Dando continuidad a la decisión adoptada en su 10º Congreso Confederal, LAB ha celebrado estos días los Congresos de sus Federaciones y de Acción Social. Cientos de miembros de LAB se han reunido en los congresos de Industria, Servicios Privados, Servicio Público y Acción Social, celebrados en Lazkao, Gernika-Lumo, Iruñea y Laudio, respectivamente.
Representantes de las tres federaciones encargadas de desarrollar la acción sindical de LAB (Industria, Servicios Privados y Servicios Públicos) se han reunido durante los tres primeros días. Así, hemos abierto un punto de encuentro sindical para los y las representantes que están trabajando en diferentes centros de trabajo y sectores en el día a día. Hemos aprovechado estos espacios para compartir reflexiones e intercambiar información, conocer las luchas de unas y otros, extraer lecciones y reflexionar sobre cuáles son las formas de organización más adecuadas ante los retos de futuro.
En cambio, LAB no sólo tiene ambición de incidir en los centros de trabajo, sino también en la calle. Con este fin, el sindicato constituyó su estructura de Acción Social, y la comunidad ABIATU! de la que forma parte ha celebrado su congreso en Laudio. En el mismo han participado decenas de personas. Han repasado y valorado la trayectoria de la Comunidad de Acción Social y, en grupos de trabajo, han trabajado sobre los retos a los que se enfrenta esta comunidad en el futuro.
Las y los miembros de LAB se reafirman, por tanto, en su compromiso por el trabajo y la vida dignas, y han reflexionado sobre las formas de lucha y organización para dar pasos adelante en esa dirección.
La situación de la atención mental en Nafarroa está siendo desmantelada con la excusa de la desinstitucionalización de los y las pacientes, pero aumentando el presupuesto y la derivación a centros privados. Como consecuencia, la actividad en centros indispensables como San Francisco Javier ha disminuido hasta poner en riesgo la atención a los y las pacientes y los puestos de trabajo de la plantilla. LAB no va a dejar de denunciar la estrategia privatizadora de los servicios de salud de Nafarroa.
Al iniciar el año 2024, las personas que trabajan en el sector de la salud mental, y más concretamente las del centro San Francisco Javier, se encuentran inmersas en un escenario de incertidumbre sobre el destino de sus empleos y el rumbo de su vida profesional.
La falta de ingresos de pacientes ha transformado esta área esencial de cuidado en un terreno volátil donde la estabilidad laboral parece tambalearse, llevando consigo la angustia de un futuro incierto. Estos ingresos han sido derivados a empresas privadas a pesar de que este centro ha ofrecido cuidados públicos y de calidad, con trabajadoras y trabajadores cualificados y con experiencia.
El cuidado a pacientes con enfermedades mentales no puede compararse con la subasta de bienes o servicios por empresas privadas. Al cesar una actividad tan vital como el cuidado a pacientes crónicos de salud mental, no solo se está poniendo en riesgo la estabilidad laboral de la plantilla, sino que se está desmantelando un servicio público de cuidados que es fundamental para el bienestar de la sociedad.
Es decepcionante observar que el Plan de Acción sobre Salud Mental 2019-2023, que apostaba por un modelo comunitario y continuado, no ha cumplido las expectativas. Muchas de las acciones recogidas en este plan no se han cumplido, lo que destaca la necesidad urgente de una revisión y una nueva estrategia que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos.
En Nafarroa, la falta de compromiso por parte del Gobierno agrava la situación. La ausencia de políticas sólidas y sostenibles para abordar las crisis en la salud mental refleja una desconexión alarmante con las necesidades reales de la población. Es hora de que el Gobierno de Nafarroa asuma su responsabilidad, destinando recursos adecuados y desarrollando estrategias concretas para garantizar una atención a la salud mental que esté a la altura de las demandas actuales.
Este cese de actividad no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también tiene consecuencias directas en la calidad de atención que se brinda a quienes dependen de estos servicios. La incertidumbre constante crea un ambiente tenso y ansioso, que repercute no solo en el personal, sino también en los y las pacientes que buscan apoyo y comprensión en momentos críticos de sus vidas.
En este contexto, es esencial unir fuerzas y alzar la voz contra la desvalorización de la salud mental como servicio público.
Por todo ello, exigimos:
Reconocimiento del valor del cuidado mental: La salud mental no debe ser considerada como una actividad prescindible.
