Nos hemos concentrado ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbo con motivo de la aprobación, el pasado 30 de julio, del decreto de residencias de mayores de la CAV. Hemos valorado el decreto, denunciando que mantiene la precariedad tanto en atención como en condiciones laborales.
LAB realiza la siguiente valoración al decreto de centros residenciales para personas mayores de la CAV aprobado por el Gobierno Vasco el 30 de julio del 2019.
Los servicios sociales son un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar las condiciones de vida de las personas. El eje de los mismos son las personas que en su desempeño, educan, acompañan, colaboran, interactúan, asisten y cuidan a las personas receptoras de dichos servicios.
La ley de servicios Sociales de la CAV atribuye a las instituciones públicas las competencias en esta materia, de forma que se asegure el adecuado funcionamiento del sistema público de servicios sociales. Lamentablemente, han optado mayoritariamente por la gestión privada de los mismos, relegando su responsabilidad en las empresas gestoras, que priman los beneficios sobre el derecho subjetivo a recibir un servicio de calidad y de los derechos laborales de las personas trabajadoras.
La situación de deterioro del conjunto de los servicios sociales es alarmante, tanto en el plano laboral como asistencial. Ritmos de trabajo insostenibles, tiempos insuficientes de atención, sobre-esfuerzos, estrés, agresiones verbales y físicas, nulo reconocimiento del trabajo realizado, eventualidad, jornadas parciales, disponibilidad total, turnicidad, trabajo en solitario y sin los recursos necesarios… La deficiente calidad en la atención de los servicios existente recae en las precarias condiciones laborales de las personas trabajadoras.
LAB lleva denunciando esta situación estructural desde hace años. Cabe recordar que recogimos más de 14.000 firmas que avalaban una demanda mayoritaria entre las personas trabajadoras. La necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de servicios sociales en la que se incluyeran unas ratios de atención suficientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias, es decir, a la calidad exigible y a los derechos laborales de las personas trabajadoras y la garantía y promoción de la salud de las personas trabajadoras.
En ese sentido, el Parlamento de Gasteiz instó al Gobierno, el 9 de febrero del 2017, a que cumpliese la proposición no de ley 90/2016. En ese sentido, pedimos:
1.- Actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales, donde se regulen, además de los ratios y otras cuestiones inherentes al personal, los requisitos funcionales y materiales que deben cumplir esos centros y servicios, todo ello en consonancia y coherencia con las actualizaciones del propio sistema vasco de servicios sociales, y a presentar el borrador de los mismos en el plazo de tres meses en el Parlamento. En ese proceso, se priorizará el borrador de decreto que actualice los ratios que regulan los centros y servicios destinados a las personas dependientes para su adecuación a la situación actual, por su repercusión en la calidad del servicio que se oferta y en las condiciones de vida de las personas atendidas en esos centros.
2.- A que, en la elaboración de dichos decretos, se cuente con la participación técnica de los tres niveles institucionales, de las entidades sociales del sector y de representantes de las personas usuarias y del personal laboral, de manera que se dé respuesta a las nuevas necesidades sociales y se garantice una atención de calidad a todas las personas que cumplan los requisitos de acceso a las prestaciones y servicios del catálogo de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales.
3.- Tanto el Gobierno Vasco como el resto de instituciones públicas, velen y se impliquen en el ámbito de la contratación pública, en aras a garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas que trabajen en dichos servicios.
El Decreto para los centros residenciales de personas mayores aprobado por el Gobierno Vasco ha sido elaborado sin la participación de los y las trabajadoras y sin tener en cuenta las alegaciones de las personas usuarias, dando la espalda a la mayoría del Parlamento de Gastez, a las personas usuarias y las personas profesionales.
Los centros residenciales para personas mayores constituyen un recurso para personas dependientes, las cuales tienen Derecho a un conjunto de prestaciones dadas las limitaciones para hacer frente a las actividades básicas de la vida diaria.
Estas prestaciones, son un conjunto de servicios efectuados por personal profesional en los Centros residenciales. Por lo tanto, el número de profesionales y el tiempo dedicado a las personas usuarias, determinan el grado de cumplimiento con los derechos de las personas usuarias, la calidad del servicio prestado y los derechos de las personas trabajadoras.
Las ratios de atención fijada en el decreto de centros residenciales para personas mayores aprobada por el Gobierno Vasco no suponen ningún avance en este sentido. No supone ningún aumento de personal y no establece una ratio de carácter presencial y por categorías. Cabe citar, que el informe jurídico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, advertía de la falta de justificación y objetivación para el establecimiento de las ratios fijadas.
Las ratios de atención impuestas en el decreto, impiden el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y condenan a las personas trabajadoras a ritmos y cargas de trabajo que vulneran sus derechos laborales. Todas las personas usuarias y trabajadoras son conocedoras de ello. LAB recuerda que registró en el mes de junio decenas de denuncias en inspección de trabajo por los incumplimientos en materia de salud laboral por la permanente exposición a riesgos de carácter psico-social y ergonómico en la que se encuentran las personas trabajadoras y las graves consecuencias que tiene.
El decreto colisiona con los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras.
El decreto aprobado por el Gobierno Vasco responde más a criterios economicistas y de calendario legislativo que a criterios dirigidos a garantizar la calidad en la asistencia, velando por los derechos de las personas usuarias y personas trabajadoras.
Este decreto va continuar generando conflicto entre quienes tienen la obligación de garantizar los derechos fijados en la ley de servicios sociales y las personas usuarias y profesionales de los mismos.
