El sindicato LAB quiere denunciar con firmeza que, en contra del criterio utilizado por la Fiscalía para cerrar con acuerdos los juicios previos contra jóvenes por acusaciones relacionadas con la huelga general de 2020, en esta ocasión la fiscal ha formulado duras peticiones de pena de cárcel de 18 años contra otros tres jóvenes en un juicio que se celebrará el próximo 3 de julio. El sindicato LAB llama a participar en la concentración que tendrá lugar ese mismo día, a las 11:00 horas, frente al Palacio de (in)Justicia de Pamplona.
La Fiscalía niega cualquier posibilidad de acuerdo por el que los jóvenes acusados no tengan que ingresar en prisión ineludiblemente. Y este cambio de estrategia de la Fiscalía parece obedecer a intereses políticos relacionados con la derecha política y mediática.
El derecho a la huelga es un derecho fundamental. Así, su ejercicio es saludable para profundizar en la democracia y avanzar en los derechos de todos y todas. Por tanto, es una auténtica aberración jurídica y social que jóvenes huelguistas se enfrenten a penas de prisión y altas cantidades económicas en concepto de fianza por su participación en una Huelga General en defensa de un trabajo, pensión y vidas dignas.
Una vez más, se repite la misma historia. Sin embargo, ésta tiene que cambiar. Exigimos al Gobierno de Navarra y a la Delegación del Gobierno español en Navarra que tomen medidas para que, como ocurre en los Estados democráticos, la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Nacional española respeten el derecho a la huelga. Es inaceptable que la intervención violenta de las distintas policías como contra-piquete de la patronal reviente movilizaciones pacíficas condicionando mediante multas y juicios las vidas de las personas injustamente encausadas. No vamos a permanecer inmóviles ante esta realidad. Denunciaremos la injusticia que suponen estas multas y juicios donde y cuando sea necesario.
Las jóvenes navarras siguen padeciendo Gobiernos que siguen sin atender sus demandas y necesidades. Sufren la ausencia de propuestas, la existencia de políticas que imposibilitan el desarrollo de sus iniciativas y de un futuro digno. Su situación lejos de mejorar ha empeorado: imposibilidad de emancipación, desempleo y condiciones laborales pésimas, privatización de los procesos de estudio y, criminalización de su actividad social.
En consecuencia, mostramos toda nuestra solidaridady apoyo a las personas jóvenes estudiantes y trabajadoras encausadas, así como a la plataforma ‘Grebalariekin bat’. Además, exigimos la libre absolución de todas ellas.