LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Desde el sindicato LAB, queremos denunciar la falta de control necesario por parte del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación a las obligaciones laborales que la empresa de jardinería Viveros Perica S.A., como adjudicatario de un contrato público debe cumplir.

Entre las tareas pendientes que tenemos en Euskal Herria, una de ellas es la necesidad de configurar, desde bases propias, un derecho real y efectivo a la atención de las personas con dependencia, que tienen limitada su autonomía personal y necesitan apoyo en su vida diaria.

Actualmente, y en el marco de la ley estatal de la Dependencia, 51.670 personas están recibiendo en Hego Euskal Herria algún tipo de prestación: 8.129 en Nafarroa y 43.541 en la CAPV (diciembre 2011). Desde sus comienzos, la aplicación de esta ley ha mostrado una serie de carencias:

Al mismo tiempo, los recortes siguen acumulándose, poniendo a la Ley de la Dependencia en la senda de un nuevo fraude social. Primero fue la no dotación de financiación suficiente, posteriormente se decretó la eliminación de la retroactividad a la hora de exigir las prestaciones que se convirtió en la excusa perfecta para retrasar sin contrapartida alguna los plazos de valoración y resolución de las solicitudes. Y, desde el pasado diciembre asistimos a un nuevo ataque por parte del Gobierno de Rajoy: la decisión de congelar durante un año la incorporación y la financiación, de nuevas personas beneficiarias que presenten una dependencia moderada, tal y como estaba establecida en el calendario de aplicación (2011-2012) de la ley.

En estos momentos casi 12.000 personas han sido reconocidas como dependientes moderadas nivel 2 en Euskal Herria durante el 2011. La medida de Rajoy crea incertidumbre y resulta absolutamente discriminatoria hacia centenares de personas que en el 2012 pudieran solicitar y ver reconocida igualmente su situación de dependencia moderada. Se trata de personas que ven peligrar su derecho a servicios tales como el de teleasistencia, centros de día o ayuda domiciliaria. A todas ellas el Estado español les va a negar su ayuda. La semana pasada la ministra Ana Mato dijo que se comprometía a mantener la ley de Dependencia incluso a mejorarla. El problema es que cuando el PP habla de mejoras esta hablando de ahorrar dinero a las arcas públicas a base de eliminar niveles de dependencia, reconociendo menos grandes dependientes y eliminando directamente del sistema a los dependientes moderados. Estas personas ya no contarían con ese derecho , viéndose obligadas que les cuiden las mujeres de su entorno, a buscar por si mismas en ámbito de los servicios sociales privados o en el peor de los casos recurrir a la economía sumergida.

En principio, las administraciones vascas han decidido no hacer caso de los recortes de Rajoy y seguir aplicando la ley de dependencia como se recogía en ella, pero eso no quiere decir que sea suficiente. El PP quiere llegar a un gran pacto con las Comunidades Autónomas para implantar un catalogo básico de servicios sociales, en el que quiere determinar cuales son las prestaciones a las que puede acceder la ciudadanía, así como los requisitos y condiciones para acceder a ellas. Van a plantear unos criterios comunes básicos. Criterios que lo único que van a conseguir es reducir aún mas siquiera los escasos servicios que se dan actualmente.

En consecuencia, nuestra valoración global del sistema de atención a la dependencia imperante es tremendamente crítica: es un sistema que no está consolidando derechos, que no es garantista en sus prestaciones, que se está viendo afectado por una financiación débil, que no apuesta decididamente por la creación de servicios y empleos de calidad, y que se encuentra sometido a un marco legislativo y de decisión estatal que nos niega la capacidad de decisión.

