Zangozako Papeleran gertatutako lan istripu larria salatzeko, eta prebentzio gehiago eta hobeagoa eskatzeko, bertako enpresa batzordeak elkarretaratzea egin du, lantegiaren aurrean. LAB sindikatutik, enpresa honetan gertatutako istripu larria eragin zuten gertakariak argitzeko exijitzen dugu, eta horrelako egoerek gora egiten jarraitzen dutela salatu nahi dugu, azken urteotako atzeraldiaren ostean Nafarroako lan-jarduera handiagoa eta prekarioagoa den heinean.
Invitan a la ciudadanía a llamar al servicio de atención al cliente del ayuntamiento de Bilbo (946564905) o a que se pongan en contacto con los responsables del servicio, a través del email correspondiente (bilbaobizi@bilbao.eus). Asimismo, las y los trabajadores han convocado una concentración ruidosa para el 13 de agosto, a las 11:00, frente al consistorio.
En junio comenzamos a movilizarnos y a hacer públicas las condiciones laborales de la plantilla de BilbaoBizi, el servicio de alquiler de bicicletas del ayuntamiento de Bilbo.
Para poner en marcha este servicio público que nos parece completamente necesario, el ayuntamiento recurrió, como tiene por costumbre hacer, a la subcontratación. Aunque los informes realizados durante el propio proceso de licitación ya acusaban una bajada temeraria en el presupuesto presentado por la empresa NEXTBIKE evidenciando que era demasiado barato, esta empresa ganó el concurso y el nuevo servicio se puso en marcha en octubre-noviembre.
La empresa enseguida se vio superada por la gran acogida del servicio: bicicletas pensadas para hacer 4 viajes al día realizan más de 20; por lo tanto, sufren más desgaste y averías de las previstas; no hay suficiente vehículos para saciar la demanda… y la de por sí exigua plantilla está hasta arriba. No se les aplica el Convenio Colectivo que les corresponde, su sueldo no llega a mil míseros euros al mes, la plantilla es demasiado reducida para hacer frente a la carga de trabajo existente, deben realizar el mantenimiento y la entrega de las bicicletas a toda velocidad para asegurar en la calle la cantidad acordada con el ayuntamiento, la empresa recurre a ETTs para hacer contrataciones puntuales, como la mayoría no están contratados a jornada completa realizan un montón de horas extra… Todo este cansancio y ritmo de trabajo ya se ha saldado con un accidente laboral. El plan del ayuntamiento es seguir ampliando el servicio, pero, ¿cual es su plan para la plantilla?
Esto no puede seguir así: BilbaoBizi es un servicio público, y por tanto debe ofrecerse y desarrollarse en condiciones dignas. Llevamos meses negociando con la empresa, pero el ayuntamiento mira hacia otro lado, cuando, además, es el propio ayuntamiento quien tiene la llave para resolver el conflicto: aumentar el presupuesto para dignificar tanto las condiciones laborales como el servicio. Una subida salarial es imprescindible, pero también lo es aumentar la plantilla. Creemos que el ayuntamiento es tan responsable como la empresa, al haber elegido la opción más barata por encima del parecer de sus propios asesores. Tomaron la decisión de que fueran los y las trabajadoras quienes asumieran el verdadero coste del servicio.
Nosotros y nosotras no lo vamos a aceptar! Por eso, seguiremos movilizándonos e invitamos a las y los usuarios a que nos acompañen en la calle. La siguiente cita el 13 de agosto, a las 11.00 frente al ayuntamiento. ¡Animamos a la ciudadanía a exigir unos servicios públicos y condiciones laborales dignas junto a nosotras!
Ayer 5 de agosto un nuevo accidente laboral con consecuencias graves para un trabajador ocurrió en la Papelera de Sangüesa (Smurfit Kappa). Tras una explosión de un depósito un trabajador de una empresa subcontratada resultó herido de gravedad. Desde el sindicato LAB exigimos la aclaración de los hechos que provocaron el grave accidente, y denunciamos que este tipo de situaciones sigan en aumento en la medida que hay mayor (y más precaria) actividad laboral en Nafarroa tras el periodo de recesión de los últimos años.
La alta siniestralidad laboral que se da en las empresas de Nafarroa denota una clara dejación en los temas de seguridad y salud laboral. Las muchas o pocas políticas preventivas que se realizan son en demasiadas ocasiones absolutamente insuficientes viendo el aumento de accidentes laborales en nuestro territorio. La vida y salud de los y las trabajadoras sigue estando muy por debajo de la productividad en la escala de valores de las empresas y queda absolutamente claro que nuestra salud no es una prioridad para la patronal y las instituciones públicas.
