En opinión de LAB, las medidas propuestas por las Diputaciones no responden a la reforma fiscal que necesita Euskal Herria.
La fiscalidad es una herramienta fundamental para un reparto justo de la riqueza, pero para eso hay que gravar a los ricos y a las rentas del capital. Hoy, somos la clase trabajadora quienes vía rentas del trabajo realizamos la mayor aportación a la recaudación fiscal.
La necesidad de una reforma de calado en la política fiscal es una demanda apoyada de manera mayoritaria puesto que el modelo actual es profundamente injusto. Tras declaraciones políticas que han ido perdiendo fuelle, el acuerdo entre PNV y PSE que se trasladó en forma de propuesta ayer a las diputaciones no contiene más que pequeños fuegos de artificio. Esta no es la reforma fiscal que pide y necesita la clase trabajadora vasca.
Como desde el sindicato analizamos en la publicación Ikusmiran 15, la fiscalidad actual está hecha a medida de la patronal. Y para poder impulsar los servicios públicos –en ámbitos como sanidad, educación, cuidados o vivienda– y garantizar el liderazgo público necesario para afrontar la transición ecosocial, necesitamos que se graven los beneficios empresariales y las rentas del capital, incrementando la progresividad.
El debate de la fiscalidad no puede quedarse en el ámbito institucional y el acuerdo entre partidos. El CEO de Repsol Josu Jon Imaz es consciente de ello, igual que Lopez Atxurra o Garamendi, que ejercen su presión, chantaje y amenazas para evitar una fiscalidad que les haga aportar a las arcas públicas una parte mayor de sus vergonzosos beneficios. Es imprescindible el debate y la presión social para evitar que, una vez más, el Gobierno de Gasteiz y las diputaciones cierren en falso el debate y mantengan los privilegiosde la patronal.
Para LAB, son fundamentales tres medidas:
– En el IRPF, un tipo único para las rentas de capital y trabajo y la elevación del tipo máximo al 60%. No puede ser que las y los trabajadores declaremos más que las empresas.
– En el Impuesto de Sociedades, supresión de todas las deducciones e incentivos fiscales y establecimiento de un tipo nominal del 35% para que los beneficios empresariales aporten a la sociedad.
– Un recargo a las rentas de capital de entre el 1 y el 10%.
El fallecido era autónomo y trabajador subcontratado, un patrón que se repite una y otra vez. Con el de hoy, son al menos 53 las y los trabajadores muertos en Euskal Herria desde inicio de año, y 10 de estas muertes se deben a caídas desde altura.
Hoy, a las 9:30 de la mañana, en el Café Bar La Parada de Bilbao, situado en la Plaza Circular, el trabajador G.V.M., de 55 años y que se encontraba limpiando cristales, ha caído desde una altura de 3 metros y ha fallecido en el acto. Antes que nada, el sindicato LAB quiere mostrar toda su solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido.
Un nuevo drama. Otro trabajador ha fallecido en un accidente laboral evitable. Con esta muerte, ya son 53 las y los trabajadores fallecidos por accidente laboral en lo que va de año en Euskal Herria. En más de una ocasión hemos reivindicado que la normativa de salud laboral de las y los trabajadores autónomos garantice su protección, y en este caso, además, es así, ya que la contrata debe hacer cumplir las medidas preventivas para que se pueda trabajar en su centro de trabajo. Pero la falta de control de los gobiernos, la dejadez criminal de la patronal y la falta de garantías que provoca la precariedad crean una situación perfecta para que una y otra vez se produzcan accidentes mortales como éste. Este accidente no es casual, sino producto de causas concretas.
En los últimos 10 años, en Euskal Herria, al menos 81 trabajadoras y trabajadores han muerto por caídas de altura, la mayoría en el sector de la construcción. Representan más del 12,5% de las muertes laborales y la principal causa de muerte laboral en el sector de la construcción. Con la de hoy, son 10 las muertes en el trabajo que en lo que va de año debido a caídas de altura. Hay que destacar que la precariedad que se da en el sector de la limpieza es un obstáculo importante para la adopción de medidas de seguridad en el trabajo, a veces hasta causar la muerte.
