El 9 de noviembre, el trabajador autónomo G.V.M., de 55 años, falleció en la Plaza Circular de Bilbo tras caer desde una altura de 3 metros cuando limpiaba cristales. Hoy, los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU nos hemos movilizado para denunciar con firmeza que la patronal y las instituciones nos enferman y nos matan.
Desde el 8 de noviembre, tres trabajadores han fallecido en Euskal Herria, y desde principios de año, al menos 54. El 11 de noviembre, el transportista J.R.M.M., trabajador de Transportes Etxetrans 2000, de 56 años y vecino de Lesaka, falleció en Irun mientras cargaba su camión. En lo que llevamos de año ya han muerto 11 transportistas, muchos de ellos, al igual que este último, de un infarto. En denuncia de esta nueva muerte en el trabajo, nos movilizaremos mañana, 15 de noviembre, en Donostia. La concentración será a las 12:00, ante la sede de la Seguridad Social, en Riberas de Loiola.
El régimen especial y la normativa supletoria no responden a este aspecto.
La ausencia de registro de jornada de trabajo de las empleadas de hogar demuestra el abandono institucional que sufre este colectivo y negarse a que se cumpla es continuar justificando la esclavitud a la que se condena a las trabajadoras del sector.
Es increíble seguir encontrándonos con noticias en las que la reclamación de los derechos sigue siendo un camino largo y difícil de recorrer, ya que sin importar la comunidad autónoma y las salas de los juzgados en las que se interpongan las demandas, la respuesta es la misma: el carácter especial que se le otorga al empleo de hogar y por ende a las relaciones excepcionales de la misma.
Si bien la última noticia relacionada con este tema nos llegó de Galicia, esta es la misma fotografía para las mujeres* en el empleo de hogar a lo largo de todo el estado español, incluida Hego Euskal Herria, sobre todo para aquellas en régimen interno, quienes día a día ven vulnerados sus derechos laborales, y cada vez más limitada su calidad de vida.
La importancia del registro del tiempo de trabajo radica en que sirve para demostrar las jornadas reales, los tiempos de trabajo y sus respectivos descansos. Sin embargo, seguir invalidando su utilidad en el contexto del hogar familiar como centro de empleo es -a todas luces- mantener una prohibición que discrimina a estas trabajadoras por razón de sexo, ya que el empleo de hogar es realizado en un 95% por mujeres*. Así como todos los hombres tienen garantizado este derecho, las mujeres* insertas en este sector no gozan de dicho beneficio.
Aunque recientemente se ha conmemorado el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, y por otro lado el Día de las Personas Cuidadoras, es algo que no interesa cuando se trata del empleo de hogar y de mejorar las condiciones en las que tantas mujeres* desarrollan esta tarea, ya que lejos de mejorar son cada vez más precarias. Todo porque se les sigue relegando a una situación que carece de sentido y humanidad.
¿Qué tiene de especial este sector si lo que enuncia son las tareas de trabajadoras al servicio del hogar familiar? ¿Qué hace distinto este empleo de tantos otros, en los que los empleadores sí tienen la obligación de facilitar el registro de jornadas?
Estamos ante un empleo que carece de regulaciones contundentes como la eficiente inspección de trabajo en los domicilios, y de un convenio colectivo propio que regule las situaciones que se escapan de las escasas respuestas dadas en relación a la pernocta y de las famosas horas de presencia, que muchas veces dejan de serlo porque son, evidentemente, horas efectivas de trabajo.
Será que las autoridades no se enteran que su falta de gestión y voluntad política sólo les hace responsables de los abusos cometidos a las vidas y a las condiciones laborales de estas trabajadoras. Sentencias como la del juzgado de Galicia confirman el abandono institucional, la infravaloración del empleo mal llamado esencial y el empeño que tienen los ministerios implicados en condenar a las trabajadoras de hogar en régimen interno a la expresión más cruda de la esclavitud.
