Artículo de opinión de Ilargi Angulo Elduayen, responsable de empresas públicas LAB en Nafarroa.
De todos y todas es conocida la postura que defendía la ya dimitida directora de la Fundación Miguel Servet, sus intentos por hacer ver al Departamento de Salud las consecuencias de pasar la gestión los ensayos clínicos de la Fundación Miguel Servet a Fidisna. Si se lleva a cabo no sólo llevará a duplicidades estructurales con el gasto público que ello conlleva, pondrá en peligro el ahorro del IVA para la FMS y se traducirá en un desvío de recursos públicos a instituciones privadas como la CUN y CIMA. Esto hacía que fuese una persona incómoda para el Departamento de Salud, que muy lejos de intentar frenar o revertir los pasos hasta ahora dados, como hace unos meses recomendó la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas, sigue por la vía de vaciar de contenido a la Fundación Miguel Servet.
Por eso, queremos dejar claro que desde el sindicato LAB entendemos esta dimisión como un paso más en las intenciones de beneficiar a entidades privadas de investigación biomédica en detrimento de lo público, cosa que llevamos denunciando desde hace ya un año.
La realidad, que veremos cómo se transforma, es que, en múltiples ocasiones, el sistema y los profesionales públicos tienen una participación subsidiaria en muchos proyectos –reclutando pacientes, por ejemplo– liderados por investigadores del entramado privado. La creación de grupos mixtos en Idisna, si no hay voluntad de analizar la evolución de esta desventaja de partida, ocultará estos desequilibrios debajo de la alfombra de la gran consigna colaboración público privada. Recordemos que, tal y como exigió el Instituto de Salud Carlos III, el objetivo principal de Idisna tiene que ser el crecimiento en cantidad y calidad de la investigación en el Hospital Universitario de Navarra. Nada más fuera de la realidad.
Y es que es el Departamento de Salud quien constantemente se justifica en la apuesta por la investigación biomédica pública y sus investigadoras e investigadores, la cual no vemos plasmada en la realidad.
Existe un desequilibrio presupuestario de dinero público para financiación de proyectos de investigación biomédica en Navarra, y que muy lejos de frenarla, se sigue alimentando a través de Idisna, dirigida de facto por la parte privada. Según datos de las últimas convocatorias concedidas por el Gobierno de Navarra, por cada euro que se concedió a la investigación biomédica a entidades públicas, una media de 4,4 euros se concede a entidades privadas, ya sea en forma de proyectos estratégicos o en becas predoctorales.
Y cualquiera podría justificarse diciendo que existe una menor calidad en los grupos de investigación pública en sus solicitudes para financiación. Argumentación que no compartimos, pero que, reiteramos, lleva a otra pregunta, ¿qué hace el departamento para frenar esa desigualdad de calidad? Sin un apoyo desde el departamento, ¿no se estaría ayudando a acrecentar esa desigualdad entre grupos privados y públicos?
Llamamos a la nueva dirección de Navarra Biomed, la consejería y el Gobierno de Navarra a frenar este proceso de privatización, a hacer una apuesta solida por la investigación biomédica y garantizar la viabilidad de un instituto de investigación público.
A la espera de que la empresa comunique su decisión final, la lucha no cesa y hoy nos hemos manifestado por las calles de Donostia.
La semana pasada finalizó el plazo para negociar el Expediente de Regularización de Empleo impuesto por Cementos Rezola, de Añorga, que se cerró sin acuerdo. La propuesta realizada por parte de la empresa supone una destrucción de empleo totalmente desproporcionada y no garantiza salidas voluntarias. La destrucción de 56 puestos de trabajo, sin una negociación como es debido, no es justa.
Llegados y llegadas a esta situación, la empresa dispone de 15 días para comunicar cuál será su decisión final. En cualquier caso, hasta que ésta se conozca, los trabajadores y las trabajadoras siguen luchando por la defensa de los puestos de trabajo.
En la última nota expusimos que mediante un ejercicio de responsabilidad debíamos trabajar con nuestras representantes para valorar el preacuerdo alcanzado por la mayoría sindical y decidir si íbamos a participar o no de la firma del Convenio Colectivo del Comercio del Metal.
