Berriztu es una empresa que presta servicios a la Diputación Foral de Bizkaia. Una trabajadora de la misma denunció a un compañero de trabajo por acoso sexual. Después de que pasara un tiempo, la trabajadora que denunció el acoso fue despedida por Berriztu.
LAB se ha concentrado hoy ante la Diputación Foral de Bizkaia, en la Gran Vía bilbaína, para denunciar la responsabilidad que tiene la institución en este asunto. El pasado 12 de julio, el sindicato se concentró ante la empresa Berriztu, en Basauri.
Hace unos meses la empresa BERRIZTU tuvo conocimiento, a través de una trabajadora, del acoso sexual al que se veía sometida por parte de un compañero del mismo centro.
La trabajadora comunicó verbalmente a su superior la situación que estaba viviendo y durante muchas semanas, no hubo ninguna respuesta por parte de la empresa.
Es inaceptable que, ante el conocimiento tácito de un caso de acoso, la empresa eluda su responsabilidad e invisibilice la realidad.
Si bien estos hechos son sumamente graves, la situación empeora incluso más.
Tras la inactividad por parte de la empresa y la indefensión a la que la trabajadora se veía sujeta, varias semanas después tuvo que solicitar la baja por la tensión que la suponía trabajar en esas condiciones.
En este punto, tenemos que recordar tanto a BERRIZTU como a Diputación, que es obligación del empresario velar por la salud de las trabajadoras y trabajadores de la plantilla. Que están obligados a tener un protocolo frente al acoso que se asegure de dar la cobertura y la garantía a quienes lo sufren, y que destruya cualquier posibilidad de que el acoso sexual sea una práctica en los centros de trabajo y empleo.
Lejos de garantizar su salud o poner en conocimiento de la trabajadora el protocolo de acoso, de escucharla o de apoyarla en la situación la empresa, tras el primer día de baja nombró un comité para la gestión de la situación. Hay que volver a mencionar que había pasado más de un mes desde que la empresa tuvo conocimiento del acoso sin que hiciera nada, ya que la trabajadora siguió trabajando tras comunicarlo a la empresa y antes de coger la baja.
El comité que se puso en marcha no fue ninguna herramienta eficaz, ya que no dio traslado de ninguna de sus actuaciones, ni tuvo en cuenta el relato de la trabajadora, que les envío un escrito donde aparecían descritos los hechos cronológicamente.
Ella volvió a ser relegada de la situación que estaba viviendo, no se la escuchó, no se la tuvo en cuenta, no se la apoyo, no estuvo amparada.
El comité, que no vio indicios objetivos de acoso, pero cosa que parece contradictoria, con esa manifestación ofreció la opción del trasladado del trabajador que finalmente, fue trasladado de centro. La reincorporación de la trabajadora fue difícil. La situación era tensa ya que el trabajador había culpabilizado a la trabajadora del traslado. A pesar de esto, la empresa, en ningún momento le ofreció ayuda o se preocupó por saber cuál era la situación de la trabajadora.
Trascurridas una semanas, y tras un episodio en el que en el centro de menores en el que trabajaban, la seguridad de la trabajadora y de su compañero en el puesto de trabajo se vieron en grave riesgo y en el que tuvieron que llamar a la policía para poder salir de la situación, la empresa impuso una sanción muy grave a la trabajadora y procedió al despido de la misma.
La empresa, más preocupada de evitar que esta situación se hiciera pública que de la salud de la trabajadora, no sólo no se compromete con ella en el caso de acoso sino que valiéndose de una situación que le sirve de excusa despide a la trabajadora queriendo borrar su responsabilidad en su dejación frente a los hechos.
Los hechos son sumamente graves. Suponen un ataque a los derechos de la trabajadora, pero no sólo de ella sino de todas las trabajadoras que Berriztu tiene en plantilla. Lo que sucede a una nos sucede a todas y no dejaremos de dar respuesta a estas agresiones.
Hay que remarcar que el titular y responsable de los centros de menores es la Diputación de Bizkaia, que a través de convenios con ciertas fundaciones privatiza la gestión de estos centros.
¿Cómo es posible que en un centro cuya titularidad es Diputación ocurran estos hechos? ¿Dónde está la garantía que tienen que tener los servicios sociales?
La permisividad por parte de la Diputación de Bizkaia y por parte de Berriztu es una muestra de la irresponsabilidad en la gestión de los servicios sociales. Es inaceptable que en una fundación dedicada al ámbito social cuya titularidad es de la Diputación bizkaina se amparen hechos como estos.
Hoy nos encontramos aquí, delante de Diputación, para evidenciar que la privatización de los servicios sociales no lleva a otra cosa que, a que denuncias como las que acabamos de hacer, proliferen.
Hace mucho tiempo que venimos denunciando que la fórmula de privatización de los servicios sociales que utiliza la Diputación genera precariedad y no ofrece condiciones laborales dignas.
Los servicios sociales deben abordar las necesidades sociales de forma integral e igualitaria, y para que sean de calidad es imprescindible que las personas que los llevan a cabo trabajen en lugares donde la salud, la prevención y el resto de derechos laborales se cumplan para que no se generen este tipo de situaciones. Que no se de la paradoja de que en estos servicios se amparen situaciones que se deberían paliar.
Es deber de la Diputación el garantizar la salud y las condiciones laborales de las trabajadoras de los servicios sociales, y hechos como el que estamos denunciando nos demuestran de continuo su totalidad despreocupación para con ellas, exigimos que Diputación asuma su responsabilidad en el control sobre los servicios por ella privatizados.
No aceptaremos que ninguna situación parecida vuelva a ocurrir en la empresa ni en ningún otro lugar.
Tanto en los centros de trabajo como en las calles queremos vivir libres.