Por todo ello, considerando el modo y las consecuencias de la aplicación de la Ley de Dependencia, así como el nuevo ataque al derecho de las personas en situación de dependencia en Euskal Herria, el Sindicato LAB emplaza a las distintas instituciones de Euskal Herria a:

1. Que no se le niegue a ninguna persona dependiente el derecho a la atención que le corresponde. En este sentido, hacemos un llamamiento a desobedecer la moratoria y la nueva reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno del PP. Igualmente exigimos que no adopten ninguna medida regresiva que vulnere los derechos de las personas dependientes. En este sentido, reclamamos que el Gobierno de Navarra suspenda el decreto de incompatibilidades entre prestaciones por el que centenares de personas se están viendo tremendamente perjudicadas, a la hora de poder compatibilizar la asistencia a un centro de día con la ayuda domiciliaria. Y al Gobierno Vasco que haga de una vez por todas el catálogo y la cartera de servicios que se viene atrasando desde hace ya unos años.

2. Que las instituciones de Hego Euskal Herria, Gobiernos de la CAPV y Nafarroa y Diputaciones Forales, adopten las decisiones políticas y económicas, para habilitar recursos y partidas presupuestarias suficientes y ampliables que posibiliten la concreción del derecho a la atención a la dependencia. En este sentido, consideramos que la atención de necesidades básicas como la dependencia, la salud, cobertura económica digna, la vivienda tienen carácter prioritario y urgente en la coyuntura actual.

3. Que se abra un debate político, institucional, social, acerca del modelo de atención a la dependencia del que debemos dotarnos en Euskal Herria, a partir de la reivindicación de soberanía plena en esta cuestión. No podemos permanecer durante más tiempo sometidos a un marco que nos niega la posibilidad de decidir sobre la forma de actuar ante la pérdida de autonomía personal, a quienes vivimos y trabajamos en Euskal Herria. Negación que se alimenta de unos planteamientos de corte neoliberal, que no cree en los derechos sociales , injusto y sin otra meta que no sea la de obtener beneficios. Por ello, es necesario activar un debate, que desde nuestra realidad social, económica y política, nos permita avanzar hacia un sistema propio de protección social y cuyos ejes deben pasar por:

– La voluntad y el compromiso político de configurar la atención a la dependencia en el ámbito de un sistema propio de protección social.

– Garantizar la financiación del sistema de atención a la dependencia desde políticas fiscales justas y de redistribución de la riqueza.

La necesidad de plantear la organización colectiva del cuidado en su integridad, articulando nuevas respuestas y esfuerzo que superen las soluciones tradicionales (reconocimiento efectivo de derechos, carácter público y universalidad, nuevos modelos de organización y gestión de recursos, coordinación sociosanitaria, empleo de calidad).

4. Que se mejoren las condiciones de trabajo del personal de los servicios. Demandamos, respaldar los procesos de negociación de los convenios colectivos sectoriales donde no existan y los que están sin firmar o han sido firmados por exiguas minorías y con graves retrocesos. Demandamos una mejora generalizada de salarios, ratios y condiciones de trabajo que sin duda redundarán en servicios de calidad.

En estos momentos en que las administraciones se pasan la pelota unas a otras, demandamos constituir con urgencia una negociación con la representación sindical para que las modificaciones en materia de titularidad se resuelvan en beneficio de la prestación de los servicios y de mejora de las condiciones de trabajo. Queremos que las Diputaciones Forales de una parte y el Gobierno Vasco y el Gobierno de Nafarroa de otra dejen de marear la perdiz y nos pongan sobre la mesa una propuesta para definitivamente construir unos servicios sociales dignos.

Para ello. Hay que ampliar el presupuesto destinado a los servicios sociales; nuestro gasto en servicios sociales está en torno al 2% del PIB mientras la media europea es del 4%.

Sobre todas estas cuestiones queremos interpelar a las administraciones vascas; queremos que dejen de eludir sus responsabilidades con excusas de titularidad y tomen las medidas necesarias para ello.

Vamos a hacer llegar nuestras peticiones a las diputaciones y gobiernos y exigimos una respuesta urgente y favorable ya que el deterioro de la atención y cuidados es pública y manifiesta.

Bilbao, 7 de febrero de 2012