Tras haber hecho dicho ejercicio, hemos decidido participar con nuestra firma. Y es que, tras 15 años sin convenio, creemos indispensable dotar al sector de un convenio de aplicación que recoge lo mínimo exigible y da garantía jurídica. No obstante, queremos reiterar que la falta de lucha sindical ha impedido que se alcanzara un convenio con mejores condiciones.
A partir de ahora, seguiremos trabajando para que el próximo convenio tenga mejoras que el actual no ha podido recoger.
Tras dos años y medio de lucha, 32 mesas de negociación y 8 jornadas de huelga, así como numerosas asambleas, movilizaciones e iniciativas, el sector consigue el convenio que se merece, demostrando que merece la pena luchar.
Desde LAB queremos felicitar a las trabajadoras del sector por el trabajo colectivo realizado y subrayar que las trabajadoras de intervención social son trabajadoras públicas, ya que prestan un servicio público. Este convenio, además de suponer mejoras sustanciales en materia de condiciones de trabajo, supone un avance en el reconocimiento del sector, que hasta ahora ha sido constantemente invisibilizado. Y es que, además de ser un sector feminizado, trabajan con personas a las que la sociedad excluye de todos los centros de decisión. En consecuencia, han sufrido el abandono de las administraciones públicas: cada vez menos subvenciones, convenios que plantean exigencias y condiciones desproporcionadas, excesiva burocratización…
Hoy, sin embargo, las trabajadoras del sector pueden hablar de los frutos. Las principales mejoras recogidas en el acuerdo son las siguientes:
– Vigencia: 2022-2025
– Subida salarial fija del %24 en total hasta 2026, que supera la garantía del IPC.
– Cláusulas antirreforma que recogen, entre otras cuestiones, mejoras en cuanto a subrogación, refuerzo de la ultraactividad y prioridad aplicativa del convenio colectivo frente a convenios estatales.
– Mejoras relativas a riesgos psicosociales: Entre otras medidas, se realizarán evaluaciones de riesgos cada cuatro años, se incluirán en los exámenes médicos la evaluación de riesgos psicosociales y de burn out y se establecerá la pareja educativa como unidad estándar en determinados servicios.
– Jornada laboral anual de 1564 horas (se reduce en 13 horas)
Complementos por Incapacidad Temporal: A partir del 1 de enero de 2025 se abonará un complemento del 100% por contingencias comunes.
– Sustituciones desde el primer día para garantizar los ratios de personal acordados con las administraciones.
– Reducir en 7 horas la jornada anual máxima de las trabajadoras de más de 60 años.
– Obligación de negociar los planes de igualdad.
– Mejoras en las condiciones de las excedencias.
Por todo ello, desde LAB subrayamos que la firma de este convenio es un paso histórico, como también lo es el hecho de que entre todos y todas hayan podido activar un sector que merece estar en el centro.
Ante el colapso que esta sufriendo el sistema sanitario público vasco, la Dirección de Osakidetza ha vuelto a convocar a los sindicatos a una Mesa Sectorial urgente para comunicar, por medio de una circular, que aumenta el precio de hora extra de facultativos y facultativas para paliar la falta de profesionales y que posibilita la incorporación de personal en formación.
Esta falta de profesionales ya fue advertida por parte de LAB a principios de verano. Era un hecho previsible e incuestionable que la Dirección de Osakidetza, otra vez, se atrevió a poner en duda. Hoy estamos ante este escenario, un despropósito mayúsculo, donde la única solución que se plantea es el aumento del precio de la hora extra para hacer frente al grave problema de falta de profesionales que venimos arrastrando hace décadas y además buscar la complicidad de los sindicatos sin dar pie a una autentico proceso negociador.
Si bien LAB entiende que, en el ecuador del verano, es la única medida a corto plazo que se puede adoptar, el sindicato quiere manifestar lo siguiente:
-El pago de horas extras para disimular el déficit estructural de profesionales es una práctica habitual que Osakidetza lleva realizando años.
-La incorporación del personal en formación es otro parche que sin duda genera situaciones de estrés añadido en estas personas.
-Este tipo de medidas consiguen camuflar la situación, pero no suponen medidas reales de alcance que solucionen esta reiterada falta de profesionales en el Ente Público. Si no se toman las medidas oportunas para la solución de este problema, esto se repetirá año tras año.
-Quizás es esto a lo que se refiere la Dirección de Osakidetza cuando habla de un aumento de la inversión. Si es así, la población debe saber que estas medidas no solucionan nada.
