2025-12-21
Blog Página 32

Las y los trabajadores de FCC Aqualia Loiu logran un preacuerdo histórico tras 30 días de huelga

El 4 de julio, tras 30 días de huelga indefinida, las y los trabajadores del servicio de aguas de Loiu alcanzaron un preacuerdo con la empresa FCC Aqualia. Mediante este preacuerdo, se pondrá fin a los desequilibrios de años y se garantizarán las mismas condiciones laborales para todos los trabajadores que realizan el mismo trabajo.

Las y los trabajadores han logrado una de sus principales reivindicaciones históricas: la equiparación de las condiciones laborales entre todas las subcontratas del Consorcio de Aguas de Bizkaia. A través del acuerdo, se establece una equiparación inmediata en aspectos relevantes como las dietas, los sistemas de guardias y otras prestaciones. Además, la equiparación salarial completa se llevará a cabo en dos fases: en 2027 y 2028 se alcanzará la equiparación total de los salarios, lo que supondrá en algunos casos un incremento salarial del 42 %. No se trata, por tanto, de un simple acuerdo, sino de un salto cualitativo en las condiciones de vida de las y los trabajadores.

Las y los trabajadores aprobaron el preacuerdo por unanimidad en la asamblea de huelguistas. Tanto la duración de la lucha como la unidad de los trabajadores han demostrado que la organización sindical y la lucha colectiva son caminos fructíferos para lograr cambios reales.

Esta huelga, al igual que muchos otros conflictos en subcontratas en Bizkaia en los últimos años, ha puesto de manifiesto que las actuales políticas de privatización provocan la precarización de quienes garantizan los servicios públicos. No podemos olvidar que la gestión del agua es pública, pero las empresas utilizan la subcontratación para obtener beneficios privados, lo que conlleva una vulneración de los derechos laborales. Esta situación tiene responsables políticos directos, y los trabajadores han dejado claro que seguirán luchando contra esta precarización.

Las y los trabajadores del servicio de Aqualia en Loiu optaron por organizarse con LAB en las elecciones sindicales y tomaron la firme decisión de luchar. Gracias a esta elección, han logrado una mejora significativa de sus condiciones laborales. LAB quiere felicitar a todos los trabajadores por la firmeza y unidad que han demostrado.

Este avance no es casualidad: se ha conseguido mediante organización, compromiso y lucha. Podemos decirlo alto y claro: la lucha merece la pena.

LAB impulsará en otoño movilizaciones e iniciativas para responder a la ofensiva contra el euskera y dar un salto en la euskaldunización de la administración

Las instituciones han comenzado a implantar nuevas convocatorias de empleo con actitud preventiva, condicionadas por la amenaza de los tribunales. Ante ello, más allá de responder a la ofensiva contra el euskera, es necesario modificar la legislación para euskaldunizar la administración, lo que requiere la activación de la ciudadanía. LAB hará su aportación en ello.

La ofensiva política, sindical y judicial contra la euskaldunización de la administración de la CAV, iniciada hace 4 años, no ha cesado en los últimos meses. Así, este curso ha habido al menos 14 sentencias en contra de diversas convocatorias de empleo y leyes de la CAV y otras medidas de fomento del euskera. Es decir, más de una sentencia al mes: esa es la rechazable cadencia de los últimos tres o cuatro años de atentar sin descanso desde los juzgados contra los derechos lingüísticos.

Todas estas sentencias pretenden obstaculizar la plena normalización del euskera en la administración y, en la medida de lo posible, conformar una jurisprudencia que no tiene otro objetivo que el de remover hacia atrás lo avanzado. Aunque para concurrir a todos los puestos de la administración pública es necesario conocer el castellano, las solicitudes de cualquier convocatoria de obras que pretendan equiparar los perfiles de euskera con los de castellano parecen ser “excesivas” e “imposiciones”. Por medio de esa serie de sentencias los jueces están haciendo política lingüística, yendo más allá de sus competencias; una política lingüística judicial glotocida contra el euskera y los derechos lingüísticos de los euskaldunes.

