LAB se ha movilizado en Gasteiz con motivo de la Ley de Educación de la CAV, en la que han participado representantes de diferentes subsectores: profesorado de la escuela pública, personal de educación especial, de cocina y limpieza, escuelas infantiles, ikastolas, iniciativa Social, comedores y transporte Escolar.

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, se ha mostrado muy crítico con el borrador de la Ley de Educación (en una comparecencia en septiembre, propusimos disposiciones adicionales para que la Ley de Educación de la CAV garantice los derechos de trabajadoras y trabajadores): “Está redactado con la mano derecha, en el que se aprecia la visión neoliberal del PNV sobre la educación. Y para beneficiar al PSE y a la Iglesia, desde la primavera ha habido retrocesos en cuanto al euskera o la laicidad”.

LAB ha denunciado que en el borrador el Gobierno Vasco rechaza la pretensión histórica de adquirir competencias educativas plenas y, entre otras, el Currículum Vasco; es totalmente difuso en cuanto al euskera; mantiene y perpetúa la organización dual del sistema educativo establecida por el Estado; y se niega a concretar los requisitos que deben cumplir los centros educativos financiados con dinero público.

Arroyo ha denunciado que el borrador de Ley de Educación no tiene en cuenta las necesidades de la escuela pública: «Durante décadas el Gobierno Vasco ha actuado con mucha desidia y ya es hora de que se dé lo que se debe a la escuela pública. Gracias a la acción sindical, LAB ha conseguido que se contrate a más personal educativo renovando los criterios de asignación de plantilla docente. Ahora es urgente hacer una inversión importante en infraestructuras, dotar a los centros de más recursos y competencias para desarrollar su plan educativo, llevar a cabo el proceso de estabilización del personal, garantizar una oferta pública, gratuita y universal en el ciclo 0-3. Para que la escuela pública sea el eje del sistema educativo, LAB exige que antes de fin de año se desarrolle un plan estratégico para el desarrollo de la escuela pública y que en el propio proyecto de presupuestos para el próximo año se contemple una mayor inversión.

En cuanto al ámbito concertado, LAB ha denunciado la voluntad del Gobierno Vasco de ofrecer “café para todos”: “Existen ikastolas y centros escolares con vocación o carácter público que pueden aportar para construir una nueva red pública vasca única, soberana y descentralizada. Pero los hay que tienen un objetivo evangelizador o económico y quieren mantenerlo”.

LAB considera que la Ley de Educación debería ser un instrumento de transición en el ámbito educativo vasco: desde competencias educativas limitadas a un sistema educativo independiente; desde modelos lingüísticos que no euskaldunicen a un sistema de inmersión y mantenimiento que euskaldunice; desde un modelo educativo dual basado en dos redes, a la nueva red pública única, soberana y descentralizada, que es la Escuela Pública Comunitaria Vasca que LAB tiene en el horizonte.

En cuanto a las condiciones laborales, la Ley debería fijar una base que se desarrolle posteriormente a través de la negociación colectiva. En este sentido, LAB propone que se recojan cinco disposiciones: blindar la relación de puestos de trabajo existente en las escuelas públicas; abrir el procedimiento de homologación de las condiciones laborales del personal concertado; desarrollar el régimen de acceso transparente; establecer medidas para acabar con la brecha salarial; y planificar la reversión del personal de servicios privatizados en escuelas públicas y concertadas.

Para poner en marcha todas estas medidas, LAB ha reivindicado la apuesta estratégica por la educación, invirtiendo el 6% del Producto Interior Bruto en educación.