-Apostar por aumentar el precio de la hora extra sin plantear medidas de fortalecimiento de la plantilla es contrario a cualquier idea encaminada a favorecer la conciliación.
– Las horas extras ponen, una vez mas, la responsabilidad en los y las trabajadoras que tienen que elegir entre sus derechos a descansos y mantener a flote la asistencia sanitaria.
– La Dirección de Osakidetza está haciendo una “política de supervivencia” en sanidad, centrada única y exclusivamente en cubrir los mínimos, sin prestar atención a la mejora o mantenimiento de la calidad del servicio, mirando para otro lado a la hora de plantear soluciones valientes para encarar este problema de falta de profesionales.
En definitiva, esta medida es una prueba más del fracaso y la falta de previsión de las diferentes direcciones de Osakidetza para reconducir esta situación.
Esta es una medida adoptada sin negociación, por decreto, sin contar con los sindicatos que conformamos la Mesa Sectorial de Osakidetza, ante un problema que llevamos planteando durante años y de manera muy concreta, advertida por la totalidad de los sindicatos en la última Mesa Sectorial.
El impulso de las políticas públicas debe encaminarse a garantizar un futuro ecosocial justo para la comarca, y condiciones laborales, de vida y servicios públicos dignos para las personas trabajadoras que habitan en ella.
Tras iniciar su andadura como lehendakari, Imanol Pradales ha dejado clara su intención de seguir adelante con el proyecto Guggenheim Urdaibai, y así a quedado recogido en el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE. Por otro lado, hemos sabido del “proceso participativo” sobre el futuro económico de Busturialdea que la Diputación Foral de Vizcaya de Elixabete Etxanobe quiere impulsar. Como ha denunciado la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop este proceso no recoge mención o pregunta alguna sobre el proyecto que condicionará de manera profunda y determinante el futuro de la comarca, y además, una gran parte de agentes sociales y sindicales de la comarca no hemos recibido opciones de participar. Por ello, LAB considera que este “proceso participativo” no es más que un lavado de cara de la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco para seguir construyendo el futuro de la comarca a espaldas de quienes viven y trabajan en ella.
De la mano del proyecto Guggenheim Urdaibai se pretende explotar el patrimonio natural e histórico común en interés de unos pocos. A su vez, tener condiciones laborales y de vida dignas en Busturialdea es cada vez más difícil: La reducción de la actividad industrial del 11,7% en la última década, que el 70% trabaje fuera de la comarca, o que las viviendas turísticas hayan crecido un 33% sirven como ejemplo. El proyecto profundiza la turistificación de Urdaibai, y a la luz de procesos similares ocurridos en otros territorios, son conocidas las consecuencias: pérdida de empleo de calidad, precarización, empeoramiento de las condiciones de vida y esplotación insostenible del territorio, entre otras.
Además, las previsiones apuntan a un coste de 130 millones de euros, un despilfarro de recursos públicos en un proyecto nocivo económicamente, socialmente y ambientalmente. Mientras tanto, prioridades sociales como los servicios públicos están siendo privatizadas y sub-financiadas en Busturialdea, en Bizkaia y en la CAV.
Es por ello que el sindicato LAB reitera su petición al Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, para que dejen de lado el proyecto Guggenheim Urdaibai de una vez por todas. El impulso de las políticas públicas debe dirigirse a garantizar un futuro ecosocial justo para los territorios: Construir un futuro socioeconómico que contemple el reto ecológico global que enfrentamos, e impulsar condiciones laborales y de vida dignas y servicios públicos de calidad para las personas trabajadoras. Para ello es necesario abandoran “procesos participativos” estériles , y que los agentes políticos, sociales y sindicales así como las personas que habitan en el territorio sean protagonistas.
LAB seguirá siendo parte de la activación y movilización social. Por ello, llama a participar en la recogida de firmas que pide a Solomon R. Guggenheim Foundation renunciar a las ampliación del museo Guggenheim y la destrucción de la Biosfera de Urdaibai. A su vez, llama a impulsar y participar en la movilización convocada para el 19 de octubre en Gernika.
