Los datos de las pérdidas de salud oficiales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se han reducido por el efecto del desempleo y por la ocultación de los daños a la salud. No obstante, todas las reformas que se están llevando a cabo conllevan una pérdida de control sobre la propia vida (alimentación, vivienda, etc.), así como un aumento de la incertidumbre, inestabilidad, y la presión sobre la población trabajadora que tiene una repercusión directa sobre nuestra salud. Cabe destacar la precariedad laboral como factor decisivo en el aumento del nerviosismo y la ansiedad, el miedo, el sufrimiento, la depresión y la pérdida de la sociabilidad y las relaciones personales. Hay un mayor riesgo de fatiga crónica, de padecimientos crónico-degenerativos y cardiovasculares, de intoxicaciones, tumores y mayor siniestralidad laboral.
Desde 2008 han aumentado entre 20-40% las patologías depresivas, la ansiedad, el abuso del alcohol, los trastornos del sueño y las patologías psicosomática. Cada vez más personas acuden a las consultas con estos síntomas, derivados del estrés y de la inseguridad personal que produce la pérdida del empleo o la dificultad para pagar la hipoteca. Asimismo, los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte no natural.
Conjuntamente con esto existe una política de privatizaciones, de traspaso de competencias de titularidad pública a manos privadas, que pretende descapitalizar el modelo público para que los intereses privados hagan negocio a costa de nuestra salud y nuestra vida.
La recientemente aprobada Ley de Mutuas, conjuntamente con el Real Decreto sobre incapacidad temporal aprobado en julio, supone una nueva vuelta de tuerca contra nuestra salud privatizando y descapitalizando la sanidad pública en beneficio de las mutuas.
Desde la década de los 90 las Mutuas han ido ganando cada vez más competencias tanto en contingencias profesionales como en comunes, e incluso en otro tipo de prestaciones (desempleo de las y los autónomos, riesgo durante el embarazo, cuidado de descendientes con enfermedad grave, etc.).
Con la última reforma van a seguir profundizando en el camino iniciado: las Mutuas ya no sólo atienden los daños derivados del trabajo, sino que han ganado y van a seguir ganando más competencias de titularidad pública.
En adelante, la mutua decidirá si una baja es de origen común o profesional; ante las altas de las mutuas tendremos solo 10 días para poder reclamar; las bajas van a estar controladas mediante tablas de duración óptimas de enfermedades; se producirá un aumento de la burocracia en la baja que dependa del servicio público de salud; el INSS estará capacitado para poder acceder a nuestra historia clínica y las mutuas también tendrán acceso a parte de dicha información. Y hay más: en contingencias comunes nos podrán citar desde el primer día; podrán imponer la obligatoriedad de hacerse reconocimientos; estarán capacitados para dar el alta económica (seguir de baja sin cobrar), al igual que lo van a estar para la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que cobrarán al sistema de salud. La capacidad que se les otorga es tal que prácticamente podrán dar altas.
En definitiva, las nuevas competencias para las Mutuas suponen un mayor poder de control hacia la clase trabajadora. El modelo actual con sus constantes reformas va hacia el desmantelamiento del sistema público.
Avanzamos hacia un modelo privado y economicista de la salud, en el que se les va a dar todo el poder a las mutuas. Sin ningún control. Ocultando los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de personas enfermas o secuelas evitables.
Es por todo ello que desde LAB pensamos que debemos potenciar lo público frente a lo privado y por lo tanto, hacemos un llamamiento a las empresas para que no contraten el control de las contingencias comunes con las mutuas, es decir, para que las contingencias profesionales se contraten con el INSS y la asistencia sanitaria sea realizada por medio de Osasunbidea u Osakidetza, en defensa de otro modelo público de salud de calidad para todos y todas.
De esa manera conseguimos que una parte de las cotizaciones de la seguridad social vaya destinada a los Servicios Públicos de Salud (Osasunbidea y Osakidetza) por lo que dicho dinero serviría para dotarnos de un sistema público de salud cada vez más fuerte y con mayores recursos económicos, técnicos y humanos.
Esta opción, a día de hoy, es posible, tan solo tenemos que saber cuándo acaba el convenio de asociación de la empresa con la mutua y un mes antes denunciar ese convenio (anunciar que no se va a renovar) para que no se prorrogue automáticamente.
Este 28 de abril reforzamos nuestro compromiso a que se solicite el cambio en la empresa, para que nuestra salud sea tratada únicamente con criterios científicos y no económicos, y, en definitiva, para ir construyendo una alternativa real para la construcción de un sistema público de calidad donde la salud sea un derecho. Un modelo sanitario con recursos económicos, técnicos y humanos al servicio de nuestra salud y nuestra vida. ¡Esa es la apuesta!
