La dirección de Osakidetza y el Gobierno Vasco en su conjunto llevan muchos meses, incluso años, intentando mantener el equilibrio entre los déficits de personal en Osakidetza provocados por su inacción y un discurso triunfalista que habla de un permanente fortalecimiento del sistema sanitario público. Mientras, las consecuencias son muchas, pero todas acompañan a la pérdida de calidad asistencial y un hartazgo en la población que va en aumento.
Si esto fuera poco, Osakidetza ha vuelto a poner de manifiesto su nulo respeto por la plantilla y quienes quieren formar parte de ella, en esta ocasión, con unas medidas que profundizan en el racismo que impera en la contratación y las exclusiones por lugar de procedencia.
No tenemos ninguna duda de que quienes han firmado el decreto no han dedicado ni un minuto de reflexión a los componentes xenófobos del mismo. Esto es muy preocupante para una institución en la que prestan sus servicios más de 40.000 personas y en la que aspiran a trabajar, según la última oferta publica, más de 100.000.
Osakidetza intenta vender como una medida novedosa la incorporación de trabajadores y trabajadoras extracomunitarias a ciertas especialidades donde Osakidetza ha provocado, con su falta de previsión y políticas de recursos humanos, un déficit de profesionales.
Cuando desde el Gobierno Vasco se implementan medidas así, dejan a las claras que cuando hay interés, hay caminos para superar la Ley de Extranjería, solo que lo hacen para apuntalar una xenofobia con label vasco.
Es inadmisible ese tratamiento a las compañeras migradas, su aceptación se ha de producir, efectivamente, en igualdad de condiciones con el resto de personas y compañeras que aspiran a un puesto de trabajo en Osakidetza, pero es inadmisible que esa puerta se abra y se cierre únicamente si existe un interés por parte de la dirección del ente.
No es entendible que un facultativo o facultativa pueda trabajar de cardióloga mientras a Osakidetza le venga bien para tapar las vergüenzas de su gestión pésima, y que esa misma persona, cuando finalice su contrato, no pueda optar a un puesto de celador o celadora, por poner un ejemplo, a pesar de cumplir todos los requisitos, salvo el de nacionalidad.