Nos hemos concentrado hoy contra el proceso de estabilización planteado por el Gobierno de Nafarroa.

El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy el Decreto Ley Foral que regula la OPE de estabilización. Al mismo tiempo, se ha tratado el tema en Mesa General donde también se nos ha comunicado el desglose de las plazas que van a salir a concurso y a concurso oposición. Desde LAB hemos expresado que este Decreto nace muerto porque no va a servir ni de lejos para conseguir el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8%. Es solo un paripé para tratar de sortear los mandatos europeos y poder acceder a los multimillonarios fondos anunciados.

El Gobierno PSN-GeroaBai, ha renunciado a las competencias propias de Navarra, y se ha limitado a un casi corta y pega de la Ley estatal para regular el proceso extraordinario de estabilización. 

Al Gobierno no le importa la temporalidad. Si le importara, ejercería las competencias propias y afrontaría un plan de choque global con el consenso de los sindicatos, elaborando un plan ordenado, equitativo y justo para convertir en fijas miles de plazas. Muchas más de esas 3.589 plazas anunciadas.

El sindicato LAB lleva muchos años pidiendo que se estabilicen al menos 10.000 plazas en la Administración Foral. Al mismo tiempo venimos exigiendo el fin de la tasa de reposición impuesta por el Estado, que es lo único que serviría para que el porcentaje de temporalidad pueda reducirse tanto como sea necesario.

El Gobierno, sin embargo, ha estado mirando a otro lado, como si la cosa no fuera con ellos, como si la tasa de reposición no fuera responsabilidad política, y no hubiera partidos políticos que la han defendido e impuesto, como si el abuso de la contratación temporal no tuviera unos responsables, como si este abuso no hubiera sido la norma aplicada durante lustros por todos los gobiernos que hemos padecido. 

Finalmente, a través de sentencias judiciales estamos consiguiendo que se reconozcan derechos para el personal contratado que ha sufrido vulneración de sus derechos. Las sentencias judiciales que condenan a la Administración están suponiendo auténticos dinerales en indemnizaciones y costas, pero la Administración ni se despeina. Los responsables de todo este despropósito se lavan las manos y descargan en las arcas públicas las consecuencias de esta malísima gestión.

El DLF que nos han presentado es una auténtica chapuza, no sólo por el escaso número de plazas que van a salir a estabilización, sino también por las situaciones injustas que va a generar en los propios procesos de concurso o concurso oposición que se van a llevar a cabo.

El DLF vulnera los derechos del personal funcionario en asuntos como el derecho a la promoción interna o el acceso a los traslados de todas las vacantes existentes.

También vulnera los derechos del personal contratado porque se establecen discriminaciones dependiendo del puesto de trabajo, los idiomas, la antigüedad y otros méritos. La valoración del euskera, por supuesto, es la mínima posible, mientras se sobrevalora el conocimiento de otros idiomas ajenos a Navarra. Es significativo que se puntúe más el conocimiento del alemán que el hecho de haber aprobado una oposición. 

Un auténtico despropósito.