El sindicato LAB denuncia la situación de vulneración de derechos que están sufriendo numerosas personas migrantes residentes en Iruñea, a quienes se les está dificultando o impidiendo el acceso al empadronamiento, pese a tratarse de un derecho reconocido legalmente y una obligación de las administraciones públicas. Del mismo modo, hace un llamamiento a la corresponsabilidad social instando al resto de instituciones locales y supramunicipales a colaborar.
El padrón municipal no es un trámite administrativo menor: es la puerta de acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Por ello, LAB pide al Ayuntamiento que cumpla con la legalidad vigente y garantice el empadronamiento de todas las personas que residen en la ciudad, independientemente de su situación administrativa o habitacional.
Asimismo, el sindicato alerta del aumento del sinhogarismo en la ciudad y denuncia la insuficiencia de recursos económicos y humanos destinados a su atención. LAB reclama un incremento sustancial de la inversión pública, así como el refuerzo de plantillas para asegurar una atención digna, continuada y eficaz a las personas en situación de exclusión residencial y pobreza extrema.
LAB subraya que el sinhogarismo no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino la consecuencia directa de un sistema capitalista que genera desigualdades estructurales y expulsa a sectores cada vez más amplios de la población del acceso a derechos básicos como la vivienda.
LAB hace un llamamiento a la corresponsabilidad social instando al resto de instituciones locales y supramunicipales a arrimar el hombro. Ante esta realidad, el sindicato considera imprescindible una respuesta integral y coordinada entre distintas instituciones. El acceso al padrón, siendo fundamental, no puede entenderse como una solución definitiva. Es necesario desarrollar políticas públicas ambiciosas que aborden el problema desde una perspectiva estructural, actuando en ámbitos como la educación, la formación, la salud y, especialmente, el acceso a una vivienda digna.
Por ello, LAB insta no solo al Ayuntamiento de Iruñea, sino también al conjunto de instituciones públicas, a asumir su responsabilidad y a poner en marcha medidas eficaces que garanticen derechos y condiciones de vida dignas para todas las personas.