Hay que acabar con la impunidad de la patronal. Hay que acabar con el debate interesado y falso sobre el absentismo laboral. ¿Cómo es posible que, casi 30 años después de la entrada en vigor de la normativa de salud laboral, continuemos con estas tasas de mortalidad por caídas de altura? La falta de prevención que corresponde a las empresas es la verdadera lacra del absentismo, la patronal y las instituciones que nos enferman y nos matan, para luego criminalizarnos.
El sindicato LAB llama a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo para denunciar este accidente laboral.
Ha pasado cerca de un año desde que la negociación del convenio de hostelería de Araba se bloqueó por la última propuesta de la patronal definida como “propuesta final”. En LAB consideramos que esta era insuficiente, ya que empeoraba muy notablemente las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector.
Tras este parón, hace unas semanas los sindicatos con representación en la mesa de negociación nos reunimos para intentar dar una salida a este convenio y obligar a la patronal a que se sentase a negociar. LAB propuso acordar un calendario conjunto de movilizaciones sin modificar las plataformas de los diferentes sindicatos. Después de que LAB planteara varias veces la opción de movilizaciones conjuntas, ELA, CCOO y UGT presentaron una plataforma conjunta en la que únicamente recogían tres puntos: Salario (IPC), inclusión de camareras de piso y riders y una reducción de jornada anual a 37,5 horas.
LAB rechaza firmemente la propuesta del resto de sindicatos porque deja por el camino puntos muy importantes como las jornadas mínimas, la aplicación de un futuro convenio para colectividades y la inclusión en la funcionalidad del convenio las grandes cadenas y marcas. Además, LAB no entiende por qué se han propuesto contenidos mínimos en la nueva plataforma sin haber realizar antes un ciclo de movilizaciones.
En este contexto, el pasado 25 de octubre se celebró una nueva reunión de la mesa negociadora en la cual, la patronal presentó una nueva plataforma de la cual se desprende lo siguiente:
• Pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras al no garantizar el IPC.
• Modificar el complemento de la Incapacidad Temporal: Pasar a cobrar el 100% desde el día número 31 en vez desde el primer día, tal y como está recogido actualmente en el convenio.
• Disminución de dos horas de la jornada anual.
Además, en la propuesta no se recoge nada referido a colectividades, jornadas mínimas y grandes cadenas y marcas. Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT son precisamente los que crearon el convenio estatal de grandes cadenas y marcas para excluir a estas personas trabajadoras, aplicándoles condiciones muchos peores, tal y como hicieron en su día con las colectividades. La plataforma planteada por ELA, CCOO y UGT garantiza la estatalización.
El sindicato LAB tiene claro que las condiciones laborales se negocian aquí y que no va a aceptar de ninguna de las maneras que se empeoren las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la hostelería de Araba. Por eso, se movilizará el próximo día 13 de noviembre a las 10:00 frente a la sede de la patronal alavesa SEA.
Nos hemos movilizado en Gasteiz, ante la sede del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), unificando las reivindicaciones de los y las trabajadoras de los sectores de cuidados privatizados y de las del ente foral.
En su lucha por un sistema público y comunitario de cuidados y para profundizar en la lucha por la publificación de los sectores de cuidado que están privatizados, el sindicato LAB empleará las negociaciones colectivas de estos sectores privatizados para promover procesos de equiparación.
A finales de este año se iniciarán las negociaciones del IV Convenio de Intervención Social de Araba y del II Convenio Sectorial de centros de atención a personas con discapacidad, y LAB reivindicará, en ambas mesas negociadoras, la equiparación de estos sectores con las condiciones del IFBS de Araba.
Para hacer frente a la precarización en los sectores de cuidados que están privatizados, vemos inevitable poner sobre la mesa la propuesta sindical y política de equiparación. LAB reivindica que las trabajadoras de cuidados privatizados son empleadas públicas y apuesta, inevitablemente, por superar las profundas brechas entre lo público y lo privado. Estamos en la lucha por fortalecer el sistema público, y LAB exige la publificación de estos sectores privatizados para fortalecer el sistema público.
En los procesos de negociación de estos sectores de cuidados privatizados que se abren en Araba, la propuesta de LAB se basará en la equiparación del salario y de la jornada laboral. Por lo tanto, estos dos aspectos serán la base de la lucha que vamos a llevar a cabo. Durante las negociaciones de los convenios, la intención de LAB será, además de garantizar la capacidad adquisitiva de las trabajadoras del sector, dar pasos importantes en la equiparación con las condiciones de la plantilla del IFBS.
