra red de afiliados y afiliadas. Según los sindicatos hubo 59 muertes, y según los datos oficiales, 33.

Hay sectores en los que hay más posibilidades morir, como la silvicultura, la construcción, la industria o el transporte y en otras actividades es más fácil desarrollar enfermedades profesionales. Entre estas, las afecciones psicosociales son cada vez más habituales. En este caso, son los sectores feminizados los que sufren la peor situación. Hay trabajos que matan y otros que no dejan vivir.

El incremento de accidentes no traumáticos por cardiopatías tiene una de sus fuentes en el factor psicosocial. El aumento de los riesgos psicosociales tiene su reflejo en el incremento de las muertes no traumáticas. La influencia de los riesgos laborales está detrás de estas muertes, al menos parte. A este respecto, cabe destacar que las mutuas no tienen reconocido en este momento ningún caso psicosocial como contingencia laboral en Euskal Herria, ya que todas son consideradas como contingencia común.

El primer mes de 2024 también sigue con la grave tendencia de la que hablamos, ya que solo en enero, ha habido 13 muertes

En lo que respecta a las enfermedades profesionales, las y los médicos de las mutuas, que son asociaciones empresariales, son quienes deciden en primera instancia si el origen de la dolencia que sufre la o el trabajador es laboral o común. El fraude de las mutuas provoca por tanto, un vergonzoso subregistro de enfermedades profesionales.

Tanto es así que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud reconocen que el mundo laboral provoca más muertes por enfermedad que por accidente. En cambio, los registros oficiales esconden una gran mayoría de las primeras. Entre el 30 y el 40% de todos los cánceres pueden ser derivados del trabajo (50 declarados en la CAPV en 2023), o sólo el 20% de todas las muertes son causadas por accidentes traumáticos, mientras que el 80% lo serían por accidentes no traumáticos enfermedades laborales, siempre a juicio de la OMS.

El aumento de enfermedades profesionales existentes en los registros oficiales de 2023 sólo significa que, de todas los existentes, sólo algunas pocas más han sido reconocidos, entre otros factores, por la presión de los sindicatos.

La normativa de salud laboral que lleva en marcha casi 30 años no se cumple, y la patronal tiene total impunidad ante este incumplimiento.

Los gobiernos y sus entramados institucionales son garantes de esa impunidad. Los gobiernos no sancionan a la patronal conoce perfectamente el mensaje de los gobiernos, «vosotros seguid así, que no va a pasar nada». En este fraude, las mutuas son la clave, una herramienta esencial que aprovecha la impunidad de la patronal y la medida inacción de los gobiernos para defender los intereses del capital. Así, los costosos planes de salud de OSALAN e Instituto de Salud Pública y Laboral de Nafarroa (ISPLN) no tienen reflejo alguno.

Ante esta terrible situación, los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU daremos nuevos pasos

– Con una nueva imagen, llevaremos a cabo nuevas iniciativas.

-Seguiremos realizando concentraciones frente a accidentes mortales, paralizando la actividad de las empresas cuando se den las condiciones.

-En momentos en los que sen muchos accidentes haremos movilizaciones especificas interpelando a la patronal y a los Gobiernos. Así, el próximo 14 de febrero realizaremos una movilización en Bilbo para denunciar esta nueva oleada de muertes y exigir responsabilidades de gobierno y patronal.

-Vamos a dinamizar diferentes luchas para conseguir la publificación de las mutuas.
• Exigimos a los gobiernos que proporcionen a la patronal medios reales para hacer cumplir la normativa:

-Dotar de capacidad sancionadora a Osalan e ISPLN-

-Exigimos que se multiplique el número de inspectores e inspectoras.

-Que la inspección vigile de oficio a las empresas, sin delegar toda la responsabilidad en las y los delegados.

-Exigir a los gobiernos tomar la decisión de acabar con la impunidad de la patronal y la puesta en marcha de una dura campaña coercitiva.

-Exigir la coordinación de Osalan e ISPLN con la Fiscalía para dinamizar causas Penales.

-Exigir que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que catalogue todas las enfermedades profesionales como tal, especialmente las psicosociales, que tanto afectan a los sectores feminizados.

Las trabajadoras de limpieza de la Diputación Foral de Bizkaia se movilizan para reivindicar la equiparación salarial

Las trabajadoras de limpieza de la Diputación Foral de Bizkaia, subcontratadas por la empresa Óptima, que llevan sin renovar el convenio desde el año 2022 y se encuentran en pleno proceso de negociación, tienen como objetivo la equiparación salarial con el personal propio de la Diputación Foral de Bizkaia.

La empresa que presta el servicio, Óptima, se niega a asumir la equiparación, con el beneplácito de la Diputación, que ni siquiera ha recibido a la representación de la plantilla de limpieza tras haber solicitado ésta en numerosas ocasiones una reunión para tratar de desbloquear la situación.