LAB denuncia la subida salarial del 2% aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco para el personal público (*). En este curso hemos llevado a cabo tres huelgas y varias movilizaciones para decidir aquí el salario y el empleo, para negociar y acordar aquí. Estos son los argumentos que exponemos contra el último recorte ordenado por el Gobierno Vasco:
Es un recorte más del poder adquisitivo. Entre las medidas adoptadas por Madrid en 2010 para pagar entre todos la deuda de los bancos, se decidió emplear para ello los sueldos de los empleados públicos.
Los incrementos salariales que ordena cada año Madrid y que aprueba el Gobierno Vasco van por debajo del IPC. En el caso de este año la subida es del 2% (más un 0,5% adicional que se puede dar en diciembre), en la CAV el IPC ha subido un 3,1%. El nuevo recorte se suma al 11% aproximado del poder adquisitivo que venimos perdiendo desde 2010.
Es una estrategia centralizadora y neoliberal diseñada en Madrid. El Gobierno Vasco se pliega a esta estrategia, que niega la negociación colectiva del personal público de Euskal Herria, y pone los servicios públicos a servicio del capital.
No es cierto que los Presupuestos Generales del Estado español dejan a Lakua con las manos atadas. Con la misma legislación, antes de 2010 en la Mesa General de la CAV los incrementos salariales se negociaban eludiendo los límites que marcaba Madrid. Es una cuestión de voluntad política.
(*) El incremento en las nóminas no se dará a todo el personal público. Los incrementos salariales del personal de las administraciones municipales y forales y sobre todo de los servicios subcontratados y privatizados, como el cuidado («langile publikoak gara»), difícilmente llegarán al del decreto del Gobierno. Y es que las estrategias privatizadoras de PNV y PSE buscan precisamente que los salarios de este personal sea aún más precario.
LAB advierte al recién constituido Gobierno Vasco de que para pasar de las palabras a los hechos y si realmente quiere mejorar la situación de los servicios públicos y de su personal tiene que cambiar las políticas públicas. Tiene por dónde empezar, y le exigimos:
Respeto a la Negociación Colectiva y rechazo de imposiciones: acabar con la sumisión a Madrid y traer el centro de decisión a Euskal Herria, respetando las mayorías de aquí.
En el camino de abandonar la estrategia de recortes, garantizar y recuperar el poder adquisitivo de todo el personal púbico.
Para ello, convoque cuanto antes la reunión de la Mesa General. Para definir, además del salario, las líneas de empleo y condiciones laborales para los próximos años, sin injerencias externas ni imposiciones de ningún tipo.
Todos los sindicatos del sector de Limpieza Viaria de Gipuzkoa, a excepción del sindicato ELA, hemos realizado una concentración frente a la sede central de FCC en Gipuzkoa, en el polígono Zubiondo de Hernani, hoy 24 de julio, para hacer llegar nuestro apoyo y solidaridad a la familia, amigos y las y los compañeros del trabajador de FCC (Subcontrata de la Mancomunidad de Iruñerria) muerto en accidente de trabajo mientras realizaba su trabajo en turno de noche.
Asimismo, el sindicato LAB quiere denunciar que la precariedad que impone la empresa mata a los trabajadores y trabajadoras. El accidente se ha producido como consecuencia del incumplimiento de los protocolos de seguridad y de la normativa de prevención derivada de la escasez de recursos humanos en los diferentes turnos de trabajo.
Exigimos a FCC y a la administración unos protocolos de seguridad y unas condiciones laborales dignas que garanticen la protección de los trabajadores y trabajadoras. Volvemos a ver la peor consecuencia de poner los beneficios económicos por encima de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. En lo que va de año llevamos 33 personas muertas por accidentes laborales en Euskal Herria, 11 de ellos en Gipuzkoa. ¡BASTA YA!
Sin una mayoría formada por trabajadores y trabajadoras no hay pacto de sanidad posible.
Desde LAB hemos explicado hoy cuáles son las medidas que propone para la necesaria transformación de Osakidetza y el fortalecimiento del Sistema Público de Salud. Serán las medidas que llevaremos a la mesa convocada por el Gobierno de la CAV para acordar el Pacto Sanitario.
