LABLangile Abertzaleen Batzordeak

"Estamos viviendo una situación excepcional. Lo que estamos viviendo no es sólo una crisis de salud pública. El que está enfermo es el sistema económico imperante, un capitalismo salvaje donde prima la lógica del mercado y el beneficio rápido".

Son palabras de Garbiñe Aranburu, realizadas en la comparecencia de hoy vía Streaming. Ha remarcado que el actual modelo tiene carencias para afrontar la actual situación de emergencia por 4 razones principales:

-Crisis de cuidados: los trabajos de cuidados no han sido reconocidos y no se han resuelto de manera correcta.

-Recortes en servicios públicos, también en la sanidad pública. Ahora empezamos a padecer las consecuencias y se constata la necesidad de un plan de choque para reforzar la sanidad pública.

-Economia globalizada que impulsa la precarización laboral y social, una economía que compite en costes, en vez de apostar por una economía más local y por el empleo de calidad.

-Un modelo neoliberal que apuesta por la individualización de las relaciones laborales y sociales, rompiendo vínculos sociales.

“Estamos en guerra” ha declarado Macron. El Gobierno de Sanchez ha decretado el Estado de Alarma. "Esta emergencia se está utilizando para reforzar la unidad nacional al servicio del Capital", ha advertido.

En palabras de Garbiñe Aranburu, "la prioridad debe ser garantizar la salud de las personas y una vida digna a las personas, tanto a corto como a largo plazo. No podemos olvidar que este año ya está siendo especialmente sangrante para las y los trabajadores. En lo que llevamos de año ya han fallecido 16 personas en accidente de trabajo. Y en estos días de excepcionalidad tampoco nos olvidamos de Alberto y de Joaquin que siguen sepultados entre escombros y basura. Ya llevan un mes y 9 días desaparecidos".

Otros muchos van a fallecer enfermedades profesionales. Y ahora el coronavirus: "Desde las instancias sanitarias se nos dice que la prioridad es evitar que se propague el virus. Para ello, insistimos que es urgente parar toda aquella actividad económica que no suponga un servicio esencial para la ciudadanía".

Según denuncia la secretaria general de LAB, "han sacado a la policía y también al Ejército para vigilar y limitar nuestra capacidad de movimiento hasta el extremo. Pero mientras tanto, muchas empresas mantienen la producción por encima de cualquier otra consideración. Ante las denuncias que estamos metiendo, ni Osalan, ni el INSL, ni la Inspección de Trabajo son capaces de parar la actividad ante un riesgo y probabilidad seria y grave de contagio".  

Mantener la actividad de las empresas sin las medidas preventivas adecuadas es una gran irresponsabilidad. En las empresas donde no se garantiza la prevención la situación es insostenible y muy tensa. Y ante está crisis tampoco estamos en las mismas condiciones. Hay mujeres que tienen que seguir trabajando porque el suyo sí que es un trabajo esencial: trabajadoras del hogar, de las residencias, ayuda a domicilio, limpiadoras, trabajadoras de supermercados… pero lo están haciendo sin las medidas preventivas necesarias.

Toda aquella persona que está trabajando sin las medidas preventivas adecuadas, está poniendo en riesgo su salud y la de los demás: "Esto es algo que como sociedad no nos podemos permitir, no podemos naturalizar una situación donde nos puedan multar por dar una pequeña vuelta con los hijos y que las empresas sigan trabajando en estas condiciones".

En palabras de Gabiñe Aranburu, "las empresas que han parado la actividad lo han hecho por la presión sindical y la presión de las y los trabajadores. No nos queda otro camino que seguir luchando. Se debe parar toda producción que no sea esencial ante un confinamiento hecho a la medida de la patronal".  

En las empresas, si no se garantiza nuestra salud, "nos plantaremos y utilizaremos todos los instrumentos jurídicos y de acción sindical a nuestro alcance para garantizar la salud de las y los trabajadores".

Durante los últimos días constantemente se está apelando a la responsabilidad individual de las personas, y la ciudadanía está respondiendo de manera ejemplar. La hostelería, el pequeño comercio, pequeños negocios… Han tenido que cerrar y, en muchos casos, lo han hecho incluso antes de ninguna prohibición, por pura responsabilidad. "Pero, ¿dónde queda la responsabilidad social que tienen las empresas? La CEOE, CONFEBASK, CEN, quienes representan los intereses de las grandes empresas, no asumen ninguna responsabilidad y, además, están intentando trasladar el coste de esta crisis a las y los trabajadores y a las arcas públicas", ha criticado. 

En opinión de la secretaria general, "el Gobierno de Gasteiz y el de Iruña deberían plantear modificaciones en la política fiscal para que parte de esta crisis también recaiga en la patronal, para que quien más tiene pague más. Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno de Sanchez se quedan cortas. Se sigue manteniendo la actividad económica; se facilita a las empresas que puedan presentar ERTEs y a éstas no les supone ningún coste añadido porque no tienen que complementar; no hay medidas para garantizar que no se va a destruir empleo; no hay permisos retribuidos para los cuidados de hijos e hijas que están en casa".