Implantar mayores y más adecuadas medidas de seguridad debe ser la prioridad absoluta en las empresas si realmente queremos acabar con esta lacra que cada año se lleva decenas de vidas de trabajadores y trabajadoras en su puesto de trabajo. Todos los accidentes de trabajo se pueden evitar con medidas de prevención adecuadas, que a la vista de los datos no son tenidas en cuenta en el día a día de las empresas.
Para denunciar lo ocurrido en la Papelera de Sangüesa así como para exigir más y mejor prevención, hacemos un llamamiento a acudir a la concentración convocada por el comité de empresa para mañana miércoles 7 de agosto a las 12:00 en la puerta de la empresa.
Nos hemos concentrado ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbo con motivo de la aprobación, el pasado 30 de julio, del decreto de residencias de mayores de la CAV. Hemos valorado el decreto, denunciando que mantiene la precariedad tanto en atención como en condiciones laborales.
LAB realiza la siguiente valoración al decreto de centros residenciales para personas mayores de la CAV aprobado por el Gobierno Vasco el 30 de julio del 2019.
Los servicios sociales son un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar las condiciones de vida de las personas. El eje de los mismos son las personas que en su desempeño, educan, acompañan, colaboran, interactúan, asisten y cuidan a las personas receptoras de dichos servicios.
La ley de servicios Sociales de la CAV atribuye a las instituciones públicas las competencias en esta materia, de forma que se asegure el adecuado funcionamiento del sistema público de servicios sociales. Lamentablemente, han optado mayoritariamente por la gestión privada de los mismos, relegando su responsabilidad en las empresas gestoras, que priman los beneficios sobre el derecho subjetivo a recibir un servicio de calidad y de los derechos laborales de las personas trabajadoras.
La situación de deterioro del conjunto de los servicios sociales es alarmante, tanto en el plano laboral como asistencial. Ritmos de trabajo insostenibles, tiempos insuficientes de atención, sobre-esfuerzos, estrés, agresiones verbales y físicas, nulo reconocimiento del trabajo realizado, eventualidad, jornadas parciales, disponibilidad total, turnicidad, trabajo en solitario y sin los recursos necesarios… La deficiente calidad en la atención de los servicios existente recae en las precarias condiciones laborales de las personas trabajadoras.
LAB lleva denunciando esta situación estructural desde hace años. Cabe recordar que recogimos más de 14.000 firmas que avalaban una demanda mayoritaria entre las personas trabajadoras. La necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de servicios sociales en la que se incluyeran unas ratios de atención suficientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias, es decir, a la calidad exigible y a los derechos laborales de las personas trabajadoras y la garantía y promoción de la salud de las personas trabajadoras.
En ese sentido, el Parlamento de Gasteiz instó al Gobierno, el 9 de febrero del 2017, a que cumpliese la proposición no de ley 90/2016. En ese sentido, pedimos:
1.- Actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales, donde se regulen, además de los ratios y otras cuestiones inherentes al personal, los requisitos funcionales y materiales que deben cumplir esos centros y servicios, todo ello en consonancia y coherencia con las actualizaciones del propio sistema vasco de servicios sociales, y a presentar el borrador de los mismos en el plazo de tres meses en el Parlamento. En ese proceso, se priorizará el borrador de decreto que actualice los ratios que regulan los centros y servicios destinados a las personas dependientes para su adecuación a la situación actual, por su repercusión en la calidad del servicio que se oferta y en las condiciones de vida de las personas atendidas en esos centros.
2.- A que, en la elaboración de dichos decretos, se cuente con la participación técnica de los tres niveles institucionales, de las entidades sociales del sector y de representantes de las personas usuarias y del personal laboral, de manera que se dé respuesta a las nuevas necesidades sociales y se garantice una atención de calidad a todas las personas que cumplan los requisitos de acceso a las prestaciones y servicios del catálogo de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales.
3.- Tanto el Gobierno Vasco como el resto de instituciones públicas, velen y se impliquen en el ámbito de la contratación pública, en aras a garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas que trabajen en dichos servicios.
El Decreto para los centros residenciales de personas mayores aprobado por el Gobierno Vasco ha sido elaborado sin la participación de los y las trabajadoras y sin tener en cuenta las alegaciones de las personas usuarias, dando la espalda a la mayoría del Parlamento de Gastez, a las personas usuarias y las personas profesionales.
Los centros residenciales para personas mayores constituyen un recurso para personas dependientes, las cuales tienen Derecho a un conjunto de prestaciones dadas las limitaciones para hacer frente a las actividades básicas de la vida diaria.
