Las sentencias del Juzgado de lo Social dan la razón a los y las trabajadoras que denunciaron al Gobierno de Navarra exigiendo la subrogación.
La privatización de las cocinas hospitalarias que en 2012 realizó UPN conllevó que más de 100 personas perdieran sus puestos de trabajo mientras quedaba en manos de una empresa privada la gestión de las cocinas públicas. Empresa que de la noche a la mañana aumentó al doble las cargas de trabajo de la plantilla, empeoró sus condiciones laborales, tanto salariales como de jornadas laborales, y fue realmente polémica por la lamentable calidad del servicio que ofrecía.
Desde el sindicato LAB, que se opuso fuertemente a la decisión de UPN de privatizar las cocinas, siempre hemos reclamado que éstas debían volver a ser públicas. La reversión de esa decisión conllevaría revertir también todas las consecuencias que habían tenido: la calidad, las condiciones labores y el servicio.
Las cocinas hospitalarias, “gracias” a la decisión que tomó UPN, han sido el mejor ejemplo de las consecuencias que tiene subcontratar un servicio público. Ha quedado patente y públicamente demostrado que es imposible que una empresa privada, que se dedica a la obtención de beneficios a costa de lo que sea necesario, no va a garantizar nunca unos servicios públicos de calidad.
Es más, en el momento en el que el Gobierno decidió, erróneamente a nuestro entender, revertir únicamente una parte de las cocinas, fue cuando la empresa, que iba a ver reducidos los beneficios que obtenía empeorando la calidad del servicio que ofrecía con unos alimentos en muchas ocasiones muy polémicos incluso, decidió no continuar con la gestión del servicio.
Esto hizo que el Gobierno, de una manera muy precipitada, decidiera publificar todo el servicio, pero sin hacer una valoración previa de las consecuencias que para los trabajadores que en ese momento estaban contratados iba a tener. Y, una decisión errónea, sin previo acuerdo con la parte sindical, conllevó, otra vez, al despido de más de 100 trabajadores.
Tras las demandas interpuestas por LAB, el resto de los sindicatos y abogados particulares, los Tribunales han sentenciado que el Gobierno de Navarra debería haber subrogado a estos trabajadores mientras no se realizaba una oposición para cubrir los puestos de trabajo a través del sistema de mérito y capacidad.
Todo esto nos ha ayudado a demostrar que hay que acabar con la subcontratación de los servicios públicos, hay que revertirlos a lo público, ya que es la única garantía para que estos sean de calidad. Y estas decisiones hay que realizarlas con reversiones no traumáticas, sin que 200 personas pierdan su puesto de trabajo por el camino.
