Euskararen aurkako oldarraldi betean aurkitzen garen honetan, euskaltzaleok euskararen eta gure hizkuntza-eskubideen defentsan irmo azaltzeko prest gaudela argi adieraziko dugu egun hauetan. Oldarraldiak askotariko aurpegiak ditu: epai judizialak, hizkuntza-politika kamustuak eta gero eta anbiziorik gabekoagoak, diskurtso mediatiko-ideologikoak…
Une kezkagarrian aurkitzen da euskararen normalizazio-prozesua. Une erabakigarrian. Euskalduntze prozesuan euskalgintzak eta LAB bezalako eragile euskaltzaleok aldarrikatzen dugun jauzia eman ezean, azken hamarkadatan aurreratutako guztia galzorian jauzteko arriskua agerikoa da. Oldarraldi eta eraso horiei aurre egiteko, ez da aski lortu duguna defendatzearekin, bertan goxo geratzea atzerantz egitea da. Horregatik, kalera atera eta euskarari bultzada berria emango dion hizkuntza-politika egokia aldarrikatzeko unea da eta beharra dugu euskaltzaleok. Ikasleak euskaldunduko dituen euskarazko hezkuntzaren alde, nagusiki euskaraz izango den eta euskal kulturaren hedapenerako lagungarri izango den euskal hedabide publikoen alde, eta, euskararen arnasgune diren udalerri euskaldunen babes eta hedapenaren alde ozen aldarrikatzeko unea dugu. Beraz, LAB sindikatutik euskal langileak eta euskaltzaleak orokorrean dei egiten ditugu egun hauetarako deituak dauden deialdietan parte hartzera.
Hona deialdi horiek:
– Osteguna 16, Haur Eskolak Euskaraz Iruñean, 18:00etan Sarasaten, Iruñeko euskalgintzak deitua.
– Ostirala 17, Azterketak Euskaraz!, Euskal Herri osoari mobilizatzeko deia Etxepareko Ikasle Asanbladak luzatua.
– Larunbata 18, Aldatu Gidoia Euskararen Alde, mobilizazioa EITBn euskarak eta euskal kulturak dagokien tokia izan dezaten, 17:30ean Gasteizko Foru Plazan.
– Larunbata 18 Udalerri Euskaldunen eguna, UEMAk antolatua Lesakan.
Nos hemos concentrado hoy en Donostia frente a Kristau Eskola.
Tras 14 jornadas de huelga, el pasado 5 de febrero se firmó el Acuerdo de Fin de Huelga entre las patronales de los centros de Iniciativa Social y todos los sindicatos con representación. El acuerdo entró en vigor desde el momento de su firma y las y los trabajadores cumplieron fielmente el acuerdo desde el día siguiente, reincorporándose a sus puestos de trabajo.
Después de tres meses, las patronales Kristau Eskola y Aice-Izea no están cumpliendo el acuerdo y están poniendo resistencias para avanzar en el nuevo convenio colectivo. De las 7 mesas negociadoras acordadas, las patronales han suspendido 2 mesas en el último momento, lo que supone un retraso evidente a la hora de tratar los temas. La próxima mesa se prevé que será el 29 de mayo.
Por ello, los representantes de LAB solicitan a las patronales:
• La aprobación definitiva de las tablas salariales con los incrementos acordados y aplicación del acuerdo de fin de huelga en los términos acordados.
• Fijar una fecha de inicio de aplicación de los incrementos retributivos acordados para el año 2024 en las nóminas de todo el personal.
• El inicio de la aplicación de las reducciones de jornada acordadas para las distintas categorías y de la compensación de jornada irregular de Formación Profesional en el curso 2023-2024.
• La integración del proceso de recolocación en el convenio colectivo y ponerlo en marcha lo antes posible tal y como está recogido en el acuerdo de fin de huelga, garantizando el nuevo régimen de reconocimiento de indemnizaciones y antigüedad.
• En la mesa del 29 de mayo, presentar el articulado completo del nuevo Convenio Colectivo, incorporando los contenidos recogidos en el acuerdo.