Las consecuencias de la crisis de 2008 las ha pagado la clase trabajadora: "No vamos a permitir que ocurra otra vez. En Euskal Herria venimos de una Huelga General por un empleo, unas pensiones y una vida dignas. Y ese es camino a seguir: intensificar nuestra lucha por un nuevo modelo económico y social".

Tal y como ha anunciado el propio gobierno a través de su presidenta María Chivite, dichas medidas se articulan en tres líneas principales: la creación de un fondo con 100 millones de euros, ampliables si fuese necesario; el establecimiento de líneas específicas para ampliar la concesión de créditos hasta 30 millones, y avales a las empresas hasta 40 millones; y, por último, la movilización de todos los recursos públicos humanos y presupuestarios para atender esta emergencia.

Es decir, quedan muy claras cuáles son las prioridades y medidas económicas con respecto al capital y las empresas pero no así con lo destinado a “derechos sociales”, sin ninguna precisión más allá de alusiones genéricas a recursos públicos humanos, salud, educación, políticas sociales, empleo, familias, empresas, pymes, autónomos, los derivados de la conciliación laboral y familiar, protección social y otros gastos ocasionados por el coronavirus.

Ninguna de las medidas que compartimos con el consejero Ayerdi en materia de empleo han sido tenidas en cuenta por el Gobierno de Navarra. No hay ninguna mención a paralizar toda actividad no esencial ni al establecimiento de una licencia retribuida general para garantizar la salud de los y las trabajadoras, y el cuidado de nuestros hijos, hijas y mayores. Tampoco hay nada sobre instar a la patronal para que complemente el 100% de nuestros salarios o evitar la destrucción de empleo.

En materia social más allá de los titularen desconocemos qué medidas concretas se van a adoptar para desarrollar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar los derechos básicos a la vivienda, alimentación, agua, energía, así el resto de libertades y derechos civiles y políticos.

Los trabajadores y trabajadoras navarras no vamos a aceptar que seamos una vez más nosotros y nosotras quienes paguemos la factura de esta crisis y emergencia social. Ya lo hicimos en 2008. Ahora les toca asumir esta responsabilidad a los que más tienen, a las grandes rentas de capital y la patronal. Y para ello exigimos al Gobierno de Navarra que lleve a cabo una reforma fiscal donde se establezca un impuesto a las rentas de capital y a las empresas.

A pesar de que lo llevamos repitiendo todos estos días parece que la presidenta Chivite no ha entendido nada ya que sin ningún rubor nos ha dicho que “hay que seguir trabajando, la economía navarra no tiene que parar”. Estas declaraciones reflejan el carácter capitalista del actual Gobierno de Navarra. Nadie entiende ya, que mientras se toman medidas estrictas para el aislamiento y confinamiento de la población permaneciendo las 24 horas del día en casa para garantizar nuestra salud y evitar la propagación del Covid-19, miles de personas tengan que trabajar poniendo en riesgo su salud, la del resto y tirando por la borda los efectos del ejercicio estricto que supone el confinamiento y el estado de alarma que estamos sufriendo. Hablar de confinamiento y del normal desarrollo de la economía es incompatible.

Señora Chivite es momento de poner en el centro la salud de todos y todas nosotras y no de cuidar al capital y a los de siempre. No hay que seguir trabajando a toda costa para que la economía navarra no pare. Esa no es la prioridad. Lo primero nuestra salud ¡para que ganen nuestras vidas!
 

Tienes que acudir a tu puesto de trabajo, mientras que la empesa no te indique lo contrario; la empresa debe garantizarte en el trabajo las medidas de protección necesarias. Respétalas… hemos lanzado diez recomendaciones a las y los trabajadores ante la situación de alarma generada por el coronavirus..

El Gobierno español ha adoptado algunas medidas para los centros de trabajo, la mayoría en beneficio de la patronal. En lo que respecta a las y los trabajadores, pocas medidas van por el buen camino (ofrecer la prestación de desempleo a las personas que no cumplen con el periodo mínimo o no computar el tiempo que se esté en situación de desempleo) y muchas, la mayoría, se han realizado a la medida de la patronal (se flexibilizan todos los ERTE, enormes partidas de dinero en manos de la patronal para garantizar la liquidez de la empresas). Estas medidas no vinculan a la empresa con actuar en favor de los derechos laborales de las y los trabajadores (limitarse a pedir que no se realicen despidos tiene un corto recorrido si no se establecen medidas para ello), son insuficientes (no se plantea que las empresas complementen la prestación de desempleo durante la duración del ERTE).