Por todo lo anterior, queda clara la necesidad un marco propio de las relaciones laborales del empleo de hogar, una regulación que proteja y garantice las condiciones de trabajo y la aplicación de un convenio colectivo que recoja las exigencias propias del trabajo en el ámbito familiar, y no un Real Decreto que deja muchos cabos sueltos en su aplicación.
Asamblea abierta en Iruñea
Además LAB sigue organizando a las trabajadoras del hogar. Así, organiza asambleas abiertas cada mes en Bilbo. Y también ha comenzado a dar pasos en Nafarroa. Así, el 16 de noviembre, a las 16:00, realizará una asamblea abierta en su sede de Iruñea, en la calle Río Arga 12-14. El objetivo, reunir a las trabajadores y ofrecerles un espacio en el que puedan aprender sobre sus derechos (papeles, contratos, vacaciones, pagas extras, situación del trabajo interno…).
Cerca de un año que la negociación del convenio de hostelería de Araba se bloqueó por la última propuesta de la patronal definida como “propuesta final”, la cual fue insuficiente ya que se empeoraban muy notablemente las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector.
Tras este parón, hace unas semanas los sindicatos con representación en la mesa de negociación se reunieron para intentar dar una salida a este convenio y obligar a la patronal a que se sentase a negociar. LAB propuso acordar un calendario conjunto de movilizaciones sin modificar las plataformas de los diferentes sindicatos. Después de que LAB planteará varias veces la opción de movilizaciones conjuntas, ELA, CCOO y UGT presentaron una plataforma conjunta en la cual únicamente hacían constar tres puntos: Salario (IPC), inclusión de camareras de piso y rider’s y una reducción de jornada anual a 37,5 horas. Las personas delegadas y afiliadas del sindicato LAB, rechazan firmemente la propuesta del resto de sindicatos porque dejan por el camino puntos muy importantes como son jornadas mínimas, la aplicación de un futuro convenio para las colectividades y inclusión en la funcionalidad del convenio la restauración moderna.
Después de que ELA, CCOO y UGT hayan planteado una plataforma conjunta con contenidos mínimos, la patronal ha presentado una nueva plataforma totalmente insuficiente. En esta situación ELA, CCOO y UGT han hecho convocatorias de huelga para los días 5 y 7 de diciembre. El sindicato LAB muestra su sorpresa ante la convocatoria de movilizaciones, ya que LAB fue el sindicato que tendió la mano para llevar a cabo movilizaciones conjuntas. Ahora, cuando el resto de sindicatos están dispuestos a movilizarse, LAB no entiende por qué no se le ha ofrecido llevar a cabo movilizaciones conjuntas.
En este contexto, LAB ha explicado que va plantear diferentes movilizaciones para lograr un convenio digno. El 19 de noviembre se celebrará la asamblea de delegados y delegadas de hostelería en la que se decidirá la fecha y forma de dichas movilizaciones. LAB tiene claro que sólo a través de la lucha se va a conseguir un convenio de hostelería digno en contenidos.
El transportista J.R.M.M., trabajador de Transportes Etxetrans 2000, de 56 años y vecino de Lesaka, falleció ayer en Irun mientras cargaba su camión. En lo que llevamos de año ya han muerto 11 transportistas, muchos de ellos, al igual que este último, de un infarto. Con la de ayer, ya son 54 las muertes en el trabajo ocurridas en Euskal Herria desde inicio de año.
En el informe de siniestralidad de 2023 denunciábamos que, en general, el 33% de las muertes por accidente laboral son tipificados como no traumáticas. Entre las y los transportistas, las no traumáticas fueron el 75%. Los datos de los últimos años muestran esta tendencia, la incidencia de los accidentes no traumáticos en el transporte es mayor. Esto indica la incidencia directa de las condiciones de trabajo de las y los transportistas en los accidentes cardiovasculares, debido a la creciente precarización del sector.