El sindicato LAB, en todas las negociaciones mantenidas, ha apostado por que los salarios de todo el personal de centros de Iniciativa Social se equiparen con los de los y las empleadas públicas y seguirá trabajando con ese objetivo. De hecho, ha quedado claro que la subida salarial que recoje el acuerdo de fin de huelga está totalmente ligada a la financiación pública y que la equiparación fue una medida que podían haber conseguido los y las trabajadoras por medio de su lucha. Asimismo, LAB es consciente de que el nuevo Gobierno Vasco está por constituirse y que esta situación dificulta el acceso a la financiación pública que requiere el acuerdo de fin de huelga.
De no traer los contenidos solicitados a la mesa negociadora que se celebrará el próximo 29 de mayo, LAB continuará con las movilizaciones y dará paso a la vía jurídica. Por último, el próximo 22 de mayo, las afiliadas y afiliados y representantes de LAB junto con otros sindicatos realizarán movilizaciones en todos los centros educativos, por lo que llaman a todo el personal a participar en ellas.
En la publicación del nuevo informe Haritik, desde el sindicato proponemos una pensión por cuidados, una transición mediante un sistema complementario público, universal y redistributivo y competencias plenas en materia de Seguridad Social.
Hoy hemos presentado una nueva publicación de Haritik, relativo a la propuesta del sindicato para un nuevo sistema de pensiones. La responsable de análisis de políticas públicas Amanda Verrone ha descrito dicho trabajo como una aportación de LAB para la conformación de un Sistema Público y Propio de Pensiones para Euskal Herria. Una aportación que recoge análisis, reflexiones y propuestas situadas en la dirección dibujada en el Programa Socioeconómico de LAB.
En la primera parte del Haritik, ha señalado Verrone, se presenta por primera vez un mapeo nacional de las pensiones, destacando “la naturaleza privatizadora de los dos sistemas de pensiones impuestos en nuestro territorio”. Destaca que en Hego Eukal Herria hay más de 200.000 pensionistas con ingresos inferiores a los 1080 euros mensuales. Entre estas personas, casi el 70% son mujeres. Además, sólo el 10% del total de pensionistas es pluripensionista. Sin embargo, el 80% de las pluripensionistas son mujeres. Una consecuencia más de la falta del reconocimiento de los trabajos de cuidados. En Ipar Euskal Herria, si bien la división sexo-genérica entre las personas que perciben las pensiones directas está equilibrada (siendo el 44% hombres y 56% mujeres), el 90% que recibe complementos son mujeres.
El segundo capítulo, a su vez, consiste en una radiografía de los impactos de estos modelos en las vidas de las personas trabajadoras cuando llegan a la vejez. Mientras que en Hego Euskal Herria la brecha salarial de género es superior al 21%, la brecha de género en las pensiones supera el 38%. Esto significa que los hombres pensionistas cobran en media 517 euros más al mes que las mujeres. En Ipar Euskal Herria esta discriminación también está presente y la pensión media de las mujeres es un 40% inferior a la de los hombres. Las conclusiones, ha subrayado Verrone, son claras: “Los sistemas de pensiones vigentes no nos ofrecen garantías para una vida digna. Reforma tras reforma el sistema público de pensiones se va debilitando en beneficio del sistema privado, aumentando las desigualdades entre las y los trabajadores y especialmente la brecha de género.”
Seguidamente ha tomado la palabra el coordinador general de LAB Igor Arroyo, destacando que la única alternativa real para garantizar una pensión digna es que quien trabaja aquí cotice de manera plena en el territorio y se distribuya la riqueza mediante un sistema público fuerte y sólido. Únicamente será posible, ha añadido, “si avanzamos hacia un sistema propio en Euskal Herria”.
