2025-12-21
Blog Página 30

Los sindicatos LAB y ELA han alertado al Gobierno Vasco de que su propuesta de salario mínimo no llegaría ni siquiera a afectar a 10.000 personas

La propuesta de salario mínimo para los convenios del Gobierno Vasco no afectaría a los trabajadores con peores condiciones laborales en la CAV, ni a quienes tienen convenios estatales o carecen de convenio aplicable, y es demasiado baja para impactar en los trabajadores con convenio actualizado en la CAV. Por otro lado, hemos hecho un llamamiento a los trabajadores para que en la recta final de la recogida de firmas a favor de la iniciativa legislativa popular superemos las 100.000 firmas, pudiendo firmar también a través de la página web.

ELA y LAB han mantenido una reunión con Mikel Torres, vicelehendakari. En ella, el vicelehendakari les a presentado la propuesta de salario mínimo para los convenios, que había hecho pública el miércoles.

  • El estudio ha sido realizado por una empresa externa, pero la falta de conocimiento del mundo laboral ha provocado interpretaciones erróneas de la información. Por ejemplo, el estudio confunde los convenios aplicables con los actualizados, y no diferencia entre las subidas salariales recogidas en los convenios firmados en la CAV y las de los convenios estatales. Por ello, no se tiene en cuenta que la propuesta apenas afectaría a los trabajadores con convenio actualizado en la CAV. Un total de 66.000 trabajadores cobran menos de 1.385 euros mensuales, y de ellos menos de 10.000 tienen convenio colectivo actualizado en la CAV. Por tanto, el impacto de la propuesta sería marginal para la plantilla de la CAV.
  • Metodológicamente, la propuesta se basa en el salario mínimo establecido por la Carta Social Europea o directrices europeas; si se hubiera tomado el máximo, la propuesta debería ser entre 250 y 350 euros superior. La propuesta responde únicamente a los intereses de CONFEBASK, sin buscar mejorar los convenios que se firman en la CAV.
  • El estudio no tiene en cuenta los beneficios empresariales ni la productividad de los trabajadores en los últimos años, ni cuenta con una visión orientada a la cohesión social o a una justa distribución de la riqueza.

Oihana Lopetegi, responsable de acción sindical y negociación colectiva de LAB, subrayó que el estudio muestra claramente que en la CAV se necesita un salario propio superior al estatal para combatir la pobreza y la precariedad, y para repartir la riqueza de forma más justa. Sin embargo, señaló que el estudio es restrictivo tanto en el ámbito de aplicación como en la cuantía, porque habla del salario mínimo en convenios, lo que excluye a los trabajadores más necesitados, como quienes no tienen convenio o están bajo convenios estatales. Nosotros reclamamos un salario mínimo que afecte a todas las relaciones laborales en Euskal Herria, con dos vías: un acuerdo con la patronal o una iniciativa legislativa popular para conseguir la competencia. Además, indicó que la cuantía propuesta no es suficiente para garantizar condiciones de vida dignas y que el planteamiento afectaría a muy pocos trabajadores.

En la propuesta se interpela por igual a sindicatos y patronal, pero está claro que la patronal es quien quiere cerrar la negociación del salario mínimo, manteniendo las relaciones laborales estatales y los ámbitos sin convenio. Los sindicatos trabajamos para lograr esos objetivos, pero el Departamento de Trabajo tiene una oportunidad única para interpelar y condicionar a la patronal, y no lo está haciendo.

Finalmente, enviamos un mensaje claro a CONFEBASK: el salario mínimo no debe negociarse en la mesa de diálogo social, sino que debe crearse una mesa específica que respete la representación de la mayoría sindical de este país. CONFEBASK quiere excluir a ELA y LAB, y eso no lo vamos a permitir. Sobre la propuesta de mezclar la negociación del salario mínimo con otros temas, dejamos claro que LAB no se sentará en ningún marco que pretenda recortar derechos laborales.

