LAB está llevando a cabo una campaña denominada “Cuida el cuidador”, cuyo objeto es la defensa de los derechos de los y las trabajadoras de servicios sociales, especialmente las dedicadas a tareas de cuidados. El sindicato reivindica más personal en el sector, junto con un mayor respeto a la salud de los y las trabajadoras, porque así se conseguiría una óptima calidad en los servicios y un entorno laboral saludable. Hoy, además de pedir nuevas leyes de ratios, LAB ha presentado denuncias en Bilbo y Donostia, en Inspección de Trabajo, ante las vulneraciones de la ley de prevención de riesgos laborales que se dan en el sector.
Los Servicios Sociales son un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar las condiciones de vida de las personas. El eje de los mismos, son las personas que en su desempeño, educan, acompañan, colaboran, interactúan, asisten, y cuidan a las personas receptoras de dichos servicios.
La ley de Servicios Sociales de Euskadi y la ley foral de Nava-rra de Servicios Sociales atribuyen a las instituciones públicas las competencias en esta materia, de forma que se asegure el adecuado funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales. Lamentablemente, han optado mayoritariamente porlagestiónprivada delosServiciosSociales,relegandosu responsabilidad en las empresas gestoras, las cuales priman los bene cios sobre el Derecho subjetivo a recibir un servi- cio de calidad y de los Derechos laborales de las personas trabajadoras.
La situación de deterioro del conjunto de los servicios sociales es alarmante, tanto en el plano laboral como asistencial. Rit- mos de trabajo insostenibles, tiempos insu cientes de aten- ción, sobreesfuerzos, estres, agresiones verbales y físicas, nulo reconocimiento del trabajo realizado, eventualidad, jornadas parciales, disponibilidad total, turnicidad, trabajo en solitario y sin los recursos necesarios… La de ciente calidad en la aten- ción de los servicios existente, recae en las precarias condicio- nes laborales de las personas trabajadoras.
La irresponsabilidad institucional, la falta de una regulación adecuada y la gestión de las empresas privadas, generan la con uencia de todos los factores que determinan la precarie- dad en el empleo, adoptando especial relevancia, la insu – ciencia de personal como factor clave. Esto es, los actuales
ratios de atención, se encuentran en el origen de una de las mayores lacras en la prestación de los servicios sociales, impo- niendo un entorno laboral en el que las personas trabajadoras se encuentran permanentemente expuestas a severos riesgos laborales.
La norma, establece la obligación de garantizar un entorno laboral libre de daños para la salud de las personas trabaja- doras. Identi cando, eliminando y evaluando aquellos riesgos que no se puedan eliminar para adoptar las medidas preven- tivas adecuadas.
Todas las personas que trabajamos en los servicios sociales, bien sean, centros residenciales para mayores dependientes, servicios de intervención social, diversidad funcional, servicio de ayuda a domicilio, servicio de teleasistencia, conocemos de primera mano los riesgos existentes. Los padecemos, los tenemos identi cados. Sin embargo, ni se garantiza, ni se pro- mociona lo más mínimo nuestra salud en el desempeño de nuestras funciones.
Desde el Sindicato LAB, llevamos denunciando esta situación estructural desde hace años. Cabe recordar, que recogimos más de 14.000 rmas que avalaban una demanda mayoritaria entre las personas trabajadoras. La necesidad de una regula- ción adecuada para el conjunto de servicios sociales en la que se incluyeran unas ratios de atención su cientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una or- ganización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias, es decir, a la calidad exigible y a los De- rechos laborales de las personas trabajadoras y la garantía y promoción de la Salud de las personas trabajadoras.
A día de hoy, ambos Gobiernos continúan enrocados en el incumplimiento. El Gobierno Navarro, solo ha regulado los centros residenciales de la tercera edad mediante un Acuerdo Marco y el Gobierno Vasco, solo ha elaborado un borrador de Decreto para los centros residenciales de la tercera edad, sin la participación de los y las trabajadoras y sin avances en lo que respecta a las ratios de atención. Una vez más, han prima- do criterios economicistas a criterios de calidad en la atención y en las condiciones laborales.
Los y las compañeras del Sindicato LAB, en los diversos servi- cios sociales y al objeto de garantizar un entorno laboral libre de daños para la salud y exigiendo más personal como par- te fundamental en la solución, y en el ejercicio de nuestras funciones y obligaciones, hemos efectuado alegaciones en materia de salud laboral, en la totalidad de centros a los que hemos podido llegar. Podemos decir, con total nitidez, que no existe ni un solo centro que cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los riesgos inherentes a la actividad que realizamos ni se iden- ti can, ni se evalúan correctamente. No se utilizan métodos adecuados para determinar el nivel de daño por la exposición que supone el desempeño de nuestras funciones. En pocos centros se han efectuado evaluaciones de riesgos psicosocia- les y en los que se han efectuado, no se han implantado medi- das preventivas o las implantadas no son e cientes. En lo que respecta a los riesgos ergonómicos, no existen evaluaciones especí cas. Los riegos por movilidad de personas, se recogen en evaluaciones generales, iniciales y utilizando métodos destinados a otro tipo de actividades. Hay que señalar que el
conjunto de los servicios sociales, es un sector altamente femi- nizado y que esta circunstancia no se tiene en cuenta.
A su vez, es absoluto la ausencia de planificaciones preven- tivas, negociadas en los Comités de Seguridad y Salud, con proyección a la adopción de un conjunto de medidas preven- tivas, tasadas, programadas, sujetas a control y seguimiento y cuya nalidad sea eliminar dichos riesgos.
La ausencia de actuaciones preventivas en el conjunto de los servicios sociales es total y por lo tanto, el incumplimiento re- iterado por parte de las empresas. El resultado, todas las per- sonas trabajadoras las conocemos. Las mismas se encuentran transcritas en los informes de incidentes y siniestralidad. Altos índices de siniestralidad directa y reconocida, por daños mus- culo-esqueléticos y agresiones, así como el alto índice de ba- jas por los mismos motivos, aunque no se reconozca su origen profesional. El aumento de personas aptas con límitaciones por causas relacionadas por el trabajo, se reconozca o no, es un re ejo de esta dramática situación.
Los y las compañeras del Sindicato LAB, vamos a denunciar en Inspección de Trabajo este conjunto de irregularidades, para que se integre la salud laboral en la política de las empresas. A su vez, interpelaremos a las instituciones titulares de los ser- vicios, como responsables de esta situación.
El establecimiento de unas ratios de atención adecuadas, debe integrar la garantía en la calidad del servicio, unas ópti- mas condiciones laborales y que la prestación del servicio, no suponga ningún daño a la salud de las personas trabajadoras.