El sector del transporte es uno de los que más sufre la lacra de la siniestralidad laboral. El año pasado fallecieron 10 transportistas por accidente laboral, y en lo que va de año ya se ha superado esa cifra. No nos cansaremos de denunciar que los accidentes laborales son consecuencia de las malas condiciones laborales y de la falta de prevención y medidas de seguridad.
Las condiciones de trabajo en el sector del transporte son muy precarias. Las largas jornadas laborales, el estrés, la presión, el bajo precio que paga por el transporte, las dificultades para alimentarse de forma sana debido a las condiciones de trabajo, el impacto de la edad, etc. Por eso decimos que la mayor parte de los accidentes laborales que se producen en el sector del transporte son perfectamente evitables, y que para ello sólo hace falta voluntad política para poner medidas que garanticen y respeten los derechos laborales de las y los transportistas, así como la implicación de todas las instituciones públicas y empresas.
Debemos acabar con la precariedad. Debemos acabar con la impunidad de la patronal. Las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado, de lo contrario serán cómplices de lo ocurrido.
¡No más accidentes laborales, ni en el sector del transporte ni en ningún otro!
Desde el sindicato LAB hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que se vayan a convocar para denunciar esta última muerte en el trabajo.
La acampada de 24 horas iniciada ayer en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz por la publificación del servicio de ambulancias de la CAV ha terminado con una concentración. Aunque la tarde de ayer la Policía Municipal de Gasteiz nos ha obligado a suspender la acampada, la mañana de hoy se ha realizado el taller que estaba programado.
Comunicado que se ha leído en la movilización:
Para empezar queremos agradecer a todas y todos los que os habéis acercado a colaborar en esta lucha, tanto hoy como a las convocatorias de ayer, hasta que, bajo el mandato del PNV, la policía nos obligó a recogerlo todo.
Desde LAB nos hemos visto obligadas a hacer esta acampada para denunciar la insostenible situación del sector de las ambulancias en la CAV que entendemos que es crítica. La gestión privada nos ha llevado a ello y exigimos que este servicio esencial se haga público. No sólo tenemos la falta de material, las bajas sin cubrir y el impago o retraso de nóminas constantemente, sino también unas condiciones laborales que no respetan los derechos fundamentales de las y los trabajadores, como no respetar los descansos reglamentarios en los calendarios laborales, no tener uniformes, contratos fraudulentos, etc. Esta precarización, además de afectar a quienes trabajamos aquí, incide directamente en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
El resultado es un servicio lleno de lagunas: retrasos, descoordinación y en los casos más graves, pacientes que no pueden acudir a los tratamientos o urgencias que no reciben atención lo suficientemente rápido. Esto es inaceptable para un servicio que debe garantizar la salud y la seguridad de las personas.
El ejemplo más reciente lo tenemos en el caso de Araba y Bizkaia, gestionado por Grup La Pau: una empresa con deudas con sus trabajadores y trabajadoras, que no reúne los requisitos mínimos para ofrecer un servicio de calidad y que ofrece un servicio deficiente tanto a trabajadoras y trabajadores como a la ciudadanía. Sabemos que el Gobierno Vasco le va a quitar la concesión, pero las noticias nos llegan a través de la prensa. Mientras tanto, el personal sigue en la incertidumbre y sin una respuesta clara por parte de las autoridades.
Ayer iniciamos la acampada con diversas movilizaciones y acciones solidarias con total normalidad y alta participación, pero sobre las seis de la tarde, el PNV mandó a la policía a sacarnos de allí. Entonces, nos obligaron a levantar la acampada mientras hacíamos la chocolatada solidaria. En lugar de atender nuestras peticiones de reunión y buscar soluciones, prefieren mandar a la policía y callar nuestras reivindicaciones.
Pero que quede claro: ¡no nos callarán! Esta lucha continúa, y nuestras exigencias son firmes. El Gobierno Vasco debe asumir la responsabilidad que tiene, pagar sus deudas con los y las trabajadoras y poner fin a la privatización de un servicio esencial. Hoy más que nunca reclamamos un servicio público y digno para todos.