Además, junto con aportaciones previas, transmitimos al Gobierno Vasco que:

  • El estudio de 2022 mostró que las personas con ingresos inferiores a 1.418 euros mensuales comienzan a perder bienestar. Desde entonces, el Gobierno Vasco no ha publicado de nuevo ese estudio, pero cualquier propuesta del Gobierno debe garantizar un mínimo de bienestar.
  • El Gobierno Vasco sólo ha tomado como referencia los convenios firmados en la CAV. Sin embargo, 188.000 trabajadores con salarios bajos tienen convenios estatales, y 48.000 no tienen convenio alguno, en su mayoría mujeres, migrantes, jóvenes o personas con diversidad funcional. ELA y LAB consideran que los salarios mínimos deben afectar especialmente a estos trabajadores, bien mediante un acuerdo interprofesional con la patronal, bien por vía legislativa si se transfiere la competencia a la CAV.

ELA y LAB han conseguido impulsar un debate social profundo sobre el salario mínimo; así fue cuando llamaron a negociar un acuerdo interprofesional con CONFEBASK y así lo están haciendo ahora con la iniciativa legislativa popular para decidir el salario mínimo en la CAV. Se están creando las condiciones para ganar este debate, y es fundamental finalizar bien la recogida de firmas. La responsable de acción sindical y negociación colectiva recordó que estamos en los últimos días de la recogida de firmas, con el objetivo de superar las 100.000 firmas en dos meses y medio. También recordó que quienes no pudieron firmar por medio de los libros de firmas tienen ahora la oportunidad de hacerlo por la web.

LAB denuncia los incumplimientos del Gobierno en la educación pública

El próximo curso comenzará sin recursos suficientes en la educación pública.

El curso pasado ha estado plagado de negociaciones, movilizaciones y huelgas en la enseñanza pública no universitaria de la CAV. LAB, como primera fuerza en la educación pública, ha sido determinante para mejorar las condiciones laborales de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras. Ha actuado con responsabilidad, impulsando la colaboración en la intersindical, dinamizando las movilizaciones y haciendo propuestas en las mesas de negociación.

Se ha logrado renovar el convenio laboral en colectivos que llevaban más de 15 años sin renovar, como es el caso del Consorcio Haurreskolak, la Educación Especial, el colectivo de cocina y limpieza y el profesorado.

Desde el convencimiento de que la educación pública debe ser el eje del sistema educativo, LAB ha apostado por mejorar las condiciones laborales del personal de dichos colectivos y reforzar la educación pública y ha alcanzado muy buenos acuerdos. Aunque todo lo conseguido va en la buena dirección, hoy por hoy el tema de los recursos de personal está por desarrollarse plenamente.

LAB ha cumplido lo acordado con el Departamento de Educación y ahora le corresponde al Gobierno Vasco cumplir con lo firmado. Por un lado, a raíz del acuerdo que define el mecanismo de ampliación de plantillas —firmado en noviembre de 2023— en cocina y limpieza, debe crear 16 nuevos puestos de trabajo; igualmente, por el acuerdo firmado en marzo de 2024, son 63 los nuevos puestos que debe crear en el Consorcio Haurreskolak. El hecho de no haberlos promovido hasta ahora ha obstaculizado y paralizado el resto de procesos, como los concursos de traslados o las adjudicaciones de puestos de trabajo.

Por otro lado, a pesar de que se especificó en los convenios firmados que se iban a negociar a finales de curso los criterios de adjudicación de las plantillas de educadores y educadoras del Consorcio Haurreskolak y de Educación Especial, no se han consensuado, ya que el Departamento ha actuado con irresponsabilidad y ha querido retrasar esta negociación. Así las cosas, han tenido que crear más de 300 puestos de trabajo en Educación Especial; para ello, a través de la fórmula propuesta por LAB, se reconocerá a estos contratos la condición de vacantes, aunque se tramitarán como contratos por necesidades de producción. 

Asimismo, la propuesta de LAB de firmar un acuerdo parecido en el Consorcio Haurreskolak y en el colectivo de cocina y limpieza, no ha recibido respuesta. En estos dos colectivos no se ha realizado la previsión de los recursos necesarios para el próximo curso, esperamos que el Departamento los defina en este mes de julio.

