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Hoy es 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Jaime Iribarren, responsable de Acción Social en Nafarroa, aborda en este artículo de opinión el tema de la pobreza, el empobrecimiento, las personas pobres… y los ricos.

En 1987 Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Más de tres décadas después, la realidad es terca y lejos de desaparecer, cada vez son más los seres humanos que padecen las consecuencias de un sistema económico diseñado para defender los intereses de una minoría privilegiada.

Durante estos días, tendremos oportunidad de leer y escuchar datos y reflexiones que nos indicarán que la cosa no pinta demasiado bien. También se promulgarán declaraciones institucionales mostrando su compromiso en la lucha contra la desigualdad. Nos recordarán el respaldo parlamentario unánime de Nafarroa para implementar medidas concretas comprometidas en el Pacto Navarro Contra la Pobreza y la Desigualdad renovado en 2019.

Vivimos un momento de profunda crisis de valores. La libertad se asocia a la capacidad de obtener ganancias sin importar que para ello haya que explotar a otro ser humano o provocar una crisis climática sin precedentes. Las derechas van adueñándose de conceptos básicos de la izquierda, por lo que “igualdad”, “popular”, “democracia” o “libertad” ya no significan lo mismo. La gran victoria de liberales y capitalistas es haber transformado conceptos pensados para luchar contra las desigualdades, el reparto y la justicia social en mera mercancía. Por ejemplo, tener una vivienda en propiedad se asocia a ser más libre aunque en realidad suponga tener que destinar la mitad de la renta de toda una vida a ello.

El mundo cabalga en una dirección marcada por la necesidad que tiene el sistema económico capitalista de reciclarse, para que una minoría privilegiada siga en los puestos de dominación. Las cadenas globales de cuidados, que condenan a mujeres de diferentes latitudes a la explotación y a trabajos no reconocidos socialmente y mucho menos remunerados, son piedra angular de un sistema machista por definición y acción. Mientras la oligarquía debate si es posible avanzar hacia nuevas maneras de extracción de capital mediante cámbios cosméticos o no –capitalismo verde o marrón– la izquierda sigue teniendo dificultades para hacer hegemónica una propuesta emancipadora.

La derecha, sin necesidad de ser extrema, sigue promulgando un discurso de odio y señalamiento a los sectores más vulnerables para transmitir miedo e incertidumbre a sus autopercibidas clases medias cada vez más empobrecidas, con el objetivo de enfrentarlas entre sí, creando falsas amenazas y enemigos que profundicen en la división de sectores que en realidad pertenecen a una misma clase: la clase trabajadora. No vaya ser que nos demos cuenta de que juntas somos más fuertes. Aún hay quien, desde posicionamientos supuestamente radicales, cae en la trampa y se permite hablar de una presunta aristocracia obrera privilegiada, confundiendo derechos adquiridos como consecuencia de procesos transformadores de lucha con ostentación de un nivel económico endeble que puede desaparecer de un día para otro.

El empleo no garantiza ingresos suficientes para desarrollar una vida digna. El paro hace tiempo que dejó de ser un indicador fiable, ya que la precariedad laboral produce pobreza en términos económicos objetivos entre la población activa y pasiva. En Nafarroa, el 40% de las personas pensionistas reciben una paga inferior a 1.134 €. La brecha salarial de género se acrecenta y multiplica al llegar a la jubilación. Nos extenderíamos demasiado en recordar la situación de nuestras vecinas llegadas desde otras latitudes y quienes sufren discriminación racial, la problemática de la vivienda y tantos otros temas. No son discursos políticamente correctos o cifras que se repiten. Son personas y vidas. Cuerpos en los que los ejes de dominación se multiplican y la precariedad y la pobreza impacta con mayor virulencia.

Sin duda habrá que recibir y ayudar todo lo que esté en nuestras manos. Tenemos una deuda histórica con los pueblos empobrecidos pero también una responsabilidad política que nos obliga a analizar las circunstancias que provocan las distintas diásporas. Debemos politizar esta injusta situación para pasar a impulsar los cambios necesarios para revertir la opresión económica a la que hemos condenado a dos terceras partes del mundo. Y qué decir de la vivienda, convertida en un bien de mercado. La intervención pública para regular los precios y bajarlos, así como la apuesta decidida por un alquiler público y asequible deben ser ejes fundamentales de quienes creemos que toda persona tiene derecho a tener un hogar donde poder desarrollar una vida plena.

Movimientos sociales, sindicales y políticos de izquierda no podemos seguir a la defensiva intentando explicar el porqué de la situación. Tenemos que activarnos y pasar a la ofensiva señalando a los responsables y politizar a la sociedad en torno a una alternativa constructiva en favor de otro modelo más justo, equitativo y sostenible. La verdad nos obliga a hablar desde la honestidad. Puesto que los recursos son finitos, el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza es una reivindicación justa y necesaria. Por tanto, exigir un salario mínimo de 1.600 €, junto a la reducción de la jornada laboral, y hablar de una red de servicios públicos fuertes que ofrezcan garantías de proyectos de vida digna son, sin duda, batallas que debemos ganar si no queremos que el neoliberalismo arrase.

Y mientras tratan de despistarnos identificando falsos enemigos, comencemos a denunciar a los verdaderos responsables del expolio. Tienen nombres y apellidos. Defraudan anualmente más de 300 millones de euros a la hacienda pública navarra. La pobreza tiene responsables directos: los ricos y las políticas que se hacen para favorecer sus privilegios.

Las izquierdas recesitamos recuperar la lucha de clase y convertirnos en verdaderos referentes de las personas desempleadas, trabajadoras precarizadas, juventud rodeada de incertidumbre, personas migradas, mujeres* trabajadoras en el ámbito de los cuidados y pequeñas y pequeños autónomos.