El año pasado se perdieron 22.500 puestos de trabajo en Hego Euskal Herria, según la Encuesta de Población Activa que hoy publica el INE. Esto supone una caída de la ocupación del 1,8% con respecto al cierre del año anterior. Sin embargo, el impacto laboral de la crisis no ha sido igual para toda la población.
Atendiendo únicamente al empleo destruido, comprobamos que las mujeres han salido más perjudicadas que los hombres. En concreto, la ocupación femenina se ha reducido un 2% y entre los hombres la caída relativa ha sido del 1,7%. La crisis ha golpeado con gran fuerza al empleo temporal, y ello ha repercutido de forma especialmente negativa en el empleo juvenil. De hecho, la ocupación laboral entre la juventud menor de 25 años se ha desplomado un 10,7% y la tasa de paro juvenil ha alcanzado el 31,7%.
Estos resultados nos sitúan a la cabeza de la Unión Europea en paro juvenil, tan solo por detrás del Estado español y Grecia. Pero además, también encabezamos junto al Estado español el ránking europeo de temporalidad. Precisamente, el paro juvenil y la temporalidad son los problemas más graves que sufre nuestro mercado de trabajo.
Poner en vías de solución estos problemas requiere ir más allá de la derogación de las últimas reformas. Es preciso que los poderes públicos asuman un compromiso serio con la inserción laboral de las generaciones más jóvenes, y limiten el uso de la contratación temporal solo para cubrir actividades temporales o tareas eventuales.
Por el contrario, la patronal viene insistiendo en empeorar las condiciones laborales y reducir los salarios. En realidad se trata de la misma estrategia empresarial de siempre. Estas recetas apuestan por un modelo de competencia anticuado y antisocial que nada tiene que ver con la modernización del tejido productivo, ahora tan en boga.
Por último, resulta difícil imaginar un proceso de recuperación sólido sin antes haber superado la pandemia. Aún así, conviene aprovechar las oportunidades de inversión que pueden ser financiadas con las ayudas europeas, siempre y cuando vayan destinadas a crear empleo de calidad y a reactivar aquellas zonas o municipios más castigados por el paro.
De momento, los gobiernos autonómicos de Gasteiz e Iruñea han elaborado sendos programas de inversión sin respetar unos criterios de participación democrática mínimamente aceptables. Pero vamos a exigir que al menos la gestión de los fondos sea lo más transparente posible para cortocircuitar posibles redes clientelares y corruptelas.