“Somos conscientes de que la urgencia, las necesidades y el contexto nos obligan a dibujar una transición y realizar propuestas materializables a la par que valientes de cara a impulsar un sistema público y propio de pensiones”, ha expresado Arroyo. Por ello, desde LAB hemos propuesto, entre otras muchas medidas recogidas en el informe Haritik, tres de especial importancia:
Crear una pensión compensatoria por trabajos de cuidados que sustituya la pensión de viudedad y pague la deuda patriarcal que tiene la sociedad con las mujeres cuyo derecho a la cotización ha sido negado;
Defender una pensión mínima garantizada y digna mediante la transferencia inmediata de la gestión de la Seguridad Social, el desarrollo de la legislación básica en el ámbito de la CAV y Nafarroa y el financiamiento vía presupuestos públicos;
Impulsar un sistema complementario público, universal y redistributivo vinculado al empleo, ajeno a criterios de capitalización y especulación de sus recursos financieros y que sustituya el modelo complementario privado actual.
Profundizando en este último punto, Arroyo ha señalado que el modelo de las EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria) ha fracasado, puesto que no ha servido para dignificar las pensiones de las personas que más lo necesitan; es por ello que LAB decidió, hace dos años, abandonar los marcos de dirección de las EPSV. El modelo complementario de pensiones ligado al empleo impulsado desde Madrid es todavía peor. En LAB no defendemos ni uno ni otro, sino una tercera vía: un sistema complementario público, universal y redistributivo regulado por medio de un acuerdio intersectorial.
«Si la legislación actual permite que patronal y sindicatos acuerden la aportación que se hace a las EPSV, creemos que debe ser igualmente posible crear un sistema complementario universal mediante acuerdo intersectorial, que tenga control público y que aporte más a las rentas menores (estableciendo una aportación patronal inversamente proporcional a la renta)”, ha expresado el coordinador general.
En este sentido, Arroyo ha lanzado un mensaje claro a aquellas entidades que, frente al modelo impulsado desde Madrid, plantean salir en defensa de las EPSV. “Ni el actual modelo de EPSV ni los planes privados impulsados desde Madrid cuentan con nuestro apoyo; ahora bien, estamos dispuestas a explorar esta tercera vía, en la dirección de un sistema público y propio de pensiones”.
La propuesta firmada con la empresa por los sindicatos UGT, CCOO y USO no vincula las subidas salariales al IPC para ningún año de vigencia. LAB considera que las mejoras recogidas en el acuerdo son claramente escasas, teniendo en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras llevan más de medio año de dura lucha.
Si este preacuerdo se confirma finalmente, el principal punto sobre el que se ha sustentado históricamente la negociación colectiva de Bilbobus, que es mantener la subida de retribuciones ligada al IPC, quedará definitivamente soterrado y será imposible recuperarlo en futuras negociaciones. LAB tiene claro que ligar los salarios al IPC es la vía para no empobrecer a los trabajadores y trabajadoras. Y es que si a partir de ahora el índice de referencia para las subidas salariales de la plantilla de Bilbobus es la subida del funcionariado, ello conllevará perder poder adquisitivo progresivamente, ya que los y las funcionarias llevan más de una década denunciando precisamente eso.
LAB critica la actitud de los sindicatos que han apoyado el acuerdo, ya que ahora, tras casi siete meses de movilizaciones y más de un mes de huelga indefinida, la mayoría sindical ha puesto en bandeja a la empresa y al ayuntamiento el eliminar esa vinculación con el IPC. Así, a partir de ahora, será el gobierno de turno en Madrid el que imponga a los trabajadores y las trabajadoras de Bilbobus sus condiciones económicas.
En noviembre de 2023, la empresa ofreció un convenio con vigencia para el periodo 2022-2026, que incluya la subida de las y los funcionarios para esos años. «Si entonces se les dijo que no, ¿por qué han tenido que pasar seis meses en huelga para acabar pactando algo tan parecido a lo de noviembre?», se pregunta LAB. La mejora del 1,5% respecto a la oferta inicial para los años 2022 y 2023 es, para LAB, claramente insuficiente, especialmente teniendo en cuenta que la lucha se ha prolongado durante siete meses.
