GARA (Juanjo Basterra).- LAB se levantó y no va a participar en la mesa de la Administración que estudia la Ley de Empleo Público. Afirma que «está amañada», porque «acepta los criterios» que el Gobierno español toma por medio de decretos y «no nos deja capacidad de negociación. Busca individualizar las condiciones laborales». Un claro ejemplo, a su juicio, son las OPE que se anuncian, «pero que no crearán empleo».
¿Cuál es el planteamiento de LAB ante el anteproyecto de Empleo Público de Gasteiz?
No compartimos los contenidos del anteproyecto que va a vertebrar las condiciones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores de todas las administraciones públicas. Porque apuesta por un modelo de individualización de las relaciones laborales, niega el derecho a la negociación colectiva y avanza en la privatización de los servicios públicos, en el sentido que no se pone ninguna cortapisa. Es verdad que esta ley no es la que tendría que hacerlo, dado que es el proyecto de Ley de Administraciones Públicas. También tenemos un borrador, pero tampoco pone trabas.
¿Qué es la dirección profesional que figura en el anteproyecto?
Es un staff directivo, que estará fuera de convenio, elegido a dedo, y se encargará de fijar objetivos de áreas de los servicios públicos y evaluará el desempeño de los funcionarios. No da posibilidad de participación.
O sea, en la empresa pública aplicará la gestión privada.
Exactamente. La gestión de este personal es la de implantar un sistema similar al de la empresa privada. Pero LAB no nos hemos levantado de la mesa por los contenidos. Porque es legítimo que el Gobierno quiera impulsar un modelo de relaciones laborales, como los sindicatos, pero lo que decimos es que no vemos ninguna posibilidad de negociación de esos contenidos. Está predeterminado y amañado de antemano.
¿Por qué?
Primero. Porque se toma como base la legislación básica estatal. Lo que hace es que te condiciona y determina por completo el resultado final. Por otra parte, porque preguntamos al viceconsejero, incluso en materias que tenemos posibilidad de negociación, qué sucedería si fruto del debate se presentase un nuevo borrador si no concita por parte sindical una mayoría suficiente, y si en ese caso se frenaría la tramitación de esa ley. Aun así, lo llevaría al Consejo Gobierno y Parlamento. Es claro que no podemos incidir.
¿Da credibilidad a las palabras del viceconsejero Zearreta sobre el estudio de las enmiendas de ELA, CCOO y UGT?
No. Tiene prefijado cuáles aceptará. Algunas las recogerán, pero no las fundamentales, porque apuestan por un modelo de relaciones laborales sin posibilidad de negociación colectiva y de individualización.
¿Qué ventajas obtendrá el Gobierno con ese modelo?
Les puede salir la negociación más barata, más sencilla y generará una fractura entre trabajadores. Con esos mimbres, llamar a la movilización y a la protesta nos costará mucho más. El Gobierno sale ganando de todas todas.
¿Cuánto empleo se ha perdido en la Administración pública?
Responder con una cifra exacta es bastante difícil. En primer lugar, porque el Gobierno Vasco actúa con mucha opacidad. Calculamos que durante la crisis en Osakidetza se han perdido alrededor de 3.000 puestos de trabajo; los datos de evolución de las bolsas de trabajo en Administración general indican que en el 2011 se contrataron unas 1.200 personas para trabajos temporales y en el 2013 alrededor de 130, y en Enseñanza los ratios publicados por el propio Departamento nos indican que curso tras curso hay menos profesorado por alumno.
Es una constatación el aumento de las cargas de trabajo en todos los sectores, lo que perjudica a la calidad del propio servicio y la atención a las personas usuarias.
Pero, al hilo de esta pregunta, lo que sí me gustaría transmitir es que el Gobierno Vasco, como réplica a las movilizaciones y en un intento a la desesperada por limpiar su imagen, está anunciando a bombo y platillo Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que en absoluto suponen creación de puestos. Pretenden equivocar a la gente, al fin y al cabo todos relacionamos OPE con creación de empleo cuando en absoluto son sinónimos.
¿A qué se refiere, en concreto?
De hecho, en este caso estas OPE suponen destrucción de empleo: el Gobierno Vasco saca la mitad de las plazas de quienes se jubilan, pero lo que no dice es que la otra mitad se queda sin cubrir, con lo cual en lugar de aumentar plantillas se están reduciendo, y avanzamos a una paulatina y planificada destrucción de los servicios públicos.
¿No volverán las 35 horas?
La cuestión de salario y jornada son materia de negociación de ámbito estatal. Si ley da por buena la normativa estatal, no puede diferenciar condiciones retributivas y de jornada. Además pedimos negociar en el ámbito del Consejo Vasco de la Función Pública, donde están representadas las administraciones y sindicatos. Y además, pretendimos que estuvieran los organismos sociales para haber desarrollado una ley propia, que recogiera, entre otras, el marco vasco, las 35 horas y salarios, pero el viceconsejero dijo que sería ilegal. No aceptó porque comparte el criterio de Madrid.
¿Van a participar en las nuevas reuniones?
No vamos a ir. Vamos a intentar paralizar el proyecto, que no llegue al Parlamento Vasco. Vamos a dar batalla, porque lo contrario es colaborar con el Gobierno Vasco, que es lo que hacen CCOO, UGT y ELA. Es doloroso especialmente por ELA, que dice que no participa en la mesa de dialogo social porque no hay condiciones y sin embargo participa activamente en la mesa del diálogo social de la negociación pública con el Gobierno, que es la empresa que más ha recortado y destruido empleos.