Estabilidad laboral: Garantizar condiciones laborales seguras y estables.
Compromiso gubernamental: El Gobierno debe acometer una acción inmediata para revertir el cese de actividades en el cuidado de pacientes con enfermedades mentales y reafirmar el compromiso como parte integral del sistema de salud pública.
Preservación del propósito original del Centro San Francisco Javier: Detener la desviación del Centro San Francisco Javier de su propósito original, asegurando que las unidades que alguna vez cerraron sean utilizadas para el bienestar público en lugar de dar cabida a intereses privados y parar el cierre de unidades devolviéndoles su actividad.
El sindicato LAB no descarta ninguna acción en defensa de los servicios públicos de salud en general y de la salud mental en particular. Estamos en contacto permanente con la plantilla y vamos a defender tanto la calidad de la atención como el respeto al trabajo realizado por los y las profesionales.
El pasado viernes 26 de enero el sindicato LAB firmó el preacuerdo del convenio del sector Agropecuario de Nafarroa. Para Ramón Lacalzada, responsable de la federación de Servicios Privados de LAB en la Ribera que firmó el documento junto a otros miembros del sindicato, la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector ha sido un factor fundamental para que LAB haya podido condicionar la mesa de negociación y el nuevo convenio recoja avances importantes en las condiciones de trabajo como es, por ejemplo, el reconocimiento del descanso de 48 horas.
¿A qué trabajadores y trabajadoras afecta este convenio?
El ámbito funcional del convenio habla de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es decir, empresas que tienen trabajadores por cuenta ajena de esas tres ramas. Dentro de agrícolas comprenden también las SAT, lo que se llaman las Sociedades Agrarias de Transformación, que son esas sociedades que manipulan sin elaborar los productos que llevan los agricultores a los almacenes y demás.
¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son?
Es complicado. Sabemos que con representación andamos por los mil y pico trabajadores y trabajadoras, pero es que hoy en día todavía hay muchas empresas pequeñas sin representación. Además, la propia naturaleza estacional de la actividad hace que sea complicado medir cuántas personas son; pero más de mil seguro.
¿Cuáles son las empresas más representativas del sector?
Las más grandes serían Huerta de Peralta y Florette Hortícola Navarra.
En esas dos LAB está presente y además con mayoría, ¿no?
Absoluta.
¿Por qué ha firmado LAB este convenio?
Bueno, la principal razón es que la movilización de las y los trabajadores ha conseguido arrancar mejoras en cuestiones importantes que entendemos que, de aplicarse, si cumplen lo firmado, van a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo.
¿Cómo ha sido el proceso de negociación?
Las dos primeras reuniones de marzo fueron muy protocolarias. En la primera, simplemente se constituyó la mesa con el reparto de porcentajes. Y en la segunda se presentaron las plataformas de los sindicatos. Luego hubo un parón hasta noviembre. La patronal nos daba largas, porque no quería negociar en el momento de mayor actividad productiva. Luego, cuando se retomaron las negociaciones en noviembre, vimos que había un interés por parte de la patronal y de CCOO y UGT, que conforman mayoría, de acelerar las negociaciones y llegar a una firma rápida. En esas LAB tenía dos alternativas: quedarse parado sin hacer nada, o tratar de mejorar el contenido centrándose en reivindicaciones prioritarias. Claro, para hacer eso, la mesa no era suficiente. Había que movilizarse en la calle. Los trabajadores y trabajadoras lo hicieron. Y eso ha sido fundamental para que LAB haya podido condicionar las negociaciones. Hemos conseguido avances en ciertas cuestiones que mejorarán realmente las condiciones de trabajo. Si no nos hubiéramos movido, habríamos tenido un convenio colectivo con la misma subida salarial, pero sin avances e incluso con empeoramiento de ciertas cuestiones. En la mesa ha sido LAB quien ha arrastrado a la mayoría sindical a que no se vaya hacia atrás, sino hacia adelante.
¿Qué avances importantes recoge el nuevo convenio?
