El mapa de las residencias de Bizkaia pone en evidencia que el interés de la Diputación, titular del servicio, no es garantizar un servicio de calidad para los residentes que mejore su autonomía y calidad de vida, sino otorgar la gestión a empresas privadas que convierten en beneficio la necesidad ajena.
La Diputación de Bizkaia es la titular de los servicios residenciales. A pesar de la titularidad pública de los mismos, la Diputación ha minimizado el número de residencias públicas a favor de las de gestión privada. Hoy en día, de las 186 residencias con las que cuenta Bizkaia, solo 33 son públicas y la mayoria son municipales.
Este hecho debería llamarnos poderosamente la atención, ¿cómo, a pesar de ser un servicio de titularidad pública, la mayor parte de los centros son de gestión privada? ¿Qué significa para los centros que esto sea así? La Diputación invierte dinero público en la creación de centros que luego ofrece a la gestión privada. Terreno público, inmueble público, para un negocio privado.
Son empresas privadas que ponen por delante de todo el lucro ecónomico antes de la calidad de vida de las residentes. Empresas que sacan beneficio de un personal insuficiente, que carga en sus hombros el sostenimiento del cuidado de muchas personas dependientes.
Como ya hemos denunciado en múltiples ocasiones, las y los trabajadores de las residencias se ven obligados a trabajar con unos ritmos insoportables, con cargas de trabajo imposibles de gestionar y en situaciones que vulneran su salud laboral. En 2016, el sindicato LAB comenzó una recogida de firmas poniendo la atención en la necesidad de renovar las ratios de personal en los servicios sociales.
Llevamos años exigiendo la necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de servicios sociales en la que se incluyeran unos ratios de atención suficientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias, es decir, a la calidad exigible y a los derechos laborales de las personas trabajadoras y la garantía y promoción de la salud de las personas trabajadoras.
Estuvimos en el Parlamento defendiendo que unos servicios de calidad pasaban obligatoriamente por aumentar el número de trabajadoras y trabajadores que los ofrecen. A pesar de todo esto, el pasado 31 de julio el Gobierno Vasco aprobó el nuevo decreto de centros residenciales que regula la nueva ratio de personal exigible a las residencias. Hemos denunciado en muchas ocasiones que el nuevo decreto ahonda aún más en la precariedad del sector que tiene carácter estructural y que los titulares del servicio quieren convertir en algo circunstancial. Cuando el personal que atiende en las residencias no es suficiente, no se garantiza un buen servicio, ni la calidad asistencial, ni la salud de las trabajadoras que siempre pagan con su esfuerzo, lo único que mejora es el beneficio del negocio del cuidado.
Señalamos a los titulares públicos como responsables de esta situación. Son muchos años los que llevamos reclamando que la verdadera solución está en ofrecer un servicio público, gratuito, universal y suficiente que ponga en el centro el cuidado de los residentes y de las y los trabajadores que llevan a cabo esta tarea tan esencial y se aleje del negocio en el que pretenden convertir las vidas de las personas dependientes.