Estas prestaciones, son un conjunto de servicios efectuados por personal profesional en los Centros residenciales. Por lo tanto, el número de profesionales y el tiempo dedicado a las personas usuarias, determinan el grado de cumplimiento con los derechos de las personas usuarias, la calidad del servicio prestado y los derechos de las personas trabajadoras.
Las ratios de atención fijada en el decreto de centros residenciales para personas mayores aprobada por el Gobierno Vasco no suponen ningún avance en este sentido. No supone ningún aumento de personal y no establece una ratio de carácter presencial y por categorías. Cabe citar, que el informe jurídico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, advertía de la falta de justificación y objetivación para el establecimiento de las ratios fijadas.
Las ratios de atención impuestas en el decreto, impiden el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y condenan a las personas trabajadoras a ritmos y cargas de trabajo que vulneran sus derechos laborales. Todas las personas usuarias y trabajadoras son conocedoras de ello. LAB recuerda que registró en el mes de junio decenas de denuncias en inspección de trabajo por los incumplimientos en materia de salud laboral por la permanente exposición a riesgos de carácter psico-social y ergonómico en la que se encuentran las personas trabajadoras y las graves consecuencias que tiene.
El decreto colisiona con los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras.
El decreto aprobado por el Gobierno Vasco responde más a criterios economicistas y de calendario legislativo que a criterios dirigidos a garantizar la calidad en la asistencia, velando por los derechos de las personas usuarias y personas trabajadoras.
Este decreto va continuar generando conflicto entre quienes tienen la obligación de garantizar los derechos fijados en la ley de servicios sociales y las personas usuarias y profesionales de los mismos.
Si analizamos la edad y el género de forma conjunta, en todas las franjas de edad son mayoría las mujeres, excepto entre las y los menores de 25 años. La diferencia más grande entre géneros se encuentra en el intervalo de edad de entre 30 y 44 años, ya que en éste el 61,49% de las personas desempleadas es mujer.
En lo que respecta a la calidad del empleo, se imponen la temporalidad y la inestabilidad. Los contratos indefinidos de junio (último mes del que se disponen datos) sólo han supuesto el 4,23% del total. Los de obra o servicio han supuesto el 27,34% y los eventuales por circunstancias de la producción han ascendido al 49,74%. En la CAV, el propio Consejo de Relaciones Laborales alertaba en su último informe de los riesgos de este enquistamiento de la temporalidad, lo que supone además un obstáculo para conseguir un empleo estable y una vida digna por parte de los y las trabajadoras.
Tal y como hemos denunciado más de una vez, el proceso de precarización de las condiciones y de vida y trabajo sigue adelante en Euskal Herria. Los planes de empleo de las instituciones públicas no son capaces de cambiar la situación, más aún, parece que el papel de las instituciones se limita a ofrecer datos estadísticos, como si fueran notarios de la precariedad.
Ante esta situación, es fundamental reforzar la acción sindical. Junto con la activación de conflictos laborales concretos que se están extendiendo a nivel local, LAB propone una respuesta sindical y social general, ya sea para reivindicar otro tipo de políticas de empleo o para pedir la capacidad legislativa necesaria para hacerlas realidad.
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 20 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona está ahora resolviendo las demandas en torno al grado por parte del personal con contrato administrativo. Ayer, 1 de agosto, falló a favor de la demanda que LAB interpuso en nombre de dos personas trabajadoras de Osasunbidea.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona ha estimado la demanda interpuesta por LAB en nombre de dos personas contratadas administrativas. LAB interpuso la demanda el 10 de abril de 2017, y la sentencia hecha pública hoy estima íntegramente el reconocimiento y abono del complemento retributivo del grado con efectos retroactivos de cuatro años.
Han pasado casi 18 años desde que Afapna, CCOO, ELA y UGT firmaron con UPN que el personal contratado no cobrara grado, antigüedad, ni ayuda familiar. Con el paso de los años poco a poco hemos ido logrando el reconocimiento de algunos de estos conceptos y ha sido ahora, cuando desde Europa, han dictado en favor de la equiparación del personal contratado con el funcionariado.
