2025-12-31
Blog Página 112

Miles de notificaciones están atascadas en Correos por falta de plantilla

La sección sindical de LAB en Correos de Araba quiere denunciar que el recorte realizado por la nueva dirección de Correos y la falta de contratación ha creado un caos en el reparto postal. Máxime ahora que, en verano, el personal que está de vacaciones no está siendo debidamente sustituido.

Hay miles de envíos no distribuidos en Gasteiz, Lautada, Añana, Gorbeialdea, etcétera, porque las y los trabajadores que están de vacaciones o de baja no están siendo sustituidas y sustituidos. Existen zonas sin distribuir durante más de un mes. A ello hay que añadir que la prioridad para la empresa es el reparto de una determinada paquetería, obviando el reparto de notificaciones, por muy importante que sea para la ciudadanía en general.

Se está emplazando a la plantilla a priorizar el reparto de paquetes de empresas multinacionales que facturan miles de millones de euros brutos al año, y, mientras tanto, el reparto de notificaciones oficiales, citas médicas, del juzgado, burofaxes o el envío de paquetería de pequeñas empresas o particulares se queda retenido. ¿Se cumple el Servicio Postal Universal o solo satisfacemos los intereses de gigantes de venta por internet que apenas pagan impuestos? La escasísima contratación de Correos durante el periodo vacacional,y la nula cobertura de las bajas, sumada a la decisión de la empresa de anteponer intereses de esas empresas al interés general, está generando este caos en el servicio público. Miles de notificaciones están atascadas en Correos. Por poner dos ejemplos: a principios de agosto ya hay más de 8.000 notificaciones acumuladas solo en los barrios de Zabalgana, Sansomendi y Lakua, y más de 6.000 en la zona de Txagorritxu, El Pilar, Errota y Zaramaga.

Los servicios públicos deben responder a necesidades humanas y no de rentabilidad económica. Y mucho menos hay que ponerlos al servicio de multinacionales. Correos debe tener plantilla suficiente para poder garantizar de forma adecuada el servicio postal universal, que es un derecho de la ciudadanía. Por ello, desde LAB exigimos unas condiciones de trabajo dignas y un servicio postal público y de calidad.

Son 35 las y los trabajadores fallecidos en Euskal Herria en lo que va de año

Hoy hemos tenido conocimiento de una nueva muerte en el trabajo. Un trabajador de 63 años de la construcción falleció en el día de ayer en Berango, tras sufrir la caida de una carga sobre la cabeza en una obra de construcción.

Antes de nada, desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la familia, allegadas y allegados y compañeras y compañeros de trabajo. Con esta nueva muerte son al menos 35 los fallecidos en accidente laboral en Euskal Herria, sin contar los fallecidos debido a las diferentes enfermedades profesionales.

Los accidentes no son fruto de la fatalidad, sino que vienen por las condiciones de trabajo y modelo productivo que prima el beneficio sobre la salud. Por ello, exigimos una investigación exhaustiva y esclarecedora de las causas y carencias de las medidas preventivas. Las y los trabajadores y pagamos con nuestra salud las condiciones de vida y trabajo que nos impone este modelo que pone la productividad por encima de la salud y la vida

En en el sector de la construcción, en concreto son reiterados esos accidentes mortales, tanto por caída de altura como por caída de materiales como parece ser que ha sido en este caso u otros factores derivados de las condiciones de trabajo: prisa, calor, falta de medios, formación, presión… Estos accidentes son el resultado del modelo económico y laboral que tenemos donde se prioriza las prisas lo económico sobre la seguridad salud y la prevención.

Ante el debate estéril de la patronal sobre el absentismo sin ir a sus causas reales, lo que realmente debe de cambiar en estepaíssonlaspolíticaspublicasdecaraacontrolaralapatronalyrealmenteimplementarloscontrolesysanciones e inspección de cara a un cambio real de modelo, donde, como hemos reiterado, la salud la vida y la prevención sean las prioridades.