En cuanto a las actuales diferencias, queremos compartir los siguientes datos:
• El personal que trabaja en la categoría superior de los sectores privados cobra 35.429 euros anuales. En cambio, el personal de categorías similares de administración pública cobra 67.213,10 euros anuales. La diferencia es del 89,7%, 31.783 euros anuales.
• En cuanto a las categorías inferiores, en los sectores privados cobran 22.329 euros anuales. Por el contrario, el personal de categorías similares de administración pública cobra 28.208 euros anuales. La diferencia es del 26,6%, 5.880 euros anuales.
• Podemos señalar que, entre los sectores público y privado, la diferencia salarial media es del 51%. Por tanto, las trabajadoras de los sectores privados cobran una media de 15.534 euros menos al año.
• Además de la diferencia salarial, los sectores privados regulan alrededor de 100 horas más de jornada anual en comparación con el IFBS, aunque en ambas áreas, pública y privada, se realice el mismo trabajo.
La existencia de condiciones laborales diferentes por el mismo trabajo es culpa de las administraciones públicas. Diputaciones, ayuntamientos y Gobierno Vasco llevan a cabo políticas privatizadoras. El modelo neoliberal del PNV-PSE es, por tanto, responsable de la miseria de las trabajadoras del sector de cuidados. Por eso interpelamos a la Diputación de Araba para que reduzca la brecha en las condiciones laborales e iguale las condiciones laborales.
Si no hay cambios en la gestión de los servicios sociales en Araba, tanto en el sector público como en el privado, se mantendrá el declive de los servicios públicos. El PNV está empeñado en el viejo modelo mercantilista de privatizar los cuidados al que nos tiene acostumbradas, impulsando un modelo precarizador de los cuidados y apostando claramente por la privatización.
Con la intención de convertir al Ente Foral en un mero aparato burocrático-administrativo, o en un mero contratista de servicios privados, por un lado, aunque se generen más plazas y servicios de cuidados, la gestión de los mismos se cede a terceros, a empresas cuyo objetivo es aumentar los beneficios económicos, al margen de la responsabilidad de las administraciones con el cuidado de las personas. Por otro lado, no se tienen en cuenta los servicios forales de atención residencial y de día, se olvidan de las profesionales de atención directa y de la sobrecarga de trabajo que sufrimos.
Para hacer frente a este declive de los servicios públicos son imprescindibles, entre otros, el aumento y estabilización de la plantilla del IFBS y la actualización de la negociación del acuerdo regulador de sus condiciones de trabajo.
Las representantes de LAB del IFBS, del sector de Intervención Social y del sector de centros de atención a personas con diversidad funcional se hemos unido para terminar con el negocio de cuidados y exigir que la Diputación de Araba asuma su responsabilidad en esta situación.
Que den los pasos necesarios y asuman los compromisos que se deben adquirir para reforzar el sistema público de cuidados, cuidando y reforzando lo público y comprometiéndose con las trabajadoras privatizadas a la equiparación. Porque el cuidado no es un negocio, es un derecho.
Desde el mediodía de hoy y hasta el martes, estamos realizando una acampada 24 horas en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz. Con esta iniciativa, queremos hacer un llamamiento al Gobierno Vasco para que dé marcha atrás en el camino de la privatización hasta ahora y emprenda la publificación del servicio de ambulancias sin esquivar su responsabilidad. La acampada finalizará mañana martes con una movilización a las 12:30 horas.
El sindicato LAB reitera su compromiso de lucha y movilización para hacer público el servicio de ambulancias en la CAV, un servicio esencial gravemente afectado por la gestión privada y la subcontratación. Aunque ayer, las empresas que al parecer van a asumir el servicio pagaron las nóminas de octubre, lo hicieron tarde y sin pagar el resto de deudas con las y los trabajadores. Esta situación refuerza la convicción de LAB de que el cambio de empresa no solucionará el problema estructural.
Tras meses de impagos y empeoramiento de las condiciones laborales, LAB ve más necesario que nunca salir a la calle y la necesidad de mantener la lucha. La situación exige soluciones reales y urgentes y tenemos el convencimiento de que el actual modelo de gestión privada es insostenible. El Gobierno Vasco sigue apostando por un modelo que solo ha supuesto precariedad para las y los trabajadores y un mal servicio a la ciudadanía.