En el periodo que va desde la firma de ese acuerdo hasta el 2017, LAB ha acudido en numerosas ocasiones a la justicia navarra solicitando el cobro del grado para el personal temporal de la Administración, pero únicamente hemos recibido negativas. Hemos tenido que esperar a que el tribunal europeo se pronuncie, pero tras ese dictamen, es ahora cuando la demanda sindical está dando sus frutos en los juzgados. A este respecto, cabe recordar que la demanda del sindicato ANPE fue la que propició que el juez navarro presentase una "cuestión prejudicial" en el TJUE para preguntar sobre este caso. Seguidamente fue LAB quien interpuso una demanda en esos términos y el juez, tal y como hiciera con la primera demanda en diciembre de 2017, suspendió en enero del 2018 la nuestra a la espera de la sentencia que debía dictar el TJUE. Este se pronunció el 20 de junio pasado, atendiendo a la demanda que solicitaba acabar con la grave situación de desigualdad que padece todo el personal contratado administrativo. Este fallo reanudó los procesos abiertos en Pamplona. De esta forma, el pasado 30 de julio se hizo público el dictamen referente a la demanda de ANPE, y el 1 de agosto ha sido el turno de la demanda interpuesta por LAB.
Siguientes metas: grado para todo el personal contratado y carrera profesional
Ahora se abre la vía para la negociación en mesa general, ya que el siguiente paso que queda por dar es el de la extensión del pago del grado a toda la plantilla contratada. Ya en 2002 LAB fue la única fuerza sindical que se opuso al texto firmado por UPN con la mayoría sindical de entonces (Afapna, CCOO, ELA y UGT), y a día de hoy seguimos trabajando y peleando en la misma línea de entonces, la que busca la mejora de las condiciones laborales y retributivas para toda la plantilla pública. Gracias a los logros que estamos obteniendo, esta línea mantiene una dirección ascendente que, en opinión de LAB, debe continuar con la consecución de la carrera profesional para todo el personal público.
Cronología del proceso de demanda del grado
(* Las fechas de las sentencias corresponden al día de su publicación).
– Diciembre de 2016: LAB acude a la Comisión Europea solicitando el pago del grado para el personal temporal.
– Principios de 2017: el sindicato ANPE presenta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona una demanda de cobro del grado para una persona contratada administrativa.
– Abril de 2017: LAB presenta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona una demanda de cobro del grado para dos personas contratadas administrativas.
– Diciembre de 2017: el juez de Pamplona traslada, debido a la demanda de ANPE, una cuestión prejudicial al TJUE para asesorarse acerca del particular.
– Enero de 2018: el juzgado de Pamplona suspende la demanda de LAB hasta que el TJUE se pronuncie.
– 20 de junio de 2019*: el TJUE sentencia que las personas con contratos administrativos tienen derecho a cobrar el grado.
– 30 de julio de 2019*: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona, con la sentencia europea en la mano, publica la sentencia favorable a la demanda del sindicato ANPE.
– 1 de agosto de 2019*: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pamplona, con la sentencia europea en la mano, publica la sentencia favorable a la demanda de LAB.
![[BULETIN MOREA]: Aquí tenéis el número 1 del boletín de la Secretaría Feminista](https://www.lab.eus/wp-content/uploads/2019/08/materiala_argazkiak_Arloak_emakumeak_berdintasuna_19_08_01_BuletinMorea_Buletin_Morea_ES.png "[BULETIN MOREA]: Aquí tenéis el número 1 del boletín de la Secretaría Feminista")
La Secretaría Feminista de LAB ha publicado el número 1 de su publicación Buletin Morea coincidiendo con la finalización del curso.
Tras la publicación en enero del 2019, del número 0, en este 1er número se tratan diferentes temas como el fraude los planes de igualdad, la cotización de las jornadas a tiempo parcial, además de un editorial sobre la Huelga Feminista del 8 de marzo y una entrevista a la activista feminista y trabajadora sexual Paula Ezkerra.
Hoy, 30 de julio, se ha reunido la mesa negociadora del metal de Araba y en ella, aunque SEA se hubiera comprometido a presentar una nueva propuesta, no ha traído más que una simple adaptación de su plataforma inicial, ya que únicamente ha recogido los puntos que ya había mencionado en anteriores reuniones. Ante esto, LAB exige a SEA que traiga verdaderos contenidos a la mesa, de cara a dar respuesta a las necesidades que hay en el metal de Araba.
En la reunión de hoy, SEA ha presentado una adaptación de su plataforma inicial. Hay que recordar que en la anterior reunión, los representantes de SEA recalcaron la necesidad de que se reuniera la mesa antes de agosto para presentar una nueva propuesta. Sin embargo, esa propuesta se ha quedado en nada, ya que no es más que un simple resumen de los puntos ya mencionados en anteriores reuniones.
