La idea de esta guía surgió como necesidad de dar a conocer cuáles son las prestaciones existentes destinadas a cubrir la falta de ingresos económicos, derivados en gran parte por la negación del empleo. El ambiente, intencionadamente creado en los últimos meses, de confusión, de distorsión, de criminalización, no hacen más que alimentar el recelo y la ignorancia. Confusión e ignorancia que lleva a una parte importante de la población a no hacer uso de sus derechos, aunque cumpla los requisitos.
Pero además de informar sobre las prestaciones, también hemos aportado datos sobre la situación de pobreza y precariedad que sufre una parte importante de nuestro pueblo, a la vez que denunciamos el comportamiento antisocial de los gobiernos, los de Madrid y los de aquí.
Nos encontramos en un contexto duro y complicado. Los diferentes estudios, los de FOESSA, los de las instituciones y los propios de LAB, coinciden en el retrato de la situación. La realidad de la pobreza y precariedad en Euskal Herria ya no se puede ocultar. Todos y cada uno de los indicadores empeora de año en año: el número de trabajadoras y trabajadores en activo que son pobres, las tasas de paro, la pobreza severa, el riesgo de pobreza, la pobreza infantil, el aumento de la desigualdad, … El resultado no puede ser más preocupante:
1.se está conformando un escenario de fractura social y de ruptura de la solidaridad: prácticamente, 4 de cada 10 personas están viviendo, con diferentes intensidades, en la precariedad. Esto es: sin derechos, sin empleo, sin ingresos económicos estables y suficientes para vivir decentemente.
2.aumenta la brecha entre las tasas de pobreza de Euskal Herria y la de otros países europeos con niveles semejantes de riqueza (países noŕdicos, Bégica, Alemania, Austria, Francia). En nuestro país, la pobreza representa casi un 30% más que en dichos países. Un auténtico desastre y fracaso del modelo social dominante.
En este escenario de extensión de la exclusión social, los sistemas de protección están siendo cuestionados desde diferentes sectores en Euskal Herria:
a) Por un lado, están quienes pretenden liquidar los sistemas de protección. Empezaron con los recortes en las pensiones, luego fueron las prestaciones por desempleo y ahora, son los programas de garantía de ingresos los que se ponen en el disparadero. Y para ello no dudan en manipular, mentir y confundir. Los mismos que crean pobreza y protegen a la corrupción, crean chivos expiatorios para arremeter contra ellos, a la vez que buscan nuevas justificaciones para desmantelar un sistema de protección, ya de por sí débil e insuficiente.
b) Por otro lado, están quienes aparentando la defensa del sistema vasco de protección social, lo debilitan. Una y otra vez actúan impidiendo que el sistema se fortalezca (recortes, cambios legales e interpretaciones restrictivas para negar cobertura, gestión caótica de Lanbide,…). Su único objetivo es controlar y frenar el número de personas que acceden al sistema de protección, y para ello no dudan en coparticipar en campañas que promueven la sospecha y la culpabilidad sobre las personas que reciben las ayudas (ejemplo: cartas de Lanbide).
c) Finalmente, nos encontramos con la reivindicación cada vez más amplia, desde diferentes sectores (personas, plataformas, asociaciones solidarias, organizaciones sociales y sindicales), que conscientes de la gravedad de la situación, están reclamando, una y otra vez, la mejora y ampliación del sistema. Reivindicación que está siendo desoída por los gobiernos de Gasteiz, incapaces de dar respuestas a miles de personas que quedan fuera del circuito de las ayudas y la protección.
LAB se sitúa entre quienes exigen cambios profundos. Tal y como aparece en la guía que hemos confeccionado, resulta aberrante los recortes en materia de protección cuando la situación social de miles de personas se hace insostenible. Desde esta postura, queremos mostrar nuestra valoración, tanto de los presupuestos del Gobierno vasco en materia de protección social como del modelo de protección que defiende, que a nuestro juicio no está a la altura de las urgencias del momento.
1. 1.Denunciamos que la partida presupuestaria para el 2015 no refleja ninguna voluntad de mejorar y superar las carencias actuales del sistema de protección:
1. Los 461 millones de euros presupuestados tan sólo sirven para mantener las ayudas que en estos momentos reciben 67.000 hogares. Esta cantidad refleja el gasto presupuestario correspondiente a la Renta de Garantías de Ingresos de 2014. Es un gasto de pasado, no de futuro. En este sentido, tenemos que decir que en octubre se agotó la partida del presupuesto de 2014 para RGI, y que el Gobierno vasco va a tener que completar con otros 80 millones de euros más para poder hacer frente a los pagos de la RGI de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
2. En consecuencia, estos 461 millones son claramente insuficientes:
A) No va a permitir responder a la nueva demanda de RGI, creciente, que se va a producir durante 2015. El Gobierno vasco sabe, y lo oculta, que durante 2015, van a aumentar las solicitudes de RGI:
– por la incorporación de nuevas personas paradas de larga duración, que van a quedar sin prestaciones por desempleo con subsidios asistenciales.