En ese retorcimiento de argumentos, los sectores euskarafobos están planteando una falsa dicotomía entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales, porque los derechos, si son derechos, no se pueden graduar. Reivindicar la vulneración de unos derechos en beneficio de otros no es legítimo ni aceptable, y es grave que ese sea el mensaje de personas y agentes que se consideran progresistas.

Este curso es de destacar que también estamos empezando a conocer las consecuencias y efectos de la ofensiva contra el euskera. Más allá de la cuestión específica que analiza cada sentencia, esta larga sucesión de sentencias está imponiendo un estrecho corsé al actual paradigma de la euskaldunización de la administración, lo que ha llevado a las y los responsables institucionales a tener una actitud preventiva en las nuevas convocatorias de trabajo, conscientes de que el riesgo de ser recurridas es evidente, y con el temor de que, de producirse, la amenaza de recibir una sentencia en contra es casi segura. Es decir, las nuevas convocatorias de empleo y otras medidas relacionadas con la euskaldunización de la administración no se están decidiendo, como hasta ahora, con la perspectiva de dar nuevos pasos en el proceso progresivo de alcanzar una administración bilingüe (y siguiendo la voluntad mayoritaria de este pueblo), sino bajo la amenaza de recibir sanciones por parte de los tribunales. Todo ello no hace sino aumentar la hegemonía del castellano y perpetuar la situación de subordinación que vive el euskera.

La ofensiva no cesará, y esto se está produciendo en un momento crucial del proceso de normalización del euskera, ya que se está poniendo en cuestión todo el proceso de euskaldunización de la administración. Por eso, no basta con hacer frente a la ofensiva y defender el actual modelo de euskaldunización de la administración. LAB considera que hay que transformar el paradigma de euskaldunización de la administración para dar el salto en este ámbito. El nuevo paradigma que defiende LAB va en la dirección de la propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público presentada por EH Bildu. Solo mediante un cambio de ese tipo se le podrá dar seguridad jurídica al proceso de euskaldunización de la administración.

Sin embargo, para la euskaldunización integral de la administración no basta con la vía parlamentaria de modificar la ley. Este objetivo requiere la activación y acumulación de fuerzas de los agentes sindicales, de los agentes que trabajan a favor de la euskaldunización y de la ciudadanía en general. LAB considera que es necesaria una activación y movilización del tamaño de la ofensiva que estamos sufriendo, no sólo para frenar la ofensiva, sino para dar el salto en la euskaldunización de la administración. Así, para contribuir a esta activación, LAB llevará a cabo en otoño una serie de movilizaciones e iniciativas.

Las y los trabajadores de la Oficina de Turismo de Pamplona denuncian la precariedad laboral de la empresa

Desde el sindicato LAB queremos denunciar la situación de precariedad laboral que vienen sufriendo desde hace años las y los trabajadores de la Oficina de Turismo de Pamplona, así como la actitud irresponsable y negligente tanto de la empresa (Dinamic Imizcoz Servicios Culturales) como del propio Ayuntamiento. Esta empresa gestiona el servicio mediante un contrato firmado con el consistorio, y durante todo este tiempo la plantilla ha tenido que desempeñar su labor en condiciones laborales irregulares.

A día de hoy, aunque la mayoría cuenta con contratos a jornada completa, sus trayectorias laborales han estado marcadas por contratos a tiempo parcial, falta de estabilidad y múltiples irregularidades. Además, se les aplica un convenio estatal que no se ajusta ni a las funciones que realizan diariamente ni al coste de vida de Pamplona, dificultando así el acceso a un salario digno.

Desde LAB queremos subrayar que la empresa lleva años sin responder a las demandas de las y los trabajadores, y a menudo ni siquiera ha ofrecido explicaciones mínimas. En algunos casos, la gestión de derechos laborales se ha dejado en manos de personas ajenas a la empresa, lo que ha incrementado en la plantilla la sensación de abandono e informalidad.

En abril de 2024, con el respaldo del sindicato LAB, las y los trabajadores presentaron una solicitud formal para mejorar sus condiciones laborales básicas. Entre otras cuestiones, reclamaban una planificación clara de los calendarios laborales, una revisión de la estructura salarial y la oferta de reconocimientos médicos preventivos. Pese a haber mantenido siempre una actitud constructiva y predispuesta al diálogo, la situación se ha vuelto cada vez más insostenible, con un notable aumento de dimisiones y bajas de carácter psicosocial.