En opinión de LAB, las medidas propuestas por las Diputaciones no responden a la reforma fiscal que necesita Euskal Herria.
La fiscalidad es una herramienta fundamental para un reparto justo de la riqueza, pero para eso hay que gravar a los ricos y a las rentas del capital. Hoy, somos la clase trabajadora quienes vía rentas del trabajo realizamos la mayor aportación a la recaudación fiscal.
La necesidad de una reforma de calado en la política fiscal es una demanda apoyada de manera mayoritaria puesto que el modelo actual es profundamente injusto. Tras declaraciones políticas que han ido perdiendo fuelle, el acuerdo entre PNV y PSE que se trasladó en forma de propuesta ayer a las diputaciones no contiene más que pequeños fuegos de artificio. Esta no es la reforma fiscal que pide y necesita la clase trabajadora vasca.
Como desde el sindicato analizamos en la publicación Ikusmiran 15, la fiscalidad actual está hecha a medida de la patronal. Y para poder impulsar los servicios públicos –en ámbitos como sanidad, educación, cuidados o vivienda– y garantizar el liderazgo público necesario para afrontar la transición ecosocial, necesitamos que se graven los beneficios empresariales y las rentas del capital, incrementando la progresividad.
El debate de la fiscalidad no puede quedarse en el ámbito institucional y el acuerdo entre partidos. El CEO de Repsol Josu Jon Imaz es consciente de ello, igual que Lopez Atxurra o Garamendi, que ejercen su presión, chantaje y amenazas para evitar una fiscalidad que les haga aportar a las arcas públicas una parte mayor de sus vergonzosos beneficios. Es imprescindible el debate y la presión social para evitar que, una vez más, el Gobierno de Gasteiz y las diputaciones cierren en falso el debate y mantengan los privilegiosde la patronal.
Para LAB, son fundamentales tres medidas:
– En el IRPF, un tipo único para las rentas de capital y trabajo y la elevación del tipo máximo al 60%. No puede ser que las y los trabajadores declaremos más que las empresas.
– En el Impuesto de Sociedades, supresión de todas las deducciones e incentivos fiscales y establecimiento de un tipo nominal del 35% para que los beneficios empresariales aporten a la sociedad.
– Un recargo a las rentas de capital de entre el 1 y el 10%.
El fallecido era autónomo y trabajador subcontratado, un patrón que se repite una y otra vez. Con el de hoy, son al menos 53 las y los trabajadores muertos en Euskal Herria desde inicio de año, y 10 de estas muertes se deben a caídas desde altura.
Hoy, a las 9:30 de la mañana, en el Café Bar La Parada de Bilbao, situado en la Plaza Circular, el trabajador G.V.M., de 55 años y que se encontraba limpiando cristales, ha caído desde una altura de 3 metros y ha fallecido en el acto. Antes que nada, el sindicato LAB quiere mostrar toda su solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido.
Un nuevo drama. Otro trabajador ha fallecido en un accidente laboral evitable. Con esta muerte, ya son 53 las y los trabajadores fallecidos por accidente laboral en lo que va de año en Euskal Herria. En más de una ocasión hemos reivindicado que la normativa de salud laboral de las y los trabajadores autónomos garantice su protección, y en este caso, además, es así, ya que la contrata debe hacer cumplir las medidas preventivas para que se pueda trabajar en su centro de trabajo. Pero la falta de control de los gobiernos, la dejadez criminal de la patronal y la falta de garantías que provoca la precariedad crean una situación perfecta para que una y otra vez se produzcan accidentes mortales como éste. Este accidente no es casual, sino producto de causas concretas.