Por eso, desde LAB denunciamos y llamamos a las movilizaciones que se llamen para denunciar esta nueva muerte. Asimismo, reivindicamos un modelo justo que prime la seguridad y salud de la clase trabajadora y los derechos laborales y sociales.

Se vuelve a repetir el impago de nóminas en la contrata de limpieza de Barakaldo Kirolak

La empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Barakaldo para llevar a cabo la limpieza de las instalaciones municipales de deportes ha incumplido gravemente con sus obligaciones, ya que las y los trabajadores no han recibido el pago correspondiente a sus nóminas del pasado julio. Esta situación no es aislada, sino que se repite, dejando a casi 80 familias en una situación angustiante.

En 2021, la plantilla ya enfrentó una situación similar, y ahora, en 2024, se repite el drama. La empresa subcontratada alega haber emitido facturas desde abril, pero el Ayuntamiento de Barakaldo no ha procedido al abono. Por su parte, la Unión Temporal de Empresas (UTE) argumenta falta de liquidez como razón para no cumplir su obligación del abono de las nóminas de julio.

Desde el sindicato LAB, no permaneceremos pasivos ante este atropelló a nuestros derechos más fundamentales:

  • Ayer, 5 de agosto, presentamos una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que el impago de nóminas es una falta grave por parte de la empresa y está tipificado como una infracción laboral muy grave.
  • Esta semana iniciaremos una ronda de contactos con todos los partidos políticos, la alcaldía y Barakaldo Kirolak para exigir una solución urgente.
  • No descartamos realizar movilizaciones, si fuese necesario, para exigir el cobro de las nóminas que corresponde a la plantilla.

    Es relevante recordar que el proceso de licitación de este servicio se ha presentado varias empresas del Grupo Clequali, el proceso de licitación ha tenido lugar la pasada primavera, pero el pasado julio, se convocó un pleno extraordinario, que decidió prorrogar la adjudicación de la nueva licitación, debido a las deudas que la empresa adjudicataria (Prointal del grupo de empresas Clequali) mantenía con la Agencia Tributaria. Esta situación pone de manifiesto la negligencia del equipo de gobierno del PNV y PSOE al subrogar servicios a empresas que no cumplen con sus obligaciones con la plantilla.

    Es necesario, que la alcaldesa del PNV Amaia del Campo tome medidas inmediatas para garantizar que las y los trabajadores reciban sus salarios. La falta de acción de las instituciones sólo perpetúa el sufrimiento de las casi 80 familias afectadas y socava la confianza en las instituciones. El Ayuntamiento de Barakaldo debe asumir su responsabilidad y no permitir que empresas irresponsables jueguen con las vidas de su plantilla.

El paro aumenta a causa de la precariedad en el sector servicios

Como muestra de la precariedad, han subido los contratos eventuales y a tiempo parcial. Las personas migrantes y las mujeres son las que tienen peores condiciones laborales.

En comparación con el año pasado, en Hego Euskal Herria hay 2.080 personas más en paro, la mayoría mujeres.

En estos momentos hay 137.406 personas en paro en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, lo que supone un aumento del 1,50% respecto al último mes. Entre todas ellas, el 58,94% son mujeres. Cabe destacar que en sectores feminizados como comedores escolares o transporte escolar, la modalidad de contratos fijos discontinuos está bastante extendida, por lo que muchas de las personas que trabajan a lo largo del curso pasan a estar en paro durante los meses de verano.

Además de a las mujeres, este aumento del paro ha afectado especialmente, una vez más, a las personas jóvenes, ya que en comparación con el año pasado el paro ha aumentado un 8,58% entre las menores de 25 años.

Por lo tanto, el origen del aumento del paro está en el sector servicios, donde hay 1.816 personas paradas más que el año pasado, mientras que en el resto de sectores el paro ha descendido. En el último mes, sin embargo, el número de personas en paro ha aumentado en todos los sectores, pero especialmente en el sector servicios.