“Si queremos que Osakidetza sea un servicio de salud público de calidad, hace falta un cambio radical respecto a las políticas llevadas a cabo por el gobierno anterior. Han pasado varios años sin que se haya hecho una apuesta por la sanidad pública, y las políticas neoliberales y clientelares han sido las que han primado en Osakidetza. Se ha devaluado lo público para fortalecer el sistema privado”, ha declarado la coordinadora general del sindicato, Garbiñe Aranburu. Asimismo, Aranburu ha subrayado que las razones que han situado esta cuestión en el centro de la agenda política han sido “las huelgas y movilizaciones de los y las trabajadoras, el hecho de que las plataformas por la salud hayan salido a la calle y el declive del servicio que vemos y sufrimos todos y todas las usuarias”.
Por lo tanto, desde LAB planteamos cinco medidas a aplicar:
1. Que se termine con la privatización y las políticas de concertación, así como un plan para publificar los servicios privatizados
Poco a poco se han ido privatizando varios servicios que se deberían gestionar desde Osakidetza de manera pública:
– LAB, mediante la presentación de varios recursos, ha paralizado privatizaciones o externalizaciones irregulares que Osakidetza pretendía llevar a cabo y que suman, en total, el valor de 160 millones de euros. Cabe recordar que existe personal suficiente para asumir todo ese trabajo de las externalizaciones denunciadas. Esa es la razón por la que el sindicato lleva años diciendo que las políticas de la dirección son privatizadoras.
– En este sentido, no se están cumpliendo ni el convenio, ni las sentencias. El servicio de lavanderías ha estado privatizado. En el convenio se acordó que ha medida que se terminaran las concesiones Osakidetza asumiría de manera directa la gestión de dichos trabajos. No ha sucedido así, ya que se ha mantenido la privatización. Como ejemplo, el intento de mantener privatizado el servicio de lavandería del hospital Santa Marina. LAB lo denunció y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció que dicho servicio se debe gestionar de manera directa. Osakidetza no asume dicha sentencia e intenta que se gestione mediante un Centro Especial de Empleo.
– Almacenes: hasta ahora cada hospital ha tenido su almacén. Ahora se plantea centralizar y extender este servicio, y Osakidetza pretende aprovechar ese cambio para privatizarlo. La gestión integral de esos almacenes centrales debería recaer en Osakidetza.
Se externalizan trabajos médicos que puede y debe llevar a cabo Osakidetza:
– Algunos de los ejemplos son las resonancias, las cirugías o los trabajos de laboratorio, como los análisis. Cabe subrayar que Osakidetza dispone de plantilla y de recursos para realizar dichos trabajos. En el caso de Gurutzeta, por ejemplo, se ha creado BIOCruces, una entidad totalmente privada donde se está destinando la mayor parte de la carga de trabajo de laboratorio.
2. Hacen falta más trabajadoras y trabajadores con condiciones dignas y estables
– Hay que aumentar la plantilla estructural. Las categorías no sanitarias que se encuentran en la diana de la privatización (mantenimiento, trabajadores y trabajadoras de servicios, administración y asistencia…) sufren aún más ese déficit. El proceso de estabilización avanza con lentitud y la orden europea que sitúa el límite de la temporalidad en el 8% no se cumplirá para diciembre del 2024.
– Por otra parte, el proceso de OPE 2018-1029 aún no ha finalizado como es debido, no existen listas oficiales y la falta de transparencia en la contratación de trabajadores y trabajadoras es escandalosa.
– El modelo de contratación nos ha traído hasta la situación de hoy en día, en la que la tasa de temporalidad es del 54%. Por lo tanto, cabe decir que el modelo de contratación ha colapsado. Hay que llevar a cabo un estudio sobre las cargas de trabajo y hay que negociar otro modelo junto con los sindicatos.
– Hacen falta medidas para hacer frente a la falta de personal médico. La falta de personal médico se emplea como excusa para justificar varias decisiones: reducir los horarios de verano, cerrar los PAC, que los ambulatorios de las grandes poblaciones estén trabajando sin médicos o para enviar ambulancias de emergencias sin médicos. La falta de personal médico es consecuencia de la falta de planificación. El Gobierno Vasco hace llegar cada año las necesidades de Médicos Internos Residentes (MIR) al Gobierno de Madrid. “No sabemos lo que piden, ya que esa información no es pública”, remarca LAB. El Gobierno Vasco argumenta que la cantidad de MIR se establece desde Madrid, pero en realidad no es conocido que tipo de petición se traslada desde el Gobierno Vasco.