En los últimos 10 años, en Euskal Herria, al menos 81 trabajadoras y trabajadores han muerto por caídas de altura, la mayoría en el sector de la construcción. Representan más del 12,5% de las muertes laborales y la principal causa de muerte laboral en el sector de la construcción. Con la de hoy, son 10 las muertes en el trabajo que en lo que va de año debido a caídas de altura. Hay que destacar que la precariedad que se da en el sector de la limpieza es un obstáculo importante para la adopción de medidas de seguridad en el trabajo, a veces hasta causar la muerte.
Hay que acabar con la impunidad de la patronal. Hay que acabar con el debate interesado y falso sobre el absentismo laboral. ¿Cómo es posible que, casi 30 años después de la entrada en vigor de la normativa de salud laboral, continuemos con estas tasas de mortalidad por caídas de altura? La falta de prevención que corresponde a las empresas es la verdadera lacra del absentismo, la patronal y las instituciones que nos enferman y nos matan, para luego criminalizarnos.
El sindicato LAB llama a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo para denunciar este accidente laboral.
Ha pasado cerca de un año desde que la negociación del convenio de hostelería de Araba se bloqueó por la última propuesta de la patronal definida como “propuesta final”. En LAB consideramos que esta era insuficiente, ya que empeoraba muy notablemente las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector.
Tras este parón, hace unas semanas los sindicatos con representación en la mesa de negociación nos reunimos para intentar dar una salida a este convenio y obligar a la patronal a que se sentase a negociar. LAB propuso acordar un calendario conjunto de movilizaciones sin modificar las plataformas de los diferentes sindicatos. Después de que LAB planteara varias veces la opción de movilizaciones conjuntas, ELA, CCOO y UGT presentaron una plataforma conjunta en la que únicamente recogían tres puntos: Salario (IPC), inclusión de camareras de piso y riders y una reducción de jornada anual a 37,5 horas.
LAB rechaza firmemente la propuesta del resto de sindicatos porque deja por el camino puntos muy importantes como las jornadas mínimas, la aplicación de un futuro convenio para colectividades y la inclusión en la funcionalidad del convenio las grandes cadenas y marcas. Además, LAB no entiende por qué se han propuesto contenidos mínimos en la nueva plataforma sin haber realizar antes un ciclo de movilizaciones.
En este contexto, el pasado 25 de octubre se celebró una nueva reunión de la mesa negociadora en la cual, la patronal presentó una nueva plataforma de la cual se desprende lo siguiente:
• Pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras al no garantizar el IPC.
• Modificar el complemento de la Incapacidad Temporal: Pasar a cobrar el 100% desde el día número 31 en vez desde el primer día, tal y como está recogido actualmente en el convenio.
• Disminución de dos horas de la jornada anual.
Además, en la propuesta no se recoge nada referido a colectividades, jornadas mínimas y grandes cadenas y marcas. Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT son precisamente los que crearon el convenio estatal de grandes cadenas y marcas para excluir a estas personas trabajadoras, aplicándoles condiciones muchos peores, tal y como hicieron en su día con las colectividades. La plataforma planteada por ELA, CCOO y UGT garantiza la estatalización.
El sindicato LAB tiene claro que las condiciones laborales se negocian aquí y que no va a aceptar de ninguna de las maneras que se empeoren las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la hostelería de Araba. Por eso, se movilizará el próximo día 13 de noviembre a las 10:00 frente a la sede de la patronal alavesa SEA.
Nos hemos movilizado en Gasteiz, ante la sede del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), unificando las reivindicaciones de los y las trabajadoras de los sectores de cuidados privatizados y de las del ente foral.
En su lucha por un sistema público y comunitario de cuidados y para profundizar en la lucha por la publificación de los sectores de cuidado que están privatizados, el sindicato LAB empleará las negociaciones colectivas de estos sectores privatizados para promover procesos de equiparación.
A finales de este año se iniciarán las negociaciones del IV Convenio de Intervención Social de Araba y del II Convenio Sectorial de centros de atención a personas con discapacidad, y LAB reivindicará, en ambas mesas negociadoras, la equiparación de estos sectores con las condiciones del IFBS de Araba.
