Mediante este comunicado queremos dar a conocer que la administración concursal de CEGASA ha iniciado el procedimiento para proceder al despido de 275 trabajadores y trabajadoras.
El mantenimiento de los puestos de trabajo en la planta de Oñati no puede ni debe ocultar la inminente destrucción de empleo. En las plantas de Vitoria las consecuencias van a ser devastadoras.
El mantenimiento de la planta de Oñati por parte de La sociedad de capital riesgo Sherpa Capital es el único elemento positivo de todo este proceso, pero de ningún modo podemos decir que el futuro de este colectivo esté garantizado. Nos sorprende que el equipo directivo responsable de la deriva de CEGASA haya encontrado acomodo en Sherpa, para ellos sí que han buscado soluciones, no así para las 275 personas que se pretende despedir. Los problemas para la concreción del acuerdo de Sherpa (el acuerdo no se firmó el martes tal como se publicó, se firmó el miércoles, y no conocemos el proyecto industrial) y la posibilidad de que en un corto periodo de tiempo Sherpa pueda revender lo ahora adquirido (la adjudicación ha sido a precio de saldo), deja al conjunto de trabajadores-as en una situación de incertidumbre. En ese sentido LAB velará por la defensa del empleo y los derechos laborales y rechazará intentos de especulación en el nuevo royecto de Sherpa.
Este ERE puede suponer el cierre de una empresa vasca referencial (fundada en 1934). Después de años de enriquecimiento a costa del trabajo desarrollado, y de la obtención de cuantiosas subvenciones públicas, se pretenden hacer desaparecer esos 275 empleos. Concretamente entre 2009 y 2013 CEGAS recibió 15,3 millones de euros en subvenciones, según dijo Arantxa Tapia en el parlamento vasco. Todo eso para la venta de una pequeña unidad. Ésa es la alternativa propuesta. ¿Como es que una empresa puntera a nivel mundial, ha sido financiada con dinero público de esa manera sin garantías y no se ha fomentado su evolución – adaptación?
La responsabilidad institucional no queda ahí, ya que la Diputación Foral de Álava ha tenido una participación directa en la evolución de los acontecimientos. Concretamente, además de las ayudas concedidas, en su calidad de acreedor eligió a uno de los Administradores Concursales. Éstos, pidieron un único compromiso a la parte social: la firma de un lan social. Los representantes de los trabajadores aceptaron su firma, pero el resultado de su trabajo son los 275 despidos. Es decir, han dejado en nada el plan social, van a despedir a las 275 personas, y ni siquiera van a cumplir con nada de las indemnizaciones acordadas. En lugar de actuar con responsabilidad para el mantenimiento del empleo, el Diputado General de Álava ha mostrado su “pena” por los despidos. ¿Es este el papel que debe tener un representante institucional?
Por todo ello, LAB exige a las instituciones una participación directa en la fase de liquidación de CEGASA para que se posicionen en defensa de los y las trabajadoras, y hagan todo lo posible en defensa del empleo. Creemos que todavía se puede evitar el despido de cientos de personas, y LAB se compromete a trabajar en ello.