LAB también quiere señalar la responsabilidad directa del Ayuntamiento de Pamplona. Las condiciones laborales están recogidas en los pliegos de condiciones, pero en varias licitaciones la empresa ha dejado fuera a trabajadoras con derecho de subrogación, vulnerando la Ley Foral de Contratos Públicos. El Ayuntamiento, pese a tener conocimiento de esta situación, no ha tomado medidas. Tras años de denuncias, en noviembre de 2024 se publicó un pliego que mejoraba las condiciones de la plantilla. Sin embargo, a raíz de un recurso presentado posteriormente, el Ayuntamiento ha emitido un nuevo pliego en el que se eliminan la mayoría de aquellas mejoras.

Desde LAB lo decimos alto y claro: no se puede sostener un servicio público a costa de la salud, el bienestar y los derechos de las y los trabajadores. Es imprescindible poner fin a los abusos laborales, y tanto la empresa como el Ayuntamiento deben asumir su responsabilidad en la situación actual. Exigimos condiciones laborales dignas, respeto y relaciones laborales basadas en la transparencia y la responsabilidad. Garantizarlo es una obligación de las instituciones públicas. 

LAB advierte que Tasubinsa quiere hacer pagar las consecuencias del cierre de BSH a toda su plantilla

El cierre de la fábrica BSH de Ezkirotz (Navarra) no solo va a afectar a sus 660 trabajadores y trabajadoras, sino también a las plantillas de las empresas auxiliares o de las que tienen alguna línea de producción externalizada. Este último es el caso de Tasubinsa, un centro especial de empleo que tiene a unos cien empleados y empeadas trabajando para BSH. El sindicato LAB ha denunciado que Tasubinsa ha bloqueado la negociación del convenio y que pretende congelar el salario de toda su plantilla.

Representantes de LAB en Tasubinsa han comparecido hoy en Pamplona para denunciar que la empresa está bloqueando deliberadamente las negociaciones sobre la negociación del convenio de empresa ‒aduciendo que no puede negociar por no estar en “buena situación”‒ y dilatando decisiones clave, lo cual genera incertidumbre entre la plantilla. Además, estos y estas representantes han exigido que no se les haga pagar las consecuencias de una crisis que no han provocado, en referencia al cierre de la planta BSH de Ezkirotz de la cual una línea de producción la realizan unos cien trabajadores y trabajadoras de Tasubinsa.

Al parecer, Tasubinsa pretende congelar indefinidamente los salarios ya de por sí precarios de toda su plantilla. LAB exige a la direccion de Tasubinsa y al Gobierno de Navarra ‒como gran financiador de la entidad‒ que se reabran inmediatamente las negociaciones que lleven a la consecución de un convenio digno y que se respeten todos los derechos laborales. De no ser así, los trabajadores y trabajadoras anuncian que se movilizarán y realizarán acciones públicas para visibilizar su situación y reclamar soluciones justas. 

La Inspección de Trabajo confirma que Amazon vulnera el derecho a la salud de las personas trabajadoras

El sindicato LAB interpuso una denuncia contra Amazon en Trapagaran por la vulneración sistemática de los derechos de las personas trabajadoras y de sus representantes en prevención. La Inspección de Trabajo ha dado la razón al sindicato y ha ordenado a la empresa corregir dichas irregularidades. Una vez más, una institución constata que la multinacional incumple la ley, en perjuicio de los derechos y la salud del personal.

Amazon, de forma ilegal, unificaba varios datos en un único documento: el volante para acudir a la mutua, el parte de accidente laboral y el informe de investigación del accidente. Esta práctica ejercía presión sobre las personas trabajadoras y dificultaba el ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria. Además, la empresa valoraba de antemano el origen de los daños para decidir si se trataba de un accidente laboral o no, condicionando así la atención médica.