Ahora, más que nunca, es el momento de decir basta al fallido modelo de subcontratación y garantizar un servicio esencial y digno y unas condiciones laborales adecuadas. Desde LAB pedimos al Gobierno Vasco que actúe con responsabilidad, pague todas las deudas que tengan con las y los trabajadores y acabe con la privatización del servicio de ambulancias.
Un programa lleno de actividades
La acampada ha comenzado con una concentración y una presentación. Además, se realizarán 3 talleres a las 16:00 horas (Reanimación cardio pulmonar, dibujo y elaboración de pancartas), chocolatada y reparto de propaganda a las 19:00 horas y música en directo a las 22:00 horas.
También habrá actividades el 12 de noviembre. Así, a las 9:00 horas, habrá un desayuno solidario con Valencia y a las 10:00 horas realizarán un taller de reanimación cardiopulmonar.
LAB anima a toda la ciudadanía a participar en la iniciativa y mostrar su apoyo a las y los trabajadores de ambulancias y a las reivindicaciones a favor de la publificación del servicio.
Fijar un salario mínimo de 1.600 euros garantizaría una vida digna a 210.000 trabajadoras y trabajadores de la CAV.
La normativa sobre relaciones laborales de las personas trabajadoras de Hego Euskal Herria se decide en Madri. Es allí donde se determinan las condiciones de la negociación colectiva, así como los derechos mínimos de todos y todas las trabajadoras, entre ellos el Salario Mínimo Interprofesional. Para las personas trabajadoras de Euskal Herria es urgente dar pasos en la construcción de un marco propio de relaciones laborales y protección social, consiguiendo nuevas competencias, pero también derechos y mejoras que se puedan adquirir en el marco de las actualmente existentes. La clase trabajadora vasca necesita urgentemente un Salario Mínimo Interprofesional propio y hoy en día, con las competencias actuales, existen fórmulas jurídicas para conseguirlo.
Trasladando la necesidad de un salario mínimo propio al ámbito de la CAV, queremos destacar la responsabilidad de Confebask, ya que es a a ésta a quien le corresponde acordar un salario mínimo que mejore la calidad de trabajo y vida de miles de trabajadoras y trabajadores en la CAV.
Por otro lado, también queremos interpelar al Gobierno Vasco. El consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha reconocido que necesitamos un salario mínimo propio en la CAV, lo que es una noticia positiva para la clase trabajadora de la CAV. Pero además de dicho reconocimiento, necesitamos pasos concretos en la misma dirección. Le corresponde al Gobierno Vasco reclamar a la patronal que suscriba un acuerdo así. Asimismo, a medio plazo, seguiremos apostando por un nuevo marco jurídico que nos permita decidir en materia de salario mínimo, empleo y protección social.
Los y las trabajadoras necesitamos un salario mínimo de 1.600 euros
Actualmente, el salario mínimo establecido en Hego Euskal Herria es totalmente insuficiente para hacer frente al coste de la vida. Necesitamos un salario mínimo propio. Si se atiende a la recomendación de la Carta Social Europea, debería ser al menos el 60% del salario medio, es decir, 1.600 euros brutos en 14 pagas.
En la actualidad, en la CAV hay al menos 210.000 personas trabajadoras, un cuarto de la población asalariada, que reciben salarios inferiores a los 1.600 euros, y 6 de cada 10 de éstas son mujeres*. Es decir, un cuarto del total de las personas asalariadas no tiene un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y entre éstas la mayoría son mujeres. Según vayamos bajando en los deciles de salario, la presencia de las mujeres* va en aumento.
Un acuerdo de estas características supondría, por tanto, una mejora salarial para muchas personas trabajadoras de la CAV, lo que permitiría reducir las brechas salariales (por sexo-genero, edad u origen y racialización). ¿A quién mejoraría el sueldo un acuerdo de dichas características?
– Al 28% de las mujeres*.
– En lo que respecta a las personas migradas y racializadas, no se puede calcular la cantidad exacto, pero afectaría a un porcentaje altísimo. Como dato, la media de salarios de los y las trabajadoras con nacionalidad de fuera del Estado español stá por debajo de los 1.600 euros (el salario medio anual es de 21.700, mientras que si tuvieran un salario mensual de 1.600 euros su salario anual sería de 22.400 euros).