Además, en cuanto al personal contratado al 62% de jornada laboral, las y los trabajadores pasarán al grupo del 100% según el orden que tenían en la bolsa en febrero de 2022, y de momento serán sólo cinco personas. Es más, esta modalidad contractual no desaparecerá y las vacantes que queden serán cubiertas por eventuales de la bolsa de trabajo. En consecuencia, el grupo de los del 62% seguirá existiendo, pero lo conformarán otras personas. Esto, según LAB, no es solucionar un problema, sino cronificarlo, y el sindicato ha querido recordar que el único beneficiario de la creación de estos colectivos es la empresa, ya que sólo conllevan fragmentación de la plantilla, frustración de los trabajadores y las trabajadoras y precariedad.
Además, LAB ha recordado que las y los trabajadores de Bilbobus dan un servicio esencial que debe ser prestado obligatoriamente por el Ayuntamiento de Bilbo. Así, el sindicato ha destacado que el ultimátum para resolver el contrato no es más que el arma de presión que se está utilizando contra los trabajadores y las trabajadoras.
Los sindicatos LAB, SEPNA-FSIE, UGT y ELA, ante la próxima finalización del acuerdo que regula las condiciones laborales de las personas trabajadoras en los centros con concierto educativo de Nafarroa, continuamos sin tener avances ni noticias respecto a una posible negociación de dicho Acuerdo. Esto denota la nula voluntad tanto del Departamento de Educación como de las patronales del sector.
Por esta razón, nos hemos concentrado para mostrar nuestro hartazgo ante la difícil situación en la que nos encontramos. Sin dotación presupuestaria para mejorar el acuerdo, y sin un marco de negociación real a pesar de habernos reunido por separado con el Departamento de Educación y las Patronales del sector y de intentarlo con el Consejero de Educación y la Presidenta de Nafarroa, sin lograrlo.
Consideramos imprescindible conseguir mejoras que dignifiquen la labor de los trabajadores y las trabajadoras, mejoras que directamente van a repercutir en la calidad del servicio educativo navarro. Los y las profesionales del sector merecemos avanzar en las condiciones laborales, dignificando la labor que día a día realizamos en los centros de trabajo.
Sumado a esta situación, después de casi dos años, tenemos bloqueado el acuerdo de mantenimiento de empleo que posibilitaría que los compañeros y las compañeras que pierdan su puesto de trabajo puedan recolocarse en otro centro concertado.
Lamentamos el inmovilismo y la poca voluntad por parte de las Patronales y Administración para mejorar las condiciones del personal de los centros de Enseñanza Concertada e Ikastolas de Navarra.
Seguimos apostando por una negociación conjunta y efectiva entre el Departamento, Patronales y representantes sindicales. Si no se produce ningún cambio, continuaremos con acciones más contundentes.
Ya en el curso pasado, 2022-23, las organizaciones sindicales planteamos una serie de demandas que consideramos urgentes para la mejora de la calidad educativa en las aulas y de las condiciones de trabajo del profesorado: bajada de ratios, reducción de la sobrecarga laboral, reducción de la interinidad y recuperación del poder adquisitivo perdido, tasado y reconocido por la propia Administración en el 15%.
La negativa del Departamento de Educación a atenderlas nos puso en la tesitura de tener que convocar dos jornadas de huelga el 15 de febrero y el 3 de abril del 2023. A pesar de que varios miles de docentes las secundaron, el Departamento desatendió las demandas y prefirió actuar mirando al calendario político para llegar a las elecciones autonómicas del mes de mayo sin comprometerse a ninguna mejora.
En septiembre de 2023, una vez configurado el nuevo gabinete de Educación, nos encontramos con que apenas nada ha cambiado y las estrategias dilatorias han continuado siendo la tónica general ya que, en primer lugar, no se atendió a los sindicatos hasta que los Presupuestos Generales de Nafarroa estuvieron cerrados, de manera que ya no fuera posible abordar ninguna mejora en el ámbito de la educación. Y, en segundo lugar, se nos ha convocado a unos “grupos de trabajo” con la Administración en los que el margen de maniobra para conseguir mejoras efectivas es prácticamente nulo porque es evidente que no puede haberlas si no se quiere invertir ni un solo euro. Por ello, queremos manifestar nuestra decepción con los pobres resultados que se están obteniendo de esos grupos de trabajo.
