En lo referente a la RGI, se votaba el aumento del 3,5% y del 4,5%. Una subida totalmente insuficiente debido a que dicha prestación cuenta con una reducción desde el año 2012 de aproximadamente el 30%. Avalar esta medida, legitima el camino de deconstrucción iniciado desde hace años por el Gobierno Vasco, donde el objetivo principal es establecer una cobertura mínima para esta prestación. De esta manera, la medida adoptada hoy, repercutirá en aquellos colectivos más vulnerables, que año tras año ven reducida su cuantía, y mermada la posibilidad de realizar una vida autonóma y digna.
En cuanto a la subida salarial de los y las trabajadoras públicos se refiere, la ha venido denunciando imposición y falta de negociación. El Gobierno Vasco aplica directamente las subidas salariales pactadas en Madrid, sin negociar absolutamente nada con los sindicatos. Si tenemos en cuenta las subidas salariales realizadas los últimos años, se aprecia claramente que la pérdida de poder adquisitivos es evidente. LAB ha estado reivindicando la necesidad de negociar la planificación de la recuperación del poder adquisitivo; tras la aplicación de la subida aprobada hoy, la pérdida de poder adquisitivo se sitúa todavía en el 12%.
El Gobierno debe aprovechar todo la capacidad legislativa que tiene el Parlamento y reconocer la deuda que tiene con los y las trabajadoras públicas. Tomar como referencia la propuesta que LAB ha hecho en la Mesa General y, dejando a un lado las imposiciones de Madrid, reforzar y llenar de contenido nuestro marco de negociación colectiva. Lamentablemente no vemos al Gobierno en esa actitud, más bien está situado en la imposición y no en la negociación.
Por otra parte, el Gobierno, junto con algún partido político quiere vender la Ley de Financiación de la Escuela Concertada como la panacea para la solución al conflicto laboral. A nuestro parecer, el conflicto laboral que estamos viviendo en el Convenio de Iniciativa Social no es un problema de financiación, sino de voluntad por parte de la patronal. Tenemos muy claro que hay margen para la negociación dentro del sistema de financiación actual, como hemos podido comprobar en el caso de las Ikastolas. Que el Gobierno presione a la patronal, para que ésta presente en la mesa de negociación una oferta en condiciones.