– El acuerdo afectaría al 42% de la juventud.
Principalmente afectaría a los y las trabajadoras de los sectores de servicios y, de forma muy significativa, a las personas trabajadoras del sector agropecuario. Sin embargo, hoy nos gustaría subrayar que una medida de este tipo afectaría a diferentes categorías de todos los sectores, ya que sería una medida muy transversal.
Un acuerdo así es posible, jurídica y económicamente, si hay voluntad
Jurídicamente es posible. Se aplicaría a todas las personas trabajadoras que desarrollen sus relaciones laborales en la CAV, a través de un acuerdo en materia concreta según el artículo 83.3 del Estatuto de los trabajadores.
Por otro, las empresas tienen medios suficientes para elevar los salarios de las y los trabajadores más precarizados. Hay suficiente riqueza y ésta se reparte de forma cada vez más desigual. La dignificación de los salarios, junto con la política fiscal, es una clave principal para el reparto de la riqueza. Confebask no puede renunciar a mejorar los salarios, es una cuestión de justicia social.
Hoy estamos compareciendo con trabajadoras de sectores a los que les afectará de forma importante un acuerdo para establecer un salario mínimo de 1.600 euros. Sectores feminizados en su mayoría, muchos necesarios para sostener la vida: hostelería, grandes almacenes, trabajadoras de hogar, de telemárketing, limpieza, comercio de alimentos, residencias de personas mayores, peluquerías, ayuda a domicilio, centros especiales de empleo y metalurgia.
Hoy queremos reivindicar la legitimidad y la necesidad de establecer un salario mínimo en la CAV. No es legítimo que haya sueldos por debajo de los 1.600 euros, ya que no garantizan una vida digna. LAB pondrá todo su empeño en que ese acuerdo se materialice. Movilizando a los y las trabajadoras, trabajando para que el resto de fuerzas sindicales se sumen a esta lucha, y también buscando marcos de negociación para que el acuerdo de materia concreta se materialice.
Esta mañana, A.S.O., de 57 años, ha fallecido en un accidente no traumático en la empresa Aceralava de Amurrio, perteneciente al grupo Tubacex. El fallecido era trabajador de la empresa Construcciones Jagoba Zamalloa S.L. Con la de hoy, son al menos 52 las muertes en el trabajo ocurridas en Euskal Herria desde principios de año. LAB quiere mostrar su solidaridad con familiares, personas allegadas y compañeros y compañeras del fallecido.
En esta última muerte laboral han coincidido dos características que podemos encontrar en muchas muertes laborales. Por un lado, se trataba de un trabajador de una subcontrata y, por otro, ha sufrido un accidente no traumático.
Además, esta muerte se ha producido al día siguiente de las jornadas sobre absentismo organizadas por la patronal Confebask, lo que no hace más que ratificarnos cuando denunciamos que para la patronal, la salud y la seguridad en el trabajo no son prioritaras, no da importancia a la prevención y le sale gratis incumplir la normativa.
Por último, seguiremos trabajando para esclarecer los hechos ocurridos en este accidente no traumático.
Se trata de privatizaciones en limpieza, transporte y lavanderías.
El sindicato LAB ha recibido esta semana 4 resoluciones del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) en las que se estiman las denuncias del sindicato y proceden a anular los pliegos, el anuncio y el procedimiento de adjudicación. Asimismo, El OARC nos ha comunicado que inicia una investigación excepcional en otro de los procedimientos impugnados por LAB.
Estos son los trabajos que Osakidetza pretendía externalizar, en línea con la política de debilitamiento del sistema público y desprecio a la plantilla de los últimos años. Trabajos para los que Osakidetza tiene miles de personas en lista totalmente capacitadas para realizarlos:
Viene siendo habitual la paralización, por parte de este sindicato, de externalizaciones totalmente injustificadas. LAB acumula, desde que puso en marcha su estrategia anti privatizaciones, más de una veintena de privatizaciones paralizadas por valor de más de 193 millones de euros.