Pero, además, debemos recordar que, recientemente, el pasado 26 de abril, el Parlamento de Nafarroa aprobó con 34 votos a favor (UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) una resolución que va en consonancia con las mejoras que las organizaciones sindicales estamos pidiendo. En ella se le solicita al Departamento de Educación que dé pasos significativos para la mejora de las condiciones laborales del personal del ámbito educativo, y realice las negociaciones necesarias para ello, de manera que las medidas adoptadas se vean reflejadas en el próximo curso académico y en los presupuestos del 2025:
– Reducir las ratios excesivas y ampliar las horas de refuerzo.
– Aligerar las tareas burocráticas excesivas.
– Adecuar la formación del personal.
– Adoptar medidas de fomento de la estabilidad del personal: consolidación de los puestos de trabajo, aumento de la oferta pública de empleo, adecuación de los concursos de traslados, dar solución a la problemática del profesorado fijo sin destino, reducción de la temporalidad, etc.
– Recuperar el poder adquisitivo perdido por el personal de Educación.
– […]
Por todo ello, le exigimos al Departamento de Educación que emprenda una verdadera negociación con contenido, dotada de recursos económicos, para poder atender las demandas tanto de las organizaciones sindicales -que representamos a más de 10.000 docentes- como de los partidos políticos del arco parlamentario -que representan a la sociedad navarra en su conjunto-. De no ser así, nos veremos obligados a convocar movilizaciones desde el inicio del próximo curso escolar.
Aprovechamos para convocar al profesorado -y también a toda la comunidad educativa- a una marcha reivindicativa con bicicletas y patinetes que tendrá lugar el 23 de mayo a las 18h, con inicio en el IES Navarro Villoslada y final en la avenida de Carlos III (Palacio de Navarra).
LAB, ELA, CCOO, STEILAS y ESK hemos convocado reuniones bilaterales el 20 de mayo a las formaciones políticas que obtuvieron representación en la CAV en las últimas elecciones celebradas en el estado español. En estas reuniones, los sindicatos presentaremos a los partidos una propuesta para que presenten una enmienda en el congreso de los diputados, que, de aprobarse, permitiría decidir en nuestro país el empleo y los salarios de las y los trabajadores públicos vascos.
Han pasado ya más de dos meses desde la última jornada de huelga del sector público en la que miles de trabajadoras y trabajadores públicos exigieron un cambio en las políticas públicas, reforzar los servicios públicos, generar y consolidar el empleo público, mejorar las condiciones laborales y eliminar los vetos marcados por Madrid. A pesar del éxito de la convocatoria, los sindicatos denunciamos que no solo no se están dando pasos para avanzar en esa dirección, sino que las decisiones de los partidos políticos que gobiernan tanto en Gasteiz como en Madrid van en la dirección contraria.
Por ejemplo, la Ley de Presupuestos de la CAPV para 2024, aprobada en el parlamento de Gasteiz con los votos de PNV y PSE, incluye en su artículo 19 un sometimiento expreso a las decisiones de Madrid en materia de salarios y empleo. Es decir, que a pesar de que no haya una ley básica a nivel estatal que limite estas competencias en dichas materia, los partidos que integran el Gobierno Vasco han hecho que el propio Parlamento Vasco limite su capacidad de auto-gobierno en el sector público, sometiéndose a futuras decisiones que se tomen en Madrid.
Por otro lado, en el Congreso de los Diputados de Madrid, en este momento, no hay Ley de Presupuestos, pero se está negociando el Proyecto de Ley 8/2023 para adoptar medidas económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Pues bien, el grupo Socialista y Sumar han presentado una enmienda a este proyecto que imposibilita el poder negociar subidas salariales distintas a las marcadas por Madrid. Los partidos políticos vascos no han presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley que impida esa limitación y ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK tenemos claro que deben llevar adelante iniciativas que permitan que las personas trabajadoras del sector público puedan decidir aquí sus condiciones de trabajo.
