Tras la asamblea de trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Araba realizada el 12 de septiembre, en la cual se abordó la última propuesta de la patronal, se votó por la cancelación de la huelga indefinida convocada para el 17 de septiembre. En LAB opinamos que esta propuesta es insuficiente, ya que no contempla la modificación de muchos artículos de convenio.

No podemos olvidar que llevamos con un convenio en ultraactividad desde 2012, con la mesa negociadora abierta desde entonces. Esto supone 7 largos años de congelación salarial en un sector de gran precariedad laboral, donde más del 50% de la plantilla cobra por hora trabajada y llegando a tener una jornada de entre 15 y 20 horas o menos a la semana.

Este es un sector altamente feminizado, el cual ha sufrido la pérdida de más de 500 puestos de trabajo, en estos últimos años, con una plantilla que de media supera los 50 años y con un altísimo porcentaje de trabajadoras y trabajadores con enfermedades músculo esqueléticas no reconocidas como enfermedades profesionales.

Hoy, 15 de octubre, la Patronal y los sindicatos de la mesa negociadora del SAD de Araba hemos vuelto a reunirnos. En esa reunión ELA, CCOO y UGT han firmado con la Patronal un preacuerdo donde se da por aceptada la última propuesta de las Empresas, con una subida salarial del 4,1% desde el 1 de abril del 2019, y un 3% para el 2020, así como un aumento de 8 a 10 minutos en el tiempo de desplazamiento desde enero del 2019, y la reducción de la disponibilidad en una hora. Pero más allá de la modificación de estos artículos y alguno más, el convenio se mantiene casi en su totalidad.

LAB se mantiene en su posición y no ha firmado el preacuerdo que queda lejos de la plataforma unitaria sindical que aspiraba a paliar la situación de las trabajadoras del SAD, con una propuesta razonable.

LAB se mantendrá en su negativa a firmar mientras no vea que el resto de articulado mejora. Ya que se han quedado en el camino muchos artículos, imprescindibles de ser negociados, sin los cuales la firma del convenio supondría un fraude al conjunto de las y los trabajadores.