LAB exige garantías legales sólidas para frenar la ofensiva política, sindical y judicial euskarófoba que obstaculiza la normalización del euskera y vulnera los derechos lingüísticos de los euskaldunes.
La información publicada hoy por el medio Argia ha dejado aún más patente lo denunciado en varias ocasiones por LAB — la última, la semana pasada, en relación con el caso de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Errenteria —: que detrás de la embestida judicial contra las medidas a favor de la euskaldunización de la administración están los intereses de las personas y agentes que quieren frenar el proceso de normalización del euskera.
Se puede afirmar que la cruzada del ámbito euskarófobo contra la normalización del euskera es una iniciativa planificada. Aunque las declaraciones públicas de algunos agentes políticos y sindicales han señalado otra cosa, detrás de las sentencias que se han producido hasta ahora durante la embestida judicial no hay un interés sincero en proteger a los trabajadores vulnerables en situación de interinidad. A la inversa, detrás de muchos casos están los intereses de los agentes políticos y sindicales que están intentando aprovechar esos casos concretos para poner en jaque el proceso de euskaldunización de la administración.
Como sindicato de clase somos conscientes de que hay trabajadores en nuestro país que no tienen ni las posibilidades ni las facilidades para poder aprender euskera. Por ello, exigimos una vez más a las administraciones que establezcan medios y facilidades para garantizar el derecho a conocer el euskera que también les pertenece. Sólo así lograremos culminar el proceso de normalización del euskera y dar un paso significativo en la cohesión social.
Pero con la misma rotundidad con la que lo reivindicamos debemos denunciar la utilización interesada e insidiosa que están haciendo de estos trabajadores diversos agentes. Detrás de esas decenas de demandas hay intereses regresivos: desde los sindicatos que ponen demandas judiciales directamente en su nombre o, lo que es más perverso, escondidos detrás de ciudadanos individuales, pasando por medios de comunicación que alimentan el clima y el discurso favorable a la misma, hasta los partidos que dan cobertura y garantía político-institucional-jurídico al embate contra el euskera.
El principal objetivo de estos agentes sindicales y políticos es obstaculizar al máximo la plena normalización del euskera. No quieren que el euskera se sitúe al mismo nivel que el castellano en la administración; al contrario, quieren que siga siendo una lengua de segunda. Por eso, dan por bueno que el castellano sea absolutamente obligatorio en toda la administración y el euskera, en cambio, la mayoría de las veces una opción u obligatorio sólo para un ámbito limitado.
Pero, junto a ello, su interés particular es mantener el ámbito electoral (ya sea partidista o sindical). Utilizando los mismos discursos y argumentos de los que se vale la ultraderecha en otros países, en Euskal Herria hay agentes que quieren alimentar la oposición del euskera entre determinados sectores de ciudadanos para que después estos mismos agentes se presenten como sus valedores. Se trata de un comportamiento absolutamente irresponsable y más grave aún cuando está alimentado por partidos supuestamente progresistas o sindicatos de trabajadores. No les importa romper la cohesión social y el consenso social mayoritario a favor del euskera, si es para mantener sus intereses particulares. Y en esa iniciativa irresponsable y denunciable están destacando los sindicatos CCOO y UGT y los partidos PSE y PSN, junto con varias plataformas que están a su alrededor. Estos agentes se han sumado a la estrategia del PP y VOX en este asunto para eliminar el euskera de la administración pública.
LAB reivindica, una vez más, la necesidad de garantías legales sólidas para frenar la ofensiva política, sindical y judicial euskarófoba que frustra la normalización del euskera y vulnera los derechos lingüísticos de los euskaldunes. Para ello, LAB ve más necesario que nunca que se adopten medidas que den garantías legales al euskera en el proceso de modificación de la ley de Empleo Público Vasco que se debate en el Parlamento Vasco para que la normalización del euskera en la administración avance.
LAB exige que el euskera se equipare al castellano. Por lo tanto, LAB interpela al PNV para que deje de someterse al binomio PSE y CCOO contra el euskera y se sume a la propuesta de EH Bildu de reconocer a los vascoparlantes derechos equiparables a los de los castellanohablantes.
Siendo ambas lenguas oficiales, LAB exige que el euskera se sitúe en el mismo nivel de estatus que el castellano y que se establezcan perfil lingüístico y una fecha de preceptividad en el acceso a todos los puestos de trabajo de toda la administración. LAB apoya el índice de aplazamiento propuesto por EH Bildu para los trabajadores que necesitarán un tiempo para demostrarlo y reclama más recursos y liberaciones para que el personal en activo se euskaldunice, entre otras medidas. Es decir, es necesario revertir la visión que hay en la actualidad para que toda la administración sea euskaldun.
Sólo con la entrada en vigor de este tipo de medidas se logrará que la normalización del euskera tenga la garantía legal necesaria en la administración y que se construya un muro de contención contra el ímpetu euskarófobo y en defensa de los derechos lingüísticos de los euskaldunes.