– Especialmente importante es la paralización del servicio de lavandería del Hospital de Gorliz, ya que es la tercera ocasión en la que paralizamos una externalización de lavanderías en Bizkaia. En el convenio laboral, viene redactado que “Osakidetza asume en la suscripción del presente Acuerdo el compromiso específico sobre la creación por parte del ente público de un servicio propio de Lavandería para Bizkaia, comprometiendo su puesta en marcha durante la vigencia del Acuerdo, para la asunción paulatina de los servicios subcontratados por los centros de Osakidetza según vayan venciendo los respectivos contratos.”
Tras 16 años, Osakidetza ha dejado clara su nula intención de no cumplir lo acordado y será LAB quien ponga todo su empeño para forzar a la actual dirección a asumir los compromisos pendientes y para que Osakidetza, como mínimo en Bizkaia, cuente con su propio servicio de lavandería. Tras la sentencia del TSJPV que paralizó la externalización de la lavandería de Santa Marina, ésta es otra gran noticia que reduce al máximo el margen de maniobra a Osakidetza.
– El transporte sanitario interno entre pabellones del Hospital Universitario de Basurto corresponde a trabajos que deben ser realizados por personal público. La ley de contratos del sector público deja claro que la prioridad de la administración debe ser la realización de las tareas por medios propios. Tenemos en listas a centenares de personas esperando la llamada de Osakidetza para realizar tareas de transporte sanitario, sin embargo, la dirección de Basurto miente en sus pliegos al asegurar que no dispone de medios humanos y materiales para realizar esta labor. Además, dicha afirmación, como consecuencia de su falsedad, carece de argumentación por lo que el OARC ha fallado dando la razón a LAB.
– En cuanto a los trabajos de limpieza y desinfección tanto en los centros de Emergentziak como del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humano, es evidente que Osakidetza pretende seguir alimentando empresas externas que están apropiándose poco a poco de las labores de limpieza de los diferentes centros de Osakidetza, llegando a disminuir el número de plazas de operario u operaria de servicios a niveles mínimos. Todos conocemos la profesionalidad con la que el personal de limpieza público realiza sus labores, no solo en Osakidetza, sino en más administraciones. La pregunta es, ¿qué intereses se esconden tras la adjudicación de estas labores a empresas privadas? Somos conscientes de que la naturaleza de esos intereses es contraria al interés general, por lo que volvemos a repetir que esta gestión busca el desmantelamiento paulatino de la sanidad pública en beneficio de las empresas que aspiran a parasitar la sanidad.
Tras las numerosas paralizaciones conseguidas por LAB, somos conocedoras de que las direcciones de estos centros y de la propia Osakidetza empiezan a estar en una situación comprometida, ya que su insistencia por externalizar diferentes servicios no es tolerable en la situación actual. Tenemos ejemplos como la externalización del mantenimiento de instalaciones térmicas de OSI Araba, que ha acumulado 5 intentos y que ha recibido una sentencia contraria por parte del TSJPV.
Sin embargo, las empresas que debían haber abandonado los centros continúan haciendo caja ante la pasividad de la dirección, que continúa sin dotar del personal suficiente para asumir los trabajos comprometidos en pliegos ilegales.
La rapidez con la que optan por la privatización contrasta con la pasividad para cumplir los acuerdos que van en la dirección de reforzar el sistema sanitario. Lo que esconden quienes hacen apología de la colaboración público privada es el trasvase de capital y competencias profesionales del ámbito público hacia el privado.
El modelo de gestión debe cambiar, la descapitalización y vaciamiento de Osakidetza deben parar. No es admisible delegar en empresas privadas la gestión que corresponde a la administración. Para LAB, es imprescindible que esas privatizaciones sean objeto de análisis en la Mesa de Salud y así lo ha reflejado en sus aportaciones. La privatización es un cáncer que está debilitando de manera importante la sanidad pública.
A día de hoy, LAB ha demostrado que realizar un seguimiento de todas las externalizaciones que pretende realizar Osakidetza y su impugnación formal, unida a la movilización social, son las medidas más efectivas. Hoy nadie en su sano juicio valora positivamente estas privatizaciones en la sanidad pública.
Seguiremos plantando cara ante quienes hablan de fortalecer la sanidad pública a la vez que impulsan privatizaciones como las paralizadas en esta ocasión. LAB solicita que se pongan límites claros a esta práctica que pone en juego miles de puestos de trabajo en Osakidetza.