Gracias al acuerdo que detalla el mecanismo para la adjudicación de plantillas en el colectivo docente, en Educación Infantil y Primaria, por ejemplo, a pesar de tener 54 grupos menos, habrá 193 docentes más en el curso 2025-26. Sin embargo, aún faltan plazas por crear en cada centro como consecuencia de la reducción de la hora de atención directa a cada docente en todas las etapas. Asimismo, en el programa HEDATZE de secundaria no se han incluido las 17 horas lectivas máximas del profesorado. Se trata de un programa en el que participan varios centros educativos de apoyo al alumnado con más dificultades en el proceso de aprendizaje. Al contrario, el Departamento de Educación ha establecido los criterios que ha decidido de forma unilateral.

Así las cosas, LAB insta al Gobierno de Pradales a que posibilite los puestos de trabajo que tiene acordados y los que deban crearse por convenios. Cuando Pradales entró en el Gobierno vendió nuevas formas y anunció que estaba abierto al diálogo. Al Gobierno Vasco se le llena la boca cuando dice que quiere mejorar el servicio, pero hemos tenido que hacer huelgas para mejorarlo y todavía niega los recursos que están acordados. En la misma línea, LAB exige a la consejera de Educación Begoña Pedrosa que aborde las cuestiones pendientes de negociaciar y las acuerde en julio. 

Está en juego un inicio ordenado del próximo curso. 

Otro accidente laboral en Araba

Este martes día 15, ha fallecido falleció el trabajador A.V.C., de 57 años, al caer de un tejado en la localidad de Mendiguren. Se trataba de un trabajador autónomo que estaba reparando el tejado de una empresa cuando se rompió la cubierta y se precipitó desde una altura aproximada de 7 metros.

En primer lugar, el sindicato LAB quiere trasladar su solidaridad y sus condolencias a sus familiares, amigos y personas allegadas del trabajador.

Junto a ello, queremos resaltar que son numerosos los accidentes laborales producidos por caídas desde altura y, como ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, son necesarias medidas preventivas específicas para evitarlas.

Por otro lado, queremos recordar las dificultades de las personas trabajadoras autónomas en materia de salud laboral. En la mayoría de los casos la Ley de Prevención no los tiene en cuenta, convirtiéndose en trabajadores de segunda, y en otros, cuando trabajan para una empresa, resulta difícil la coordinación en materia preventiva. Por último, su dinámica de trabajo, por no perder el trabajo y la clientela, hace que en ocasiones la prevención de riesgos laborales no pueda ser suficientemente atendida.

Por lo tanto, creemos que hay que darle la vuelta a todo esto y que las Instituciones intervengan de forma efectiva en la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras autónomas. 

LAB anima a agentes y ciudadanos euskaltzales a promover un fuerte impulso a favor de la euskaldunizaciòn frente al embate del estado

El Tribunal Supremo español (TSJPV) ha emitido una sentencia en la que ratifica la anulación de varios artículos del decreto para la normalización del euskera en los ayuntamientos de la CAV. Por medio de esta resolución, el Supremo prohíbe dar prioridad al euskera, por considerar que ello «vulnera la cooficialidad». Pero no hace la misma lectura cuando se prima el castellano, todos los días y en casi todas las situaciones. Negar la prioridad al euskera supone de facto aceptar la prioridad al castellano. Establecer legalmente la obligatoriedad de tratar de la misma manera a dos lenguas que se encuentran en una situación desigual supone perpetuar ese desequilibrio; para que el euskera pueda normalizarse es necesario que entren en vigor acciones positivas legales y políticas favorables. 

Como sindicato, además, tenemos que denunciar expresamente que la sentencia prohíbe a los ayuntamientos poder llegar a desarrollar su actividad en euskera, incluso en las zonas donde el conocimiento del euskera es mayoritario. Es decir, los trabajadores municipales no podremos desarrollar nuestro trabajo en euskera con normalidad, vulnerando nuestros derechos lingüísticos.

Esta nueva sentencia expresa claramente cuál es la ideología lingüística y el punto de vista euskarófobo de los tribunales españoles y de los poderes del Estado español en general: el euskera puede sobrevivir, siempre que sea subalterno al castellano. En ningún caso aceptan que ambas lenguas tengan un estatus paritario. No aceptarán que el euskera se normalice plenamente en el territorio que le es propio y, a través de ello, se garanticen los derechos lingüísticos de los euskaldunes y que el euskera sea la lengua de cohesión social de los ciudadanos vascos. 

