La empresa de Barakaldo deberá readmitir a las 83 personas despedidas. El recurso fue presentado por LAB, junto a CCOO y ELA.

Ahora nos toca apoyar a nuestro delegado de PCB-ITP acusado por vía penal. Ante la receta que ofrece la patronal, con la colaboración del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza, queremos transmitir un mensaje claro: ¡la lucha sindical no es delito!

Comunicado de LAB al hilo de la sentencia:

En primer lugar, LAB felicita a los y las trabajadoras de PCB-ITP por la lucha ejemplar que han llevado a cabo en defensa del empleo. La sentencia que se ha dado a conocer hoy, lo único que hace es demostrar lo que desde el primer momento ha defendido LAB, esto es, que no había causa justificada para despedir a 83 trabajadores y trabajadoras, que detrás de estos despidos, la única intención que tenía la empresa era seguir enriquciéndose a costa de las y los trabajadores poniendo como excusa el covid-19. La sentencia nos ha dado la razón.

Ahora, queremos dirigir una pregunta al Departamento de Industria del Gobierno Vasco, y concretamente, a la Consejera Arantxa Tapia, ¿va a defender el derecho al trabajo de estas 83 personas despedidas injustamente del mismo modo y con la misma firmeza que durante el conflicto defendió el derecho al trabajo de una minoría de trabajadores y trabajadoras que no secundaba la huelga? Esperemos que su posición con el derecho al trabajo sea tan firme como lo fue en aquel momento. También pedimos que a Tapia que exija a la dirección de PCB-ITP que no recurra la sentencia.

Del mismo modo, queremos recordar el papel que el Gobierno Vasco ha jugado en este conflicto, que no ha sido otro que enviar a la Ertzaintza a apalear a trabajadores y trabajadoras y a criminalizar una lucha totalmente legítima. Por este motivo, exigimos a la dirección de PCB que retire los cargos contra nuestro delegado Zigor Azpiolea. Luchar merece la pena, y en LAB queremos enviar ánimos, un abrazo muy fuerte y un mensaje muy claro a todas las trabajadoras y trabajadores de empresas que están en lucha por sus puestos de trabajo, como es el caso de Tubacex.

También exigimos al Gobierno vasco que ante una posible venta de ITP, ponga como condición indispensable que todas estas trabajadoras y trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo.