A pesar de que existen algunas mejoras, creemos que se dan recortes y se endurecen las condiciones de acceso, dejando fuera a mucha gente. En ese sentido creemos, que a la hora de elaborar la Ley, el Gobierno de Navarra ha priorizado el criterio presupuestario. Desde nuestro punto de vista, elaborar una Ley desde ese prisma es un error.
Estamos hablando de la elaboración de una Ley, que debiera ser pionera en Navarra; pionera en el sentido de tener como reto erradicar la pobreza. Diferentes estudios dicen que las actuales rentas condicionadas (a modo de ejemplo la RGI en la CAV) no están cumpliendo los objetivos. Parece ser, que este tipo de prestaciones son por una parte, insuficientes en su regulación. Y, son insuficientes también, porque deben ser abordadas desde un todo. Es decir, necesitan de otro tipo de políticas que acompañen a ésta. Este debiera ser el reto para el Gobierno de Navarra.
La activación social es fundamental, y en ello se va a centrar el sindicato LAB, para conseguir que desde el Gobierno y el Parlamento de Navarra en el trámite parlamentario se modifiquen los puntos negros de este Anteproyecto de Ley Foral.
Puntos a los cuales desde el sindicato LAB realizamos las oportunas aportaciones en el “proceso participativo” abierto para ello. Proceso participativo que no ha servido para tener en cuenta las aportaciones de los agentes sociales y sindicales más allá de cuestiones meramente técnicas.
El sindicato LAB parte de la base de que la pobreza y la precariedad responden a opciones del sistema capitalista, que en esta fase histórica, ha optado por finiquitar derechos sociales y laborales, privatizar servicios públicos y aumentar en intensidad las formas de explotación de la clase trabajadora.
En este sentido creemos que las políticas que se diseñen y, las leyes que se elaboren por parte del Gobierno y el Parlamento de Navarra, deben tener como reto invertir la ofensiva capitalista. Invertir para que sean las personas y el sostenimiento de la vida los ejes de cualquier medida, ley o política que se adopte.
Es decir, hay una pobreza estructural a la que hay que responder, sobre todo, combatir y erradicar. Y, en esa respuesta, debe situarse el Gobierno de Navarra y, contemplar y diseñar políticas intersectoriales
eficaces, que resuelvan estas situaciones de vulnerabilidad extrema. Un sistema de protección socio-laboral capaz de cumplir ese objetivo. Ese debe ser el reto del actual Gobierno de Navarra.
Cuando la oposición se convierte en Gobierno, confecciona un Acuerdo Programático y, establece asumir el pleno compromiso de su cumplimiento. En él, se acuerdan una serie de puntos relacionados con el citado anteproyecto de Ley Foral. Puntos, que suponen mejoras, la ampliación de la prestación a más personas beneficiarias. Puntos que deben de ser recogidos en las nuevas leyes que a tal efecto sean confeccionadas.
Pues bien, en el anteproyecto de Ley Foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, algunos de los puntos recogidos en dicho Acuerdo son contemplados, mejorando así, lo actualmente establecido.
Lamentablemente, por contra, algunos de los aspectos mejorados en la RIS (ampliación de la cuantía de la ayuda, ampliación del límite mínimo de edad…) así como otros recogidos en el Acuerdo Programático (requisito de antigüedad de residencia de un año, cuantías referenciadas al SMI anual, eliminar la exigencia de un Acuerdo de Incorporación…) aspectos muy relevantes a nuestro parecer, no se recogen. Además, suponen un endurecimiento en las condiciones de acceso a la prestación, así como una merma de derechos y un retroceso en protección.
Para el sindicato LAB, estos puntos negros suponen dejar sin protección a muchas personas, y es aquí donde creemos que el Gobierno de Navarra tiene que reorientar y girar el rumbo.
El punto de partida debe ser avanzar hacia la reducción y erradicación de la desigualdad social en Navarra. Ese es el reto que debiera tener en mente el actual Gobierno de Navarra. Y, para ello, los criterios economicistas deben dejarse a un lado para, establecer en el centro, a la persona. Y, decimos criterios economicistas, porque creemos, y así debemos de trasladarlo, que algunos de los incumplimientos realizados con respecto al Acuerdo Programático cuatripartito, así como otras dificultades añadidas en el Anteproyecto, se realizan en base a las partidas presupuestarias y, no en base a la cohesión social que un “Gobierno de cambio” debiera priorizar.
Análisis y propuestas con respecto a los “puntos negros” de la Ley
I. En relación al requisito de antigüedad de residencia de 2 años, para el sindicato LAB, este límite temporal es muy amplio. Supone dejar en situaciones de exclusión y vulnerabilidad a mucha gente durante mucho tiempo. Es por ello que proponemos que el límite sea establecido en un año (tal y como han reivindicado cuando eran oposición y, establecido mediante Acuerdo Programático). Y, en los casos con menores, no establecer ningún límite temporal (tal y como establecía a modo de ejemplo, el artículo 5.c) de la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales, tras ser modificada por Ley Foral 13/2008) dado que la protección del menor debe ser en todo caso, prioritaria.
II. En lo que respecta a las cuantías referenciadas, la rebaja en 55 euros mensuales (una cantidad importante) a las unidades perceptoras de un solo miembro (5.800 personas el año pasado) para el Sindicato LAB supone un paso atrás y una merma de derechos. No entendemos porqué tiene que castigarse a un colectivo, para poder beneficiar al resto. La Ley de Renta Garantizada debe mejorar el nivel de cobertura y asegurar el acceso a una prestación económica suficiente y equivalente como mínimo al umbral de pobreza para así garantizar un nivel de vida adecuado, que es fundamento último de la protección social en casos de vulnerabilidad y exclusión social.
III. En lo referido a la edad mínima para ser perceptor de la prestación, creemos que se establecen unas condiciones durísimas a un colectivo que a duras penas podrá cumplirlas. Creemos que de facto, la edad mínima queda establecida en 24 años, dado que la mayoría de este colectivo no va a poder cumplir con los requisitos establecidos. Las políticas relacionadas con este colectivo, incluida la regulación de esta Ley, tienen que avanzar y dotar de medidas que favorezcan que la juventud pueda aspirar y tener un futuro digno. Es por ello, que plantemos que desaparezcan los requisitos establecidos y, la edad para cobrar la renta sea establecida a los 18 años, sin ningún tipo de condición.
IV. Finalmente, nos surgen dudas porque parece que se establece una obligación para poder seguir cobrando la Renta de Garantía. Cuestión que debe aclarar el Gobierno de Navarra. De todas maneras, si la respuesta es positiva, se estaría incumpliendo otro de los puntos del Acuerdo Programático que establece eliminar la exigencia general de firmar un Acuerdo de Incorporación. Porque, aunque sea cierto que no es condición sine quanon para percibir por primera vez la RG, parece que si lo es a partir del segundo año. Pero es que además, en el Preámbulo hay un párrafo donde se explica y advierte que la condicionalidad y la rigidez relacionadas con este tipo de Acuerdos de obligatoriedad, suponen riesgos a evitar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es la propia Ley la que en su Preámbulo establece el riesgo y, alerta de ello, nos resulta contradictorio la posterior regulación. Se trata en todo caso, de una medida de coacción que supone el deber de aportar trabajo a cambio de una contraprestación. Es decir, se amenaza con hacer perder la prestación a quien rechace una oferta de empleo. Y, esta intimidación, no es inocente. Se quiere utilizar a las personas perceptoras para que acepten lo inaceptable y así, arrastrarlas al precipicio de las condiciones laborales pésimas a un sector importante de la clase trabajadora. La reciprocidad sólo se exige a quienes no tienen recursos. Trasluce paternalismo, limitando la capacidad o la autonomía de las personas a la hora de optar a un empleo de calidad.
Para acabar, creemos que es necesario hacer una evaluación de los resultados de la Ley en un plazo de aproximadamente dos años. Evaluación para valorar si las medidas establecidas en la Ley, están erradicando la pobreza y la exclusión social, y están mejorando desde la inclusividad las condiciones de vida de la gente.
Si no fuera así, habría que modificar la Ley en el sentido de mejorar dichos resultados. No dificultando ni endureciendo los requisitos de acceso, como suele ser habitual en estos casos (obteniendo peores resultados) sino ampliando y facilitando el acceso a este tipo de prestaciones, así como la implementación de las medidas arriba indicadas.