Por ello, los sindicatos hemos convocado a los partidos políticos a una ronda de reuniones bilaterales para que introduzcan una enmienda en esta ley que posibilitaría quitar el veto marcado por Madrid y permitiría decidir aquí las necesidades en materia de empleo y condiciones laborales de las plantillas del sector público.
Por otro, los sindicatos convocantes realizaremos concentraciones ante EUDEL a las 10.30 horas y ante el Gobierno Vasco a las 11.30 horas el 27 de mayo para exigir a las instituciones vascas que dejen de funcionar como meras subdelegaciones del Gobierno Español, hagan uso de sus competencias, refuercen los servicios públicos, dejen a un lado las privatizaciones, generen y consoliden el empleo público y mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores públicos que garantizan unos servicios públicos de calidad y universales a la ciudadanía vasca.
Por último, los sindicatos convocantes también tenemos previsto manifestarnos en la fecha previa a la votación en el Congreso de los Diputados la Ley antes citada.
Los trabajadores y trabajadoras de la planta de investigación y desarrollo siguen con las protestas desde que el pasado octubre, la empresa decidiera echar a la calle a 7 de sus 63 empleados y empleadas.
El comité de empresa, formado en 2022, denuncia que, pese al cambio de propietarios (anteriormente Siemens-Energy, actualmente Mutares, fondo de inversión alemán), la empresa ha mostrado una actitud no negociadora y amenazante, provocando en la plantilla un sentimiento de desánimo e inseguridad que está causando la huida masiva de personas a empresas con un presente más halagüeño y, probablemente, un futuro más esperanzador. Desde la llegada de Mutares en 2022 la plantilla del personal de Miñano se ha reducido en un 20%. Esto está influyendo negativamente en la imagen de la marca Guascor, en todo su conjunto, ya que éstos puestos de trabajo no se reponen. Además, los recortes también están afectando a la seguridad del personal.
Los trabajadores y trabajadoras de Guascor R&D piden la firma de un pacto de empresa actualizado, ya que el vigente está sin revisar y caducado desde 2011. La plantilla tiene el sueldo congelado y no parece que haya previsión de que esto cambie en los próximos años.
Durante el mes de abril, la plantilla de Guascor R&D ha intentado hacer visible su situación mediante diversas acciones de protesta. La hoja de ruta marcada por la asamblea seguirá ejecutándose en las próximas fechas con el Comité de empresa como motor, hasta conseguir los objetivos previstos.
Ayer, 13 de mayo, fallecía en accidente laboral en Valareña (Zaragoza) un transportista de 51 años de Lizarra, empleado de Cerio Ensilados, al volcar el camión que conducía. Con esta muerte son ya 23 las y los trabajadores que han fallecido por accidente laboral este año y, de ellos , 8 transportistas. Este dato supone que el 35 % de las muertes por accidente laboral en lo que llevamos de año en Euskal Herria lo han sido en el sector del transporte.
En LAB llevamos mucho tiempo alertando de la alta siniestralidad en el sector del transporte. Todos los años fallece un número elevado de transportistas en accidente laboral. Hay diferentes factores tras esa alta siniestralidad, pero una destaca por encima de las demás: la precariedad cada vez mayor del sector. Así, el sindicato denuncia que el último convenio de transporte por mercancía de Nafarroa es del año 2008.
Llas largas jornadas, el estrés, las presiones, el precio bajo que se paga por el transporte, las dificultades para alimentarse de una manera saludable como consecuencia de las condiciones laborales… Todo ello aumenta las posibilidades de sufrir accidentes laborales, y en concreto, de sufrir problemas cardiovasculares.
Desde LAB recordamos que la mayoría de los accidentes laborales que ocurren el sector del transporte se pueden evitar, pero se deben tomar medidas para terminar con la precariedad, tanto por parte de la patronal como del Gobierno de Nafarroa. El inaceptable número de muertes en el sector del transporte exige medidas urgentes, y es preciso lograr un nuevo convenio del sector con condiciones laborales dignas.
