Desde el sindicato LAB valoramos negativamente por su falta de definición y por resultar absolutamente insuficientes las medidas económicas y de protección social anunciadas por el Gobierno de Navarra. Además, el Gobierno de Navarra no ha compartido previamente con los sindicatos la adopción de estas medidas tal y como se comprometió el consejero de Desarrollo Económico Manu Ayerdi en la reunión del pasado viernes (13 de marzo).
Tal y como ha anunciado el propio gobierno a través de su presidenta María Chivite, dichas medidas se articulan en tres líneas principales: la creación de un fondo con 100 millones de euros, ampliables si fuese necesario; el establecimiento de líneas específicas para ampliar la concesión de créditos hasta 30 millones, y avales a las empresas hasta 40 millones; y, por último, la movilización de todos los recursos públicos humanos y presupuestarios para atender esta emergencia.
Es decir, quedan muy claras cuáles son las prioridades y medidas económicas con respecto al capital y las empresas pero no así con lo destinado a “derechos sociales”, sin ninguna precisión más allá de alusiones genéricas a recursos públicos humanos, salud, educación, políticas sociales, empleo, familias, empresas, pymes, autónomos, los derivados de la conciliación laboral y familiar, protección social y otros gastos ocasionados por el coronavirus.
Ninguna de las medidas que compartimos con el consejero Ayerdi en materia de empleo han sido tenidas en cuenta por el Gobierno de Navarra. No hay ninguna mención a paralizar toda actividad no esencial ni al establecimiento de una licencia retribuida general para garantizar la salud de los y las trabajadoras, y el cuidado de nuestros hijos, hijas y mayores. Tampoco hay nada sobre instar a la patronal para que complemente el 100% de nuestros salarios o evitar la destrucción de empleo.
En materia social más allá de los titularen desconocemos qué medidas concretas se van a adoptar para desarrollar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar los derechos básicos a la vivienda, alimentación, agua, energía, así el resto de libertades y derechos civiles y políticos.
Los trabajadores y trabajadoras navarras no vamos a aceptar que seamos una vez más nosotros y nosotras quienes paguemos la factura de esta crisis y emergencia social. Ya lo hicimos en 2008. Ahora les toca asumir esta responsabilidad a los que más tienen, a las grandes rentas de capital y la patronal. Y para ello exigimos al Gobierno de Navarra que lleve a cabo una reforma fiscal donde se establezca un impuesto a las rentas de capital y a las empresas.
A pesar de que lo llevamos repitiendo todos estos días parece que la presidenta Chivite no ha entendido nada ya que sin ningún rubor nos ha dicho que “hay que seguir trabajando, la economía navarra no tiene que parar”. Estas declaraciones reflejan el carácter capitalista del actual Gobierno de Navarra. Nadie entiende ya, que mientras se toman medidas estrictas para el aislamiento y confinamiento de la población permaneciendo las 24 horas del día en casa para garantizar nuestra salud y evitar la propagación del Covid-19, miles de personas tengan que trabajar poniendo en riesgo su salud, la del resto y tirando por la borda los efectos del ejercicio estricto que supone el confinamiento y el estado de alarma que estamos sufriendo. Hablar de confinamiento y del normal desarrollo de la economía es incompatible.
Señora Chivite es momento de poner en el centro la salud de todos y todas nosotras y no de cuidar al capital y a los de siempre. No hay que seguir trabajando a toda costa para que la economía navarra no pare. Esa no es la prioridad. Lo primero nuestra salud ¡para que ganen nuestras vidas!