En 1996 se suscribió entre la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO el acuerdo que constituyó el conocido como “Tribunal Laboral de Navarra”; un Tribunal que desde sus orígenes ha excluido sistemáticamente al sindicato LAB. En los últimos meses se abrió una posibilidad de democratización y renovación de ese tribunal, pero este sindicato debe denunciar que finalmente el Gobierno ha cedido a las presiones de los empresarios de la CEN y los sindicatos UGT y CCOO para que nada cambie.

Durante estos meses LAB, en coherencia con sus exigencias históricas para acabar con los chiringuitos del Régimen y superar el apartheid, ha mantenido reuniones con la CEN, UGT y CCOO, así como con el Gobierno de Navarra para poner fin a la exclusión sufrida durante décadas. Sin embargo, principalmente las posiciones de los empresarios de la CEN y UGT han sido tajantes: la participación de LAB en el Tribunal Laboral sin renunciar a sus principios es inaceptable porque supondría su victoria y la derrota de su “diálogo social”. Dicho de otra manera, quieren a LAB fuera del Tribunal y no van a permitir que participe si no hace suyos los principios de las élites.

Desde que la derecha fue desalojada de las principales instituciones navarras LAB ha insistido y ofrecido a los distintos Gobiernos de Navarra la posibilidad de abrir una nueva etapa en las relaciones laborales. Con el Gobierno de Uxue Barkos, al contrario de lo que ocurrió con el Servicio Navarro de Empleo (SNE), no existió voluntad para proceder a la total democratización del resto de órganos existentes que cuentan con financiación pública. Además, junto con Navarra Suma y el PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai evitaron la derogación del consejo de las élites, denominado “Diálogo Social”. Y con el Gobierno actual de María Chivite tampoco existe voluntad alguna puesto que se ve imposibilitada por las resistencias de sus lazos con etapas pasadas y, por aquella máxima de que a “la CEN, CCOO y UGT no se les toca”.

Presiones que llegan hasta el Gobierno y el Parlamento

Las presiones y obstáculos para impedir cualquier avance en la democratización de la vida laboral en Navarra por parte principalmente de la CEN y UGT, con la inacción de CCOO y con la cobertura de la derecha, han sido del más alto nivel. En una sesión en el Parlamento con los sindicatos sobre la Ley Foral de Mediación la representación de Navarra Suma llegó a preguntar a LAB sobre la posibilidad de crear otro tribunal para este sindicato con el fin de no tocar el chiringuito actual. También el Gobierno se ha visto obligado a no inmiscuirse en el Tribunal Laboral en el proyecto de ley Foral de Mediación, y esto a pesar de que la financiación de dicho tribunal corre a su cargo.

La clase trabajadora y la sociedad navarra en su conjunto no entienden que todavía hoy estos agentes sigan aferrándose a instrumentos del pasado y, sobre todo, a una dinámica estéril que no aporta soluciones y contribuye a empeorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social navarra.