Teniendo en cuenta que nos movilizamos por ello, desde luego para LAB el más importante es el reconocimiento explícito de que el descanso semanal es de 48 horas. También lo es alargar otro mes más la jornada continua; con eso ya llegamos a la mitad de año; y la idea es seguir avanzando. También que el preaviso se haga por escrito para que quede constancia. Y que cuando haya interrupciones de actividad sea obligatorio dar de baja en la Seguridad Social para poder cobrar la prestación si se tiene derecho a ello. Y que cuando se adelanta el llamamiento y el trabajador o trabajadora esté fuera del Estado español que tenga un plazo mayor de incorporación. Eso, junto al llamamiento por escrito, son pequeños pasos para que se vaya reconociendo la deuda colonial. Además, se introduce en las empresas de más de 15 trabajadores o trabajadoras una licencia no retribuida de hasta un mes al año que mucha gente de origen extranjero va a poder utilizar para garantizarse sus vacaciones o para poder alargar permisos cuando desgraciadamente tienen un fallecimiento o enfermedad de alguna o algún familiar.
Importantes avances, entonces.
Sí, eso es. Hay otros avances menores. Sobre el tema del cumplimiento, LAB ha venido denunciando el fraude desde hace tiempo, y en ese sentido se ha dado un paso importante en la digitalización. En principio, según este convenio, todas las empresas de más de 15 trabajadores y trabajadoras van a tener que implantar el registro digital de jornada y la intención es llegar también a las empresas más pequeñas, e implantarlo en todo el sector para evitar el fraude. Hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que mejorar en el campo navarro. Por lo que es importante velar por el cumplimiento real del convenio, sobre todo en aquellas empresas donde no hay representación sindical.
¿Qué representación tenía LAB en la mesa?
Cuando se constituyó, cercana al 28%. Pero ahora mismo estamos a 3 ó 4 delegados de ser la primera fuerza del sector con alrededor del 40%. Ya lo somos en votos. Falta serlo en porcentaje de delegados y delegadas. A día de hoy, uno de cada tres representantes del campo navarro es de LAB. La aspiración es seguir creciendo y pasar de condicionar a liderar.
¿Se supone que este convenio se tiene que aplicar desde ya mismo?
Legalmente las empresas están obligadas a ello cuando se publique en el Boletín Oficial de Nafarroa. Ahora bien, el preacuerdo recoge que en febrero se tienen que pagar ya los atrasos del 2023. Lógicamente, allá donde tiene representación, LAB va a tratar que ya en la nómina de enero se recojan las subidas, para no acumular retrasos.
En este tema habrá que pelear en varios sitios, ¿no?
Sí, sí. Una de las peculiaridades de este convenio es que de la parte empresarial los representantes son sindicatos de empleadores: agricultores y ganaderos. Se supone que tanto UAGN como EHNE informarán a sus afiliados para que lo apliquen. Aunque seguramente habrá quien mire para otro lado. Además, el trámite lleva su tiempo. Tardará unos meses en aparecer en el BON. A partir de entonces los trabajadores y trabajadoras tienen un año de plazo para poder reclamar los incumplimientos. De todas formas, en cuanto a los horarios y las nuevas licencias, y la aplicación del convenio fijo-discontinuo, ahí habrá una gran diferencia entre donde hay representación y donde no la hay, porque hay que renegociar los calendarios. Nuestra idea es informar ya mismo sobre el preacuerdo en aquellas empresas donde tenemos representación para que en febrero se aplique ya el descanso semanal de dos días, por ejemplo.
La problemática de la vivienda golpea de lleno al conjunto de la clase trabajadora y se ha convertido en un negocio muy rentable para unos pocos, así como un derecho vulnerado para la gran mayoría social. LAB denuncia que, en lugar de tomar medidas urgentes y eficaces, el Gobierno Vasco evada su responsabilidad organizando eventos que están lejos de solucionar los problemas reales que sufrimos los y las trabajadoras vascas.
Hoy, 29 de enero, el Gobierno Vasco inaugura su «International Congress on Housing Policies» (Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda). Un congreso que dará voz a representates institucionales responsables de la situación actual y, como es habitual, hará caso omiso de las reivindicaciones que organizaciones sociales y sindicales llevamos años realizando. El derecho a una vivienda digna no está garantizado, por lo que es urgente que se tomen medidas estructurales que garanticen una vivienda digna y accesible para la clase trabajadora de Euskal Herria.
Además, el acceso a una vivienda social está claramente limitado por el escaso parque público existente actualmente como consecuencia de atender a las necesidades del lobby inmobiliario. LAB criticó desde el inicio abonar una prestación económica como compensación, puesto que el objetivo debe ser garantizar un techo digno a toda aquella persona que lo necesite. La hipocresía es tal que, aún teniendo herramientas legales para declarar como zona tensionada a decenas de municipios y barrios, y así dar un primer paso para contener los precios, los partidos que sustentan el Gobierno se han negado a hacerlo.