Así, en su “nueva propuesta”, SEA mantiene “desaparecido” el año 2018 (el anterior convenio finalizó en 2017), continúan las subidas salariales limitadas, la jornada laboral altísima, la flexibilidad, etc., y ni siquiera menciona medidas para acabar con el fraude y la discriminación en la contratación, la subrogación de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas o propuestas para no perder la vida ni la salud en el trabajo,…
A la vista de todo ello, LAB rechaza absolutamente este propuesta y exige a SEA que traiga, de una vez, verdaderos contenidos a la mesa negociadora, de cara a responder a las necesidades que existen en el metal de Araba. Éste es, precisamente, el objetivo de LAB, y para ello estamos llevando las reivindicaciones del sector a las empresas, a las calles y a la mesa negociadora.
LAB advierte de que en las sustituciones de verano de Osakidetza, vuelven a darse pasos atrás en el reto de normalizar el uso del euskara en dicha entidad.
Recientemente, los Ayuntamientos de Zumaia, Getaria, Zestoa y Aizarnazabal, junto con UEMA, la mancomunidad de municipios euskaldunes, han denunciado públicamente que para realizar las sustituciones de personal médico de sus municipios Osakidetza ha contratado a una persona que no sabe euskara y en consecuencia, los derechos lingüísticos de las personas usuarias y la calidad de la atención sanitaria de estos municipios mayoritariamente euskaldunes se han visto afectadas.
Queremos señalar que casos como el que se ha denunciado desde los mencionados municipios son habituales en Osakidetza, y no solo en las categorías médicas, sino que en el resto de categorías se dan pasos atrás en lo que respecta al uso del euskara. Esto ocurre a lo largo de todo el año agravándose en verano, ya que el número de sustituciones también se incrementa.
En Bizkaia también se dan casos similares. Por ejemplo, Osakidetza ha contratado personal médico sin requisito de euskara en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Durango y ha hecho lo mismo con personal de enfermeríca en el PAC de Ondarroa. En el caso de auxiliares administrativos, podemos encontrar personal sin requisito de euskara en admisión del Hospital de Cruces, en el centro de salud de Castaños, en Portugalete, en el de Cabieces, en Santurtzi y en el de Ortuella. Estos últimos nos parecen especialmente graves, ya que se trata de contratos de entre 2 y 3 meses. En Araba, también ha contratado auxiliares administrativos sin conocimiento de euskara en el call center que ofrece atención telefónica.
En bastantes ocasiones los empleos con requisito de euskara se cubren con personal sin conocimientos de euskara, algo que muchas supone supone pasos atrás en la normalización del euskara, ya que el personal euskaldun se sustituye a menudo por personal no euskaldun. Estas situaciones también ocurren en municipios netamente euskaldunes y también en servicios de información ciudadana, que según la normativa de Osakidetza de mayor prioridad en lo que al euskara se refiere, ya que aquí, todos los puestos tienen establecida la condición de conocer el euskara.
En lo que respecta a que ocurran estas vulneraciones de derechos, Osakidetza suele señalar diferentes excusas. Una de las más habituales es la falta de personal euskaldun en numerosas categorías profesionales. En opinión de LAB, esta falta de personal en algunas categorías, como la del personal médico, es algo que viene de lejos y por lo tanto, las necesarias medidas para solucionar este problema deberían haberse tomado hace tiempo, junto con la universidad. Por desgracia, áun no se ha adoptado ninguna de estas medidas. En otras categorías, como las relativas a personal administrativo, para solucionar la fatla de profesionales euskaldunes sería suficiente con abrir las listas.
Otra de las razones para dar pasos atrás en materia de euskara en las sustituciones es la contratación eventual a la que recurre Osakidetza. Con este tipo de contratación no se sustituyen puestos concretos, sino que se utiliza para cubrir los diferentes huecos que puede haber en los servicios. Por desgracia, y tal y como se demuestra en el informe que ha realizado LAB recientemente, Osakidetza recurre a este tipo de contratación de forma masiva y sin justificación, y también para sustituir puestos concretos o cubrir necesidades estructurales. Como la exigencia de euskara solo es para puestos concretos, resulta habitual que debido al uso masivo de la contratación eventual, no pedir requisito de euskara en las sustituciones que se realizan para llevar estos huecos. El uso injusto de este tipo de contratación, además de afectar al proceso de normalización del euskara, también precariza las condiciones laborales de la plantilla, ya que en muchas ocasiones, un contrato digno que debería ser para cubrir un puesto estable y estructural se convierte en una serie de contratos cortos que puede ser cortada en cualquier momento,
LAB pide nuevamente a Osakidetza que tengan en cuenta los derechos de la plantilla, la calidad del servicio sanitario y la normalización del euskara en las sustituciones temporales.