Según la Inspección de Trabajo, “tipos de información diferentes están unificados en un único fichero”, lo que “dificulta el análisis e identificación de la documentación necesaria por separado”. Como consecuencia, se obstaculiza el derecho a la información y se hace prácticamente imposible el seguimiento eficaz de los daños a la salud.

La Inspección también ha denunciado que la empresa condiciona la entrega del volante para la atención médica a la previa declaración del accidente, lo cual no se ajusta a la normativa aplicable. Tal y como advierte, la empresa debe entregar el volante “de forma inmediata”, sin realizar ningún juicio previo ni valoración sobre la naturaleza del accidente.

Además, la empresa no ha proporcionado a las personas trabajadoras formación actualizada, ni información sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia o accidente. Esto vulnera directamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Inspección de Trabajo ha indicado expresamente que:

  • El volante para solicitar asistencia sanitaria, el parte de accidente y el informe de investigación deben entregarse como documentos separados, no en un único archivo.
  • La empresa no puede decidir si la naturaleza del accidente es laboral o no, y por tanto no puede condicionar la atención médica.
  • No le corresponde a la empresa unificar la documentación, para garantizar el derecho a la información.

Amazon dispone, por tanto, de un plazo de 60 días para corregir estas irregularidades, según la resolución de la Inspección de Trabajo. No es la primera vez que instituciones o tribunales dan la razón a nuestras denuncias:

  • En febrero de 2025, el Juzgado de lo Social de Bilbao anuló una sanción impuesta a un delegado de LAB y condenó a Amazon a pagar indemnizaciones por vulneración de la libertad sindical.
  • En abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de LAB tras denunciar una manipulación con el objetivo de congelar los salarios.
  • En noviembre de 2021, el Juzgado de lo Social de Bizkaia sancionó a una subcontrata de AMAZON, obligándola a aplicar el convenio del sector del transporte, lo que conllevó un aumento salarial significativo.

La lucha merece la pena, da frutos. Que Amazon lo tenga claro: LAB no se detendrá ante prácticas que pongan en riesgo la salud y los derechos de las personas trabajadoras.

LAB denuncia que un proyecto desarrollado por el Gobierno de Navarra pone de manifiesto que sólo el 20% de las empresas cumple con la normativa de prevención

Tres meses más tarde de la fecha prevista, el Gobierno de Navarra ha presentado un informe de investigación sobre salud laboral en el ámbito de Tafalla, un proyecto piloto realizado a lo largo de los años 2024 y 2025. Según este informe, sólo el 20% de las empresas cumple con la normativa de prevención. Esto pone patas arriba el discurso acrítico y la actividad sustentada tanto por los empresarios como por el Gobierno de Navarra. El informe fue una petición de EH Bildu en la negociación presupuestaria.

El sindicato LAB ya tenía constancia de este informe. De hecho, en el consejo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Ispln) del pasado mes de marzo se dio cuenta de ello, adelantando unos pocos datos. Esos primeros datos ya indicaban que el cumplimiento de la normativa de prevención denunciada por LAB en años es aún más bajo que pensado hasta la fecha.

LAB considera que los datos que arroja el informe definitivo son muy graves y da la medida a esa falta de prevención que denuncia permanentemente el sindicato. Por lo tanto, la conclusión es clara: los datos son aún más graves de lo que esperábamos y eso explica la evolución negativa de la siniestralidad que se sufre en Navarra en concreto, pero también en el conjunto de Euskal Herria.

Algunas reflexiones que pueden resultar esclarecedoras son:

• Sólo el 22% de las empresas han realizado estudios adecuados de accidentes.

• Las empresas que han impartido una formación adecuada no llegan al 23%.

• Más de la mitad de las empresas no disponen de una evaluación de riesgos adecuada.

• El 90% de las empresas no han evaluado adecuadamente los riesgos psicosociales y mucho menos han implantado medidas.

• Sólo el 5,3% de las empresas han realizado estudios ergonómicos adecuados.

• Sólo en el 10% de las empresas con riesgos químicos se han realizado evaluaciones higiénicas.