Considerando que, según los datos de EMAL, en 2023 el precio medio del alquiler en capitales como Bilbo y Donostia ascendía los 800 euros y 950 euros respectivamente, es muy grave que el nuevo decreto sobre el Derecho Subjetivo a la Vivienda prevea una Prestación Económica de Vivienda (PEV), cuya cuantía máxima no supera los 300 euros mensuales. Más preocupante aún es establecer que esta prestación, absolutamente insuficiente, a partir de este año será incompatible con las Ayudas de Emergencia Social (AES) relacionadas con gastos de alquiler y con las ayudas del programa Gaztelagun.
Por si fuera poco, el Gobierno Vasco también extinguió la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Una importante prestación vinculada a la RGI y a la que se exigía 3 años de padrón, pero no que quien la solicitara tuviera una situación administrativa regular. En el caso de las AES es un retroceso aún más drástico, ya que esta solo exigía 6 meses de padrón. Además, en ambos casos no era necesario tener permiso de residencia en vigor, mientras que la PEV va a requerir 3 años de empadronamiento en la CAPV y 3 años de inscripción en Etxebide. Una medida que claramente pretende dificultar aún más el acceso a la vivienda a los y las trabajadoras migradas.
En la misma dirección obstaculizadora de derechos, el pasado mes de noviembre el Gobierno Vasco publicó el nuevo reglamento de la RGI. Entre muchas medidas criminalizadoras de la pobreza, se añadieron nuevas trabas a la hora del reconocimiento del domicilio. A partir de este mes de enero solo se concederá la RGI a las personas que alquilan habitaciones cuando cada habitación cuente con un espacio de aseo exclusivo.
Medida que, sumada a la reducción del 15% de la cuantía de la RGI cuando haya más de una unidad de convivencia en la misma casa, revela la consigna del actual gobierno: sancionar las personas que se ven obligadas a compartir vivienda. Curiosamente, estas medidas de expulsión y exclusión social impulsadas por el actual gobierno no aparecen en su sello Basque Country de internacionalización financiera.
En definitiva, las políticas públicas que impulsa el Gobierno Vasco dejan claro que el objetivo es blindar los intereses de la patronal inmobiliaria, es decir: los bancos, los fondos buitre y los grandes tenedores. Políticas que permiten que la especulación con la vivienda sea una de las principales formas de expropiación de la clase trabajadora en la actualidad.
En LAB defendemos que la vivienda es un derecho y una necesidad material básica de todas las personas para tener autonomía, para garantizar seguridad y salud, para construir arraigo y para desarrollar un proyecto de vida digno. Para ello, es indispensable acabar con el negocio inmobiliario, desarrollar urgentemente un parque de viviendas público y social, así como tomar las medidas legales y políticas para no solo limitar los precios de alquileres e hipotecas, sino bajarlos.
Del mismo modo, desde LAB reiteramos nuestro compromiso con la lucha por una vivienda digna, de calidad y de acceso universal, y situamos esta lucha como una prioridad dentro de la lucha sociosindical que defendemos.
Ayer al anochecer un trabajador falleció en el puerto de Pasaia tras ser arrollado por un camión de carga de barcos. Un camión de gran tonelaje de tipo Mafi, de la empresa Noatum UECC, de 50 Toneladas, que introducía carga en el barco, atrapó debajo al vigilante de seguridad, de 47 años, que falleció en el momento.
En primer lugar, desde el sindicato LAB, quisiéramos mostrar nuestro dolor y solidaridad a familiares, compañeros, compañeras y personas allegadas.
Desde el inicio de 2024, 12 trabajadores y trabajadoras han fallecido en accidente laboral en Euskal Herria. La paradoja es que una de las tareas de las y los guardias de seguridad en el puerto de Pasaia es impedir la entrada de polizones en los barcos. Por ello, vigilan en el momento de la carga, con el consiguiente riesgo de ser atropellados o atropelladas por los camiones. Las miserias del sistema capitalista se han puesto de manifiesto, una vez más, con esta nueva muerte en la que un trabajador precario ha perdido la vida persiguiendo a personas más pobres.
Nada más producirse el accidente las y los delegados de LAB suspendieron la actividad y enviaron a casa a los y las trabajadoras. Las y los trabajadores han decidido suspender su trabajo también hoy sábado. El domingo se celebrará una concentración convocada por el comité en el interior del puerto.