Destacamos que esta sentencia y la embestida judicial en general se está produciendo en la coyuntura histórica de riesgo de recesión del proceso de recuperación del euskera que UEMA dio a conocer hace unos días. Cuando en la sociedad vasca hay un consenso mayoritario a favor de la necesidad de dar un nuevo salto en las medidas jurídicas y políticas para que el proceso de recuperación del euskera no caiga en recesión, las fuerzas del Estado español están en pleno intento de contrarrestar estas medidas desde el primer momento. Esto es un reflejo del conflicto lingüístico y de la opresión nacional que padecemos. Por ello, desde LAB reivindicamos una vez más la necesidad de poner en vigor una política lingüística soberana sin injerencias externas. 

Ante el embate de los Estados, es la hora de que los agentes y ciudadanos euskaltzales promovamos un nuevo impulso a favor de la euskaldunización. Necesitamos un nuevo salto que lleve hasta su fin el proceso de normalización del euskera. Como esto va a necesitar de un fuerte apoyo social, LAB llevará a cabo en otoño diversas iniciativas y movilizaciones con ese objetivo. LAB tambien se suma a las movilizaciones que se van a convocar y llama a los trabajadores vascos a participar en ellas.

El salario mínimo propuesto por el Gobierno Vasco no es suficiente; Euskal Herria necesita un salario mínimo propio, digno y para todas las personas trabajadoras

Hoy hemos sabido que el Gobierno Vasco ha presentado un estudio sobre un salario mínimo propio en la mesa de diálogo social. Los sindicatos ELA y LAB no participamos en ese marco y, por tanto, todavía no tenemos acceso a dicho estudio. No obstante, este viernes ELA y LAB mantendremos una reunión con el Gobierno Vasco, momento en el que recibiremos el documento y podremos analizarlo y realizar una valoración más profunda.

En esta primera valoración, queremos destacar tres elementos:

En primer lugar, ya no hay duda sobre la necesidad de un salario mínimo propio para Euskal Herria. Tal y como venimos reivindicando la mayoría sindical de este país, necesitamos un salario mínimo propio que se sitúe por encima del establecido por el Estado español.

El segundo elemento tiene que ver con el alcance. La propuesta del estudio se centra en el salario mínimo de convenio, mientras que nosotras reivindicamos un salario mínimo interprofesional propio, que afecte a todas las relaciones laborales de este país. El salario mínimo de convenio deja fuera a las personas trabajadoras que están en una situación más vulnerable: aquellas sin convenio o a quienes se les aplica un convenio estatal.

Y por último, el elemento relativo a la cuantía: las cifras que hoy se han hecho públicas no responden a las necesidades reales de la clase trabajadora de nuestro país ni al coste de la vida. Para garantizar condiciones laborales y de vida dignas a la clase trabajadora de Euskal Herria, es imprescindible un salario mínimo más elevado.

ELA y LAB continuaremos trabajando hasta lograr un salario mínimo propio. En ese sentido, este
viernes trasladaremos nuestras reivindicaciones al consejero Mikel Torres.

ELA eta LAB sindikatuen prentsa oharra

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de Pasaia se han concentrado para denunciar la actitud de la empresa

Después de meses de negociaciones, el Ayuntamiento de Pasaia ha mostrado su intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero Matia-Goxar, la empresa que gestiona el servicio, pretende destinar esos recursos a sus propios beneficios.

Los trabajadores tienen sueldos bajos y la parcialidad de las jornadas laborales es cada vez mayor. El Servicio de Ayuda a Domicilio, que debería ser un servicio público, está actualmente gestionado por una empresa privada, lo que crea una situación de discriminación en comparación con otros trabajadores que realizan tareas similares.

En los últimos meses, se han mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Pasaia, que ha mostrado su disposición a mejorar las condiciones laborales. El Ayuntamiento ha anunciado que destinará más recursos económicos, lo que permitirá, además de un aumento salarial, incorporar otras reivindicaciones en el convenio (jornada laboral, descansos, etc.). Se prevé un aumento de las horas del servicio, lo que permitiría a los trabajadores reducir la parcialidad y obtener una estabilidad salarial digna.

