Diferentes agentes sociales y sindicales, LAB entre ellos, nos hemos movilizado ante el ayuntamiento de Barakaldo para denunciar los recortes realizados por el Gobierno municipal en materia de política social y prestaciones.
Este es el comunicado emitido con motivo de la concentración de hoy:
Este lunes, 4 de febrero, se abre el plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia social. El pasado año en este primer día 1.553 familias cursaron una cita con los servicios sociales. Cabe recordar que han pasado 4 meses sin que se pudiera solicitar una prestación para cubrir las necesidades básicas.
Bajo el lema “Así nos dejan los recortes: sin derechos y desnudas ante la pobreza” se realiza una protesta ante el edificio consistorial. En el trascurso de la misma varias personas se han manifestado desnudas -cubiertas con tan sólo una caja de cartón- y sosteniendo una tijera de grandes dimensiones.
No es por casualidad que, ante una insuficiente partida presupuestaria para las ayudas económicas municipales, el gobierno local decida recortar la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y endurezca los requisitos de acceso a las mismas.
Por un lado, se reduce en un tercio las cuantías a percibir para alquileres o hipotecas; en un 17% para gastos sanitarios. Además de eliminar las ayudas para el mantenimiento, adaptación y reparación de las instalaciones básicas de la vivienda habitual o comunidad de vecinos.
Por otro lado, se deniega de forma sistemática el acceso a las ayudas para “gastos relativos a las necesidades primarias” que permiten cubrir carencias básicas como la alimentación.
En este contexto, a un centenar de familias se las ha aplicado la disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”. Es decir, se permite la denegación de las ayudas al no existir una suficiente dotación presupuestaria para cubrir la totalidad de la demanda.
Sin embargo, esta medida debe ir avalada por un informe elaborado en tal sentido por un/a Trabajador/a Social. Cuando se intenta acceder al mismo -para la realización de los diferentes recursos y alegaciones a los que da derecho la propia legislación- se rechaza su facilitación; lo cual contraviene la propia normativa, siendo obligatoria su entrega.
También el gobierno local ha establecido un límite patrimonial de 18.000 euros. Decisión que vulnera la Resolución emitida el 13 de agosto del 2015 por el Defensor del Pueblo-Ararteko contra el Ayuntamiento de Barakaldo donde exigía que aplicara el límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco.
En concreto, en el 2018 el Gobierno Vasco establecía un patrimonio máximo desde los 33.000 euros – para un único miembro- hasta los 47.000 euros para una unidad convivencial de tres o más personas; para las personas pensionistas sería 38.000 euros para una persona y 51.000 para unidad de 3 o más miembros.
Por último, cabe denunciar que el equipo municipal vulnera la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. En la medida que nunca deben superar los 2 meses la atención y resolución de los expedientes, no como ocurre actualmente que se alarga hasta 6 meses.
A esta política de recortes se debe sumar a la falta de personal (trabajadoras sociales y administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”. Personal encargado de gestionar las solicitudes. Situación que provoca demoras de más 6 meses en la tramitación y resolución de los expedientes.
Ante los recortes, decretos y resoluciones del equipo de gobierno se ha organizado esta iniciativa con el ánimo de exigir otra política social y unos presupuestos más justos y solidarios. A la vez que nos manifestamos en defensa de los servicios sociales municipales.
Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo, firmantes:
Asamblea de Parados de Barakaldo, Barakaldoko Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer, “Argitan”. ELA, LAB, ESK, CGT, STEILAS y CNT.
