Delegadas de LAB del sector de la diversidad funcional, junto con familias afectadas, han presentado una intervención pública en las Juntas Generales de Bizkaia en la que analizan el impacto de los Decretos Forales aprobados el pasado 1 de abril de 2026.
La ponencia ha planteado siete aspectos concretos que, a juicio de las delegadas, pueden deteriorar gravemente la calidad de vida, la autonomía y los derechos de las personas con diversidad funcional y de sus familias. Las delegadas han reclamado la apertura urgente de un proceso de diálogo real con la institución.
Las delegadas de LAB que han suscrito esta intervención son trabajadoras directas del sector y acumulan años de experiencia en el acompañamiento a personas con diversidad funcional. Su trabajo diario se ha basado en la personalización de los apoyos, la continuidad de los vínculos y el conocimiento profundo de cada persona. Las delegadas han advertido que varios aspectos de los nuevos decretos pueden desmantelar ese modelo de atención.
Los siete puntos principales de la intervención han sido los siguientes:
1. Supresión de los certificados de idoneidad
Los decretos eliminan los certificados que garantizaban la adecuación entre los perfiles de las personas usuarias y los recursos disponibles. Las delegadas de LAB temen que esta medida genere una mayor heterogeneidad de necesidades dentro de un mismo servicio, dificultando la atención especializada y empeorando directamente las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
2. Limitación de los apoyos a la franja de 18-64 años
Los nuevos decretos establecen que los apoyos especializados quedarán restringidos a la franja de edad comprendida entre los 18 y los 64 años. Las delegadas de LAB han denunciado que esta medida impone una lógica administrativa ajena a la realidad de la diversidad funcional, que requiere apoyos continuados a lo largo de toda la vida, no solo en la vejez.
3. Derivación obligatoria a residencias de personas mayores
Al cumplir 64 años, las personas deberán abandonar los recursos especializados en los que han vivido durante décadas para trasladarse a residencias destinadas a personas mayores. Las delegadas de LAB y las familias afectadas han calificado esta medida de ruptura traumática, que obliga a las personas a abandonar su hogar, perder sus rutinas, separarse de sus profesionales de referencia y reconstruir desde cero toda su red de vínculos afectivos.
4. Limitación a un único recurso público simultáneo
La imposibilidad de compatibilizar distintos servicios públicos —como una vivienda con apoyos y un centro de día— supone, según las delegadas de LAB, una limitación directa de la inclusión social, reduciendo las oportunidades de participación comunitaria, relaciones sociales y desarrollo personal.
5. Nuevas exigencias para viviendas con apoyo sin financiación adicional
Los cambios en los requisitos para viviendas sin atención permanente las 24 horas obligarán a incrementar plantillas y revisar ratios sin que, de momento, se contemple una revisión de los conciertos económicos. Las delegadas de LAB han exigido que cualquier nueva exigencia vaya acompañada de los medios económicos necesarios para hacerla viable, incidiendo en que son las propias trabajadoras quienes sufrirán el impacto directo de no hacerlo.
6. Sistemas de copago que penalizan a las familias
El sistema de copago contemplado en los decretos tiene en cuenta los ingresos de los progenitores. Las delegadas de LAB y las familias afectadas han denunciado que esto supone una penalización económica a las familias que llevan toda una vida sosteniendo cuidados y apoyos, y lo han comparado con exigir a los hijos que costeasen la residencia de sus padres mayores por el mero hecho de ser sus familiares.
7. La persona en el centro: ¿realidad o retórica?
La intervención ha concluido preguntando si las medidas contempladas en estos decretos sitúan realmente a la persona en el centro del sistema, o si, por el contrario, priorizan criterios administrativos sobre las necesidades, los vínculos y el proyecto vital de las personas con diversidad funcional. Las delegadas de LAB han subrayado que quienes mejor conocen esta realidad son las propias trabajadoras que conviven a diario con las personas usuarias y sus familias.
Ante todo ello, las delegadas de LAB han trasladado a la Diputación Foral de Bizkaia las siguientes demandas concretas:
– Apertura de un proceso de diálogo real con las trabajadoras del sector, las delegadas sindicales, las familias y las propias personas usuarias antes de la implementación definitiva de los decretos.
– Revisión de los criterios de idoneidad de acceso a los recursos, con participación de las trabajadoras y delegadas del sector.
– Garantía de continuidad de los apoyos más allá de los 64 años, sin rupturas impuestas por criterios administrativos de edad.
– Actualización de los conciertos económicos para garantizar la viabilidad de las nuevas exigencias en viviendas con apoyo.
– Revisión del sistema de copago para eliminar la penalización económica a las familias.
– Reconocimiento de la complementariedad de los recursos como herramienta de inclusión social real.
Una sociedad inclusiva no se mide por cómo atiende a las personas cuando son productivas, sino por cómo acompaña a quienes necesitan apoyos durante toda su vida, respetando sus vínculos, sus decisiones y su proyecto vital.
Por ello, en defensa de un modelo de cuidados digno y respetuoso, desde LAB anunciamos movilizaciones en el sector. El jueves 25, a las 10:30 horas, tendrá lugar una concentración frente a las Juntas Generales de Bizkaia. Las delegadas de LAB y trabajadoras del sector se movilizarán para exigir explicaciones a la diputada foral de Acción Social por el impacto de los decretos aprobados el 1 de abril. La concentración quiere trasladar a la institución que los recortes en derechos de las personas con diversidad funcional no son aceptables y que la ciudadanía exige respuestas.