Desde el sindicato LAB, después de un primer análisis pormenorizado del anteproyecto de Ley Foral de Salud, que en este momento se encuentra en periodo de aportaciones, constatamos las múltiples amenazas para el mantenimiento del Servicio público de Salud y la atención sanitaria a toda la población, así como a las condiciones laborales y derechos de la plantilla.
Un anteproyecto con muchas lagunas y una clara declaración de intenciones que aboga por la colaboración con entidades privadas, el cambio de régimen jurídico de Osasunbidea y de su personal, el área sanitaria única y la nula intención de promover mejoras en materia de personal.
Consideramos necesaria la redacción de una nueva Ley, pero este anteproyecto no cumple con ninguna de las expectativas necesarias para el mantenimiento y blindaje de la atención sanitaria pública. Desde LAB expresamos nuestro frontal rechazo a un anteproyecto que pretende eliminar la naturaleza actual de Osasunbidea y pone en peligro tanto la atención desde lo público como los derechos de la plantilla.
No podemos dejar de analizar varios puntos fundamentales del anteproyecto para informar a la plantilla y a la ciudadanía de las repercusiones que se pueden derivar de la implantación de las medidas propuestas por el departamento:
Cambio de naturaleza jurídica del SNS-Osasunbidea/ISPLN
La medida pretende convertir Osasunbidea en un ente público empresarial, abriendo la puerta a la gestión directa de los recursos. Un modelo que ha presentado numerosos problemas en otras comunidades y sectores y que favorece de forma clara la intención privatizadora de determinados servicios.
Eliminación de la figura de personal “funcionario” de Osasunbidea
El personal de Osasunbidea se convertiría en personal laboral, modificándose derechos tanto en materia retributiva, movilidad, promoción… y abriendo la puerta a la amortización de plazas dependiendo del gobierno de turno. Un punto que, ni ha sido explicado, ni negociado, ni consensuado. Un ataque frontal a la autonomía del personal de Osasunbidea. Se puede dar el caso de convivencia de varias figuras jurídicas dentro de la misma administración, con importantes diferencias entre ellas.
Colaboración Público-Privada
Una intención clara marcada en todo el anteproyecto y que entiende como fundamental es la derivación de recursos a entidades privadas sin establecer ningún mecanismo de control. En lugar de apostar por el blindaje de los servicios públicos, se entiende como básico y necesario seguir fomentando el negocio privado de la salud. Además, se genera un nicho de precariedad en el personal de las empresas privadas que en la mayoría de los casos se rigen por convenios laborales significativamente peores a los de Osasunbidea.
Área única de salud
La incapacidad organizativa y la escasez de profesionales derivan en una medida que suscita importantes dudas sobre su aplicación. El área única parece destinada a la posible movilidad del personal y de la ciudadanía, pero no establece qué entiende por “urgente” la Administración a la hora de establecer esta movilidad. Esta área única sólo afecta a determinados aspectos y obvia otros de manera premeditada.
Derechos lingüísticos
No es una prioridad de esta ley ni del departamento normalizar la realidad lingüística de Nafarroa. Ni una sola mención al respeto de los derechos lingüísticos en una Ley que puede estar vigente décadas.
Nulas medidas en materia de personal
La eventualidad de Osasunbidea sigue estando por encima del 30% y la previsión de jubilaciones no hace presagiar ninguna mejora. La necesidad de unos ratios adecuados, unos procesos selectivos simplificados, medidas en materia de contratación y la ausencia total de mención al contrato relevo deja clara la escasa intención de contemplar un cronograma de actuación a este respecto. Sigue habiendo diferencias e inequidades entre el propio personal de Osasunbidea, considerando a una parte muy importante de la plantilla, la “no sanitaria”, como personal de segunda categoría.
Consideramos necesaria y prioritaria la redacción de una nueva Ley Foral de Salud que marcará de forma relevante las políticas sanitarias futuras.
Este anteproyecto incluye medidas interesantes como los distritos socio-sanitarios, la humanización de la atención o la autonomía de gestión. Pero carece de otras muchas medidas en materia de personal, normalización lingüística, mecanismos de control y transparencia en materia de colaboración público-privada y de actividad, así como el blindaje y reforzamiento de la actividad sanitaria pública en todos los ámbitos de atención.
Para LAB es fundamental, la apertura de un ámbito negociador con todas las partes implicadas, que convierta a la Ley Foral en lo que necesita la población, la plantilla y el sistema público de salud.