Para hacer frente a la precarización en los sectores de cuidados que están privatizados, vemos inevitable poner sobre la mesa la propuesta sindical y política de equiparación. LAB reivindica que las trabajadoras de cuidados privatizados son empleadas públicas y apuesta, inevitablemente, por superar las profundas brechas entre lo público y lo privado. Estamos en la lucha por fortalecer el sistema público, y LAB exige la publificación de estos sectores privatizados para fortalecer el sistema público.
En los procesos de negociación de estos sectores de cuidados privatizados que se abren en Araba, la propuesta de LAB se basará en la equiparación del salario y de la jornada laboral. Por lo tanto, estos dos aspectos serán la base de la lucha que vamos a llevar a cabo. Durante las negociaciones de los convenios, la intención de LAB será, además de garantizar la capacidad adquisitiva de las trabajadoras del sector, dar pasos importantes en la equiparación con las condiciones de la plantilla del IFBS.
En cuanto a las actuales diferencias, queremos compartir los siguientes datos:
• El personal que trabaja en la categoría superior de los sectores privados cobra 35.429 euros anuales. En cambio, el personal de categorías similares de administración pública cobra 67.213,10 euros anuales. La diferencia es del 89,7%, 31.783 euros anuales.
• En cuanto a las categorías inferiores, en los sectores privados cobran 22.329 euros anuales. Por el contrario, el personal de categorías similares de administración pública cobra 28.208 euros anuales. La diferencia es del 26,6%, 5.880 euros anuales.
• Podemos señalar que, entre los sectores público y privado, la diferencia salarial media es del 51%. Por tanto, las trabajadoras de los sectores privados cobran una media de 15.534 euros menos al año.
• Además de la diferencia salarial, los sectores privados regulan alrededor de 100 horas más de jornada anual en comparación con el IFBS, aunque en ambas áreas, pública y privada, se realice el mismo trabajo.
La existencia de condiciones laborales diferentes por el mismo trabajo es culpa de las administraciones públicas. Diputaciones, ayuntamientos y Gobierno Vasco llevan a cabo políticas privatizadoras. El modelo neoliberal del PNV-PSE es, por tanto, responsable de la miseria de las trabajadoras del sector de cuidados. Por eso interpelamos a la Diputación de Araba para que reduzca la brecha en las condiciones laborales e iguale las condiciones laborales.
Si no hay cambios en la gestión de los servicios sociales en Araba, tanto en el sector público como en el privado, se mantendrá el declive de los servicios públicos. El PNV está empeñado en el viejo modelo mercantilista de privatizar los cuidados al que nos tiene acostumbradas, impulsando un modelo precarizador de los cuidados y apostando claramente por la privatización.
Con la intención de convertir al Ente Foral en un mero aparato burocrático-administrativo, o en un mero contratista de servicios privados, por un lado, aunque se generen más plazas y servicios de cuidados, la gestión de los mismos se cede a terceros, a empresas cuyo objetivo es aumentar los beneficios económicos, al margen de la responsabilidad de las administraciones con el cuidado de las personas. Por otro lado, no se tienen en cuenta los servicios forales de atención residencial y de día, se olvidan de las profesionales de atención directa y de la sobrecarga de trabajo que sufrimos.
Para hacer frente a este declive de los servicios públicos son imprescindibles, entre otros, el aumento y estabilización de la plantilla del IFBS y la actualización de la negociación del acuerdo regulador de sus condiciones de trabajo.
Las representantes de LAB del IFBS, del sector de Intervención Social y del sector de centros de atención a personas con diversidad funcional se hemos unido para terminar con el negocio de cuidados y exigir que la Diputación de Araba asuma su responsabilidad en esta situación.
Que den los pasos necesarios y asuman los compromisos que se deben adquirir para reforzar el sistema público de cuidados, cuidando y reforzando lo público y comprometiéndose con las trabajadoras privatizadas a la equiparación. Porque el cuidado no es un negocio, es un derecho.