Sin embargo, Matia-Goxar, la empresa que actualmente gestiona el servicio, no tiene intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La empresa solo ha propuesto un pequeño aumento salarial, dejando de lado el resto de las cuestiones importantes. Y ese aumento salarial está por debajo de lo planteado por el Ayuntamiento de Pasaia. No aceptarán que se mantenga la precariedad laboral ni que, además, la empresa incremente sus beneficios a costa del trabajo de los empleados.

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de Pasaia exigen que los esfuerzos realizados para mejorar sus condiciones laborales se reflejen en el convenio colectivo. No aceptarán que Matia-Goxar haga negocio con dinero público y a costa de la atención y el trabajo de los empleados.

Hoy se ha realizado una concentración, y el próximo 17 de julio se ha convocado una huelga.

LAB denuncia los incumplimientos del Gobierno en la educación pública

El curso pasado ha estado plagado de negociaciones, movilizaciones y huelgas en la enseñanza pública no universitaria de la CAV. LAB, como primera fuerza en la educación pública, ha sido determinante para mejorar las condiciones laborales de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras. Ha actuado con responsabilidad, impulsando la colaboración en la intersindical, dinamizando las movilizaciones y haciendo propuestas en las mesas de negociación.

Se ha logrado renovar el convenio laboral en colectivos que llevaban más de 15 años sin renovar, como es el caso del Consorcio Haurreskolak, la Educación Especial, el colectivo de cocina y limpieza y el profesorado.

Desde el convencimiento de que la educación pública debe ser el eje del sistema educativo, LAB ha apostado por mejorar las condiciones laborales del personal de dichos colectivos y reforzar la educación pública y ha alcanzado muy buenos acuerdos. Aunque todo lo conseguido va en la buena dirección, hoy por hoy el tema de los recursos de personal está por desarrollarse plenamente.

LAB ha cumplido lo acordado con el Departamento de Educación y ahora le corresponde al Gobierno Vasco cumplir con lo firmado. Por un lado, a raíz del acuerdo que define el mecanismo de ampliación de plantillas —firmado en noviembre de 2023— en cocina y limpieza, debe crear 16 nuevos puestos de trabajo; igualmente, por el acuerdo firmado en marzo de 2024, son 63 los nuevos puestos que debe crear en el Consorcio Haurreskolak. El hecho de no haberlos promovido hasta ahora ha obstaculizado y paralizado el resto de procesos, como los concursos de traslados o las adjudicaciones de puestos de trabajo.

Por otro lado, a pesar de que se especificó en los convenios firmados que se iban a negociar a finales de curso los criterios de adjudicación de las plantillas de educadores y educadoras del Consorcio Haurreskolak y de Educación Especial, no se han consensuado, ya que el Departamento ha actuado con irresponsabilidad y ha querido retrasar esta negociación. Así las cosas, han tenido que crear más de 300 puestos de trabajo en Educación Especial; para ello, a través de la fórmula propuesta por LAB, se reconocerá a estos contratos la condición de vacantes, aunque se tramitarán como contratos por necesidades de producción.

Asimismo, la propuesta de LAB de firmar un acuerdo parecido en el Consorcio Haurreskolak y en el colectivo de cocina y limpieza, no ha recibido respuesta. En estos dos colectivos no se ha realizado la previsión de los recursos necesarios para el próximo curso, esperamos que el Departamento los defina en este mes de julio.

Gracias al acuerdo que detalla el mecanismo para la adjudicación de plantillas en el colectivo docente, en Educación Infantil y Primaria, por ejemplo, a pesar de tener 54 grupos menos, habrá 193 docentes más en el curso 2025-26. Sin embargo, aún faltan plazas por crear en cada centro como consecuencia de la reducción de la hora de atención directa a cada docente en todas las etapas. Asimismo, en el programa HEDATZE de secundaria no se han incluido las 17 horas lectivas máximas del profesorado. Se trata de un programa en el que participan varios centros educativos de apoyo al alumnado con más dificultades en el proceso de aprendizaje. Al contrario, el Departamento de Educación ha establecido los criterios que ha decidido de forma unilateral.