Hoy se han concentrado en Bilbo, frente al Palacio Foral y las trabajadoras subcontratadas de limpieza de los edificios de la Diputación Foral de Bizkaia han denunciado su situación y han exigido, una vez más, que se se reconozca su derecho a estar equiparadas, poniendo en valor su trabajo y eliminando la brecha salarial existente entre las trabajadoras subcontratadas y las trabajadoras propias de la Diputación Foral de Bizkaia.

Hemos conseguido un acuerdo en la lucha por un pacto de empresa en Nutec Procal

Tras cinco jornadas de huelga secundadas prácticamente por el 100% de la plantilla de Nutec Procal, hemos conseguido la firma de un pacto de empresa propio que mejora sustancialmenete varios apartados del convenio estatal de químicas. Nutec Procal es una empresa de unos 50 trabajadores y trabajadoras situada en el polígono Eitua de la localidad de Berriz que se rige por el convenio estatal de químicas y tiene una representacion sindical de 3 delegados y delegadas de LAB.

El pacto de empresa firmado tendrá una vigencia de dos años (2024-2025) asegurando una subida de 2 puntos por encima del IPC en dicho periodo y una reducción de jornada de 16 horas para este año y de 24 para el 2025. También se mejoran los complementos a las bajas pasando a cobrar un 70% de la base reguladora del 4 al día 20 y después un 85%.

Además de todo esto, uno de los objetivos fundamentales de esta lucha ha intentar acabar con el uso indebido y desmedido de las ETT en la empresa. Fruto de este acuerdo, 10 trabajadores y trabajadoras de ETT pasarán a ser indefinidas en la empresa y al resto se les equipararán las condiciones de la plantilla de la empresa y se limitará el tiempo que puedan desenpeñar su trabajo vía ETT.

El acuerdo ha sido refrendado por unanimidad por toda la plantilla. Desde LAB felicitamos el compromiso y la determinacion que han mostrado los trabajadores y trabajadoras de Nutec Procal. La lucha es el camino.

La plantilla del Servicio de Vivienda de ASPACE se concentra en Donostia por un convenio que mejore sus condiciones laborales y garantice su poder adquisitivo

Trabajadores y trabajadoras del Servicio de Vivienda de ASPACE se han concentrado frente a las oficinas de la empresa, en Donostia. Así, tal y como se acordó en la asamblea de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos LAB, ELA y CCOO hemos iniciado la acción sindical. Su objetivo es lograr un convenio que mejore sus condiciones laborales y garantice su poder adquisitivo.

En el caso de que la dirección de la Empresa no presente propuestas que incluyeran la garantía del IPC y otras mejoras en las condiciones laborales para el nuevo Convenio, muestran su intención de dar otros pasos.

El decreto de EPSV del Gobierno Vasco no responde a las necesidades de trabajadores y trabajadoras

El Gobierno Vasco acaba de aprobar un decreto sobre las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Para analizar el Decreto deberíamos analizar la evolución de las EPSV. De hecho, desde la creación de las mismas no han conseguido ser un complemento digno universal del sistema de pensiones para las y los trabajadores de Euskal Herria, ni siquiera en los territorios donde se han impulsado las EPSV de empleo. No son universales ni solidarias, no son un instrumento para todas y todos los trabajadores y no se basan ni en el sistema de reparto ni tienen los mecanismos de redistribución que pueda tener un sistema público de pensiones.

En consecuencia, aumentan las brechas entre trabajadores y pensionistas: las y los trabajadores más necesitados están fuera de las EPSV, la desigualdad entre quienes tienen EPSV y quienes no también aumente, así como la existente entre las y los trabajadores con EPSV de empleo, ya que en los sectores más precarizados, principalmente los feminizados, las menores aportaciones suponen una reducción de las prestaciones. Además, están cada vez más lejos de ser un complemento al sistema de pensiones, ya que funcionan como un fondo de ahorro.

El decreto del Gobierno Vasco no cambia el rumbo de las EPSV, es más, perpetúa el modelo actual. No responde a las necesidades de trabajadores, trabajadoras y pensionistas, sino que establece el modelo que han desarrollado las EPSV. Además, los cambios introducidos desde el primer borrador han supuesto la eliminación de los posibles leves avances en las EPSV de empleo, subiendo el límite para poder capitalizarse y ofreciendo la posibilidad de capitalizar también una parte a quienes lo superen.

La clase trabajadora de Euskal Herria, más que un decreto de EPSV que responda a las demandas individuales, necesita políticas que respondan a las reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pensionistas. Políticas que establezcan medidas para las y los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad. Esto, para empezar, debería suponer complementar las pensiones al menos hasta 1.080 euros, respondiendo a las reivindicaciones históricas de los pensionistas y dando pasos en beneficio de un sistema público de pensiones propio de Euskal Herria.

Cientos de miembros de LAB han reflexionado sobre el sindicalismo estos días, en los Congresos de las Federaciones y de Acción Social

Dando continuidad a la decisión adoptada en su 10º Congreso Confederal, LAB ha celebrado estos días los Congresos de sus Federaciones y de Acción Social. Cientos de miembros de LAB se han reunido en los congresos de Industria, Servicios Privados, Servicio Público y Acción Social, celebrados en Lazkao, Gernika-Lumo, Iruñea y Laudio, respectivamente.