• Los tejados del 80% de las empresas no están estructuralmente preparados para el desplazamiento o mantenimiento de personas. Esta situación identificada es muy preocupante teniendo en cuenta la potencialidad y el alto índice de caídas en alturas que recuerda el propio informe.

• Sólo el 19% de las empresas tienen una estructura preventiva jerárquica integrada.

• El seguimiento preventivo es realizado por el 22% de las empresas.

En el mismo momento se ha publicado el informe de siniestralidad de 2024 y de los primeros meses de 2025. Otra vez los datos son durísimos, pero esta vez más clarividentes que nunca. Ahora sabemos objetivamente que esa trágica cantidad de siniestros se debe a la falta de prevención tasada de las empresas. Que detrás de cada accidente y cada enfermedad hay una patronal insaciable.

Un jarro de agua fría para el Gobierno y los empresarios

El informe es muy clarificador: la ejecución de la prevención alcanza una media del 20% de las empresas. Esto, por un lado, señala al Gobierno de Navarra: ¿A quién le corresponde actuar para que los empresarios cumplan la ley y las medidas preventivas de obligado cumplimiento? Mientras la presidenta María Chivite no reclame competencias para una Inspección de Trabajo propia, seguirán demostrando que las vidas de los trabajadores y trabajadoras navarras no les importan.

Por otro lado, señala a los empresarios de la CEN. Cuando han puesto en marcha una campaña que responsabiliza a los trabajadores y trabajadoras de la prevención de la salud laboral (la que han pagado con dinero público) y mientras nos hablan de absentismo, se saltan masivamente la normativa de prevención. Dicho de otro modo, los empresarios no tienen voluntad de limitar la siniestralidad laboral y con su abandono consciente, los empresarios son los principales causantes de las bajas, tanto en accidentes de trabajo como en enfermedades profesionales. Los empresarios no están haciendo las cosas bien, al contrario, en términos de cultura preventiva que debería ser un principio rector de la actividad económica en nuestro territorio, están demostrando estar alejados de las exigencias de cualquier sociedad democrática.

Esto adquiere una dimensión especialmente cruda tanto en los riesgos psicosociales como ergonómicos, donde la falta de prevención está aún más extendida, y las bajas por estos riesgos no son aceptadas como laborales. Esto significa que detrás de las bajas ordinarias se recogen muchas dolencias causadas por el trabajo. En consecuencia, las empresas utilizan las mutuas para atribuir esta responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, el fraude adquiere aquí dimensiones graves.

Por lo tanto, con este informe el Gobierno no puede mirar más para otro lado. No puede ser que el director de Trabajo, Iñaki Mendioroz, haga suyo el dogma de los empresarios y sea acrítico con una realidad que arruina su discurso. Al contrario, debe aprovechar el informe para tomar, de una vez por todas, el camino correcto: el del estricto cumplimiento de la ley de prevención. Y ante esta realidad no puede aceptar ni tolerar la actitud negacionista empleada hasta ahora por los empresarios. Para ello, como primer paso y en base a este informe, la patronal CEN y el Gobierno de Navarra deben suspender la campaña que responsabiliza a los trabajadores de la prevención de la salud laboral.

La falta de finaciación afecta gravemente a EHU

LAB ha sabido recientemente que, debido a la falta de financiación, la dirección ha suspendido muchos puestos nuevos que estaban en vías de creación. En concreto, según los datos aportados en el mensaje enviado por el vicerrector de PDI, no se crearán, de momento, las 38 plazas de Profesorado Ayudante Doctor ni las 19 plazas de Profesorado Asociado. Así mismo, se han retenido las 56 plazas de pleno/cátedra que estaban aprobadas para la promoción de 2024 y las que iban a aprobarse para la promoción de 2025.

Esta situación es muy grave y acentúa los problemas generados por la infrafinanciación que padecemos en EHU desde hace años. 

En cualquier caso, es imprescindible tener clara la causa del problema. Así, se debe saber que EHU tiene un déficit (de 20 millones de euros) debido a que en los años anteriores se ha necesitado más dinero que el presupuestado. En los últimos años, estas deudas se han afrontado a través de aportaciones extraordinarias del Gobierno Vasco, pero, por lo que parece, esta vez el Gobierno Vasco no va a asumir ese sobrecoste. El vicerrector dice que ese déficit se ha heredado y que gestionar esta situación no es nada fácil ni del gusto de nadie. Esta información es significativa, aunque no haya sido comunicada públicamente por el equipo rectoral.