Deben mejorarse las condiciones y la formación de MIR: Estas personas no reciben una formación adecuada y las guardias se les cambian con unilateralidad, lo cual produce un enfado hacia Osakidetza. En consecuencia (sobre todo en el caso de las y los MIR), al terminar su formación se van a otro sitio, a lo que hay que sumar que al terminar la especialidad lo que se les ofrece no es nada atractivo, ya que se trata de un contrato temporal.
Son los y las MIR las que suplen la falta de personal médico y de enfermería, aunque aún no hayan recibido la totalidad de la formación.
– Hace falta una nueva ley de ratios: LAB ya ha realizado una propuesta concreta, que registró en el parlamento y a la que por el momento no se le ha hecho caso. Los ratios que están en vigor son insoportables para los trabajadores y las trabajadoras y hacen que el servicio empeore.
– Hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras: LAB pide una negociación real. Denuncia que el último acuerdo de la Mesa Sectorial de Osakidetza data de 2009.
– Se necesitan políticas feministas: Las mujeres que trabajan en Osakidetza sufren el llamado techo de cristal. Es muy difícil acceder a puestos de trabajo de responsabilidad, ya que imposibilitan la conciliación. Los planes de igualdad existentes no son efectivos y no se le está poniendo ninguna solución a este problema.
– Hay que cambiar el modelo de OPE para repetar la conciliación y los ciclos vitales (maternidad, enfermedades, trabajos de cuidados…). Los y las trabajadoras de Osakidetza realizan una OPE cada dos años, cosa que no es sostenible.
3. Mejorar la Atención Primaria es urgente
– Una de las razones de la situación actual de la Atención Primaria es la falta de estabilización y la gran tasa de temporalidad. Hay mucha rotación entre el personal médico, lo cual dificulta la labor de las y los médicos de familia (no llegan a conocer a los y las pacientes).
– No hay cultura de prevención de la enfermedad, se atiende a aquellas personas que ya han enfermado y existe mucho hospitalcentrismo. Un ejemplo de ello es la situación de las matronas: su prioridad son los partos, y se incide cada vez menos en el trabajo de preparación previo o en el acompañamiento durante el parto.
– Todo ello conlleva que aumente la tendencia a acudir al sistema privado para recibir atención primaria.
4. Hacen falta más recursos para la prevención y la atención de problemas de Salud Mental
– Aunque se trata de un problema de dimensiones cada vez mayores, no existe ningún plan. Ahora faltan profesionales, como en el caso de psicólogos y psicólogas, y tampoco hay educadores y educadoras sociales. No se pone ninguna atención en la prevención y se acude con demasiada facilidad a la medicación o a la hospitalización.
– Hay que crear un espacio sociosanitario fuerte entre todas las instituciones en aras a satisfacer las necesidades de la sociedad mediante una buena coordinación.
5. Hace falta un plan para euskaldunizar Osakidetza:
– Todas las plazas deberían contar con perfil lingüístico, aunque a día de hoy la realidad no es esa. La euskaldunización es voluntaria, lo cual, evidentemente, resulta en la imposibilidad de trabajar y recibir la atención en euskera.
– Aunque la realidad sea esa, últimamente están aumentando los mensajes euskaráfobos. Se alimentan las faltas dicotomías del estilo de “¿Qué prefieres, una profesional buena o que hable euskera?”, o aquellas que contraponen el derecho a trabajar en euskera y la obligación de aprender euskera.
– No hay voluntad política por parte de las direcciones para buscar una solución a este problema, y muchas de las personas que se encuentran en esos cargos no son vascoparlantes. A modo de ejemplo, ninguna de las 7 personas que se encuentran hoy en día en las gerencias de las OSI de Bizkaia es euskaldun. Entre los siete directores y directoras de OSI, solamente 2 lo son.
Todas estas medidas hay que acordarlas con los trabajadores y las trabajadoras. Para terminar, desde LAB queremos dejar claro que sin una mayoría de trabajadores y trabajadoras no se puede hablar de un Pacto Sanitario.
![[OPINIÓN]: Réquiem por la directora de Navarra Biomed-Fundación Miguel Servet](https://www.lab.eus/wp-content/uploads/2023/06/NavarraBiomed1-768x628.jpg "[OPINIÓN]: Réquiem por la directora de Navarra Biomed-Fundación Miguel Servet")