Tal y como se ve obligada a denunciar LAB continuamente, las personas migrantes son las quesufren las peores condiciones laborales y las situaciones más precarias. También en esta ocasión, el paro les ha golpeado especialmente, con 1.876 personas más en paro que el año pasado en este segmento de la sociedad. En comparación con el mes anterior, en cambio, el paro ha descendido en este colectivo, salvo en la industria y la construcción. Esto nos demuestra, una vez más, que los contratos temporales de verano en el sector servicios, es decir, los que suelen ser más precarios, son los que adquieren las personas migrantes.

Así, lo que estamos viendo es que a pesar del aumento de las contrataciones, con 5.760 contratos más que el año pasado a lo largo del mes de julio, el empleo que se ha creado es de muy baja calidad. Prueba de ello es que el 80,12% de los nuevos contratos han sido eventuales. Así, el número de contratos eventuales ha aumentado un 8,69% respecto al año pasado. Y como otra muestra de precariedad son los contratos a tiempo parcial, también en este caso se observa que son especialmente mujeres las que cuentan con este tipo de contratos, concretamente un 68,12%. Así, entre las mujeres ocupadas, las que trabajan a tiempo parcial suponen el 26,1%, frente al 11,3% de los hombres.

El hecho de que el paro haya subido a pesar del aumento de las contrataciones se debe a que cada vez más gente se está incorporando al mercado laboral. Si atendemos a los datos de julio de la EPA, el número de personas activas ha aumentado de notablemente en el último año: 64.500. Por lo tanto, cada vez hay más gente trabajando, pero la cantidad de gente que busca trabajo es mayor que la de quienes lo encuentran, por lo que el paro aumenta.

Por último, si se atiende a la afiliación a la Seguridad Social, se observa un descenso respecto al mes anterior, con la pérdida de 15.571 personas afiliadas en julio, la mayor parte de ellas en el sector servicios (13.996). Con respecto al último año, sin embargo, la afiliación ha aumentado ligeramente en todos los sectores, tanto hombres como mujeres. En cambio, desciende entre quienes tienen entre 25 y 50 años.

Logramos el acuerdo en Mondélez de Viana

Tras casi dos meses de huelga indefinida, la lucha ha dado sus frutos y en la empresa productora de galletas Oreo los trabajadores y las trabajadoras tendrán un nuevo convenio.

Los incrementos del IPC y la reducción de horas de trabajo, entre otros, han sido algunos de los beneficios obtenidos por este acuerdo.

Sin embargo, por encima de todo, cabe destacar la disposición a la lucha mostrada por los trabajadores y las trabajadoras, ya que ha sido la razón para obtener estos frutos. Por encima del acoso y la represión de la empresa, hemos dejado claro que los trabajadores y las trabajadoras tienen mucho que decir y queremos insistir en la legitimidad de luchar por los derechos.

El papel que jugarán las mutuas en la reforma de las pensiones planteada en el Estado español supone profundizar en la privatización

Rechazamos la medida y reiteramos la exigencia a los gobiernos de Nafarroa y de la CAV de que no se aplique.

Ahora que se ha dado a conocer el acuerdo de las patronales CEOE y CEPYME con los sindicatos CCOO y UGT, desde LAB subrayamos que, en lo que respecta a la gestión de la Salud Laboral, supondrá profundizar en la privatización. A través de la reforma de las pensiones se ejecutará una parte del acuerdo entre las mutuas y la Seguridad Social que precisamente desde LAB dimos a conocer y denunciamos en marzo del año pasado.

En primer lugar, denunciamos que el acuerdo se ha realizado a nivel estatal y, en consecuencia, supone una imposición para la realidad social y sindical de Euskal Herria. Así las cosas, y tal y como veníamos haciendo desde el año pasado, exigimos a los gobiernos de Nafarroa y de la CAV que no apliquen las medidas mencionadas en el acuerdo. El acuerdo sienta las bases para los convenios de comunidad a comunidad entre entidades de salud pública y mutuas, por lo que serían las comunidades las que tendrían una decisión sobre su aplicación. Pues bien, rechazamos la intervención de las mutuas y subrayamos la necesidad de priorizar la sanidad pública.