Pedimos que se tomen medidas ante este terrible nivel de accidentes, hay que acabar con la impunidad patronal. Para ello, las instituciones deben tomar, de una vez por todas, la decisión política de hacer cumplir la normativa de salud laboral que lleva casi tres décadas en marcha. De no cumplirse, la clase trabajadora seguirá enterrando compañeros y compañeras.
Otro trabajador fallecido en accidente de tráfico en Nafarroa Esta misma semana, tal y como hemos denunciado en nuestra comparecencia en Iruñea, la alta movilidad que se da en Navarra hace que el nivel de mortalidad en carretera sea mayor. En esta ocasión, ha fallecido por accidente en Tutera el agricultor H.Z., de 36 años, que conducía su coche por una pista.
En enero de 2024 ya son 5 las muertes en el trabajo por accidente en Nafarroa, 4 de ellas en carreteras.Ya en 2021 denunciamos que Nafarroa estaba mostrando una tendencia preocupante por el número de trabajadores y trabajadoras que morían por accidente en desplazamientos. Ese año, la mitad de los fallecimientos por accidente laboral fallecieron en carretera, 10 de 20 muertes totales. Estas muertes se dieron en condiciones diferentes, producidas algunas por la extrema precariedad. Recordemos el atropello mortal de un trabajador migrado que a altas horas de la mañana iba en bicicleta a trabajar a la huerta en Zarrakaztelu.Esta misma semana hemos propuesto en rueda de prensa al gobierno de Chivite una serie de medidas sin obtener respuesta.
Nuestra propuesta:
• Medidas para reducir la movilidad:
Poder trabajar en las empresas desde casa durante parte de la jornada (un par de días a la semana).
Introducir la distancia en los ítems de riesgo en el empleo público y asignar las plazas en consecuencia.
Romper la tendencia de centralización. (desarrollar también desde el punto de vista de la territorialidad). • Planes de movilidad por parte de todas las empresas con la aprobación de las y los delegados y personal técnico del ISPLN.
Incorporar las medidas de los planes de movilidad en la evaluación de riesgos haciendo obligatoria la implantación.
Ayudas al transporte público
Ayudas al mantenimiento de vehículos cuando no exista transporte público. Control en la implantación de las medidas del plan. (inspección) Mejoras en el transporte público.
Mejora de determinadas carreteras e infraestructuras.
La tasa de paro es del 7%, lo que supone 98.000 personas en paro en Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia. Lo que debería de suponer un dato optimista, sin embargo, no refleja la realidad del empleo. Es más, la correlación entre el paro y la calidad del empleo es cada vez menor. A día de hoy, crear empleo no implica superar la situación de precariedad, ya que el mercado laboral se está fortaleciendo sobre la precariedad cronificada en el empleo.
El empleo generado entre las mujeres* es precario en su conjunto
En el último trimestre 15.600 mujeres* han encontrado empleo, pero hay que tener en cuenta que el número de mujeres* que está trabajando a jornada completa ha descendido (2.400) y que hay 18.000 más en jornadas parciales. Por lo tanto, el empleo generado en Hego Euskal Herria entre las mujeres en el último trimestre ha sido en su totalidad a jornada parcial, o lo que es lo mismo: precario.
Se ha incrementado el número total de jornadas parciales, en el último trimestre se han creado 31.500 empleos a jornada parcial. De esta forma, el 16,2% de la población actualmente ocupada lo hace a jornada parcial, siendo mayor la proporción entre las mujeres* (25,4% de las mujeres a jornada parcial frente al 7,7% de los hombres).
21.700 mujeres* inactivas (fuera del mercado laboral) dedicadas al trabajo doméstico en el último año han pasado a ser activas, a buscar empleo, y el empleo que han conseguido ha sido precario. Siendo la responsabilidad principal de las tareas domésticas de la mujer*, ésta, impulsada por la precaria situación de la unidad o familia, ha realizado un tránsito hacia un mercado laboral que le ofrece unas condiciones laborales precarias, forzada a una doble jornada precaria
A pesar de la caída del número de personas paradas de larga duración desde el año pasado, la proporción aumenta, siendo mujeres* en su mayoría (56,4% entre las y los parados de larga duración), lo que indica que tienen mayores dificultades para salir de la situación de desempleo.
