Hemos presentado en los juzgados de Gasteiz, ante la audiencia provincial de Araba, el recurso de apelación al último auto relativo a las instrucción sobre las filtraciones de la OPE de Osakidetza 2016-17.

LAB va a seguir poniendo todas las fuerzas en este procedimiento judicial y utilizando todas las herramientas que la instrucción pone en sus manos para aclarar lo ocurrido en esa OPE. En ese sentido, los ex directores de Osakidetza e IVAP tienen las respuestas a las incógnitas más importantes en este caso.

Controlar a las y los médicos significa tener controlada una parte importante de la gobernanza de Osakidetza, y Osakidetza sabe que en la escasez se genera obediencia. En la categoría de facultativos y facultativas, la falta de puestos de trabajo estructurales es un 30% superior al resto de categorías. Históricamente, Osakidetza ha utilizado esa escasez para comprar a través de filtraciones la obediencia de personas clave de los centros hospitalarios.

Las filtraciones en los exámenes de facultativas facultativos no se han producido al margen de Darpón, Múgica, Balerdi, Soto, Arcelay y Aparicio, sino gracias a las decisiones tomadas por ese núcleo operativo. Las y los miembros de ese nucleo operativo implementaron medidas con el objetivo de dar la impresión de legalidad ante las dudas crecientes, pero las cosas se seguirían haciendo igual.

La participación en el IVAP es quizás la más importante de estas medidas: que el IVAP realizara los exámenes fue presentado como una garantía por ser un ente ajeno al Osakidetza, pero gracias a esta instrucción, hemos sabido que los autores de los exámenes utilizados por el IVAP fueron nombrados por Osakidetza, en una reunión que celebró el núcleo operativo con Darpón y Arcelay a la cabeza.

El «manual operativo» fue presentado en la misma dirección, como una garantía más en el procedimiento, pero luego hemos sabido, gracias a la instrucción judicial, que este núcleo operativo autorizaba a los miembros de los tribunales a no cumplir el manual, por ejemplo, para romper el anonimato de las y los opositores. Estas autorizaciones están redactadas y obran en la causa.

Hasta la denuncia pública, en Osakidetza estaban llegando denuncias en algunas categorías, plástica, cardiología, angiología, anestesia, etc. En todos los casos la actitud de Osakidetza fue la de no canalizar las denuncias, hay numerosos ejemplos, pero en cardiología, angiología y plástica ha quedado muy patente la actitud pasiva e incluso obstructiva de este núcleo operativo.

Una vez hecha la denuncia pública, y obligados por la dimensión del escándalo, se abrieron expedientes de investigación donde antes decidieron que no había elementos para investigar.

Para la elaboración de los expedientes de investigación, Osakidetza designó a algunos de los responsables de la organización de la OPE (y que eran miembros del núcleo operativo), a miembros destacados del PNV e incluso a miembros de tribunales.

Todas las investigaciones recogieron la misma conclusión: «No hay pruebas”. LAB debe decir que no las buscaron. Quienes denunciamos las filtraciones, mientras tanto, estábamos recibiendo amenazas y desprecios de parte de Darpón en el parlamento.

El informe psicométrico de Oviedo también tenía como objetivo oculto no realizar una investigación reveladora. Su autor ha dejado claro en sede parlamentaria y judicial que el estudio encargado no servía para identificar ni ubicar las filtraciones. Así se lo comunicó a los miembros del núcleo operativo desde el primer momento.

Éstos son algunos argumentos de todos los que hay para volver a pedir la declaración de los miembros de ese núcleo operativo en calidad de investigados. Existen muchos elementos más, por eso seguimos pensando que ese núcleo operativo cometió muchos y graves delitos.

Las consecuencias de lo ejecutado por este núcleo operativo son miles de facultativas y facultativos estafados, 13 categorías paralizadas, en las que no habrá nuevas OPE ni procesos de traslado, etc. Estas personas y el sistema sanitario público son las víctimas reales. La OPE fue un desastre y además, se rompió la legalidad.

No hay argumentos posibles para sacar pecho de esta gestión y sí hay muchos para pedir disculpas y exigir todas las aclaraciones y responsabilidades que correspondan en los juzgados.