Pero la clave es la infrafinanciación de la universidad pública, hecho que reivindicamos en voz alta una y otra vez. Mientras tanto, el Gobierno Vasco pone la alfombra roja a algunas iniciativas de universitarias privadas y no destina la financiación necesaria hacia EHU para poder abastecer bien la plantilla, mejorar la ratio PDI/PAS, pagar los salarios adecuados, hacer las inversiones que necesitan los departamentos y servicios y mantener las infraestructuras obsoletas. Ya hemos mencionado en numerosas ocasiones que la LOSU recoge que para 2030 hay que destinar el 1% del PIB a las universidades públicas (eso es, ¡a las públicas! no a las universidades públicas y privadas, como nos quiere hacer creer la dirección del departamento de Ciencia, Universidades e Innovación). Actualmente estamos en el 0,42% del PIB y, que sepamos, no hay movimientos para crear un plan para alcanzar el gasto público al que se refiere la LOSU. Es más, las intenciones del consejero parecen estar en la dirección contraria.

Esta nueva situación supone un paso más en el camino hacia el estrangulamiento de la universidad pública. El personal afectado es numeroso. Tenemos motivos para enfadarnos. Dentro de EHU hay muchos aspectos que mejorar, incluida la gestión, pero tenemos que tener claro el origen de la situación que estamos viviendo: la infrafinanciación endémica de EHU, y el uso que hace el Gobierno Vasco de la financiación para condicionar el funcionamiento de EHU.

Ante esta situación es imprescindible que todo el personal de EHU, tanto trabajadores y trabajadoras como estudiantes, así como el equipo rectoral, mostremos una actitud de firmeza ante el Gobierno Vasco. 

El descenso del desempleo oculta una creciente precarización del empleo

El paro ha disminuido, con 3.760 personas desempleadas menos en comparación con junio del año pasado. Asimismo, en el último mes se ha registrado una bajada del 1,5 %, y actualmente hay 131.619 personas inscritas en las listas de demandantes de empleo. Es habitual que el desempleo baje durante el periodo estival, pero el empleo generado es muy precario y los datos indican que se está profundizando en el proceso de precarización del mercado laboral.

En junio se ha repetido una situación que ocurre cada mes: el 19,52 % de las personas con contratos fijos discontinuos han visto suspendido su contrato, de las cuales el 77,97 % son mujeres*. Detrás de estos datos están las trabajadoras* que se encargan de la limpieza y cocina en centros escolares, que se quedan sin trabajo ni contrato durante los meses de verano. Como consecuencia, en el sector servicios se han contabilizado 14.650 personas afiliadas menos en el último mes.

En la industria, han aparecido datos preocupantes: en el último año, 43 personas más han pasado a engrosar las listas del desempleo y se han perdido 300 afiliaciones en el sector. Hoy hemos sabido que la empresa Tubos Reunidos ha anunciado un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) que afectará a 850 trabajadores. Sin embargo, los ERTEs no tienen un impacto inmediato en las estadísticas de desempleo y afiliación, lo que dificulta medir la situación real del sector. Aiaraldea es, entre otros, uno de los territorios que más ERTEs sufre. Este contexto pone de manifiesto la necesidad urgente de una transición ecosocial.

Analizando el desempleo por género, las mujeres* son mayoría: el 58,98 % de las personas desempleadas son mujeres*, y entre quienes no han tenido empleo previo, ese porcentaje asciende al 67,84 %. Entre las personas desempleadas mayores de 25 años, el 78 % son mujeres\*. Estos datos muestran claramente que aún existe una profunda brecha de género en el mercado laboral.

Entre las personas migrantes, el desempleo ha descendido, pero entre quienes no tenían empleo previo hay 395 personas más en paro (un aumento del 4,92 %). En el último mes se han contabilizado 688 personas desempleadas menos, la mayoría en el sector servicios. El 51,58 % de las personas migrantes desempleadas buscan trabajo en los servicios, y el 31,91 % no tienen experiencia laboral previa.

