LAB saluda y comparte la moción aprobada por el Parlamento de Navarra, instando a que los navarros y navarras presas que así lo deseen puedan cumplir su pena en la prisión de Iruñea. El objetivo de reintegración de las personas presas así lo exige, la ley así lo establece y las condiciones técnicas lo hacen perfectamente factible. No existe ninguna razón para no trasladar a todos los presos y presas navarras a la prisión de Pamplona de manera inmediata. Dicho traslado debe realizarse independientemente de la pena impuesta, puesto que la dispersión es un castigo añadido de manera injusta y arbitraria.
En el caso de los presos y presas condenadas por motivos políticos, la dispersión es parte de una política penitenciaria de excepción, con objetivos políticos concretos, como romper el colectivo de presos y presas políticas o quebrar la voluntad de cada uno de ellos. Esta política ha generado y sigue generando sufrimiento, tanto para las personas presas (como mostró crudamente la muerte de Xabier Rey hace tres años) como para sus allegadas, expuestas semanalmente al peligro que supone realizar largos viajes (Sara Fernández y Karmele Solaguren perdieron la vida en sendos accidentes). La política de dispersión, aplicada durante 30 largos años, ha sido siempre injusta; ahora es, además, anacrónica: ya han pasado casi diez años desde que ETA puso fin a su actividad armada.
Afortunadamente se está produciendo el traslado progresivo de presos políticos vascos a cárceles más próximas a sus lugares de origen. Consideramos, por una parte, que el ritmo de estos acercamientos se debe incrementar; y por otra, que el destino de los acercamientos debe ser la cárcel de Iruñea, que tal y como se ha indicado cumple con las condiciones para acoger a todas las navarras y navarros presos.