Sin entrar a valorar lo ridículo que resulta denominar a una campaña “DTP, tu vacuna contra contra los riesgos laborales” con una patronal, CEN, cuya decisión es imponer la precariedad en el trabajo para obtener el máximo beneficio posible; desde el sindicato LAB consideramos un auténtico fraude volver a instaurar la figura del Delegado Territorial de Prevención con el dinero de todos los navarros y navarras.
Hoy entendemos mucho mejor la posición política de la CEN negándose a firmar un acuerdo interprofesional en el marco del Consejo Navarro de Salud Laboral que de verdad y de manera eficaz diera funciones a trabajadores públicos. No quieren dar una solución real a la precariedad, riesgos laborales y enfermedades profesionales existentes en las empresas que hacen que los y las trabajadoras no tengamos derecho a volver con vida a nuestras casas.
Con este acuerdo alcanzado los sindicatos UGT y CCOO se pliegan una vez más a los intereses de la patronal a través de una figura que durante años ha fracasado en sus objetivos porque no cuestiona la política de precariedad de la CEN y lo único que hace es financiar con dinero público las estructuras de estos sindicatos y patronal.
Desde el sindicato LAB consideramos lamentable y propio del Régimen que el Gobierno de Navarra financie esta figura con 400.000€ apostando por un modelo que no defiende la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras navarras, y sí los intereses corporativos de la CEN, UGT y CCOO.
Alternativa
Tal y como hemos defendido siempre desde el sindicato LAB, el Gobierno de Navarra tiene que poner todos los medios públicos y medidas necesarias para hacer frente a la precariedad, la siniestralidad y enfermedades profesionales que se dan en las empresas, y para ello debe defender y reivindicar sus competencias, así como las prioridades navarras. En este sentido, reivindicamos una supervisión e inspección por parte del ISPLN, con personal formado y no solo a modo de asesoramiento sino también con competencias sancionadoras.
Esta postura se ha visto ratificada con la sentencia 131/2018 del Juzgado Central Contencioso Administrativo N.º 4 que analiza la impugnación por parte del Gobierno de Navarra del “Acuerdo de 21 de julio de 2017 del Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que se convocan subvenciones destinadas a la realización de acciones intersectoriales para el año 2017 en el ámbito de la prevención de riesgos laborales” destinadas entre otros a UGT, CCOO y CEN.
Dicha sentencia confirma las competencias navarras en materia de prevención de riesgos laborales. Una cuestión competencial que obviamente tiene su trascendencia en Navarra ya que limita la estatalización y centralización de los recursos económicos en este ámbito, es decir, en la ejecución de la legislación laboral en materia de seguridad y salud laboral, y por tanto en el ámbito de las subvenciones (que claramente se incluyen en la ejecución de competencia referida).
La sentencia que se limita al caso presente, constituye un precedente importante para delimitar y acotar la centralización en esta materia, cuestión que se extiende más allá del ámbito específico de las subvenciones y por tanto extrapolable a otras materias más específicas del mismo campo.
El sentido de esta sentencia y el conocimiento de la misma por parte del Gobierno de Navarra hace todavía más inexplicable su postura.
Es hora por tanto de defender las competencias navarras en todos los ámbitos de salud laboral estableciendo medios y acciones que respondan a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras navarras.