Las y los jóvenes han abandonado el mercado laboral
En el último trimestre, un total de 10.100 jóvenes menores de 25 años, entre los que 8.000 son hombres, han pasado de ser activos a inactivos, lo que significa que se han situado fuera del mercado laboral por diferentes motivos (entre ellos, rechazar el empleo precario que les ofrece el mercado laboral y seguir formándose con la esperanza de conseguir un empleo de calidad en el futuro). En la actualidad, la tasa de paro juvenil se mantiene en valores muy altos, en el 19,5%.
La destrucción del sector industrial no cesa
El aumento del paro registrado en el sector industrial es grave, con un aumento del 17,24% respecto al año anterior (1.500 personas paradas más). Siendo una industria estratégica tanto para el desarrollo como para la soberanía de un país, creemos que habrá que analizar con cautela las causas que están detrás de esta tendencia y tomar medidas.
También ha bajado el número de personas paradas de larga duración, pero dadas las características del empleo emergente se puede decir que se han embarcado en un mercado laboral precario. Entre la población que lleva un año o más sin trabajar, la mayoría son mujeres* (46,6%).
Por tanto, el paro desciende entre sectores especialmente precarios (servicios) o población en situación vulnerable (jóvenes, mujeres* y migrantes). Si lo cruzamos con las precarias características del empleo que se ha creado (jornadas parciales, aumento de los contratos temporales…), la consecuencia es tan clara como grave: el empleo emergente es precario.
El sindicato LAB viene advirtiendo que el paro ha dejado de ser un indicador de la situación del empleo. A pesar de que cada vez hay más ciudadanas y ciudadanos trabajando, cada vez hay más en una situación precaria, desgraciadamente, sin ingresos suficientes para garantizar una vida digna. Analizando las tendencias de los últimos meses podemos confirmar que no estamos ante un hecho puntual. La precariedad es estructural en el mercado laboral, se han cronificado las condiciones laborales precarias y sobre ellas se está construyendo la relación laboral y el modelo socioproductivo.
El sindicato LAB ha llegado al 50 aniversario con la mayor afiliación y representación de su historia. Utilizaremos esta fuerza en la lucha por un nuevo modelo que transforme la situación y mejore las condiciones de trabajo y de vida de las y los trabajadores.
La Sociedad Anónima de Deportes y Espectáculos (en adelante, Grupo SADE), que hoy en día regenta el histórico Hotel Astoria y el Hotel Lasala Plaza, comunicó el pasado 23 de enero la amortización del puesto de trabajo a 13 de sus empleadas y empleados del departamento de restauración, decisión que en el Hotel Zinema7 (el histórico Astoria) afecta a 7 trabajadoras y trabajadores.
En un sector que, según el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, se encuentra ‘’en el mejor momento de su historia’’ a nivel autonómico y donde la ocupación hotelera ha subido un 10% en 2023 en Gipuzkoa, rozando los tres millones de pernoctaciones, la empresa alega datos económicos negativos y deficitarios desde hace años en el actual modelo de negocio de Alimentos y Bebidas –datos totalmente viciados y sesgados para el Comité de Empresa-.
Mientras que la empresa defiende ‘’una necesidad de transformación en la organización, a fin de adaptar el servicio a nuevos escenarios de incertidumbre generados por factores externos y globales’’ (poniendo de ejemplo la guerra de Ucrania o la inflación), el Comité ve una clara maniobra de desmantelamiento, que únicamente servirá para aumentar en mayor medida los beneficios del Grupo SADE.
Eso sí, una vez más somos la clase trabajadora la que tiene que sufrir las irreversibles consecuencias derivadas de la avaricia de la empresa: lidiar con el duro golpe que supone asimilar que hay compañeros y compañeras as en la calle de la noche a la mañana, ver cómo se siguen precarizando nuestras condiciones laborales mientras aumenta la carga de trabajo, étc.
No existen razones reales para la medida adoptada por la empresa. Nos quieren hacer creer que el departamento de restauración no funciona como debería cuando, en todo caso, es la propia empresa quien no apuesta por el mencionado departamento. A nuestro entender es evidente que es una parte fundamental para el correcto funcionamiento de todo el hotel y mediante el cual se ofrece un servicio que ha casado muy bien con las necesidades del barrio, incluso en épocas de temporada baja. De hecho, así nos lo trasmite la clientela habitual de Amara.
Por todo ello, se han visto en la obligación de denunciar públicamente la injusticia cometida por el Grupo SADE y a reivindicar la reincorporación inmediata de sus compañeras y compañeros y han iniciado movilizaciones.