Representantes de las tres federaciones encargadas de desarrollar la acción sindical de LAB (Industria, Servicios Privados y Servicios Públicos) se han reunido durante los tres primeros días. Así, hemos abierto un punto de encuentro sindical para los y las representantes que están trabajando en diferentes centros de trabajo y sectores en el día a día. Hemos aprovechado estos espacios para compartir reflexiones e intercambiar información, conocer las luchas de unas y otros, extraer lecciones y reflexionar sobre cuáles son las formas de organización más adecuadas ante los retos de futuro.

En cambio, LAB no sólo tiene ambición de incidir en los centros de trabajo, sino también en la calle. Con este fin, el sindicato constituyó su estructura de Acción Social, y la comunidad ABIATU! de la que forma parte ha celebrado su congreso en Laudio. En el mismo han participado decenas de personas. Han repasado y valorado la trayectoria de la Comunidad de Acción Social y, en grupos de trabajo, han trabajado sobre los retos a los que se enfrenta esta comunidad en el futuro.

Las y los miembros de LAB se reafirman, por tanto, en su compromiso por el trabajo y la vida dignas, y han reflexionado sobre las formas de lucha y organización para dar pasos adelante en esa dirección.

Están desmantelando la Salud Mental pública de Nafarroa

La situación de la atención mental en Nafarroa está siendo desmantelada con la excusa de la desinstitucionalización de los y las pacientes, pero aumentando el presupuesto y la derivación a centros privados. Como consecuencia, la actividad en centros indispensables como San Francisco Javier ha disminuido hasta poner en riesgo la atención a los y las pacientes y los puestos de trabajo de la plantilla. LAB no va a dejar de denunciar la estrategia privatizadora de los servicios de salud de Nafarroa.

Al iniciar el año 2024, las personas que trabajan en el sector de la salud mental, y más concretamente las del centro San Francisco Javier, se encuentran inmersas en un escenario de incertidumbre sobre el destino de sus empleos y el rumbo de su vida profesional.

La falta de ingresos de pacientes ha transformado esta área esencial de cuidado en un terreno volátil donde la estabilidad laboral parece tambalearse, llevando consigo la angustia de un futuro incierto. Estos ingresos han sido derivados a empresas privadas a pesar de que este centro ha ofrecido cuidados públicos y de calidad, con trabajadoras y trabajadores cualificados y con experiencia.

El cuidado a pacientes con enfermedades mentales no puede compararse con la subasta de bienes o servicios por empresas privadas. Al cesar una actividad tan vital como el cuidado a pacientes crónicos de salud mental, no solo se está poniendo en riesgo la estabilidad laboral de la plantilla, sino que se está desmantelando un servicio público de cuidados que es fundamental para el bienestar de la sociedad.

Es decepcionante observar que el Plan de Acción sobre Salud Mental 2019-2023, que apostaba por un modelo comunitario y continuado, no ha cumplido las expectativas. Muchas de las acciones recogidas en este plan no se han cumplido, lo que destaca la necesidad urgente de una revisión y una nueva estrategia que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En Nafarroa, la falta de compromiso por parte del Gobierno agrava la situación. La ausencia de políticas sólidas y sostenibles para abordar las crisis en la salud mental refleja una desconexión alarmante con las necesidades reales de la población. Es hora de que el Gobierno de Nafarroa asuma su responsabilidad, destinando recursos adecuados y desarrollando estrategias concretas para garantizar una atención a la salud mental que esté a la altura de las demandas actuales.

Este cese de actividad no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también tiene consecuencias directas en la calidad de atención que se brinda a quienes dependen de estos servicios. La incertidumbre constante crea un ambiente tenso y ansioso, que repercute no solo en el personal, sino también en los y las pacientes que buscan apoyo y comprensión en momentos críticos de sus vidas.

En este contexto, es esencial unir fuerzas y alzar la voz contra la desvalorización de la salud mental como servicio público.

Por todo ello, exigimos:

Reconocimiento del valor del cuidado mental: La salud mental no debe ser considerada como una actividad prescindible.

Estabilidad laboral: Garantizar condiciones laborales seguras y estables.

Compromiso gubernamental: El Gobierno debe acometer una acción inmediata para revertir el cese de actividades en el cuidado de pacientes con enfermedades mentales y reafirmar el compromiso como parte integral del sistema de salud pública.

Preservación del propósito original del Centro San Francisco Javier: Detener la desviación del Centro San Francisco Javier de su propósito original, asegurando que las unidades que alguna vez cerraron sean utilizadas para el bienestar público en lugar de dar cabida a intereses privados y parar el cierre de unidades devolviéndoles su actividad.

El sindicato LAB no descarta ninguna acción en defensa de los servicios públicos de salud en general y de la salud mental en particular. Estamos en contacto permanente con la plantilla y vamos a defender tanto la calidad de la atención como el respeto al trabajo realizado por los y las profesionales.