Así las cosas, LAB insta al Gobierno de Pradales a que posibilite los puestos de trabajo que tiene acordados y los que deban crearse por convenios. Cuando Pradales entró en el Gobierno vendió nuevas formas y anunció que estaba abierto al diálogo. Al Gobierno Vasco se le llena la boca cuando dice que quiere mejorar el servicio, pero hemos tenido que hacer huelgas para mejorarlo y todavía niega los recursos que están acordados. En la misma línea, LAB exige a la consejera de Educación Begoña Pedrosa que aborde las cuestiones pendientes de negociaciar y las acuerde en julio.

Está en juego un inicio ordenado del próximo curso.

LAB llevará ante el Tribunal Constitucional la defensa del derecho a la negociación colectiva de las trabajadoras del hogar y pedirá al Gobierno Vasco y al de Navarra medidas para mejorar la situación del sector

Para hacer frente a la precariedad que sufren las trabajadoras del hogar en sus condiciones laborales y de vida, LAB ha presentado un decálogo con medidas concretas que será presentado a los agentes sindicales, sociales y políticos. El sindicato considera que no se puede aceptar que tantas mujeres vivan en condiciones de explotación extrema, y ha exigido responsabilidades a las instituciones y a la patronal.

LAB está trabajando en dos frentes para defender el derecho a la negociación colectiva de las trabajadoras del hogar, y hoy ha presentado iniciativas para fortalecer ambos. Por un lado, ha presentado un decálogo con medidas concretas para dignificar el sector, y por otro, ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Constitucional español.

Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha destacado que las trabajadoras del hogar realizan un «trabajo imprescindible» para la supervivencia de las familias: «El sistema necesita este trabajo para sobrevivir, pero el capitalismo patriarcal y colonial no le da el valor que merece». Aranburu ha denunciado la grave situación del sector: explotación laboral, falta de protección legal e institucional y falta de visibilidad. Incluso la Inspección de Trabajo no interviene, alegando que es imposible actuar en los hogares privados. La mayoría de las trabajadoras son migrantes y racializadas, y en muchos casos trabajan como empleadas del hogar internas, en condiciones de pseudo-esclavitud, sometidas a violencia y abusos.

Según Aranburu, no se puede entender la situación del sector sin mencionar la Ley de Extranjería: «Para las mujeres migrantes que llegan al País Vasco, ser trabajadora del hogar se ha convertido en una de las pocas opciones laborales». Frente a esta situación, LAB ha hablado de la deuda patriarcal y colonial que afecta a toda la sociedad, incluyendo a los sindicatos: «Durante años, las trabajadoras del hogar han sido ignoradas, el sindicalismo no les ha dado un espacio como trabajadoras, y nosotros queremos ser una herramienta para todas las trabajadoras y llevamos tiempo organizando, escuchando y uniendo a las trabajadoras del hogar».

Aranburu ha subrayado que en los tiempos que vivimos esto tiene «aún más relevancia», debido al auge del fascismo, el fortalecimiento de tendencias machistas, homófobas y racistas, y el incremento de las «tendencias de explotación e instrumentalización de las trabajadoras migrantes». «Nosotros defendemos claramente que el País Vasco es un país de acogida, y todas las personas que quieran vivir y trabajar aquí serán bienvenidas. Queremos deshacernos de las miradas clasistas, reconocer la importancia de todo trabajo y reflejar ese valor en los derechos laborales».

Sin embargo, la lucha de las trabajadoras del hogar no es solo un asunto del sector. Aranburu ha señalado que mejorar la situación de las trabajadoras del hogar exige una nueva organización social en torno a los cuidados: «El reconocimiento, distribución y reorganización de todo el trabajo». En este sentido, LAB ha reafirmado su apuesta por un sistema público comunitario de cuidados.

En este contexto se enmarca el decálogo elaborado por LAB, que recoge medidas urgentes para mejorar las condiciones del sector. Algunas de estas medidas deben ser abordadas a través de la negociación colectiva, y otras requieren cambios legislativos. Mariana Urcuyo, responsable del Sector de Trabajadoras del Hogar de LAB, ha presentado estas medidas: garantizar el derecho a la negociación colectiva, hacer obligatorio el registro de la jornada laboral, abolir el régimen interno, controlar y reconocer las horas de presencia y las horas nocturnas, establecer indemnizaciones por fin de contrato iguales para todos los sectores, implementar una Inspección de Trabajo efectiva y sin prejuicios, aplicar de manera real y fiable la ley de prevención de riesgos laborales, reconocer las cotizaciones previas a 2022, avanzar hacia un sistema público comunitario de cuidados, y garantizar los derechos de las mujeres migrantes y racializadas.