En otros países de Europa (Dinamarca, Italia…), el Estado y las y los trabajadores (a través de la prestación de desempleo) garantizan el 75% del salario, mientras que la patronal el 25%, o se han prohibido los despidos. ¿En Euskal Herria? ¿Dónde está la responsabilidad social de la patronal? ¿Dónde está la responsabilidad del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nafarroa? ¿No han interpelado a la patronal? El Gobierno Vasco y el Gobierno de Nafarroa no han concretado ninguna medida para las y los trabajadores. Eso sí, ponen un enorme montante de dinero para la patronal.

Necesitamos medidas que garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores:

-No queremos ERTEs a la medida de la patronal.
-Si hay ERTE, pedimos que se complemente la prestación de desempleo hasta garantizarse el 100% del salario. Debe ser un complemento que pague la patronal, desde hoy mismo.
-Ningún despido.
-Mismas condiciones para las y los trabajadores temporales que para los fijos. No aceptaremos que se den por finalizado los contratos.
-Mismas codiciones para las y los trabajadores subcontratados que para las y los trabajadores de la empresa principal.
-Respetar las vacaciones.
-Fortalecer los servicios públicos y los servicios básicos.
-Permisos remunerados para realizar trabajos de cuidados.
-Derecho de desempleo para las y los autónomos.

Y además de todos esto, se deben tomar medidas estructurales en lo que respecta a los trabajos de cuidados; mientras tanto, se debe realizar un reparto justo del trabajo y que sea pagado.
 

Valoración de Imanol Karrera:

“El pasado viernes 13 de marzo nos reunimos con el consejero de Desarrollo Económico, Manu Aierdi. El motivo de la reunión era hablar de la emergencia social generada por el virus Covid-19. LAB considera que la reunión era absolutamente necesaria y urgente.

Para nuestra sorpresa, el Sr. Aierdi nos dijo que venía a escucharnos. Como le dijimos claramente, en nuestra opinión no era el momento de escuchar. Era el momento de poner en el centro la salud de todos y todas y de establecer un permiso retribuido general para que trabajadores y trabajadoras puedan llevar a cabo los trabajos de cuidados. Era el momento de aprobar una fiscalidad diferente (imponiendo un impuesto a las rentas de capital), era el momento de que las empresas y la administración complementaran el salario de los trabajadores por ERTE, bajas y otras circunstancias. Y así se lo pedimos en la reunión.

En cambio, llegamos a la conclusión de que el Gobierno de Navarra está mirando a Madrid. Está a la espera de las medidas presupuestarias que tomará Madrid. En ese sentido, se ampara en los límites de la ley de estabilidad presupuestaria, y las limitaciones que impone a su disposición dificultan la adopción de medidas.

Aierdi, en declaraciones realizadas ayer [16 de marzo], dijo no entender el cierre de determinadas empresas. Estas declaraciones demuestran claramente que es un mero capitalista. Se están tomando medidas duras para aislar a la sociedad, pero al mismo tiempo se envía a trabajadores y trabajadoras al trabajo sin ningún tipo de medida de protección, ni en el camino ni en el trabajo. Pero el consejero Aierdi no entiende el cierre de empresas que claramente no garantizan la salud de trabajadores y trabajadoras. La salud de los trabajadores no les importa nada en absoluto, ya que ponen por delante el bienestar del capital.

Esta situación es inaceptable. Tanto para proteger la salud de trabajadores y trabajadoras como para ser coherentes con las medidas para limitar la propagación de la pandemia, exigimos a los gobiernos de Navarra y España que pongan Navarra en servicios mínimos: mantenimiento de los servicios básicos (salud, alimentación, limpieza, cuidado de adultos, servicios sociales, energía y agua, transporte público), implantación del teletrabajo en los puestos de trabajo en los que sea posible e interrupción de cualquier otra actividad laboral, sin que suponga coste alguno para el personal. Debe establecerse una licencia general que garantice el 100% del salario para todas aquellas personas -asalariadas, empleadas de hogar o autónomas- que no estén en servicios mínimos ni puedan teletrabajar.

Mientras no se adopte una medida de este tipo, LAB pondrá toda su fuerza para parar los centros de trabajo en ámbitos económicos que no son imprescindibles. En los ámbitos económicos mencionados, nuestros representantes sindicales solicitarán a cada centro de trabajo el cese de su actividad y, en caso contrario, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para defender la salud de trabajadores y trabajadoras. Junto a los recursos que aporta la legislación de Salud Laboral -los representantes sindicales pueden paralizar una actividad que se considera peligrosa, alegando un riesgo grave e inminente-, estamos dispuestos a plantarnos, tal y como hicieron ayer trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas.

También en esos casos, exigiremos a las empresas que no inflijan ningún tipo de perjuicio a trabajadores y trabajadoras como consecuencia de la parada. La vía que preferimos es la de la concesión de permisos retribuidos por parte de las empresas y si se planteara el ERTE les exigiremos que complementen los salarios hasta el 100%.

Todavía no sabemos cuáles van a ser las medidas económicas que va a tomar el Gobierno. Por lo tanto, pedimos que se compartan con nosotros y nosotras. Pero si esas medidas sólo se toman en términos económicos, nos tendrán delante, firmes”.