– por la incorporación de personas jóvenes con contratos hiperprecarios o sin ninguna experiencia laboral.
Ello significa, que si a finales de este año puede haber en torno a 67.000 titulares de RGI, a finales de 2015 podrán ser entre 72.000 y 74.000 titulares. Para responder a un crecimiento de la demanda de RGI entre un 7% y 10%, los presupuestos deberían incrementarse en la misma proporción. Con la partida propuesta para 2015, los presupuestos se agotarán a partir de octubre del año que viene.
B) Además, el presupuesto no responde a las necesidades reales. Hay muchas personas que pudiendo tener derecho a la RGI no la solicitan. El Gobierno Vasco no contempla ninguna medida para responder a lo que la Encuesta de Necesidades sociales 2014 del propio Gobierno Vasco señala: existe un 27% de la población en riesgo de pobreza que en estos momentos no es beneficiaria del sistema de garantía de ingresos, aun cumpliendo los requisitos. Eso significa, que en 2014, 27 de cada 100 personas que podían haber recibido la RGI no lo han hecho.
C) Pero además, estos presupuestos:
– No van a corregir la insuficiencia de las cuantías de la RGI, reducidas y congeladas en los últimos años. Las cuantías de la RGI se sitúan un 39% por debajo del umbral de la pobreza, según los criterios europeos y nuestro nivel de riqueza.
– No van a posibilitar los cambios legales necesarios en la ley de Garantías de Ingresos, para abrir las puertas de la protección, especialmente a personas mayores de 18 años, en edad laboral y sin posibilidades de emancipación familiar.
– Van a mantener el caos en la gestión de Lanbide. Tan importante como las prestaciones es el modo en que se ofrecen dichas prestaciones y los servicios. La congelación presupuestaria para Lanbide, significa perpetuar su mal funcionamiento, así como los niveles de precariedad laboral y material de su personal, que hacen imposible atender con calidad a un aumento de la demanda, tanto en prestaciones como en servicios de información, formación y orientación personalizada.
2. Junto a lo anterior, señalábamos que el Sistema de Protección vasco necesita cambios profundos. El Gobierno vasco no puede mirar a otro lado y reducir la lucha contra la pobreza y precariedad a la Renta de Garantía de Ingresos. Siendo necesario, no es suficiente. Y aún lo es menos, cuando se deposita en la Renta de Garantía de Ingresos la resolución de cuestiones que deberían resolverse a otros niveles.
A) El hecho de que la velocidad con la que se extiende la pobreza real entre menores de 14 años avanza a mayor ritmo que en el resto de la población, hace urgente la puesta en marcha de políticas universales de apoyo económico y de servicios a la infancia y juventud, políticas vigentes en otros países europeos y que se han mostrado eficaces para mitigar la reproducción de la pobreza..
B) El hecho de que un 20% de las personas que reciben la RGI sean pensionistas que complementan sus bajas pensiones pone en evidencia el fraude de un sistema como el de la Seguridad Social y la Caja única que es incapaz de garantizar unas pensiones dignas. Ante ello, el Gobierno vasco debería abordar esta cuestión con resolución para dejar de ser un simple tapaagujeros de los recortes de Madrid. Es necesario abrir la vía para la consecución de un modelo integral de garantía de rentas y prestación social, una seguridad social propia, con plena capacidad de decisión en materia normativa y de financiación.
C) El hecho de que un 20% de las personas que complementan sus sueldos miserables con la RGI nos hace ver la existencia de un mercado laboral donde las empresas están valiéndose de la crisis para tirar los salarios por los suelos. El mercado laboral actual es el principal generador de pobreza. La RGI no puede financiar a una patronal que se niega a dignificar los salarios. Su postura nos sale cara a las trabajadoras y trabajadores en forma de pobreza y precariedad. Es urgente un nuevo modelo de relaciones laborales, donde cuestiones como la necesidad de aumentar el salario mínimo, eliminar el trabajo parcial impuesto y garantizar la existencia de convenios sectoriales dignos sea la prioridad.