En junio se firmaron 18.102 contratos más que en el mismo mes del año anterior; de ellos, el 79,54 % fueron temporales, como consecuencia de la campaña de trabajo estival. El 77,56 % de los contratos se firmaron en el sector servicios. En total, en comparación con junio del año anterior, se ha producido un aumento del 9,64 % en la contratación (7.079 contratos más), pero este crecimiento no es indicativo de empleo estable y digno, sino un claro reflejo de la precarización.

A finales de junio de 2025, había 1.071.887 personas afiliadas al régimen general, 13.591 menos que el mes anterior. Excepto en el sector servicios, el número de personas afiliadas ha aumentado en el resto de sectores este mes. En el último año ha habido un incremento en la mayoría de los sectores (7.550 afiliaciones más), excepto en la industria, donde se han registrado 300 trabajadores menos. En los 

últimos meses se ha dado una evolución destacada en la construcción (un crecimiento del 3,41 %) y en el sector primario (un crecimiento del 7,55 %), y en los servicios hay 5.705 personas afiliadas más.

El mercado laboral también revela diferencias por género y edad: entre los hombres, el 77,9 % tiene contrato a jornada completa, mientras que entre las mujeres* ese porcentaje desciende al 56,3 %. En cuanto a los contratos a jornada parcial, el 11,5 % de los hombres y el 25,3 % de las mujeres* tienen este tipo de contrato. En los últimos años, además, la afiliación de personas entre 25 y 50 años está disminuyendo, una tendencia que afecta especialmente a las mujeres*.

El empleo que se está generando es cada vez más precario, y la situación del sector industrial está provocando una pérdida de puestos de trabajo de calidad. En Hego Euskal Herria, una de cada dos personas no tiene ingresos suficientes para garantizar una vida digna, incluso teniendo empleo. Detrás de los datos actuales del desempleo se oculta esa realidad: se firman muchos contratos en el sector servicios, pero la mayoría son temporales, similares al empleo precario que generan eventos como el BBK Live.

En este contexto, para el sindicato LAB es urgente establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio, como paso fundamental para garantizar unas condiciones laborales dignas. 

La iniciativa popular a favor de un salario mínimo propio sigue adelante: ya está en marcha la recogida de firmas online

Los sindicatos LAB, ELA, ESK, STEILAS, ETXALDE y HIRU hemos puesto en marcha una dinámica a favor de un salario mínimo propio. Esta iniciativa tiene dos ejes principales: por un lado, acordar un salario mínimo propio mediante un acuerdo interprofesional en el marco de nuestras competencias; por otro, lograr nuevas competencias mediante una reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, el primer camino ha sido obstaculizado por la patronal. Tanto la patronal Confebask en la CAV como la CEN en Navarra han rechazado de forma rotunda la posibilidad de un acuerdo interprofesional.

Para desarrollar el segundo camino, hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular, que ya ha recibido el respaldo de miles de trabajadores y trabajadoras. Dijimos que queríamos que la recogida de firmas se convirtiera en una gran movilización, y hemos recogido decenas de miles de firmas; la respuesta de la clase trabajadora está siendo firme y positiva. Todas esas firmas las presentaremos a los parlamentos de la CAV y Navarra como primer paso para posibilitar el cambio legislativo. También se las presentaremos a las patronales, con el objetivo de que reconsideren su postura.

Ahora hemos dado un nuevo paso para reforzar la dinámica: tras obtener la autorización del Gobierno Vasco y superar su demora, a partir de hoy será posible recoger firmas online. Con ello, buscamos facilitar y ampliar la posibilidad de firmar. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que, si aún no ha firmado en papel, lo haga de forma sencilla y rápida por internet.

Estamos convencidos de que lograremos establecer un salario mínimo propio, por una vía u otra, ya que es una herramienta imprescindible para hacer frente a la brecha salarial, repartir la riqueza de forma más justa y poner límites a la precariedad y la pobreza.

Más información y enlace para firmar: https://lanbideartekosoldata.eus/es