Acabamos de tener conocimiento de que, ayer, un trabajador de la empresa Voith Hydro de Ibarra falleció en la central hidroeléctrica de la localidad ourensana de Rubía. Según los datos que hemos podido conseguir, el trabajador murió atrapado en una máquina y tuvo que ser rescatado por las y los bomberos. En primer lugar, desde el sindicato LAB quisiéramos hacer llegar nuestro dolor y solidaridad a familiares, compañeros, compañeras y personas allegadas.
Es la décima víctima mortal desde el inicio de 2024 y el tercer fallecimiento en el ámbito industrial por atrapamientos o golpes de máquinas. Desde 1997, las máquinas que se pongan a disposición de las y los trabajadores deben cumplir con una estricta normativa. Pero a dia de hoy, sigue siendo habitual encontrar en cualquier empresa máquinas peligrosas que incumplen la normativa. No es casual, por tanto, que en los índices de siniestralidad, cada año, las máquinas sean una da las causas más importantes. La patronal incumple la normativa con total impunidad, a pesar de que la normativa lleva décadas en marcha.
Mientras tanto, tanto Osalan como la Inspección de Trabajo, creadas para ser ineficaces, permiten que la patronal sigue sin cumplir las medidas de salud laboral. La normativa de salud laboral es conocida en el ámbito jurídico como la que más incumplimientos sufre. Mientras no se cambien de raíz esas estructuras institucionales, mientras no se establezca una dura planificación para controlar y sancionar a la patronal, todo seguirá igual. El resultado es que lo pagamos con nuestra vida.
Sólo la clase obrera organizada logrará cambios profundos. Para denunciar esta situación y mostrar la solidaridad de la clase trabajadora, en las próximas horas nos sumaremos a la concentración convocada en Ibarra por el comité de Voith.
Hoy los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU nos hemos movilizado en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz para denunciar la alta siniestrabilidad laboral desde que comenzó el año. De hecho, 9 personas trabajadoras han fallecido ya por accidente laboral en Euskal Herria. La última, el pasado viernes en la cantera de Urizaharra. Este inicio de año está siendo, por lo tanto, muy duro para las y los trabajadores. Pero lo más duro es que, de ninguna manera, es un momento puntual o aislado. Todos los años 60 trabajadoras y trabajadores fallecen de media por accidente laboral en Euskal Herria, más de 1.000 desde 2008.
Detrás de esta lista interminable se hallan los graves incumplimientos de la normativa en salud laboral. A pesar de que la normativa existe desde hace tres décadas, la patronal no la cumple y, con total impunidad, sigue alimentando esta macabra lista.
Así pues, hemos denunciado hoy en Gasteiz que el Gobierno Vasco del señor Urkullu no tiene voluntad para hacer cumplir la ley de prevención. Hemos denunciado que la impunidad de la patronal es la muerte de las y los trabajadores y, por ello, hemos exigido recursos y medidas para que, de una vez, se cumpla la normativa en salud laboral.
LAB exige al Gobierno Vasco:
– Que obligue a la patronal a que cumpla, de una vez, la normativa de salud laboral. Queremos ver en el ámbito laboral la misma actitud para el cumplimiento de la normativa que aplica en otros ámbitos de la vida. Siendo casi el mismo número de personas fallecidas en accidentes de tráfico que en accidentes de trabajo, en el primer caso se impusieron en el 2022 293.000 multas a conductores y conductoras, mientras que apenas fueron 700 las multas a empresas incumplidoras de la normativa de prevención. Es inaceptable.
– Mayor número de inspectores e inspectoras de trabajo. Apenas hay 41 para controlar todas las empresas de la CAPV, muy lejos de las cifras que podemos encontrar en Europa.
– Que las y los técncos de Osalan tengan capacidad ejecutiva, es decir, que sus resoluciones sean de obligado cumplimiento para las empresas. Hoy, Osalan no es más que una mera entidad asesora, cuyas resoluciones no son de obligado cumplimiento para las empresas.
Por lo tanto, exigimos a los gobiernos que tomen medidas para que la patronal cumpla todas las medidas preventivas y de salud laboral. Mientras no se produzca esto, la patronal seguiŕa incumpliéndolas. Hasta lograrlo, LAB seguirá organizando a las y los trabajadores en los centros de trabajo y movilizándose en la calle.
