En la primavera de 2024, el sindicato LAB presentó el protocolo integral para integrar la prevención de la violencia machista en los planes de prevención de los centros de trabajo, y también lo puso a disposición de Osalan y el ISPLN. Dos años más tarde, siguen sin tener en cuenta la propuesta y sin fomentar planes alternativos.
Más allá de establecer un protocolo para responder a las agresiones, LAB reclama establecer un sistema medible de prevención que evite la propia agresión y que las instituciones consideren necesaria la implementación de dichas medidas, ya que tratándose de su competencia, es totalmente urgente.
La violencia machista es una de las principales herramientas del sistema capitalista heteropatriarcal para mantener oprimidas a las mujeres* y a las y los disidentes de identidad de género. En el mundo del trabajo esa violencia se da de forma permanente y las mujeres*, en muchas ocasiones, se encuentran indefensas ante ella; ya que en muchas ocasiones se entrecruza con otras opresiones y con la precariedad. Uno de los ejes del trabajo sindical es reclamar medidas para convertir los centros de trabajo en espacios seguros sin violencia machista, y en las medidas de prevención de salud laboral hay que tener en cuenta el impacto que tiene ese fenómeno.
Prevenir la violencia machista en los centros de trabajo no puede ser una cuestión de voluntad, sino una obligación legal. Las instituciones deben establecer medidas y sistemas para implentar esto. Es indispensabile integrarlo en el sistema de prevención, adaptándolo a la actual estructuración, de una forma integral y sistemática. Hoy por hoy no se tiene en cuenta, de ninguna manera, la necesidad de establecer sistemas para la prevención de la violencia.
Tanto en la prevención y en la evaluación de riesgos como en las medidas de protección, hay que identificar, reconocer y tener en cuenta el impacto de la violencia machista.
Para empezar, debe aparecer como un apartado concreto en el plan de prevención de la empresa; en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo también se debe recoger de forma específica como factor de riesgo para las mujeres*, tanto cuando sucede dentro de la empresa como fuera. Y hay que especificar cómo hacerlo, esto es, cómo medirlo y detectarlo y qué medidas adoptar. Por lo tanto, LAB propone desarrollar todo un sistema para ello.
- En la prevención, evaluando los riesgos y definiendo las prioridades. También tienen que integrarse la información y la formación; y concretar planes de sensibilización y formación en las empresas. Salta a la vista que los factores psicosociales juegan un papel importante en el ámbito de las agresiones machistas y su influencia; por lo tanto, los factores psicosociales también deben tenerse en cuenta en el apartado relativo a la prevención. Necesitan un apartado específico en el plan de prevención.
- Si la fase de prevención fracasa, hay que establecer protocolos de intervención, poniendo el foco en las medidas para corregir las situaciones y en la mejora de la prevención.
- Al inspeccionar la salud de las y los trabajadores todos los años, en el servicio denominado vigilancia de la salud, que debe ofrecer la empresa, deben integrarse recursos para indagar casos o indicios de violencia machista. Los posibles casos se gestionarían de forma específica a través de Osalan, el ISPLN y los servicios de salud.
- Esta propuesta exige que las y los inspectores de la administración estén formados y formadas (y también integrar una formación específica en las formaciones que se ofrecen a las y los delegados de prevención, entre otros). Por supuesto, la inspección de trabajo necesita una estructura propia y especializada para satisfacer esta necesidad.
LAB mantiene su reivindicación: Osalan y el ISPLN deben marcar su criterio para que hacer cumplir las medidas propuestas sea obligatorio. El debate es imprescindible; hay que trabajar la prevención ante la violencia machista también en los centros de trabajo.