La campaña que el PP de Gasteiz y de Araba está llevando a cabo contra las personas que reciben prestaciones sociales no pueden recibir mas que nuestro absoluto rechazo. Una y otra vez, de forma recurrente, bien por razones electorales, bien para ocultar el fracaso de sus políticas, el partido popular, en este caso por medio de Maroto y De Andrés, Maroto y De Andrés no dudan en utilizar a los sectores más vulnerables para justificarse miserablemente.
Y lo hacen aprovechando la desesperanza, la rabia, el sufrimiento que ellos mismos han provocado con reformas laborales que expulsan a miles de personas al paro, con unos recortes en las políticas de protección que dejan sin recursos a miles de personas en desempleo de larga duración, con ayudas a la banca que nos encadenan al yugo de la deuda, con políticas de especulación inmobiliaria que dejan a la gente sin vivienda… Para el PP lo fácil es buscar chivos expiatorios y hacer que nos enfrentemos por las migajas que dejan los presupuestos públicos para hacer frente a la precariedad y pobreza. Pero hay que decirlo claro. Los culpables son ellos.
El PP miente, y lo sabe. La renta de garantía de ingresos es un derecho, recogido en ley, al que se accede por cumplir unas condiciones rigurosas (situación económica, laboral, empadronamiento). Sabe que miente porque acceder a esta prestación supone estar sometido a un sistema de control continuo que llega a cuestionar la dignidad de las personas (justificaciones de gastos personales…). Sabe que miente porque la cuantía de esta prestación, que está muy por debajo del umbral de la pobreza, apenas posibilita vivir decentemente. Ahí están los datos de la pobreza infantil. El PP sabe que miente, pero ¿por qué lo hace?
Lo hace porque tiene un objetivo claro. Y con él todos aquellos que se mueven en la órbita neoliberal, adoptando medidas a favor de los poderes económicos y patronales dominantes. Saben que la imposición de un orden social y económico injusto, desigual y sin derechos exige utilizar la fuerza: obliga a extender el miedo y el chantaje en las empresas; impone el control y obligación de aceptar subempleos; utiliza la división y la amenaza del castigo. El aumento de la explotación, las políticas de empleo regresivas, el paro, las reformas del código penal, los recortes en las prestaciones sociales, la desapariciṕn de los derechos, la xenofobia y pobrefobia, la gestión del malestar social… Todas ellas son piezas del presente y futuro antisocial que nos ofrecen.
Por todo ello como LAB creemos imprescindible la movilización social, para hacer frente a estas políticas y para caminar hacia un sistema basado en la justicia social. En ese sentido, impulsamos la Carta de Derechos Sociales, que es una herramienta con la que pretendemos avanzar en un proceso de ruptura frente al orden social actual, frente a la precarización, al consumismo, al individualismo, al racismo, al patriarcalismo. Debemos deslegitimar todos aquellos discursos que pretenden someternos a un modelo social injusto. Tenemos que hacernos con todos aquellos instrumentos que nos garanticen derechos sociales para todas y todos sin exclusión. Y sobre todo, tenemos que levantar nuevas alternativas de producción, de consumo, de distribución de la riqueza y de convivencia entre quienes vivimos en Euskal Herria.