El decálogo será presentado a los organismos políticos, sindicatos y movimientos sociales, y LAB también pedirá reuniones urgentes con el Gobierno Vasco y el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para interpelar a la patronal y promover cambios legislativos.

Lucha jurídica en marcha
Además, LAB ha expuesto los pasos que dará en la lucha jurídica en defensa del derecho a la negociación colectiva, y Ainhize Muniozguren, responsable de la Secretaría Jurídica de LAB, ha informado sobre ello. En mayo de 2022, LAB inició un procedimiento para establecer una mesa de negociación en el sector. En el caso de las trabajadoras del hogar, los empleadores son particulares, por lo que no existe una patronal formal. Por ello, se invitó a Confebask, la patronal con mayor representación en el País Vasco, a participar en la mesa de negociación.

Sin embargo, Confebask rechazó participar en las negociaciones. LAB considera que este rechazo supone una violación de derechos y discriminación, ya que deja a un colectivo de trabajadoras sin la posibilidad de acceder a un convenio colectivo. Ante esto, el sindicato recurrió por vía judicial. En la primera sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoció el derecho del sector a la negociación colectiva, pero, debido a la falta de desarrollo legislativo, no sancionó la actitud de la patronal.

LAB llevó el caso al Tribunal Supremo, pero este no abordó el fondo del asunto, según explicó Muniozguren. En su resolución, el tribunal se centró en un problema de formalismo: que LAB y otros sindicatos no habían demostrado adecuadamente su legitimidad para solicitar la mesa de negociación. Muniozguren dejó claro que esto no es correcto: «Hay otros sindicatos, por lo que es suficiente con tener mayoría para iniciar un proceso de negociación». Además, ya estaba demostrado que existía mayoría sindical, y ni la patronal ni las instancias anteriores habían puesto en duda este punto.

Según Muniozguren, el Tribunal Supremo, ante la complejidad jurídica del asunto, evitó entrar en el fondo del debate. Sin embargo, LAB no dará por concluido el proceso, y Muniozguren ha anunciado que llevarán el caso al Tribunal Constitucional para garantizar que no se les niegue a las trabajadoras del hogar su derecho a negociar.

Arranca la huelga en el servicio de alumbrado de Bilbao: contra la precariedad y por un convenio justo

Hoy, 14 de julio, ha comenzado la primera jornada de huelga en el mantenimiento del alumbrado público de Bilbao. LAB y ELA, sindicatos que conforman el 100% de la representación de la plantilla, han convocado seis días de huelga para este verano con el objetivo de alcanzar un convenio que reparta la riqueza y haga frente a la precariedad.

Las trabajadoras y trabajadores del servicio de alumbrado de Bilbao, que operan a través de la subcontrata Emartin Facilities, han iniciado hoy una huelga con seis jornadas previstas: los días 14, 18, 21, 24, 28 de julio y 1 de agosto.

LAB y ELA, sindicatos con representación total en la plantilla, han convocado la huelga con el objetivo de renovar el Acuerdo de Fin de Huelga de 2021, tras un conflicto que se prolongó durante 95 días. Sin embargo, la negociación del nuevo convenio se encuentra completamente bloqueada y la plantilla no percibe voluntad real por parte de la empresa.

Desde LAB queremos denunciar, además de la actitud inmovilista de Emartin Facilities, la responsabilidad del Ayuntamiento de Bilbao, que vuelve a mirar hacia otro lado ante las condiciones precarias en las que trabaja la plantilla encargada del alumbrado público, pese a ser el titular del servicio.

Si no se alcanza un acuerdo en la negociación del convenio, el conflicto se intensificará y tendrá un impacto directo en los trabajos de preparación de la Aste Nagusia de Bilbao.

El próximo viernes, 18 de julio, se celebrará una concentración frente al Ayuntamiento, y a las 12:00h se ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.