El acuerdo de ámbito estatal recoge en su punto 7 la gestión de las incapacidades temporales y las medidas relativas a la recuperación de los trabajadores y trabajadoras. Así, lo que se plantea es «hacer uso de los recursos de las mutuas para acelerar en el tiempo los diagnósticos y tratamientos en procesos traumáticos». Por lo tanto, si se desarrollaran los convenios, en los casos en que se hayan producido traumatismos de los que se ennumeran, la mutua pasaría a tratar a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal común (es decir, baja no laboral) una vez transcurridos los tiempos de recuperación previstos por el Instituto de la Seguridad Social y si se obtiene para el beneplácito del trabajador o trabajadoras. A este respecto, cabe destacar que el propio Ararteko ha advertido de que el trabajador o la trabajadora en cuestión podría dar el beneplácito por sentirse presionada o coaccionada, por lo que desde LAB lo tildamos de inadmisible. En estos casos, el diagnóstico y tratamiento lo realizaría la mutua, pero la decisión de altas y bajas seguiría en manos del profesional médico de Osakidetza o de Osasunbidea.

Lo recogido en el acuerdo refleja la incapacidad del sistema público, aunque no se reconozca explícitamente. Obedece a una demanda tradicionalmente reivindicada por patronal y mutuas por la que estas entidades empresariales adquirirán gran parte de la gestión de contingencias comunes. Además, la actual es sólo una de las medidas acordadas por mutuas y gobiernos y vendrán más, todas ellas en la dirección de la privatización.

El acuerdo plantea un servicio sanitario «a dos tiempos» para la sociedad: uno para las y los trabajadores activos, siendo lo más importante ser productivos cuanto antes, con más recursos sanitarios destinados, más que para curar, para acortar la baja; y otro para la parte de la sociedad no productiva, a la que corresponde el sistema sanitario público y a la que se destinan menos recursos, ya que se considera que su curación y recuperación “no tiene prisa”.

El acuerdo no aclara si los criterios y decisiones de los tratamientos quedarían en manos de las mutuas o del personal médico de Osakidetza/Osasunbidea. Esto se traduce en que, con el fin de buscar el alta rápida en algunos traumatismos, se pueden aplicar tratamientos que no son adecuados desde el punto de vista sanitario, con el objetivo de paliar el daño y volver al trabajo cuanto antes. Las mutuas anteponen siempre el crítico economicista al sanitario. En los posibles convenios que se desarrollen con las mutuas en cada comunidad existiría la posibilidad de delegar esta competencia en los médicos de las mutuas, lo que sería muy grave.

Por si todo ello fuera poco, el actual acuerdo supone el restablecimiento del sistema BONUS, suspendido en 2019. Con este sistema, las empresas que COMUNIQUEN la bajada de las enfermedades profesionales y accidentes traumáticos obtendrían rebajas en las cotizaciones por contingencias profesionales.

Este sistema, con la imprescindible complicidad de las Mutuas, no traerá más que un ejercicio de ocultación en la comunicación de accidentes. Por lo tanto, las empresas, con el objetivo de reducir los impuestos, ocultarán cuantos accidentes puedan, evitando la visita a la mutua. Cabe recordar que, tal como han reconocido los propios gobiernos, el infraregistro de enfermedades en las mutuas es masivo.

[OPINIÓN]: Réquiem por la directora de Navarra Biomed-Fundación Miguel Servet

Artículo de opinión de Ilargi Angulo Elduayen, responsable de empresas públicas LAB en Nafarroa.

De todos y todas es conocida la postura que defendía la ya dimitida directora de la Fundación Miguel Servet, sus intentos por hacer ver al Departamento de Salud las consecuencias de pasar la gestión los ensayos clínicos de la Fundación Miguel Servet a Fidisna. Si se lleva a cabo no sólo llevará a duplicidades estructurales con el gasto público que ello conlleva, pondrá en peligro el ahorro del IVA para la FMS y se traducirá en un desvío de recursos públicos a instituciones privadas como la CUN y CIMA. Esto hacía que fuese una persona incómoda para el Departamento de Salud, que muy lejos de intentar frenar o revertir los pasos hasta ahora dados, como hace unos meses recomendó la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas, sigue por la vía de vaciar de contenido a la Fundación Miguel Servet.

Por eso, queremos dejar claro que desde el sindicato LAB entendemos esta dimisión como un paso más en las intenciones de beneficiar a entidades privadas de investigación biomédica en detrimento de lo público, cosa que llevamos denunciando desde hace ya un año.

La realidad, que veremos cómo se transforma, es que, en múltiples ocasiones, el sistema y los profesionales públicos tienen una participación subsidiaria en muchos proyectos –reclutando pacientes, por ejemplo– liderados por investigadores del entramado privado. La creación de grupos mixtos en Idisna, si no hay voluntad de analizar la evolución de esta desventaja de partida, ocultará estos desequilibrios debajo de la alfombra de la gran consigna colaboración público privada. Recordemos que, tal y como exigió el Instituto de Salud Carlos III, el objetivo principal de Idisna tiene que ser el crecimiento en cantidad y calidad de la investigación en el Hospital Universitario de Navarra. Nada más fuera de la realidad.

Y es que es el Departamento de Salud quien constantemente se justifica en la apuesta por la investigación biomédica pública y sus investigadoras e investigadores, la cual no vemos plasmada en la realidad.

Existe un desequilibrio presupuestario de dinero público para financiación de proyectos de investigación biomédica en Navarra, y que muy lejos de frenarla, se sigue alimentando a través de Idisna, dirigida de facto por la parte privada. Según datos de las últimas convocatorias concedidas por el Gobierno de Navarra, por cada euro que se concedió a la investigación biomédica a entidades públicas, una media de 4,4 euros se concede a entidades privadas, ya sea en forma de proyectos estratégicos o en becas predoctorales.

Y cualquiera podría justificarse diciendo que existe una menor calidad en los grupos de investigación pública en sus solicitudes para financiación. Argumentación que no compartimos, pero que, reiteramos, lleva a otra pregunta, ¿qué hace el departamento para frenar esa desigualdad de calidad? Sin un apoyo desde el departamento, ¿no se estaría ayudando a acrecentar esa desigualdad entre grupos privados y públicos?

Llamamos a la nueva dirección de Navarra Biomed, la consejería y el Gobierno de Navarra a frenar este proceso de privatización, a hacer una apuesta solida por la investigación biomédica y garantizar la viabilidad de un instituto de investigación público.

Seguimos luchando contra la destrucción de puestos de trabajo en Cementos Rezola

A la espera de que la empresa comunique su decisión final, la lucha no cesa y hoy nos hemos manifestado por las calles de Donostia.

La semana pasada finalizó el plazo para negociar el Expediente de Regularización de Empleo impuesto por Cementos Rezola, de Añorga, que se cerró sin acuerdo. La propuesta realizada por parte de la empresa supone una destrucción de empleo totalmente desproporcionada y no garantiza salidas voluntarias. La destrucción de 56 puestos de trabajo, sin una negociación como es debido, no es justa.

Llegados y llegadas a esta situación, la empresa dispone de 15 días para comunicar cuál será su decisión final. En cualquier caso, hasta que ésta se conozca, los trabajadores y las trabajadoras siguen luchando por la defensa de los puestos de trabajo.

Hemos firmado el convenio del comercio del metal de Gipuzkoa

En la última nota expusimos que mediante un ejercicio de responsabilidad debíamos trabajar con nuestras representantes para valorar el preacuerdo alcanzado por la mayoría sindical y decidir si íbamos a participar o no de la firma del Convenio Colectivo del Comercio del Metal.

Tras haber hecho dicho ejercicio, hemos decidido participar con nuestra firma. Y es que, tras 15 años sin convenio, creemos indispensable dotar al sector de un convenio de aplicación que recoge lo mínimo exigible y da garantía jurídica. No obstante, queremos reiterar que la falta de lucha sindical ha impedido que se alcanzara un convenio con mejores condiciones.

A partir de ahora, seguiremos trabajando para que el próximo convenio tenga mejoras que el actual no ha podido recoger.